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El 10 de agosto, tres días después de posesionarse como presidente, Abelardo de la Espriella tuvo que enfrentar su primera prueba de aptitud para el cargo: asumir la emergencia nacional por el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que afectó a unos 450 municipios; una emergencia para la que nadie está preparado, pero en la que una transición institucional interrumpida pudo dificultar la coordinación inicial de la respuesta. A la emergencia por el terremoto se sumó la escalada de incendios en varios departamentos del país. Estos han sido algunos de los desaciertos y actuaciones más cuestionadas en la primera semana de atención al desastre.
La decisión de suspender el empalme fue de De la Espriella
Uno de los problemas más graves evidenciados en el actuar errático del nuevo gobierno durante la emergencia es la falta de empalme con el gobierno anterior, por decisión de De la Espriella. El 3 de julio se realizó la primera reunión de las comisiones nacionales de empalme y se estableció un cronograma que finalizaría el 31 de julio, una semana antes de la posesión. El entonces presidente Petro pidió que las reuniones de transición fueran transmitidas en vivo por los medios públicos, en un gesto de transparencia con el país ante la constante narrativa de fraude del gobierno entrante. El 7 de julio, 4 días después de iniciado el proceso de empalme, De la Espriella anunció en su cuenta de X que suspendía el proceso de empalme.
De la Espriella defendía su decisión indicando que tenían, desde hacía varios meses, toda la información que necesitaban. “Arca de Noé” fue el nombre que el equipo de De la Espriella y José Manuel Restrepo le dio a esa estrategia de preparación. Según declaraciones de Carlos Alonso Lucio, coordinador del empalme, el equipo venía trabajando desde antes de las elecciones, y De la Espriella le habría pedido desde enero conformar grupos de expertos para estar listos para gobernar desde el 7 de agosto.
Al momento del terremoto, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRD, entidad encargada de coordinar la respuesta en este tipo de emergencias, seguía bajo la dirección de Javier Pava. Solo hasta el 12 de agosto, 48 horas después del terremoto, David Santiago Tamayo Roldán se posesionó como nuevo director de la UNGRD.
Gestos desobligantes desde el primer pronunciamiento
El 10 de agosto, horas después del terremoto, luego de desplazarse desde Barranquilla, donde planeaba gobernar, hasta la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Bogotá, donde se había instalado el Puesto de Mando Unificado, De la Espriella apareció ante las cámaras sonriendo, saludando y lanzando besos antes de entregar el primer balance oficial de la tragedia. La escena, difundida en redes sociales, provocó fuertes críticas por el contraste entre la actitud del mandatario y la gravedad de la emergencia que estaba a punto de comunicar. Varios sectores interpretaron el gesto como una muestra de falta de sensibilidad y de solemnidad frente a una tragedia que ya dejaba más de un centenar de muertos.
Además de la polémica, quedó expuesta la dificultad de gobernar desde otras ciudades durante una emergencia, puesto que ministerios y UNGRD tienen su sede en Bogotá.
Primer bombardeo y víctimas civiles
En la noche del 10 de agosto y hasta la madrugada del 11, apenas tres días después de asumir la presidencia y durante las primeras 24 horas de la tragedia, Abelardo de la Espriella ordenó el primer bombardeo militar de su Gobierno contra el ELN, en zona rural entre los municipios de Tibú y San Calixto, Norte de Santander. El Ministerio de Defensa reportó como resultado la muerte de dos personas, presuntamente integrantes de la guerrilla, y la incautación de 1,5 toneladas de explosivos, 440 granadas adaptadas para drones y la destrucción de dos búnkeres y cinco campamentos. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, informó que la operación dejó víctimas civiles: al menos tres campesinos resultaron heridos, entre ellos una mujer de 44 años, Elfido Galván, Lucía Amparo Guerrero y Yadimier Ascanio. Además, se registraron desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra. La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo también reportó viviendas y bienes civiles afectados, personas desaparecidas y desplazamientos hacia El Tarra y sus alrededores.
Descoordinación y politización de la ayuda internacional
Durante las primeras horas de la emergencia, la UNGRD, aún bajo la dirección de Pava, informó a la Cancillería que Colombia contaba con capacidades suficientes para las labores de búsqueda y rescate y que no era necesario desplegar equipos internacionales especializados. La comunicación explicaba que la decisión estaba sujeta al monitoreo de la emergencia y que podía modificarse si cambiaban las necesidades.
El 11 de agosto, el embajador de China, Zhu Jingyang, informó públicamente que estaba a la espera de que el nuevo gobierno colombiano nombrara a un funcionario responsable de coordinar la ayuda internacional, calificando el asunto de urgente. Ese mismo día, los Topos Tlatelolco, una brigada mexicana especializada en rescate urbano, informaron trabas para poder ayudar en el rescate frente a la crisis humanitaria del terremoto; explicaron que mantenían comunicación directa con la coordinadora nacional de Gestión de Riesgos, pero que las autoridades colombianas no permitirían el ingreso de grupos de rescate externos, puesto que la emergencia estaba siendo cubierta por grupos de rescate locales.
El 12 de agosto, los Topos Azteca, liderados por Héctor Méndez, llegaron a Cali, luego de atender la emergencia de los terremotos de La Guaira, Venezuela, pero no contaban con la autorización oficial para labores de rescate. El mismo miércoles, el nuevo director de la UNGRD dijo que Colombia solo formalizó solicitudes de apoyo “de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel”. “Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional”, indicó Tamayo.
Finalmente, el nuevo gobierno autorizó el ingreso de rescatistas de Ecuador, El Salvador, Estados Unidos e Israel, rechazando la ayuda de México, un país experto en la atención de este tipo de desastres. La decisión fue ampliamente cuestionada por considerarse que obedeció a posturas ideológicas. En Cali, una de las ciudades a donde llegaron rescatistas israelíes, voluntarios han señalado que entorpecieron las labores, en lugar de permitir que quienes llevaban varios días trabajando articulados y organizados lo siguieran haciendo. Entre las preocupaciones latentes y manifiestas está que la presencia de Israel busque hacer un lavado de imagen del Estado que ha perpetrado un genocidio en Palestina, que incluye el asesinato de más de 20.000 niños y niñas.
El jueves 13 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de ofrecer su ayuda en varias ocasiones, confirmó que la brigada de rescatistas de la Secretaría de Defensa Nacional de México no pudo salir hacia Colombia. Según explicó, el equipo ya contaba con certificación internacional y había ido a 98 países a rescatar y a trabajar por las personas, pero el Gobierno colombiano exigió una certificación adicional para autorizar su despliegue.
El lunes 17 de agosto, Carolina Gómez, vocera del Gobierno de Abelardo de la Espriella, publicó en su cuenta: “¿Ya llegaron a Colombia ayudas de Palestina, Corea del Norte o Irán?”. El mensaje fue seriamente criticado y suma a la controversia por las condiciones impuestas por Colombia para aceptar equipos internacionales de búsqueda y rescate solo de países alineados ideológicamente y a las críticas por la indolencia y crueldad del actual gobierno, considerando que Palestina, en la actualidad, sufre un genocidio.
La desconexión presidencial y de su gabinete con las necesidades de los damnificados
El 11 de agosto, 24 horas después del terremoto, Rodrigo Lara, ministro del Interior y uno de los funcionarios encargados de articular al Gobierno nacional con las autoridades territoriales, dijo en una entrevista que no sabía qué estaba ocurriendo en Chocó, departamento donde se encuentra el epicentro del sismo. “No sé lo que pasa en Chocó, para serle muy franco”, admitió. La propia UNGRD había reportado desde las primeras horas afectaciones en nueve municipios de Chocó. El ministro atribuyó esta falta de información a la falta de wifi. Consultado además sobre la fecha de posesión de su propio equipo, respondió: “Yo creo que ustedes están más enterados que yo de lo que pasa en Bogotá”.
Ese mismo día, Abelardo de la Espriella pidió priorizar los arreglos necesarios en la catedral de Manizales, afectada tras el terremoto: “Algo que me duele muchísimo a mí, en lo personal, es el daño que sufrió la Catedral de Manizales, que es, de verdad, un ícono para Colombia. Le he dado instrucciones precisas a la ministra de las Culturas, la doctora Paola Holguín, para que se haga lo que sea menester a fin de que podamos recuperar esa bella obra arquitectónica, que no solamente es un baluarte para los manizaleños, sino también para toda Colombia”. La decisión fue cuestionada por la prioridad otorgada a la recuperación de la catedral mientras continuaban las labores de búsqueda y atención de damnificados.
El 12 de agosto, mientras miles de estudiantes permanecían sin colegios por los daños del terremoto, Abelardo de la Espriella anunció un plan de choque para implementar clases virtuales mientras se recuperaba la infraestructura educativa. La propuesta, sin embargo, chocaba con una dificultad básica en varias de las zonas más afectadas: la falta de conectividad. En territorios donde numerosas familias no cuentan con acceso estable a internet, la virtualidad difícilmente podía funcionar como una solución inmediata para garantizar la continuidad educativa.
El fin de semana después del terremoto, cuando las labores de búsqueda y rescate continuaban y miles de familias dormían a la intemperie o en albergues tras perder sus hogares, se conocieron imágenes del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en una playa de Santa Marta, con su familia. Las críticas no tardaron, ya que el Ministerio de Vivienda, que llevaba 3 días en el cargo al momento del terremoto, tiene un papel central en la atención de las familias que pierden o deben evacuar sus casas y en la necesidad de reconstrucción manifiesta, que aún no se dimensiona en su totalidad. Beltrán respondió a la polémica el lunes 17, alegando que antes que ministro era padre y que necesitaba compartir con su familia. El representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, anunció una moción de censura contra Beltrán.
El mismo fin de semana, domingo 16, durante una visita a Buenaventura, Abelardo de la Espriella entregó balones de fútbol marcados con el logo de su movimiento político, “Defensores de la Patria”, en medio de una emergencia que todavía exigía labores de búsqueda y rescate y atención a miles de familias afectadas. Aunque el gobierno dice estar entregando ayudas, la población afirma no haberlas recibido.
Concentración de las comunicaciones y presidencialización de la emergencia
Durante los primeros días tras el terremoto, de la Espriella asumió personalmente buena parte de los anuncios, balances y decisiones del Gobierno, concentrando buena parte de la comunicación pública en su figura y liderazgo. El 12 de agosto, en una rueda de prensa en la que anunció medidas para enfrentar la reconstrucción, el mandatario no permitió preguntas de los periodistas. A esto se sumó la decisión de centralizar las comunicaciones oficiales y restringir las declaraciones de los ministros, una dinámica que terminó por presidencializar la gestión de la emergencia y redujo el espacio para que cada entidad explicara directamente sus actuaciones, dificultades y resultados.
Crisis paralela en política exterior
En paralelo a la emergencia, el Gobierno abrió nuevos frentes de controversia en política exterior. El mismo día del terremoto, Colombia reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel, provocando una crisis con varios países árabes y una fuerte reacción internacional mientras el país atravesaba una emergencia nacional.
El 12 de agosto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció desde Panamá que Colombia había autorizado operaciones militares conjuntas con Estados Unidos “para combatir el narcoterrorismo” y confirmó el ingreso del país al “Escudo de las Américas”. Además del contenido del anuncio, que este haya sido hecho por un funcionario estadounidense y no por las autoridades colombianas, así como las dudas planteadas por sectores de la oposición sobre si una cooperación militar de este alcance requería autorización del Congreso, el hecho enciende más alarmas.
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La primera semana de De la Espriella frente al terremoto deja, más que una sucesión de desaciertos, dudas sobre la capacidad del nuevo Gobierno para responder institucionalmente a una crisis de esta magnitud. El terremoto puso a prueba también la capacidad del gobierno de escuchar a las regiones, coordinar sus instituciones y priorizar las necesidades de los damnificados. La falta de empalme, los problemas de coordinación, las dificultades para articular la ayuda internacional, el desconocimiento de algunos funcionarios sobre la situación en los territorios afectados y la presidencialización de las comunicaciones marcan la gestión de un momento crucial para el país.
