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El 15 de octubre, el Ministerio desmontó las piezas de cinco salas del museo. La selección fue hecha a puerta cerrada por el secretario general del Ministerio, Julián Sterling, y la directora encargada del museo, María Constanza Toquica.
El mismo día del retiro, el presidente De la Espriella anunciaba la “contrarrevolución cultural” como el nuevo enfoque del ministerio de Cultura. El presidente le pidió a la ministra Paola Holguín retirar de los espacios públicos representaciones que llamó “apología del terrorismo”, con mención explícita a Carlos Pizarro, comandante del M-19, firmante de paz y excandidato presidencial asesinado. Al día siguiente, Holguín defendió la medida en X repitiendo las palabras de De la Espriella: “El Museo Nacional NO puede ser un espacio de apología al delito o revictimización”.
Varias tutelas fueron presentadas contra el retiro, entre ellas las del representante a la Cámara Gabriel Becerra (Pacto Histórico), Jorge Virviescas, del colectivo León Zuleta, y Kevyn Muñoz Torres, de Revolución en Rosa. El 19 de octubre, un juzgado dictó una medida provisional: ordenó conservar las piezas, prohibió destruirlas, alterarlas o sacarlas del museo, frenó nuevos retiros por su contenido y pidió un informe sobre quién ordenó el desmonte. En su respuesta, el Ministerio dijo que cumplió una orden presidencial al desfijar piezas en 5 de las 17 salas. Según el inventario que entregó, de los 63 objetos desmontados, 22 son bienes patrimoniales; el resto son facsímiles, elementos de apoyo y piezas en comodato.
El 28 de octubre, el juez César Enrique Osorio Ortiz, del Juzgado 24 de Familia de Bogotá, resolvió las 15 acciones de tutela en una sola sentencia de 38 páginas. Amparó los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al acceso a la cultura, a la educación y a la memoria histórica, y ordenó restituir las piezas en un máximo de 48 horas. También ordenó que las entidades se abstengan de retirar obras por razones ligadas únicamente a su contenido o al punto de vista que expresan.
El fallo no impide que el museo revise sus salas, pero cualquier cambio debe tramitarse por las instancias institucionales. Las obras deben permanecer exhibidas mientras las entidades evalúan si deben seguir en las exposiciones, una evaluación que deberá pasar por el Comité de Gestión Patrimonial del Museo. El fallo también ordenó reinstalar en la sede del Ministerio el microperforado del jardín en memoria de Miguel Ángel Díaz.
El Ministerio negó que se tratara de censura o discriminación y lo presentó como gestión técnica, rotación de colecciones y neutralidad institucional. Pero el juzgado no encontró un procedimiento curatorial que respaldara el retiro: “No se identifica en las pruebas examinadas un acta de dicho Comité”, dice el fallo. Concluyó que el retiro obedeció a una orden verbal del presidente, sin soporte técnico ni administrativo.
Las piezas que regresaron a las salas narran la memoria de las luchas LGBT+, de los movimientos feministas, de la violencia política y de la construcción de paz en Colombia. Entre ellas están la bandera del orgullo de la activista Elizabeth Castillo, una pieza de la campaña de la marcha LGBT de 2006, un impreso de la Fundación Sí Mujer sobre derechos reproductivos, un afiche de 1989 de la jornada internacional “No a la violencia contra la mujer” y ejemplares de la revista La Ventana Gay. También volvieron los afiches de campaña de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, candidatos presidenciales asesinados en 1990; un brazalete de la Alianza Democrática M-19; el “balígrafo” con el que se firmó el Acuerdo de Paz de 2016, y un ejemplar de la séptima papeleta.
El desmonte provocó protestas frente al museo, sobre la carrera Séptima, que el primer día terminaron con presencia del Esmad y enfrentamientos, según El Tiempo. El 20 de octubre, la defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió a la ministra explicar los fundamentos jurídicos y técnicos del retiro: “Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas”. También cuestionó que la Policía usara la fuerza “sin agotar suficientemente las vías del diálogo”.
Seis museos de arte moderno del país (Mambo, MAMB, el de Cartagena, MAMM, Museo Rayo y el del Tolima) advirtieron en un comunicado conjunto que ningún gobierno debería decidir qué puede ver la ciudadanía de su historia según afinidades políticas. El Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM) pidió respetar la independencia profesional del museo.
Aunque la mayoría de las piezas ya regresó, el montaje no ha terminado: la sala Fuerza, Fe y Sustancia sigue cerrada mientras el museo termina de instalar las restantes.
