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Este sábado 26 de septiembre de 2026, madres, padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos marchan, como cada año, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México exigiendo verdad y justicia. El gobierno de Claudia Sheinbaum había prometido un informe público antes del aniversario y lo aplazó al lunes 28.
¿Qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala?
El 26 de septiembre de 2014, unos cien normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, casi todos de primer año, tomaron en Iguala 5 autobuses en los que viajarían a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que cada año recuerda la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968.
En la ciudad de Iguala, policías cerraron el paso a tres autobuses en la calle Juan N. Álvarez y el Periférico Norte, dispararon contra los estudiantes y se llevaron a decenas. Al mismo tiempo, frente al Palacio de Justicia, detuvieron otro autobús, bajaron a sus ocupantes y también se los llevaron. En Santa Teresa, sobre la carretera a Chilpancingo, también dispararon contra el autobús del equipo de fútbol Los Avispones, posiblemente confundiéndolos con normalistas, y contra un taxi. Entre la 1:00 y las 2:00, el normalista Julio César Mondragón Fontes fue torturado y asesinado; su cuerpo apareció por la mañana.
Los 43 desaparecidos fueron sacados de los autobuses en la calle Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia. Nunca se les volvió a ver. Solo se han identificado restos de tres de ellos. Esa noche también murieron seis personas: tres normalistas (Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón) y tres personas que no tenían relación con la escuela. Una de ellas era David Josué García Evangelista, de 15 años, jugador del equipo de fútbol Los Avispones. Más de 40 personas resultaron heridas. De madrugada, una patrulla militar llegó a la clínica Cristina, donde se escondían estudiantes heridos. Según los testimonios que recogió el GIEI, los soldados no los ayudaron.
Para el momento de los hechos, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, eran ambos del PRD. El presidente de la República era Enrique Peña Nieto, del PRI.
La verdad “histórica” que desmontó el GIEI
Al principio, el caso lo investigó la Procuraduría Estatal de Guerrero. Después de varias irregularidades, en octubre de 2014 llegó a ser investigación federal, involucrando a la Procuraduría General de la República, encabezada entonces por Jesús Murillo Karam. Sin embargo, las familias de los estudiantes pidieron asistencia técnica de expertos internacionales.
El 12 de noviembre de 2014 se acordó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado y las familias; los expertos empezaron a trabajar en marzo de 2015. Las familias también contaban con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como perito independiente.
El 7 de noviembre de 2014, la PGR presentó su versión de los hechos, y en enero de 2015 la llamó “verdad histórica”, intentando dar por cerrado el caso. Según la Procuraduría General de la República (PGR), los policías entregaron a los estudiantes a Guerreros Unidos. Los criminales los habrían asesinado y quemado en el basurero de Cocula, y luego habrían tirado los restos en bolsas al río San Juan.
Esa versión se sostenía sobre todo en confesiones de detenidos, pero el GIEI la desmontó demostrando con un peritaje experto que “no existe ninguna evidencia” de que 43 cuerpos se quemaran en Cocula esa noche y que las confesiones se obtuvieron bajo tortura. En marzo de 2018, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU revisó 63 de los 129 casos de personas procesadas. En al menos 34 encontró “sólidos elementos” de tortura, con un método “prácticamente uniforme”, según su informe “Doble injusticia”. La consecuencia judicial fue que decenas de detenidos quedaron libres, porque las pruebas en su contra se habían obtenido bajo tortura.
Además, el 29 de octubre de 2014, las autoridades anunciaron el hallazgo de una bolsa con restos en el río San Juan. De ahí salió la única identificación de ese periodo: Alexander Mora Venancio. En 2016 se conoció un video en el que Tomás Zerón, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, aparece en el río con un detenido y una bolsa el día anterior. Esa visita no quedó registrada en el expediente. Zerón sostiene que fue legal.
En abril de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió no renovar el mandato del GIEI. Los expertos tuvieron que dejar la investigación y salir del país pocos meses después de haber demostrado con peritajes que la versión oficial no se sostenía. El grupo volvió en 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Fue un crimen de Estado
Al llegar a la presidencia, López Obrador creó en diciembre de 2018 la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso (CoVAJ), encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas. En 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), sucesora de la PGR, abrió una unidad especial para el caso. Nuevas búsquedas en la Barranca de la Carnicería, en Cocula, permitieron identificar a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre en 2020 y a Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2021. Sus restos estaban lejos del basurero donde, según la versión oficial, todos habían sido quemados.
En agosto de 2022, la CoVAJ concluyó que Ayotzinapa fue “un crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles. Días después fue detenido Murillo Karam. El fiscal especial Omar Gómez Trejo pidió 83 órdenes de captura, muchas contra militares.
El avance duró poco. El fiscal general Alejandro Gertz Manero canceló 21 de esas órdenes, 16 de ellas contra militares, y Gómez Trejo renunció. Además, el informe de la CoVAJ incluía 467 capturas de pantalla de WhatsApp como prueba. En octubre de 2022, el GIEI encontró que al menos 181 tenían inconsistencias técnicas y pidió no usarlas e investigar de dónde salían, según Proceso.
El 25 de julio de 2023, el GIEI presentó su sexto y último informe y se fue del país. Acusó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de un ocultamiento sistemático de información. “Se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en la Sedena”, dijo el experto Carlos Beristain a CNN. Desde septiembre de ese año, las familias piden 868 folios de un centro de inteligencia militar y dicen que aún no han recibido una respuesta satisfactoria.
En ese último informe, el GIEI concluyó que la Marina, aunque no estuvo en Iguala la noche del ataque, actuó inmediatamente después: “Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y con base en esa tortura se hizo la llamada versión histórica”. A partir del análisis de datos de antenas telefónicas, los expertos también documentaron una comunicación “permanente” y “bidireccional” entre militares y el centro de monitoreo C4, según La Silla Rota. Son conclusiones del GIEI; ningún tribunal ha condenado a militares por la desaparición.
¿Por qué los normalistas?
La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en la localidad de Ayotzinapa, forma maestros para comunidades campesinas desde hace casi un siglo. Sus estudiantes tienen una larga tradición de organización política de izquierda. Por eso, durante décadas, el Estado la ha tratado como un foco de subversión. Uno de los 43, Julio César López Patolzin, era soldado en activo e informaba al Ejército sobre la escuela desde 2012.
Guerrero también arrastra la memoria de la Guerra Sucia y una economía criminal ligada al cultivo de amapola. En 2014, Iguala era territorio de Guerreros Unidos. Las investigaciones posteriores señalaron que autoridades de distintos niveles de gobierno estaban coludidas con el cártel de Guerreros Unidos.
El GIEI señaló dos líneas que la PGR nunca siguió. La primera es el quinto autobús, el único que no fue atacado con violencia. Los expertos plantearon la hipótesis de que llevaba droga, lo que explicaría la magnitud del ataque, pero eso nunca se ha probado. La segunda es que el centro de monitoreo C4, la Policía Federal y el Ejército siguieron todo en tiempo real.
2026: detención de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero en 2014
El giro judicial que ha dado el caso este año proviene de los registros de llamadas de esa noche, que habían estado en el expediente desde el inicio. “Hay muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche y posteriores”, explicó Sheinbaum el 7 de agosto. Según la presidenta, al cruzar quién habló con quién, la Fiscalía llegó a personas que “nunca habían aparecido como posibles responsables” y las detuvo. La detención más importante fue la de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero en 2014, el 5 de agosto de 2026. La fiscal general, Ernestina Godoy, habló de “un operativo deliberado estructurado desde lo más alto del ejecutivo estatal” para ocultar pruebas.
El 12 de agosto, el juez Mario Elizondo Martínez lo vinculó a proceso por desaparición forzada, un delito que se castiga con 40 a 60 años de prisión. La Fiscalía sostiene que el 29 de septiembre de 2014, tres días después del ataque, Aguirre habría recibido un disco con las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala. Esos videos mostrarían uno de los autobuses y agresiones contra los estudiantes. El gobernador habría ordenado destruirlos. Dos exfuncionarios del tribunal estatal declararon que sabían de esas grabaciones. La defensa presentó 31 pruebas, entre ellas seis testimonios que ubican a Aguirre ese día en la Ciudad de México, reunido con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El juez consideró que, por ahora, no bastaban para descartar la acusación.
Aguirre sigue en prisión preventiva mientras avanza el proceso, en el penal del Altiplano. La Fiscalía tiene hasta el 4 de diciembre de 2026 para completar la investigación. Sheinbaum negó que la detención tenga motivos políticos, y las familias pidieron que Aguirre siga en prisión.
Doce años de búsqueda
Para las familias, estos 12 años han sido de desgaste constante; han tenido que padecer audiencias revictimizantes, buscar a sus hijos en fosas, cargar con una versión oficial que dio a sus hijos por muertos y quemados sin pruebas, y con campañas de estigmatización. Varios padres y madres han muerto sin saber qué pasó con sus hijos.
El 28 de agosto se reunieron con Sheinbaum y el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán. Su abogado, Isidoro Vicario, reconoció “ciertos avances” en el análisis de llamadas, pero advirtió que “estamos lejos aún” de saber dónde están los estudiantes.
Las familias también piden que regrese el GIEI. El 11 de septiembre, Sheinbaum descartó reinstalarlo formalmente. Dijo que la ONU no logró sumar a antiguos integrantes y que el gobierno buscará a otros especialistas independientes para supervisar la investigación.
A lo largo de estos 12 años se ha detenido a unas 150 personas por el caso, entre policías, militares, funcionarios e integrantes de Guerreros Unidos, pero muchas han quedado libres. Hasta donde pudo verificar este reportaje, ninguna de las principales figuras del caso ha sido condenada en firme por la desaparición de los 43.
- El exgobernador Ángel Aguirre Rivero se encuentra en prisión preventiva en el Altiplano desde agosto de 2026, acusado de desaparición forzada por presuntamente ordenar destruir videos, pero no ha sido condenado.
- El exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la justicia, fue detenido en 2022; desde julio de 2026 lleva brazalete electrónico y no puede salir de la Ciudad de México.
- Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de tortura y manipulación de pruebas, está prófugo en Israel, que no ha respondido a las solicitudes de extradición.
- El exalcalde de Iguala José Luis Abarca está preso desde 2014: fue absuelto de algunos cargos, pero sigue detenido por otros.
- José Rodríguez Pérez, que en 2014 era coronel al mando del 27º Batallón de Infantería de Iguala, enfrenta en libertad desde julio de 2024 un proceso por delincuencia organizada.
- Gildardo López Astudillo, “El Gil”, integrante de Guerreros Unidos que luego fue testigo protegido, fue detenido de nuevo en septiembre de 2024 por delincuencia organizada; su testimonio es muy cuestionado.
Doce años después, se sabe que policías de Iguala y municipios vecinos, coordinados con Guerreros Unidos, atacaron a los estudiantes y se llevaron a 43, mientras autoridades de todos los niveles seguían lo que pasaba en tiempo real. La primera investigación federal se construyó con tortura y pruebas que no resisten revisión.
Las familias siguen sin saber dónde están 40 de sus hijos, por qué se los llevaron y quién dio las órdenes. La detención de Aguirre es el avance judicial de mayor nivel en años, pero sigue siendo una acusación que la Fiscalía tendrá que probar. Mientras tanto, madres, padres y el país insisten: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
