El funcionario que declaró en un juicio contra el Ejército y cuya salida representó, nuevamente, el limbo.
Al ganar las elecciones presidenciales de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) designó a Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, como titular de la Comisión Presidencial Para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ). En los primeros seis meses de su cargo, se estableció diálogo con diferentes dependencias federales, locales e internacionales; se realizaron tres operativos de búsqueda y se solicitó el apoyo de un comité científico asesor (el Centro Geo).
Para 2019, Encinas comunicó que se investigaría a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y que, por “omisiones, contradicciones, falta de elementos y falta de presentación de pruebas”, se replantearían las indagatorias. Encinas fue una de las figuras políticas que desechó la ‘verdad histórica’, diciendo que esta versión “carece de respaldo comprobable”.
Un año después, en septiembre de 2020, cuando sumaban 80 detenciones (integrantes de Guerreros Unidos, policías federales ministeriales, agentes del ministerio público federal, expolicías federales y policías municipales), el extitular de la CoVAJ informó que se estaban analizando 206 mil registros de comunicaciones y 116 números telefónicos ubicados en las zonas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En ese entonces también se tenía planeada la exploración de 217 puntos de interés en seis municipios guerrerenses; estas acciones formaban parte del “nuevo ciclo” en el esclarecimiento de los hechos. Después de acusaciones a la FGR por opacidad en el caso y ruedas de prensa en las que se informó sobre la labor de Omar Gómez Trejo en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), a mediados de agosto de 2022 Alejandro Encinas dijo que “se acreditaba la intervención y colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y con el grupo delictivo Guerreros Unidos” y que no había indicios de que los estudiantes continuaran con vida.
El extitular de la CoVAJ concluyó que los hechos de Iguala “constituyeron un crimen de Estado”. “Fue la primera vez que un alto funcionario del Estado verbalizaba en público, en un acto oficial, un comentario repetido cantidad de veces en intimidad”, como recalcó el periodista Pablo Ferri (El País).
Alejandro Encinas también fue una de las figuras del gobierno federal que señaló de manera directa y en presencia de AMLO la participación del poder militar, específicamente del coronel José Rodríguez Pérez, quien presuntamente ordenó a los soldados asesinar a seis de los 43 estudiantes desaparecidos.
A finales de julio de 2024, el exsubsecretario compareció como testigo en el juicio penal en contra de 15 elementos del Ejército por su presunta responsabilidad en los delitos vinculados al Caso Ayotzinapa y declaró que no incurrió en irregularidades ni atentó contra la presunción de inocencia y que fue el propio AMLO quien le dio la instrucción de revelar el nombre del coronel.
El mismo mes, el funcionario publicó una columna en El Universal en la que manifestó: “La audiencia se llevó a cabo de manera profesional y diligente por la jueza La audiencia se llevó a cabo de manera profesional y diligente por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo y si bien no tendrá mayor efecto en el proceso que siguen los militares, sienta un precedente lamentable respecto a la participación de elementos de las fuerzas armadas en procesos que involucran a una autoridad civil, y en particular en casos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos (…) No hay precedente, en ningún gobierno democrático, de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil que encabezó los trabajos de una Comisión de la Verdad”.
Otras de las instituciones en las que Alejandro Encinas identificó resistencia a avanzar en las investigaciones fueron la FGR y el Poder Judicial Federal (PJF). La mención al PJF causó molestia a Arturo Zaldívar, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y recientemente nombrado coordinador de Política y Gobierno en el gabinete de Claudia Sheinbaum y se defendió diciendo que él mismo se había reunido con las familias de los normalistas.
Respecto a autoridades específicas, Encinas fue quien envió a Tomás Zerón de Lucio (Agencia de Investigación Criminal, AIC) un cuestionario de 70 preguntas referentes a la verdad histórica, el Río San Juan, los actos de tortura, actos de investigación y el encubrimiento de los hechos.
En 2023, durante la conferencia matutina del 19 de octubre, AMLO confirmó la renuncia de Alejandro Encinas a la subsecretaría de Derechos Humanos. El presidente dijo que esta decisión se debía a que se involucraría en “actividades político-electorales” de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, quien al ganar la gubernatura de CDMX lo nombró coordinador del Consejo Asesor.
El retiro de Encinas en el esclarecimiento de los hechos de Iguala causó preocupación e indignación, pues una vez más, las investigaciones quedaron en el limbo. “Se va dejando de lado todo el trabajo que se había estado realizando; era el funcionario que medianamente tenía un poco de aceptación en los colectivos, era un funcionario en el cual se creyó de alguna forma”, manifestó el Colectivo de Desaparecidos “Lupita Rodríguez Narcizo” en noviembre de ese año, en un mitin realizado en Antimonumento a las Banderas, en Chilpancingo, Guerrero.
Fuera de la subsecretaría y de la CoVAJ, Alejandro Encinas ha reiterado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe entregar información para continuar con las investigaciones. Tras la salida de Encinas, el liderazgo en las averiguaciones de Ayotzinapa quedó a cargo de Félix Arturo Medina Padilla, quien en diciembre de 2023 comunicó que entre el 4 de enero y 4 de marzo de 2024, las familias de los normalistas tendrían acceso a “todas las fuentes de información disponibles del Estado mexicano”.