Por 
Este lunes 6 de abril, Andrea Burgos recuperó su libertad, tras más de un año de estar injustamente encarcelada. La Corte Constitucional reconoció que hubo irregularidades procesales en su caso y dejó sin efecto todas las decisiones tomadas desde la audiencia preparatoria, que ocurrió el 11 de septiembre de 2024. Además de su libertad inmediata, la Corte ordenó que se reinicie el proceso penal, citando debidamente a las partes.
El caso
El 17 de enero de 2025, Andrea Burgos, una mujer trans y afrodescendiente, fue condenada a 9 años de prisión por un delito que no cometió, en un proceso judicial del que no fue notificada formalmente.
El tribunal la halló culpable de portar una escopeta de manera ilegal a partir de solo dos pruebas: el testimonio del agente que la detuvo, Carlos Alberto David Úsuga, y la ausencia de un permiso para portar armas. A pesar de que no se encontraron ni huellas dactilares, ni ADN, ni otros indicios materiales que vincularan a Andrea con el arma que se decía estuvo en su posesión.
Los hechos por los que fue acusada ocurrieron en la madrugada del 2 de diciembre de 2018, en el barrio La Inmaculada en Buenaventura, Colombia. Andrea salía de un velorio cuando fue abordada por oficiales de la policía que la acusaron de haber arrojado un arma al suelo en presencia de ellos. Tras la acusación, los policías le pidieron que cogiera el arma, pero ella se rehusó. Esa madrugada Andrea fue violentada físicamente y, mientras la arrestaban, escuchó a uno de ellos decir: “Con usted me gano un permiso”, sugiriendo que gracias a su detención obtendría algún tipo de beneficio.
El Colectivo Justicia Racial, que asumió la representación legal de Andrea, advierte que “la sentencia fue emitida sin que contara con una defensa técnica adecuada y sin haber sido debidamente notificada en el proceso” y, además, señala que “para la actora, el no ser debidamente informada sobre el avance del proceso le impidió dar su versión de los hechos, según la cual el arma o bien ya se encontraba en el lugar de los hechos o le fue implantada por los agentes de policía”.
La decisión de la Corte Constitucional
El 7 de noviembre del 2025, después de que el Colectivo Justicia Racial impulsara una masiva recolección de firmas y liderara un plantón frente a la Corte Constitucional para evitar que el caso fuera archivado y permaneciera impune, el alto tribunal asumió su revisión.
Justicia Racial explica en un comunicado que inicialmente los magistrados Gerson Chaverra Castro y Diego Eugenio Corredor Beltrán rechazaron restituir la libertad de Andrea, alegando que ella se había “desentendido” de la causa. La magistrada Myriam Ávila Roldán salvó su voto y denunció que no hubo justicia ni defensa real y que el juicio debía anularse por violación del debido proceso.
En su sentencia del 6 de abril, la Corte ratificó lo dicho por la magistrada en su salvamento y lo que tanto Andrea como el Colectivo Justicia Racial llevan denunciando desde su arresto: que a “la Burgos” no le fue permitido defenderse, pues ni la autoridad judicial, ni el abogado de oficio, llevaron a cabo las medidas suficientes para lograr su acercamiento al proceso en ningún momento de su desarrollo.
Así, la Corte concluyó que la sentencia que declaró a Andrea culpable violó sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad individual en la medida en la que “fue indebidamente notificada de las convocatorias a las audiencias preparatoria, de juicio oral y de lectura de fallo”, lo que le impidió responder a la acusación y a las pruebas que se presentaron en su contra ante el juzgado.
Finalmente, la Corte también llamó la atención respecto a actos discriminatorios y transfóbicos que tuvieron lugar durante el proceso judicial y que ya habían sido denunciados anteriormente, señalando que, en múltiples ocasiones, las autoridades desconocieron el nombre identitario de Andrea y utilizaron el género masculino para referirse a ella, malgenerizándola y vulnerando su identidad de género. En la sentencia, la Corte advierte que “la discriminación contra la población LGBTIQ+ comienza por el lenguaje utilizado para referirse a ella” y hace un llamado a las autoridades para que se abstengan de incurrir en ese tipo de comportamientos.
“Con esta gestión, la organización desmanteló una estructura de criminalización cimentada en la pobreza, el color de piel y la transfobia. Así, este triunfo no solo devuelve la libertad a Andrea Burgos, sino que posiciona su caso como un referente de justicia frente a las barreras estructurales y la violencia institucional que históricamente han golpeado a las comunidades negras y a la población LGBTIQ+ en Colombia”, apunta el Colectivo Justicia Racial.
Celebramos la decisión de la Corte de reiniciar el juicio. Esperamos que esta vez la voz de Andrea sí sea escuchada por el sistema judicial colombiano.
