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Este martes 4 de agosto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad contra 27 antiguos comandantes de los extintos bloques Sur y Oriental de las Farc-EP. Los comparecientes fueron hallados máximos responsables de crímenes como desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, crímenes cometidos en medio de las tomas guerrilleras, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual, entre otros hechos contra personas del oriente y sur del país. Por décadas, estos crímenes permanecieron en la impunidad. En la justicia ordinaria, el 97% de estos hechos no llegaron a juicio y cerca del 90% de las investigaciones penales no superó la etapa preliminar.
Esta decisión de la JEP presenta la primera imputación conjunta con el Caso 11 (subcaso 01). El subcaso aborda la violencia de género, incluyendo violencia sexual y otros crímenes, cometida por integrantes de las antiguas Farc-EP contra civiles. En el auto se imputa la violencia sexual cuando se dio como forma de castigo o cuando la violencia sexual se dio en medio de las hostilidades. Otros crímenes de violencia basada en género permanecen en instrucción en el Caso 11. Es también la primera imputación del Caso 10 de la JEP, en el que un total de 4.436 víctimas se han acreditado. En este proceso se investigan los crímenes más graves y representativos cometidos por la antigua guerrilla que no están siendo abordados en otros macrocasos. Con esta imputación, la JEP ya ha identificado a un total de 109 máximos responsables de la antigua guerrilla y comandantes que sobrevivieron la guerra y son firmantes del Acuerdo de Paz. La mayoría de quienes han sido llamados a reconocer los hechos han admitido su responsabilidad por los crímenes.
Entre los 27 comparecientes imputados en esta ocasión se encuentran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP que tuvieron mando en los antiguos bloques Oriental o Sur: Rodrigo Londoño, quien fue conocido como ‘Timochenko’; Julián Gallo, quien fue conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, quien fue conocido como ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘El Médico’; y Milton de Jesús Toncel, quien fue conocido como ‘Joaquín Gómez’. También se imputa a otros 23 comandantes que tuvieron mando y control sobre las tropas de los bloques Oriental y Sur. En el listado, además, aparecen comandantes de células urbanas que ordenaron poner bombas y matar civiles inermes en las ciudades. De los 27 comparecientes, solo cinco, que no eran máximos comandantes de las Farc-EP, habían estado en la cárcel por estos crímenes.
Esta decisión también documenta hechos que marcaron la historia del país, como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, del general (r) y exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, del profesor Jesús Antonio Bejarano, las tomas guerrilleras como las de Mitú y Miraflores y masacres que sembraron terror, como la de los concejales en Rivera, en Huila, o los de Puerto Rico, en Caquetá. Además, establece responsabilidades por atentados como el del Nogal, los rockets contra la posesión del residente Álvaro Uribe Vélez y los atentados contra Germán Vargas Lleras.
Los comparecientes fueron imputados después de una rigurosa investigación que tuvo en cuenta los relatos de 2.436 víctimas acreditadas que los señalan como responsables de lo que sufrieron. Este auto también recoge 76 informes, 37 de los cuales provienen de mesas de víctimas y asociaciones comunitarias y campesinas. Además, se tuvieron en cuenta las observaciones de las víctimas sobrevivientes del conflicto armado, quienes narraron de viva voz lo que padecieron. Además de los informes y las declaraciones de las víctimas, este auto se basa en la contrastación de los expedientes de la Fiscalía, así como en lo investigado en otros casos de la JEP, y en las versiones individuales y colectivas rendidas en este caso por 82 comparecientes de la antigua guerrilla. Por todos estos crímenes, la Sala ha exigido una rendición de cuentas seria y detallada a los comparecientes de las extintas Farc-EP.
Imputación conjunta con el Caso 11 por violencia sexual
La investigación de la JEP también encontró que, en los patrones de búsqueda del control territorial y en la conducción de hostilidades, miembros de las Farc-EP usaron la violencia sexual como castigo contra mujeres campesinas que, a juicio de la guerrilla, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad. Se documentaron hechos de violaciones a mujeres por tener relaciones sentimentales con miembros de la fuerza pública, por ejemplo. También ocurrieron violaciones en medio de las hostilidades. También se documentó un hecho especialmente grave en la toma de Puerto Rico, Meta, en 1999, cuando un grupo de guerrilleros agredieron sexualmente a 10 mujeres, incluida una niña de 13 años.
La Sala encontró que cerca de la mitad de los comandantes de las estructuras de los Bloques Sur y Oriental (que imitaban las divisiones del ejército en su envergadura,) murieron en la guerra. Entre ellos, Pedro Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Manuel Marulanda’ o ‘Tirofijo’; Víctor Julio Suárez, quien fue conocido como ‘Jorge Briceño’ o el ‘Mono Jojoy’; Luis Édgar Devia, y ‘Raúl Reyes’. También murió una alta proporción de los comandantes de los Estados Mayores de los Bloques y los frentes. Además, en esta región un número significativo de comandantes de los frentes, y otros traicionaron el acuerdo de paz o formaron disidencias antes de su firma, especialmente de zonas cocaleras. Hoy sigue delinquiendo en la zona Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco, del Frente 1, además de efectivos de la llamada Segunda Marquetalia, formada entre otros por el hoy muerto Hernán Darío Velásquez, quien fue conocido como ‘El paisa Óscar’, y quien fue comandante histórico de la Columna Móvil Teófilo Forero.
Las 27 personas imputadas hoy como máximos responsables de los crímenes de los bloques Sur y Oriental son todos firmantes del Acuerdo de Paz y han comparecido al ser llamados, rindiendo su versión de los hechos reportados por las asociaciones de víctimas, el Estado y las víctimas acreditadas. La participación masiva de las víctimas y la rendición de cuentas de los comparecientes sometidos a la JEP ha sido importante para poder esclarecer los hechos.
Entre los imputados, aparte de los exjefes del secretariado, están, además de los integrantes del último Secretariado ya señalados, Fabián Ramírez, quien fue el segundo al mando del Bloque Sur, desde 1995 hasta 2013, habló de las operaciones del Frente 14 y la coordinación logística, militar y operativa. Ángel Alberto García, quien fue conocido como ‘Hernán Benítez’ estuvo en las Farc-EP desde 1970 y formó parte de la guardia de Manuel Marulanda. Además, fue miembro principal del Estado Mayor del Bloque Sur, entre 2009 y 2016. Aportó información que permitió reconstruir la evolución de la guerrilla desde sus orígenes. También reconoció la responsabilidad del bloque en la masacre de los concejales de Rivera, Huila, bajo la directriz nacional de generar ingobernabilidad. Igualmente, Floresmiro Burbano, quien fue conocido como ‘Martín Corena’. Como exintegrante del Estado Mayor del Bloque Sur, aportó información y reconoció responsabilidad por crímenes cometidos por los frentes 3, 2 y 48 (que comandó) y la implementación de políticas de desplazamiento y ataques a población civil.
Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’, ingresó a la guerrilla en 1978 y fue miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, entre 2000 y 2009. Como excomandante del Frente 62 (Combatientes del Yarí) reconoció crímenes de guerra cometidos en medio de las hostilidades y el control territorial. Por su parte, Élmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’, ingresó a las Farc-EP en 1975. Fue comandante del estratégico Frente 44, entre 1994 y 2012, y, además, fue miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental. En su versión rendida ante la JEP, aportó información para esclarecer la toma de Miraflores y el uso sistemático de minas antipersonal en el Guaviare.
Mandos medios como Daniel Bolaños Trujillo, quien fue conocido como Diván e hizo parte de la Columna Móvil Teófilo Forero, por su parte, permitieron esclarecer hechos como la masacre de los concejales de Puerto Rico, Caquetá, y el asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar. Y José Nicolás Hurtado, quien fue conocido como ‘Carlos Huevo’, y comandó el Frente Urbano Joselo Lozada entre 1995 y 2004, confesó su participación directa en el asesinato del profesor Jesús Antonio Bejarano en la Universidad Nacional, y cómo la orden provino directamente del ‘Mono Jojoy’. También habló de cómo intentaron desviar la investigación judicial.
Los 3 patrones identificados
Para abordar la magnitud del macrocaso 10, la Sala de Reconocimiento de Verdad los agrupó en tres patrones criminales, que reflejan las lógicas de la guerra en esta vasta región que comprende más de la mitad del territorio colombiano:
- El primer patrón corresponde a los crímenes cometidos en el desarrollo de las hostilidades, en confrontaciones armadas con la fuerza pública y los paramilitares que derivaron en afectaciones a personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y bienes civiles. En este patrón, la JEP identificó, además, dos modalidades: i) Las tomas guerrilleras de pueblos y hostigamientos a estaciones de policía. ii) Los hostigamientos eran ataques rápidos y sorpresivos para desorganizar o facilitar asaltos, mientras que las tomas eran operaciones de gran envergadura para someter a la fuerza pública y destruir su infraestructura. (iii): En la tercera modalidad hubo otras acciones armadas contra miembros de la fuerza pública que incluyeron emboscadas, asaltos a bases militares y cuarteles, y sabotajes con los que dañaron infraestructura de los municipios.
- El segundo patrón, el que más víctimas acreditadas recoge, agrupa los crímenes cometidos por las extintas Farc-EP cuando controlaron territorios y a sus habitantes, especialmente en zonas históricas de retaguardia guerrillera y en amplias áreas de cultivo y tráfico de coca, así como de los corredores geográficos que las conectan. También cobija crímenes que, si bien se dieron en disputa con otros actores armados, tenían como finalidad consolidar el control de la guerrilla en estas zonas. En este patrón, la JEP identificó tres modalidades: i) La de castigo por desobedecer las órdenes de la guerrilla, el no pago de extorsiones, y la resistencia al reclutamiento forzado. ii) La segunda modalidad se daba por sospecha de ser colaboradores o simpatizantes del enemigo. Y iii) la tercera modalidad se trató de la estrategia de generar un “vacío de poder”, y se materializó en ataques sistemáticos contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales considerados opositores a las Farc-EP para forzar su renuncia y para desplazar la ya escasa presencia del Estado.
- El tercer patrón recoge los crímenes cometidos en las ciudades o contextos urbanos, donde la guerrilla tuvo grupos y estructuras de mando más pequeñas. En este patrón, la JEP identificó dos modalidades (i): El desarrollo de ataques con armas y explosivos de gran envergadura, como los carros o bicicletas bomba, contra estaciones de policía y bienes civiles para hacer presencia en las ciudades. ii) La segunda modalidad corresponde a homicidios y atentados contra civiles declarados por la guerrilla “objetivo militar”. En violación de las leyes de la guerra, las Farc-EP cometieron asesinatos en modalidad de sicariato contra personas por opiniones políticas o trayectorias de oposición a la guerrilla.
Patrón 1: La guerra-guerra o los crímenes cometidos en desarrollo de las hostilidades
En la década del 90, las Farc-EP conformaron un ejército irregular, con una gran capacidad militar. Estaban dotados de rockets artesanales, fusiles y otras armas compradas en el mercado negro. En el desarrollo de las hostilidades, destruyeron estaciones de policías, bases militares, patrullas y convoyes del Ejército Nacional. Se tomaron y arrasaron municipios enteros, como sucedió en noviembre de 1998 con Mitú, la capital de Vaupés. Ese ataque duró cerca de 72 horas y dejó un saldo de 56 muertos y un pueblo hecho escombros.
A mediados y finales de los noventa, las extintas FARC-EP lograron agrupar a miles de guerrilleros para estos ataques en la llamada “guerra de movimientos”. En ese momento, tenían la capacidad de enfrentar y derrotar en campo abierto a ejércitos paramilitares y a la fuerza pública en verdaderas batallas, como la que sucedió en el Billar, en Cartagena del Chairá, Caquetá, el 3 de marzo de 1998. Ese día, murieron 64 militares que se enfrentaron con una tropa de 1.800 guerrilleros. Se vivió la guerra como no se ha visto desde entonces por el poder bélico desplegado tanto por los ejércitos irregulares como por el mismo Estado, que hacía bombardeos aéreos y acciones coordinadas entre el ejército, la fuerza aérea y la armada.
En medio de la guerra, los guerrilleros también instalaron cientos de campos con minas y artefactos explosivos artesanales para defenderse y contener al enemigo, y terminaron afectando a la población civil. La JEP documentó casos devastadores. Por ejemplo, Pedro Dilman Cardona narró ante la JEP la muerte de sus dos hijos y de uno de sus amigos. Los tres niños tenían tan solo 4 y 9 años cuando perdieron la vida mientras jugaban en el patio y pisaron minas antipersonal. En 2010, también en Vista Hermosa, cerca de 80 campesinos se dirigían a recoger mercados e insumos agrícolas en medio de una jornada humanitaria, pero tras pisar un campo minado, un civil murió y 75 resultaron heridos, incluyendo 14 niños y niñas.
En este patrón se documentaron hechos en los que la población civil fue la más afectada. De esto da cuenta la masacre de niños y niñas en Algeciras, Huila, ocurrida en 1990. Integrantes del Frente 2.º emboscaron un vehículo policial que transportaba a un grupo de niños y niñas de entre 9 y 14 años que regresaban de una actividad deportiva. Tras una explosión, los guerrilleros dispararon contra los sobrevivientes y mataron a seis niños y niñas y a dos policías. En esta confrontación armada, las Farc-EP dejaron víctimas militares y policiales de crímenes de guerra, como el asesinato a sangre fría de quienes habían depuesto sus armas. Así sucedió con 38 militares en Gutiérrez, Cundinamarca, en 1999, cuando también se documentaron torturas contra las víctimas. Los militares y policías también fueron víctimas del crimen de toma de rehenes ya documentado y reconocido por los comparecientes de la antigua guerrilla en el Caso 01.
Integrantes de la guerrilla además cometieron el crimen de matar o herir a traición cuando apelaron a la buena fe del adversario con la intención de traicionarla. Lo hicieron por ejemplo en Fómeque, Cundinamarca, en 1998: En medio de un enfrentamiento de los Frentes 51 y 53, los guerrilleros ocultaron una granada dentro del cuerpo sin vida del cabo primero Luis Fernando Camacho antes de su evacuación. El artefacto detonó cuando el cadáver llegó a la Escuela de Artillería en Bogotá. Murieron dos soldados y cinco militares quedaron heridos.
Patrón 2: El control violento del territorio y sus pobladores
Las extintas FARC-EP buscaron ejercer control social y territorial para cumplir con su objetivo de tomarse el poder por la vía armada. Aunque el control por un grupo ilegal es un delito, no es un crimen internacional en sí mismo. Sin embargo, la JEP encontró que la forma como los bloques Sur y Oriental lo ejercieron o buscaban consolidarlo sí comprendió la comisión de crímenes graves, de guerra y de lesa humanidad.
La presencia guerrillera en la vertiente oriental de la cordillera del mismo nombre data desde la fundación misma de la guerrilla por campesinos comunistas perseguidos por el Estado colombiano, a finales de los años 60. Estos encontraron refugio en unos territorios fértiles apartados del contacto con los mercados y las ciudades, y se establecieron allí en una economía de subsistencia (en la que solo se produce lo necesario para vivir). En los ochenta, las extintas FARC-EP ingresaron al mercado internacional de la coca de la mano de los carteles de Cali y Medellín, que llevaron la semilla y el negocio primero a la Orinoquía y luego a la Amazonía colombiana.
La extracción de rentas del narcotráfico por medio del “impuesto” financió en los noventa la expansión de esta guerrilla con una gran capacidad bélica. Este ejército guerrillero fortalecido se constituyó en la única autoridad en estos territorios, y en la forma principal de gobernanza conocida por los campesinos que quedaron a la merced de los grupos armados. Decenas de informes y miles de víctimas le han descrito en detalle a la JEP la crueldad de este gobierno guerrillero, que pareció haber sido en muchos lugares una dictadura militar. Según relataron las víctimas, se trató del gobierno de un actor armado sin control popular, que fue hostil porque no dependía de la economía y el apoyo campesino para subsistir.
Los relatos de las víctimas describen la crueldad del gobierno de la guerrilla en territorios sin Estado. El desplazamiento forzado, el crimen más recurrente, con 807 registros, seguido del homicidio (284) y desapariciones forzadas (231). La Sala también documentó otros crímenes cometidos por la guerrilla de violencia sexual en 47 hechos, y 14 hechos de torturas como castigos contra la población civil. Estos relatos son representativos de los hechos cometidos por los antiguos bloques Sur y Oriental de las extintas FARC-EP.
El control de la guerrilla buscaba impedir el ingreso y el despliegue en el área del enemigo, así como sofocar liderazgos políticos, económicos o comunitarios que cuestionaran su autoridad. Este control se hacía directamente por los guerrilleros, o por milicianos. Unos y otros cobraban vacunas, imponían la ley escrita a veces en “manuales de convivencia”, decidían conflictos comunitarios, controlaban la actividad económica, patrullaban, requisaban, investigaban y castigaban a los campesinos. Este fenómeno ya fue descrito en el Caso 01 cuando los campesinos resultaban secuestrados en campamentos como parte de estas investigaciones y castigos. Además del secuestro, los castigos eran asesinatos y desplazamientos forzados y, en algunos casos, tortura y violencia sexual.
La guerrilla castigó los liderazgos campesinos independientes, incluyendo presidentes de las juntas de acción comunal, miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y líderes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. También castigaron a las familias que se resistían al reclutamiento, a quienes desobedecían sus órdenes, a quienes eran sospechosos de simpatizar o colaborar con el Ejército Nacional o los paramilitares, y a quienes resentía como rivales dentro del ejercicio de la función democrática; funcionarios públicos, candidatos a cargos de elección popular y comunidades de fe. La Sala encontró, además, que para ser acusado de colaborar con el enemigo podía bastar simplemente brindar agua, o haber sido obligado a dar víveres a las tropas de la Fuerza Pública o de los paramilitares.
En los informes de ‘La Colombia Olvidada’, le llegaron a la JEP relatos de víctimas campesinas indefensas, asesinadas o desplazadas luego declaradas “objetivo militar”, con lo que las Farc-EP violaron las leyes de la guerra. Pero, además, en algunas regiones, en particular en aquellas en disputa con la fuerza pública o con los paramilitares narcotraficantes, esa declaratoria de objetivo militar constituyó un ataque generalizado de las Farc-EP contra la población civil campesina.
Estas comunidades además quedaron entre dos fuegos, pues los que aceptaban el gobierno guerrillero eran luego objetivo militar del paramilitarismo. Estos crímenes se investigan en el Caso 08 de la JEP cuando se cometieron en colaboración con la fuerza pública. Esos casos dan cuenta, como ya lo ha hecho Justicia y Paz, de cómo los paramilitares generaron de manera intencional terror con actos públicos de violencia extrema. En cuanto al padecimiento de los pueblos étnicos, el Caso 09 de la JEP investiga la afectación a los sujetos colectivos y el enorme daño al territorio y a la naturaleza causado por todos los actores del conflicto armado.
El control violento de la guerrilla se refleja en la desaparición forzada de tres hermanos en La Montañita, Caquetá, que documentó la JEP. Los niños de 17, 15 y 13 años, viajaban a su finca para tomar vacaciones escolares cuando fueron interceptados por guerrilleros del Bloque Sur. Los obligaron a bajar de una camioneta que brindaba servicio público de transporte y los amarraron antes de llevárselos. Más tarde, la mamá de los niños fue asesinada por la guerrilla para evitar que los siguiera buscando. Eso les sucedió también a otras familias buscadoras.
La persecución a la comunidad “Semillas de Paz”, en Caquetá, también retrata la crueldad con la que las Farc-EP actuaban en el ejercicio o la búsqueda de control territorial. Luego de que la comunidad se negó a sembrar coca, el Frente 15 sometió a las y los campesinos a maltratos, trabajos forzados y ejecuciones públicas de parceleros para infundir terror. A algunos no los dejaron recoger los cuerpos de sus seres queridos para enviar un mensaje de advertencia y varios de los líderes, además de ser asesinados, fueron desaparecidos, como sucedió con Ómar Ortiz Ramos, presidente de Semillas de Paz, Marcelino Cortés Benavides, presidente de Hato La Patagonia, y Gustavo Castrillón. También fue asesinado Juan Andrés Rivera, un niño de solo cinco años, como parte del ensañamiento contra esta comunidad. Fue tal la persecución que 45 familias se desplazaron luego de que sus viviendas y herramientas de trabajo fueron incendiadas. Entre los ataques a comunidades de fe, la JEP documentó, por ejemplo, el del sacerdote Alcides Jiménez. Fue asesinado frente a los feligreses mientras celebraba una misa por las extintas FARC-EP en Puerto Caicedo, Putumayo.
La Sala también destacó los asesinatos contra padres, madres y docentes que se negaron al reclutamiento forzado de niños y niñas. En Lejanías, Meta, las víctimas contaron que, en 2006, una profesora “no estaba de acuerdo con el reclutamiento y a los 20 días la encontraron muerta, tiroteada, llegando al pueblo de Villa Rica”. Las víctimas también recordaron cómo en marzo de 2002 las Farc-EP dieron la orden de no participar en las elecciones en todo el corredor Puerto Vega-Teteyé. El profesor de la Escuela La Libertad fue asesinado luego de haber asistido a la jornada electoral como jurado de votación, “como un hecho ejemplificador” de lo que podía pasar a todo aquel que se atreviera a desafiar las órdenes de la guerrilla.
En cuanto a los crímenes cometidos contra quienes ejercían liderazgos políticos para generar una idea de “vacío de poder”, la JEP documentó, por ejemplo, la masacre de cuatro concejales de Puerto Rico, Caquetá (2005) y de nueve concejales de Rivera, Huila (2006), por integrantes de la Columna Móvil Teófilo Forero. Las Farc-EP también masacraron a la familia Turbay Cote; y en municipios como Solano, Caquetá, mataron a tres alcaldes en menos de un año: Demetrio Quintero Rentería (20 de junio de 1996), Edilberto Hidalgo (6 de octubre de 1996) y Heriberto Murillo Ortega (16 de febrero de 1997).
Patrón 3: El terror en las ciudades
Este es el patrón con menor número de hechos en el Caso 10. Sin embargo, son los de mayor recordación nacional. Se trata de bombas y asesinatos en las grandes ciudades como Bogotá, Neiva, Florencia, Villavicencio, donde las instituciones del Estado tenían la capacidad para documentar y esclarecer los crímenes. Allí, también se ha concentrado la atención de los medios de comunicación, lo que ha permitido mantener viva la memoria de lo sucedido.
No obstante, el obstáculo para encontrar la verdad judicial en estos hechos ha radicado en que, mientras que en el patrón de hostilidades y en el de control territorial las extintas Farc-EP no se ocultaban, pintaban sus iniciales en las paredes de los pueblos, e incluso buscaron ser reconocidos como autoridad armada, en las ciudades la guerrilla evitó dejar rastro.
En este tercer patrón se encuentran crímenes cometidos por grupos muy pequeños, que actuaban en la clandestinidad, que en ocasiones no se conocían entre ellos y no reclamaban la autoría de los crímenes. Muchos, además, murieron en la guerra.
Hubo ataques con explosivos para “hacer presencia” en las ciudades, especialmente contra la policía en estaciones y CAI, pero también contra bienes civiles como los atentados con rockets contra el Palacio de Nariño durante la posesión de Álvaro Uribe Vélez, el 7 de agosto de 2002. La mayoría de los rockets cayeron en barrios muy pobres y vulnerables como El Cartucho y La Estanzuela. Murieron 31 personas, incluyendo niños que estaban almorzando. 29 más resultaron heridas. Las Farc-EP también son responsables del atentado al Club El Nogal, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos. Además, son responsables del atentado con una moto bomba en la Zona Rosa de Villavicencio el 28 de septiembre de 2003. El estallido dejó 14 muertos (10 civiles y 4 policías) y 48 heridos. Entre las víctimas fatales había un niño de 9 años. Asimismo, son responsables del atentado con una carrobomba que estalló en Neiva, en un barrio residencial. Asesinaron a 15 personas, incluyendo civiles y una fiscal, y destruyeron 40 viviendas de la comunidad.
La otra modalidad es el asesinato de civiles e intentos de asesinatos de personas declaradas “objetivo militar” en la modalidad de sicariato y nunca reclamados. Para la JEP también ha sido un desafío, 30 o 40 años después de los hechos, reconstruir estas acciones de células clandestinas de guerrilleros urbanos. Los firmantes del acuerdo de paz reconocieron de manera temprana algunos de estos hechos, y han reconocido de forma general la existencia de unidades operativas que asesinaban personas en las ciudades. Aceptaron que la guerrilla cometió los atentados contra el exministro Fernando Londoño; el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; el entonces senador Germán Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazabal y de Hernando Pizarro.
Los comparecientes de las Farc-EP, y en particular Julián Gallo, asumieron responsabilidad por el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, y la de su acompañante José del Cristo Huertas Hastamorir, el 2 de noviembre de 1995. La familia Gómez, quien ha luchado por años por esclarecer lo sucedido, tiene una hipótesis distinta que involucra a otras personas sobre quienes la JEP no tiene competencia. En esta decisión, la Sala de Reconocimiento afirma que tiene razones suficientes para entender que por lo menos dos de los sicarios que participaron en el atentado contra Álvaro Gómez Hurtado sí eran miembros de las FARC-EP, específicamente de la red urbana a cargo de Julián Gallo, entonces conocido como “Carlos Antonio Lozada.”
La evidencia que llevó a la Sala a esta conclusión, además del dicho de varios comparecientes, que confirman lo reconocido por Gallo, es: (i) la descripción física de dos de los asesinos hecha en 1995 por testigos presenciales del asesinato coincide en rasgos generales con las imágenes de dos de los guerrilleros de la red urbana que murieron en 1996, y cuyas fotos fueron reproducidas en la revista Resistencia de 1998. Además, (ii) se cuenta con la necropsia de uno de ellos, que identifica el cadáver como portador de una candonga de plata que también fue identificada en uno de los asesinos de Álvaro Gómez. La Sala también encontró (iii) declaraciones juramentadas de un infiltrado de la Policía en la red urbana que, en 1996, le manifestó a la Fiscalía que los asesinos de Álvaro Gómez eran de la red urbana, pues la información sobre ese crimen se había manejado al interior de la red como se manejaban las acciones propias de la red y no como un hecho noticioso.
Además de estas razones, la Sala encontró que el asesinato sí corresponde al modus operandi de la guerrilla en las ciudades, en modalidad sicarial y no reclamado por la organización armada en su momento. La Sala también encontró referencias descalificadoras de Álvaro Gómez en los computadores incautados a la guerrilla, si bien no encontró en estos que se asumiera la responsabilidad por el hecho.
Aunque la Sala considera que estas dos personas, hoy muertas, sí fueron por lo menos dos de los sicarios, no tiene la misma claridad respecto a los motivos. Coincide con la familia Gómez en que los motivos afirmados por los comparecientes, que alegan a una enemistad que data de los años sesenta, no son convincentes por irracionales. Si bien la guerrilla pudo haber ejecutado acciones irracionales, la Sala considera que no puede descartar la participación de otros actores en la participación intelectual, según la hipótesis de la familia Gómez. En efecto, es de público conocimiento que otros magnicidios de los convulsionados años noventa fueron el resultado de alianzas entre distintos actores criminales, y así podría haber sido sin que le fuera comunicado a Julián Gallo en su momento. Por eso, la JEP aclara que la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes mantienen su competencia para continuar investigando este crimen de lesa humanidad respecto a actores que no son competencia de la JEP, según la hipótesis mantenida por la familia Gómez.
¿Qué sigue en el proceso?
Tras la notificación, los 27 comparecientes tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional. La Jurisdicción también ordena a los comparecientes imputados que aporten toda la información faltante que esté a su disposición tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición forzada de los bloques.
La Jurisdicción espera que los comparecientes cumplan con sus obligaciones de aportar verdad y de reparar a las víctimas. Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados darán la cara a la justicia, a las víctimas y al país. Esta audiencia será preparada y desarrollada con las víctimas.
Después de esa diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. En ella se incluirá los nombres de aquellos que hayan aportado verdad, reconocido su responsabilidad y sean considerados candidatos para la imposición de sanciones restaurativas. Esta sanción, que será consultada con las víctimas, tiene un enfoque reparador e incluye restricciones efectivas de libertad y otros derechos, sin cárcel. Además, debe garantizar la seguridad jurídica a los comparecientes y cumplir con los estándares internacionales.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, su caso podrá ser trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Por esa vía, el proceso podría terminar en un juicio más parecido al de la justicia ordinaria, y si se les encuentra responsables de los crímenes, los comparecientes podrían pagar hasta 20 años de prisión.
