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Deicy Jiménez afirma que Gustavo Petro les consiguió contratos públicos a ella y a otras mujeres con las que tenía encuentros sexuales, y que esos contratos eran el pago por esos encuentros. Su nombre figura, en efecto, en contratos de varias entidades públicas. El miércoles 4 de noviembre, Jiménez publicó un video de un supuesto encuentro íntimo con el expresidente, que las autoridades aún no han verificado.
En SECOP, Jiménez figura en 10 contratos firmados entre 2021 y 2026: siete con el Congreso de la República, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El valor total de los contratos a lo largo de esos cinco años es de $133,564,432.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema admitió para estudio una denuncia contra Petro y la exsenadora María José Pizarro, y la Fiscalía abrió una indagación preliminar.
El relato
El domingo 25 de octubre de 2026 se publicó una entrevista con Jiménez. Ella cuenta que conoció a Petro en 2019 por una plataforma para adultos, cuando él era senador, y que se vieron por primera vez en un hotel de Cali. “Empezamos un romance, una conexión muy íntima. Y decidí venirme para Bogotá y empecé a trabajar en el Senado”, dice.
Según su versión, durante unos cinco años obtuvo contratos en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior por recomendación de Petro. Cuando le preguntaron si se acostaba con él a cambio de contratos, respondió: “Sí, claro”. Dijo que él “nunca” le dio dinero. Afirma también que entre 30 y 40 mujeres recibieron contratos de la misma manera. Además, asegura que Petro, siendo senador, le dio tres millones de pesos para comprar cocaína y llevársela a Bogotá.
Jiménez dice que cortó el contacto el 6 de agosto de 2026, un día antes de que terminara el mandato, porque le tenía miedo. Pidió al gobierno de Abelardo de la Espriella garantías de seguridad.
El 21 de octubre, Carlos Ríos, director del Dapre del nuevo gobierno, dijo en la Comisión Segunda del Senado que 48 mujeres fueron contratadas “para estar con el presidente”. Antes, la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, había hablado de una supuesta red de mujeres vinculadas al Estado. Ninguno de los dos presentó documentos ni testimonios.
¿Qué se denuncia?
La denuncia no es que Jiménez y Petro tuvieran una relación. Una relación entre adultos no es delito, aunque incluya el pago por un servicio sexual. Lo que se denuncia es que Petro habría usado recursos públicos, en forma de contratos del Estado, para pagar esos encuentros.
La justicia tendrá que establecer si los contratos se entregaron a cambio de los encuentros sexuales y quiénes intervinieron para que se firmaran.
Intimidación y relación de poder
Jiménez no dice que Petro la obligara a tener relaciones para obtener los contratos, pero sí habla de intimidación en dos sentidos. Sobre ella misma, dijo sentirse: “No amenazada, pero sí intimidada”. Lo explica con “indirectas” de Petro: que no podía tener otras relaciones y que, si salía con un hombre, ese hombre “iba a tener problemas”. Sobre otras mujeres, su afirmación es más grave: “Había unas mujeres amenazadas por él”. Cuando le preguntaron de qué tipo, respondió: “De muerte, seguramente para que no hablen”.
Más allá de esto, la diferencia de poder entre las partes es central en el caso. De un lado, un senador y luego presidente que, según la denuncia, podía decidir quién accedía a un contrato con el Estado. Del otro, mujeres que dependían de esos contratos para vivir. Esa asimetría es lo que la justicia debe considerar al evaluar si hubo consentimiento libre o abuso de poder.
¿Por qué estaría involucrada María José Pizarro?
Jiménez trabajó en el equipo de Pizarro en el Senado. Según su relato, recibió un contrato de 34 millones de pesos para apoyar a la primera vicepresidencia del Senado, que ocupaba Pizarro. Afirma que Pizarro sabía que esas contrataciones respondían a recomendaciones de Petro. Dice lo mismo del exministro del Interior Armando Benedetti, aunque contra él no se ha reportado ninguna denuncia formal.
Pizarro no negó haber contratado a Jiménez ni explicó por qué lo hizo. Respondió que “jamás” aceptaría “una situación como la que se insinúa” y que buscan “sacarla de la carrera política” como hicieron con su padre. Calificó la cobertura de “prensa amarillista y mercenaria”.
¿Cómo avanza el caso?
Después de la entrevista, el entonces abogado de Jiménez, Andrés Felipe Caballero, pidió a la Fiscalía compulsar copias a la Corte Suprema, que es la autoridad que investiga a los congresistas. El 27 de octubre se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte admitió para estudio una denuncia contra Petro y Pizarro por hechos de cuando ambos eran congresistas, y que el caso quedó a cargo del magistrado Javier Fernando Fonseca. No se ha hecho público quién presentó esa denuncia.
El 29 de octubre, Jiménez declaró durante más de tres horas ante esa Sala. Respondió preguntas del magistrado, de la Procuraduría y de la defensa de Petro y Pizarro. Caballero anunció que ella entregará un celular con videos y chats, pero que no lo hizo ese día por razones de seguridad. También denunció que se habían publicado datos personales de Jiménez y la ubicación de sus familiares.
La Fiscalía, que investiga la contratación de mujeres en el Dapre y otras entidades, citó a Jiménez para el 3 de noviembre. Ese día Caballero renunció por motivos de seguridad y la diligencia se aplazó sin nueva fecha. El 4 de noviembre, Jiménez publicó el video en Instagram.
El 5 de noviembre asumió su defensa la penalista barranquillera Dina Luz Malo. Afirmó que su clienta ha recibido amenazas. En 2023, Malo figuraba como integrante de De la Espriella Lawyers, la firma del hoy presidente Abelardo de la Espriella. Desde 2024 aparece vinculada a otra firma.
¿Quién debe investigar?
Los señalamientos cubren dos periodos, y cada uno lo investiga una autoridad distinta.
- Petro senador (2018-2022). Incluye el inicio de la relación, el episodio de la cocaína y contratos con el Congreso. Lo investiga la Corte Suprema.
- Petro presidente (agosto de 2022-agosto de 2026). Incluye dos contratos con el Ministerio del Interior y uno con la Supervigilancia. También el contrato ligado a la vicepresidencia de Pizarro, cargo que ocupó hasta marzo de 2024, cuando el Consejo de Estado anuló su elección. A este periodo pertenecen además las 48 mujeres que mencionó Ríos y los contratos que se habrían firmado en el Dapre entre agosto de 2022 y abril de 2023, cuando lo dirigía Mauricio Lizcano. A Petro, por sus actos como presidente, le corresponde investigarlo a la Comisión de Acusación de la Cámara; a los demás funcionarios, la Fiscalía.
El contrato del Dapre
Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, dijo que Jiménez figura como auxiliar administrativa del Dapre en un registro publicado el 25 de julio de 2026. Ella lo niega: “Yo no trabajé allá. Nunca fui a Casa de Nariño”. Sugiere que alguien pudo usar su identidad.
Las reacciones
El 25 de octubre, Petro respondió en X: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales” y “Nunca he utilizado el poder público para obtener sexo, aunque sé lo que el poder puede provocar”. Dijo que las acusaciones buscan indagar en su vida privada porque no se le pudo probar corrupción ni narcotráfico.
Tras la publicación del video, volvió a pronunciarse: “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie” y “Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez”. No negó la autenticidad del video y sostuvo que en él “no hay un contrato, ni un pago”. También pidió a las autoridades proteger a Jiménez.
Su abogado, Alejandro Carranza, que también representa a Pizarro, anunció dos denuncias ante la Fiscalía: una contra Jiménez, por presuntas falsedades en documentos que presentó al Congreso, y otra contra el director del Dapre, por presunta coacción a funcionarios. Sobre el video, Carranza dijo que, al estar “sin fecha, sin lugar y sin origen verificado”, su autenticidad debe establecerse con un peritaje dentro del proceso.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió priorizar la investigación: “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”. También pidió independencia frente a presiones políticas, respeto a la presunción de inocencia y protección para posibles víctimas y testigos.
Hasta ahora no hay imputaciones ni cargos contra Petro, Pizarro ni otras personas mencionadas.
