Intentos de deslinde de responsabilidades y presuntos vínculos con el crimen organizado
El 30 de septiembre de 2014, José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, pidió licencia de su cargo y se fugó. Días después, autoridades guerrerenses lo señalaron por presunta responsabilidad en los hechos de Iguala.
Sin embargo, desde principios de octubre, fechas en las que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) expulsó al alcalde de sus filas, el procurador de Guerrero Iñaki Blanco Cabrera subrayó que proceder sería complicado, pues Abarca contaba con un fuero estatal que lo protegía de causas penales. Esa fue la razón por la que no fue detenido horas y días posteriores a la desaparición de los 43 normalistas y las seis ejecuciones extrajudiciales.
Durante el último trimestre de 2014, la prensa nacional e internacional retrataron a José Luis Abarca y la exprimera dama María de los Ángeles Pineda a partir de nexos con el crimen organizado de la zona y desde la exProcuraduría General de la República (PGR), al lado de Felipe Flores Velázquez (exsecretario de seguridad pública municipal) se les describía como presuntos autores intelectuales de los delitos de la noche-madrugada de Iguala.
Las primeras versiones indicaron que Abarca había ordenado los ataques contra los normalistas para que no “sabotearan” el informe de labores de María de los Ángeles Pineda, quien se desempeñaba como presidenta del DIF de Iguala. En estas indagatorias, el exprocurador Jesús Murillo Karam también destacaba la posible participación de la policía de Cocula. El 4 de noviembre de 2014, elementos federales detuvieron a Abarca y Pineda en Ciudad de México.
Meses después, en enero de 2015, Murillo Karam declaró que tras una investigación “que llegó a penales de Estados Unidos” se obtuvieron “testimonios que ligaron [a Pineda] directa y claramente con la banda Guerreros Unidos”. Así como apuntó la fundación Insight Crime, medios mexicanos de gran audiencia (Reforma, por ejemplo), aseguraron que la exprimera dama era líder de Guerreros Unidos. No obstante, se subrayó que: “los comentarios de Murillo deben considerarse cuidadosamente porque quizá él esté muy interesado en hacer aparecer a Pineda como una figura poderosa del hampa y de esa manera desligar aún más al gobierno mexicano del sangriento evento que lo ha sacudido. Como él mismo lo señala, la Procuraduría ha tenido dificultad en encontrar pruebas suficientes para juzgar a Pineda por crimen organizado, y parece que los fiscales no han podido hacer acusaciones sólidas relacionadas con la desaparición de los estudiantes. Si Pineda era en verdad comandante del grupo, estos problemas podrían parecer más comprensibles”.
Para junio de 2018, el Consejo de la Judicatura Federal emitió una sentencia histórica sobre el Caso Ayotzinapa en la que enfatizó sobre irregularidades (sobre todo testimonios obtenidos a base de tortura) y ordenó la creación de una Comisión de Investigación integrada por el Ministerio Público, familiares de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Al respecto, Luis Argüelles Meraz, abogado de los Abarca-Pineda, comunicó que esta resolución permitía que el exalcalde y la extitular del DIF tuvieran oportunidad para salir de prisión: “Según [la] PGR, los testigos manifiestan que vieron que el señor Abarca participaba, incluso que aportaba dinero a Guerreros Unidos. Por ello, en el momento en que el Tribunal Colegiado de Tamaulipas resuelve que la confesión obtenida de ellos es una prueba ilegal, producto de la tortura, nosotros ofrecemos esa sentencia (como descargo de Abarca y Pineda), porque lógicamente la acusación se queda sin ningún basamento de prueba”, explicó la defensa del matrimonio.
El deslinde delictivo no duró mucho. A mediados de septiembre de 2022, la FGR dictó dos nuevas órdenes de arresto contra los Abarca-Pineda por “indicios suficientes para relacionar a la pareja con el grupo criminal Guerreros Unidos”. Poco menos de un año después, en mayo de 2023, José Luis Abarca fue condenado a 92 años de prisión por secuestro de seis integrantes de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (Upez) y del Movimiento Campesino Unidad Popular. A finales de ese mismo mes se le absolvió por el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En julio de 2024, el juez Everardo Maya Arias otorgó un amparo a José Luis Abarca con el que se abrió la posibilidad de que continuara con su proceso en libertad. A la fecha, el exalcalde sigue en prisión.
Sobre María de los Ángeles Pineda se sabe que en enero de 2024 un tribunal federal admitió recibir las pruebas de su defensa y, con ello, reponer el procedimiento penal que la había señalado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.