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Este lunes 26 de octubre, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro policías de la estación de Cazucá, en Soacha, implicados en la muerte de Donovan Balanta. El operativo empezó en el barrio Caracolí, en el límite entre la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá) y Soacha. La Fiscalía les imputó homicidio agravado y tortura agravada. A dos de ellos, el mayor Correa y el patrullero Giraldo, también les imputó falsedad ideológica en documento público: según la Fiscalía, registraron información falsa en los libros y minutas de la estación. Los cuatro no aceptaron los cargos y seguirán detenidos mientras avanza el proceso.
El 19 de octubre, casi un mes después de los hechos, el CTI capturó a los cuatro uniformados en Soacha y en Barbosa (Santander). La Fiscalía había expedido cinco órdenes de captura. Los capturados son el mayor Roque Correa Yánez, comandante de la estación de Cazucá; el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique, y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero. El quinto, el patrullero Nahumer Hernando Vergel Lozano, está prófugo.
Según el dictamen de Medicina Legal, Donovan Balanta murió por una arritmia cardiaca asociada a las descargas de una pistola eléctrica (táser). El dictamen también documentó quemaduras y otras lesiones en su cuerpo. El informe de histopatología aclara que sus hallazgos por sí solos no establecen un vínculo causal directo entre las descargas y la muerte, y que deben valorarse junto con el resto de las pruebas.
¿Qué pasó?
El 20 de septiembre los policías atendían una riña entre vecinos en Caracolí. Durante el procedimiento, los agentes hicieron comentarios discriminatorios contra vecinas y familiares de Donovan. Cuando José Luis Guerrero, una de las personas que estaba en la vivienda, salió a preguntar qué pasaba, los policías le dieron una descarga eléctrica. Donovan les lanzó entonces dos objetos para que dejaran de atacarlo. Los uniformados lo persiguieron, lo arrastraron, lo golpearon y le aplicaron varias descargas eléctricas.
En un video difundido en redes sociales se ve a Donovan boca abajo, pidiendo auxilio porque no puede respirar. Después lo llevaron a la estación de Policía de Cazucá, donde siguieron las agresiones. Las cámaras de seguridad de la estación lo registraron esposado, tirado en el piso, sin poder moverse y con los pantalones abajo, mientras recibía nuevas descargas eléctricas y golpes. Según la Fiscalía, el mayor Correa Yánez permitió las agresiones y no ordenó atención médica inmediata.
José Luis Guerrero también estaba detenido en la estación. Según su relato, Donovan se quejaba de dolor y le agarró la mano pidiendo ayuda. Guerrero alertó a los policías, pero pasaron cerca de 20 minutos antes de que lo trasladaran al Hospital Cardiovascular de Soacha. Llegó sin respirar y con el pulso débil, y murió horas después.
Un crimen racial
La propia Fiscalía sostuvo ante el juez que la conducta de los policías “está inspirada en móviles de discriminación referidos a la raza”. Marleny Paz, madre de Donovan, dijo en entrevista con Noticias Caracol que los policías se ensañaron con su hijo: “ese fue el delito, el delito de ser negro”.
Alí Bantú Ashanti, abogado de la víctima y director del Colectivo Justicia Racial, una organización de abogados afrodescendientes que lleva casos contra el racismo, pidió a la Fiscalía que los delitos se consideren agravados y que se les aplique la mayor pena posible por haberse cometido con motivos raciales.
La ONG Temblores le exigió al presidente Abelardo de la Espriella pronunciarse sobre el caso y rechazar públicamente la tortura y el asesinato de Donovan Balanta. Hasta el momento no se ha pronunciado.
Nos sumamos a la exigencia de justicia para Donovan y su familia. ¡La brutalidad policial, el perfilamiento racial y toda medida discriminatoria deben ser erradicadas de la fuerza pública!
