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El 2026 inició con medios y redes sociales inundados de noticias alarmantes protagonizadas por el presidente Donald Trump, sobre la soberanía de Venezuela y Groenlandia, el abuso del poder de ICE, la detención de Liam Conejo, un niño de 5 años, y los asesinatos de Renne Good y de Alex Pretti en Minnesota. Tan solo llevamos un mes del presente año y las políticas del presidente de los Estados Unidos ya destruyeron años de relaciones diplomáticas estables con varios países, la confianza de quienes consideraban que, bajo su tutela, regresaría un Estados Unidos próspero y la salud mental de muchísimas personas alrededor del mundo que temen por su bienestar.
Ante el miedo, la confusión y la evidente impunidad, surgen preguntas por la legítima defensa de la población civil frente al Estado y la necesidad de hacer valer derechos y defender la vida, en especial cuando el organismo que promete protección y legitimidad es el primero que incita la ilegalidad y la violencia en la resolución de conflictos, y cuando una de las personas más poderosas es también una de las más impredecibles y abiertamente violentas del escenario político actual.
Estados Unidos no ha sido el único país del que su ciudadanía ha tenido que defenderse
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México hace el siguiente recuento: “El levantamiento zapatista fue una rebelión de 12 días encabezada por el grupo armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas. Este movimiento alcanzó difusión internacional debido a sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México. Los orígenes político-militares del EZLN se encuentran en las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), una organización clandestina formada a finales de los años 60 en el norte de México.”. En este caso, la lucha era por la soberanía y el territorio, pero estos no son los únicos factores que llevan a que los pueblos se alcen contra sus gobiernos; también existen luchas por los recursos naturales que permiten que muchos otros derechos se garanticen.
En Bolivia, la guerra ha sido por el agua: “Era el año 2000 y los ciudadanos de Cochabamba se pusieron en pie de guerra contra la privatización de sus escasos recursos hídricos. Hoy, 15 años después, la lucha diaria por el acceso al agua continúa en la cuarta ciudad más grande de Bolivia”, acotan J. Sauras, F. Lill y Michele Bertelli en el reportaje La guerra interminable: 15 años de lucha por el agua en Bolivia de El País.
En Colombia, durante el Paro Nacional del 2021, la población civil también sintió la necesidad de defenderse de un Estado negligente y opresivo; mientras la lucha por las necesidades más básicas se tomaba las calles, el gobierno insistía en un uso desmedido de medidas correctivas. “A pesar de que hay normas, protocolos o procedimientos de cómo ejercer la fuerza, se sigue utilizando de manera excesiva y desproporcionada en escenarios de protesta social”, aseguró Manuel Iturralde, profesor de Derecho de la Universidad de los Andes.
En todos estos escenarios, la fuerza, la represión, las narrativas hegemónicas y la propaganda se vuelven cimientos de acciones fascistas que impiden la autodeterminación, la autonomía y la garantía de derechos de los pueblos.
La pregunta por la legítima defensa ha sido inescapable en Minnesota, donde Trump ha desplegado operativos sin precedentes con sus agentes federales de ICE (United States Immigration and Customs Enforcement – Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), quienes han sido comparados incluso con la Gestapo de la Alemania nazi. Estas operaciones han puesto en evidencia que ICE no busca la regularización del orden migratorio, como pretende vender ese gobierno; como advertimos personas antirracistas y antifascistas durante la candidatura de Trump, lo que busca es que la población migrante sea un chivo expiatorio para reforzar procedimientos fascistas y autoritarios. Frente a este panorama surgieron varios rumores en redes sociales sobre la reaparición de las Panteras Negras. En redes sociales, la imagen de personas afroamericanas con vestimenta negra de pies a cabeza, armas de defensa y el puño izquierdo arriba se sintió como un oasis en el desierto. Más allá de afirmar si las Panteras Negras están de regreso y se encuentran en Minnesota u otras partes de Estados Unidos, es necesario hacer un recuento de por qué ha sido Minnesota un foco para redadas antimigratorias de la magnitud que estamos presenciando.
Hans Buetow, productor de audio galardonado, y Em Cassel, escritora, editora de alimentos, editora gerente de City Pages en las Twin Cities radicada en Minneapolis, analizaron la situación de la región en el podcast Never Post. En resumidas cuentas, explican que, durante la pandemia de COVID-19, las normas federales de los programas de nutrición infantil se flexibilizaron para que las niñas y los niños pudieran seguir recibiendo alimentos, mientras las escuelas permanecían cerradas. Los fondos fueron distribuidos por el Departamento de Educación de Minnesota (MDE) y una organización sin fines de lucro llamada Feeding Our Future (Alimentando Nuestro Futuro) se expandió rápidamente. No obstante, muchas de esas solicitudes eran matemáticamente imposibles —por ejemplo, pequeños restaurantes que aseguraban servir hasta 6.000 comidas diarias—. Las primeras señales de alerta aparecieron ya en octubre de 2020. Aun así, los pagos continuaron. El FBI se involucró en la investigación a partir de mayo de 2021; se realizaron redadas en 2022 y, para septiembre de ese mismo año, 48 personas habían sido acusadas en lo que los fiscales describieron como el mayor esquema de fraude relacionado con la pandemia en Estados Unidos. Se estima que se robaron alrededor de 250 millones de dólares. La presunta líder de la red, Aimee Bock, es una mujer blanca, mientras que la mayoría de los otros acusados son estadounidenses de ascendencia somalí.
Beutow y Cassel discutieron cómo, en el plano político, la culpa se desplazó en dos direcciones: por un lado, hacia el gobernador Tim Walz y el liderazgo demócrata, acusados de fallas en la supervisión, y, por otro, hacia la comunidad somalí en general, pese a que el fraude involucró solo a una pequeña fracción de personas. Un artículo de City Journal, un medio de derecha, publicado el 19 de noviembre de 2025, afirmó falsamente que fondos de cuidado infantil en Minnesota estaban siendo desviados a Al-Shabaab, un grupo terrorista somalí. Una fuente citada dijo que la información fue tergiversada, pero el daño ya estaba hecho. Donald Trump amplificó la acusación y calificó a Minnesota como un “centro de lavado fraudulento de dinero” y canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes somalíes, medida que afectó solo a unas cientos de personas, ya que la mayoría de somalíes en Minnesota tienen ciudadanía. Tras un tiroteo, no relacionado, cometido por un solicitante de asilo afgano, Trump afirmó que “pandillas somalíes” estaban “recorriendo las calles” y señaló explícitamente a Minnesota y a su población somalí.
En el podcast Never Post se evidencia entonces una táctica vieja del fascismo: la propaganda. Medios que favorecen y difunden información sin verificar, cayendo en narrativas inflamatorias y difamadoras como en el caso de la congresista somalí-estadounidense Ilhan Omar y las personas de ascendencia somalí en general. Se reportó que el pasado 28 de enero un hombre atacó a la congresista con una jeringa que contenía un líquido desconocido al momento del ataque. Ella ha recibido múltiples amenazas de muerte tras las acusaciones que ha hecho el presidente Trump a la gente de Somalia. Por fortuna, el atacante no logró intimidar ni dañar a Omar, quien declaró: “Seguiremos adelante… somos fuertes como Minnesota”.
Aquí hay una intersección que no podemos dejar de señalar, pues también entra en la construcción de la narrativa de “legítima defensa del Estado”, que plantea posicionar Trump, y es la islamofobia construida y fortificada por décadas de propaganda en la que se le ha dicho a la gente estadounidense que el Islam es enemigo de la libertad y, por ende, enemigo de Estados Unidos.
Lo anterior nos da un contexto más amplio de por qué Minnesota es el epicentro del conflicto entre ICE y la población civil, y cómo Trump está justificando su operación. También hay que recordar que fue en Minnesota donde fue asesinado George Floyd; un crimen atroz al que la ciudadanía respondió con la consolidación del movimiento social Black Lives Matter para luchar contra el abuso estatal. Por eso, no es sorpresa la magnitud del despliegue civil y las protestas contra los asesinatos de Renne Good y de Alex Pretti.
¿Han regresado las Panteras Negras?
En el podcast Colonial OutCast se habla explícitamente del “regreso” de los Panthers. En el episodio The Panthers are back: Colonial Outcasts breaks its No. 1 rule and announces political partnership; se destaca que las protestas masivas que siguieron a los asesinatos a manos de policías, como el de George Floyd y Breonna Taylor, evidenciaron una indignación profunda, así como una falta de organización civil sostenida en el tiempo. En ese contexto, muchas personas expresaron el deseo de que el Black Panther Party regresara como una fuerza revolucionaria estructurada, y la actual rearticulación de los Panthers surgió, precisamente, como respuesta a esa demanda.
En el podcast se aclara una distinción clave entre el Black Panther Party y el Panther Party: el primero está específicamente arraigado en la liberación negra y la autodefensa, mientras que el segundo se presenta como una organización de solidaridad para personas no negras que se alinean con la ideología de las panteras. Esta diferencia se justifica históricamente a partir del apoyo de Huey P. Newton a grupos aliados, como el White Panther Party original. Se explica que el término “White Panther” fue abandonado por problemas políticos y simbólicos. El Panther Party opera hoy como una organización multirracial alineada con el liderazgo del Black Panther Party. En cuanto a la ideología central, se enfatiza que la opresión tiene su raíz fundamental en la explotación de clase, aunque se manifieste de maneras distintas, según las líneas raciales y sociales, y ese es el principio que se prioriza.
Los Panthers rechazan el nacionalismo estrecho y adoptan el intercomunalismo revolucionario desarrollado por Huey P. Newton, entendido como una postura contraria al capitalismo, al imperialismo y al colonialismo, que promueve la solidaridad, más allá de fronteras raciales, nacionales y comunitarias, que rechaza las jerarquías internas dentro de los movimientos revolucionarios. El podcast cierra presentando al Black Panther Party y al Panther Party como organizaciones disciplinadas, ideológicamente coherentes y capaces de construir una solidaridad revolucionaria entre distintas comunidades, que en efecto están activos y que están creando redes de apoyo comunitario en Minnesota y otros estados.
Más allá del mito del regreso y la nostalgia de pensar que las Panteras Negras reaparecen en un escenario tan desolador, en el fondo, sabemos que hay una necesidad urgente que nos llama a defender la vida en un mundo donde el autoritarismo y el fascismo no se detienen. La historia demuestra que, cada vez que el Estado recurre a la violencia, la criminalización y el señalamiento racial como herramientas de gobierno, surgen respuestas colectivas que buscan proteger a las personas más vulnerables. Así como esto puede ser un faro para entender que en la colectividad organizada sí hay una respuesta contundente, también puede tener consecuencias trágicas, pues hay un evidente desbalance de poder.
No se pueden ni se deben replicar formas del pasado sin cuestionarlas o sin traerlas al contexto de hoy, y me refiero al infame y renombrado machismo de las Panteras Negras en algún momento de su historia; es fundamental entender por qué ciertas ideas, como la autodefensa comunitaria, la organización disciplinada y la solidaridad intercomunal, se hacen aún más fuertes e importantes en momentos como este.
Nos preguntamos por la legitimidad de los Estados que siguen asesinando civiles, que siguen traicionando supuestos principios sobre los que fueron fundados, que siguen pasando por alto derechos humanos, debidos procesos, alianzas internacionales y el pacto mínimo de cuidado con sus propias poblaciones; Estados que convierten la violencia en política pública y el terror en método de gobierno. La organización comunitaria y la defensa colectiva no son anomalías y, frente a este panorama, son las mejores alternativas. No representan amenazas al orden, son respuestas naturales ante el colapso.
Cuando el Estado abdica de la responsabilidad histórica que, supuestamente, tiene de proteger la vida, la pregunta ya no es por qué la gente y los pueblos se defienden, sino cuánto tiempo más se les exigirá a las personas obediencia frente a su propia aniquilación.
