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El pasado 29 de agosto, la buscadora Alma Rosa Rojo Medina fue víctima de un intento de feminicidio en Culiacán, Sinaloa. Alma se trasladaba en coche junto a su hija por la colonia Estela Ortiz de Toledo, cuando hombres armados les dispararon. Ambas tuvieron que ser hospitalizadas, pero lograron sobrevivir a las heridas.
Alma Rosa es la fundadora de Voces Unidas por la Vida, asociación de más de 200 familias que buscan a sus seres queridos en el estado de Sinaloa. Desde el año 2009, cuando su hermano Miguel Ángel Rojo Medina fue desaparecido, se ha dedicado a buscarlo y a ayudar a otras familias a buscar a sus desaparecidos.
El atentado contra Alma Rosa Rojo Medina no es un hecho aislado, es una muestra de los riesgos que enfrentan las mujeres y personas que rastrean a sus desaparecidos en México. El ataque revela una violencia que castiga precisamente el trabajo que el mismo Estado ha sido incapaz de garantizar, que es el localizar a las víctimas y hacer justicia. Estos actos buscan intimidar a las y los buscadores que se organizan para encontrar a sus familiares.
El grupo Sabuesos Guerreras de Culiacán expresó su indignación por “el cobarde atentado”, señalando que no es un ataque solo contra ella y su colectivo, sino contra todas las buscadoras y activistas que arriesgan la vida ante la indolencia de las autoridades. Madres Buscadoras de Sonora también condenó el atentado y exigió justicia. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) exigió medidas de protección urgentes para salvaguardar la vida de Rojo Medina y su hija.
Tras el ataque, la Secretaría de Gobernación activó protocolos de protección para ambas víctimas, quienes ya se encuentran en condiciones estables en su hogar. La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, dijo que la activista y su familia cuentan con el respaldo y la protección de las autoridades estatales. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó que La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género inició la investigación, respaldada por elementos de la Policía de Investigación y por personal pericial de la propia institución. Entre las líneas de investigación se busca determinar si “el ataque pudiera estar relacionado con la actividad que desarrolla una de las víctimas como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas”. La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, del lunes 31 de agosto, no tocó el tema.
De acuerdo con Amnistía Internacional, hay más de 230 colectivos de búsqueda en México; sus integrantes enfrentan con frecuencia amenazas por parte de organizaciones criminales y han denunciado la falta de apoyo y protección suficientes por parte del Estado.
Más de 135,000 personas desaparecidas en México
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 16 de junio de 2026 la cifra de personas desaparecidas llegó a 135,048. El número ha aumentado de forma constante en las dos últimas décadas, coincidiendo con la expansión de los grupos de delincuencia organizada y la intensificación de la “guerra contra el narcotráfico” en 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón.
Una actualización del informe Quinto Elemento Lab en 2023, con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías estatales, muestra que la crisis no solo no se ha detenido, sino que se ha acelerado con desapariciones constantes. Hace tres años, México sumaba más de 111,500 personas desaparecidas y 5,696 fosas clandestinas localizadas en 570 municipios, un hallazgo casi diario desde 2007. El número de fosas se incrementó 88% en siete años. El reportaje señala, además, que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se localizaron 2,864 fosas clandestinas, concentradas sobre todo en Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán, con 24 hallazgos masivos registrados. 2019 fue un año de quiebre, con 970 fosas descubiertas, un salto del 123% frente a las 435 localizadas el año anterior.
