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El Comité Judicial del Consejo Privado (Privy Council), con sede en Londres y máxima instancia de apelación para Trinidad y Tobago, declaró inconstitucionales las disposiciones que criminalizaban las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo. La decisión, adoptada por unanimidad el 10 de noviembre de 2026 por cinco magistrados, representa un avance para los derechos de las personas LGBTQ+ en Trinidad y Tobago, donde estas relaciones podían castigarse con hasta 25 años de prisión.
El fallo se centra en los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales de 1986 (Sexual Offences Act). El artículo 13 penalizaba la llamada “sodomía” con hasta 25 años de cárcel; el 16 castigaba la “indecencia grave” con hasta cinco años cuando se trataba de personas adultas, y excluía de esa sanción a las parejas heterosexuales, pero no a las del mismo sexo. Aunque la ley es de 1986, estas normas provienen de la legislación colonial británica. El tribunal determinó que ambas disposiciones vulneraban el derecho al respeto de la vida privada y familiar protegido por la Constitución, y que el Estado no logró justificar la criminalización de relaciones íntimas consensuadas entre personas adultas.
La resolución fue el resultado de una disputa judicial impulsada por el activista LGBTQ+ Jason Jones, de 62 años, nacido en Trinidad y Tobago y residente en Reino Unido, quien inició la batalla legal en 2017. En abril de 2018, el Tribunal Superior del país declaró inconstitucionales las disposiciones. Sin embargo, en marzo de 2025, el Tribunal de Apelaciones revirtió parcialmente esa decisión por mayoría, al considerar que las normas estaban protegidas por una cláusula constitucional que preserva las leyes anteriores a la independencia. Jones llevó entonces el caso ante el Consejo Privado. Tras casi una década de litigio, los cinco magistrados le dieron la razón: concluyeron que la ley de 1986 era una norma nueva y, por tanto, no estaba protegida por esa cláusula. También rechazaron el recurso del fiscal general para mantener la legislación.
Tras conocerse el fallo, Jones celebró la decisión como una reivindicación de sus años de trabajo y activismo contra la discriminación. Su abogado, el exfiscal general Anand Ramlogan, la calificó como “una victoria histórica para los derechos de las personas gais, la igualdad en dignidad y el respeto a la vida privada y familiar”. Aun así, Jones advirtió que la despenalización no resuelve las demás desigualdades y formas de discriminación que enfrentan las personas LGBTQ+ en el país.
Aunque la resolución es un precedente relevante para los derechos de la diversidad sexual en el Caribe, la lucha por la igualdad jurídica y social continúa. El Consejo Privado todavía debe emitir la orden definitiva que precise cómo quedan los artículos cuestionados, aunque adelantó que se inclina por mantener la resolución del Tribunal Superior de 2018.
Celebramos este avance que se suma a los de otros países del Caribe que, en los últimos años, han eliminado leyes heredadas del colonialismo británico contra las relaciones entre personas del mismo sexo como Belice, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Barbados y Dominica. ¡LOS DERECHOS LGBT+ SON DERECHOS HUMANOS!
