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Según Medicina Legal, en el bombardeo del 27 de agosto realizado por el Ejército colombiano en zona rural de El Retorno, Guaviare, fueron asesinados tres menores de edad, dos de 15 años y uno de 16, junto a 7 personas más. La acción militar, denominada Operación Amón, estuvo dirigida contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, disidencia de las Farc que integra el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderado por alias “Calarcá”. Las víctimas fueron cuatro mujeres y cinco hombres, entre ellos los tres menores. Durante el operativo también fue recuperado con vida otro menor que se encontraba en el campamento, cuyos derechos, según el Gobierno, fueron restablecidos.
Este es el segundo bombardeo ordenado por el gobierno de De la Espriella en sus primeros 20 días de mandato. El primero se registró en la noche del 10 de agosto de 2026, el mismo día del terremoto que azotó al Chocó, Valle y eje cafetero, y apenas cuatro días después de su posesión. El objetivo fue el Frente Nororiental del ELN, en la vereda El Sinaí (San Calixto), límites con El Tarra, en el Catatumbo, Norte de Santander. La Defensoría del Pueblo corroboró que tres civiles resultaron heridas, entre ellas una mujer de 44 años, como consecuencia del uso de explosivos, y pidió formalmente a la Fiscalía General de la Nación investigar y establecer si la responsabilidad es de la Fuerza Pública o de un grupo armado ilegal. Este lunes, más de 20 días después, se confirmó que un menor de 16 años murió en ese bombardeo.
La respuesta del gobierno De la Espriella
El lunes 31 de agosto, Abelardo De la Espriella publicó en su cuenta de X: “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”. El mandatario responsabilizó a los grupos armados por la presencia de los menores en el campamento y afirmó que “los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”.
El nuevo ministro de Defensa, Jorge Mora, afirmó que “la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley”. El comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, también defendió la legalidad de la operación y afirmó que las diez personas fallecidas eran integrantes de la estructura atacada. El Ministerio anunció además que trabaja con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia en una mesa para “fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento y utilización de menores por estructuras narcoterroristas”.
La Defensoría del Pueblo pidió a la Fuerza Pública ajustar la planeación y evaluación de las operaciones militares para cumplir los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad que exige el Derecho Internacional Humanitario. La propia Defensoría había advertido, antes de conocerse las muertes de los tres menores, sobre posibles impactos en la población civil de las zonas rurales afectadas por la operación en Guaviare.
La organización Save The Children Colombia manifestó su preocupación por el hecho y recordó que “el reclutamiento, uso y utilización de menores de 18 años por parte de grupos armados está prohibido, sin excepción. Pero un niño, niña o adolescente reclutado no deja de ser víctima por serlo: su posible presencia debe preverse antes de cualquier operación militar en la inteligencia y la planeación, no constatarse después en los balances forenses”. También hizo un llamado urgente a los grupos armados “para que cesen de inmediato estas prácticas, y al Estado para que fortalezca la prevención del reclutamiento y la protección de la niñez en los territorios afectados por el conflicto armado. La protección de niñas, niños y adolescentes debe estar en el centro de las decisiones durante el conflicto armado, siempre”.
Bombardeos durante el gobierno Petro
Durante el gobierno Petro se registraron 458 muertos en operaciones militares, incluidos bombardeos; 65 de ellos eran menores de edad. Hubo al menos dos casos registrados de bombardeos en los que murieron menores de edad durante el gobierno Petro: Calamar y Nuquí.
El 10 de noviembre de 2025, un ataque aéreo en la vereda Itilla, municipio de Calamar (Guaviare), dejó al menos siete menores de edad muertos, según cifras de Medicina Legal. El bombardeo ocurrió el 10 de noviembre de 2025 en la vereda Itilla, municipio de Calamar (Guaviare), contra un campamento de las disidencias de las Farc lideradas por alias “Iván Mordisco”. La operación incluyó siete bombardeos aéreos, ejecutados como “apoyo aéreo cercano” para proteger a 20 hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) que se encontraban a corta distancia de una estructura estimada en más de 100 disidentes. En total murieron 20 personas (13 hombres y 7 mujeres), entre ellas siete menores de edad, cuatro niñas y tres niños, de entre 13 y 17 años. Además, tres menores fueron recuperados con vida en el operativo.
El entonces presidente Gustavo Petro escribió en X, el mismo día del ataque: “Muy lamentable las pérdidas de vidas humanas de colombianos, pero debían saber que estaban al servicio de un [grupo armado]”. Posteriormente, confirmó que en 2025 habían muerto 12 menores en bombardeos, y pidió perdón a las madres de los menores muertos en el episodio.
Su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que la responsabilidad de exponer a los menores a las hostilidades recaía “única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate en abierta violación del DIH”. La Procuraduría, bajo el procurador Osuna, exigió explicaciones al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana por su responsabilidad en la ejecución del ataque, y ordenó recolectar pruebas también sobre otra operación en Puerto Rondón, Arauca (tres días después), donde murió otro menor.
Entre el 11 y 12 de junio de 2026, tropas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con apoyo de la Policía, atacaron en zona rural de Nuquí (litoral pacífico chocoano) a la subestructura “Jhon Fredy Orjuela” del Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia, EGC). El bombardeo dejó nueve personas muertas, cuatro de ellas menores de edad. Después del ataque, un juez ordenó al gobierno revisar, en un plazo máximo de dos meses, que se cumplen ya durante el gobierno De la Espriella, la estrategia de bombardeos para evitar víctimas menores de edad. El juez encontró que el manual reservado de la Fuerza Aeroespacial observa los principios “de forma general”, pero no tiene un mecanismo específico de verificación de presencia de menores antes de ejecutar un bombardeo.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre posibles casos adicionales de niños fallecidos en este tipo de operativos y pidió suspender los bombardeos cuando exista riesgo para población menor.
Bombardeos durante el gobierno Duque
Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), 367 personas fueron asesinadas solo en bombardeos militares, 42 eran menores de edad.
El 29 de agosto de 2019, un bombardeo de la Fuerza Aérea contra un campamento de disidencias de las FARC, en Candilejas, San Vicente del Caguán, dejó 14 muertos, 8 de ellos niños. El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, culpó a los grupos guerrilleros de las muertes y afirmó que no poseían información sobre la presencia de niños en el campamento. El caso desató una moción de censura contra Botero, y terminó con su renuncia. En noviembre del mismo año, Duque respondió en una entrevista en la que le preguntaban por la muerte de los ocho menores de edad, “De qué me hablas viejo”. Fue uno de los antecedentes del paro nacional de ese año.
El 2 de marzo de 2021, un bombardeo contra las disidencias lideradas por alias “Gentil Duarte” en Buenos Aires, vereda de Calamar, dejó 12 personas muertas, entre ellas tres menores de edad, de 15 y 16 años. El entonces ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a los menores reclutados por la guerrilla como “máquinas de guerra” que “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos”. El pronunciamiento provocó una nueva ola de indignación y rechazo.
El 16 de septiembre de 2021, en el departamento del Chocó, las Fuerzas Militares bombardearon un campamento del ELN en el Litoral de San Juan y asesinaron a cuatro menores de edad, de entre 13 y 17 años. Desde Leticia, el entonces presidente Duque declaró: “Ahí no había civiles. Se enfrentaba un blanco legítimo y las Fuerzas Militares operan conforme a los protocolos que tenemos”.
¿Qué dicen la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y organizaciones especializadas?
Según la Corte Constitucional, un menor de 18 años reclutado por un grupo armado ilegal es considerado víctima del delito de reclutamiento ilícito, independientemente de su forma de participación (voluntaria o forzosa) o su rol (directo o indirecto) en el conflicto armado. Esto viene reforzado por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que Colombia ratificó en 2005: desde entonces, la prohibición de reclutar menores de 18 años es crimen de guerra bajo derecho consuetudinario. La Corte, además, ha sido consistente en sentencias como la C-240/09 y el Auto 251 de 2008 (desplazamiento y niñez) al decir que el reclutamiento de menores es simultáneamente violación de derechos humanos, infracción al DIH y delito internacional.
De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, para que un bombardeo sea lícito, debe cumplir simultáneamente con 3 principios:
- Distinción: Los ataques solo pueden dirigirse contra combatientes u objetivos militares. En caso de duda sobre el estatus de una persona, debe presumirse su condición de civil.
- Proporcionalidad: Se prohíbe un ataque cuando el daño incidental previsible a civiles sea excesivo frente a la ventaja militar concreta y directa esperada.
- Precaución: Obliga a agotar las medidas de inteligencia posibles antes de atacar, para minimizar el daño a la población civil.
Estos principios están codificados en el Protocolo Adicional I de Ginebra (arts. 48, 51 y 57) y en el derecho consuetudinario (Norma 1 del CICR), ratificados por Colombia.
Human Rights Watch advierte que, desde 2021, cerca de 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento por grupos armados en Colombia. Según HRW, el informe Política Pública de Prevención de 2018 está desactualizado y el presupuesto de la Consejería Presidencial para DD.HH. cayó de US$2,2 millones (2025) a US$0,9 millones (2026), y ya no está centrado en prevención de reclutamiento. Actualmente, hay incertidumbre total sobre si De la Espriella mantendrá o eliminará esa consejería.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a proteger a niñas, niños y adolescentes del reclutamiento forzado. Según la entidad, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 se identificaron 97 casos de reclutamiento forzado, concentrados principalmente en Cauca, Norte de Santander y Nariño.
