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Dos expresidentes de la derecha latinoamericana fueron enviados a prisión domiciliaria en los últimos días: Álvaro Uribe Vélez en Colombia y Jair Bolsonaro en Brasil. Ambos casos son históricos: Uribe es el primer expresidente juzgado y condenado en Colombia. Bolsonaro, si bien no es el primer expresidente juzgado y condenado en Brasil, sí es el primero procesado por intento de golpe de Estado en su país.
El 28 de julio, Uribe Vélez fue declarado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y condenado a 12 años de prisión domiciliaria, una multa e inhabilitado por 8 años para ejercer cargos públicos. Bolsonaro aún no ha sido condenado por el juicio que enfrenta por intento de golpe de Estado, pero este 4 de agosto se le dictó medida de prisión domiciliaria por violar las restricciones establecidas durante el juicio formal que enfrenta (uso de redes sociales).
El caso Uribe
- En 2012, Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente manipular testigos en cárceles.
- En 2018, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la denuncia contra Cepeda y abrir una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos a través de su abogado Diego Cadena.
- En 2020, Uribe renunció a su curul en el Senado y su caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía.
- En 2021–2023, magistrados negaron varias solicitudes de preclusión hechas por la Fiscalía.
- En marzo de 2024, la Fiscalía formalizó la acusación contra Uribe.
- El 28 de julio de 2025, tras una lectura de 11 horas del fallo de mil páginas, la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito, declaró a Álvaro Uribe Vélez culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
- El 4 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la medida de prisión domiciliaria y mantiene vigente la orden de detención pese a apelaciones y solicitudes de tutela de la defensa.
El caso Bolsonaro
Bolsonaro enfrenta juicio formal por el asalto al barrio gubernamental de Brasilia, en enero de 2023, tras su derrota electoral en 2022. Se investiga su presunta planificación de un golpe de Estado, incluyendo acusaciones de conspirar para asesinar al presidente Lula da Silva y por intentar subvertir el orden democrático. Podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.
Este 4 de agosto, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dictó la medida de arresto domiciliario por violar las restricciones establecidas. Bolsonaro deberá seguir en prisión preventiva, bajo tobillera electrónica y con prohibiciones estrictas de redes sociales y visitas, mientras continúa el juicio.
Implicaciones políticas
Tanto en Brasil como en Colombia se realizarán elecciones presidenciales en 2026. Siendo Bolsonaro y Uribe los líderes máximos de las derechas y ultraderechas de sus países, ambos juicios tienen fuertes implicaciones políticas en el clima electoral, reordenando el mapa político.
En Colombia, la jueza Heredia ha recibido amenazas y sufrido perfilamientos durante el juicio. Revista Semana publicó información sensible sobre su familia. La UNP hizo un estudio por orden presidencial y determinó que se tendría que reforzar el esquema de seguridad de la jueza Heredia y el de su familia.
Injerencia del gobierno de los Estados Unidos
En el caso de Uribe, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el vicesecretario Christopher Landau criticaron públicamente el fallo, denunciando una supuesta “instrumentalización política” del sistema judicial colombiano.
En el caso de Bolsonaro, Trump ha llamado “cacería de brujas” al juicio y anunció aranceles punitivos del 50 % a productos brasileños y sanciones al juez Alexandre de Moraes. El presidente Lula da Silva calificó de “inaceptable” su injerencia en la justicia brasileña, advirtiendo que socava la soberanía de Brasil y las relaciones entre ambos países.
El gobierno de Estados Unidos también impuso sanciones personales contra el juez Alexandre de Moraes, en el marco de la Ley Magnitsky, que incluyen la congelación de sus activos en ese país. Previamente, su visa había sido revocada, junto a las de otros jueces del Tribunal Supremo. Hasta ahora, la ley Magnitsky solo se había aplicado a delincuentes y dictadores. Es la primera vez que se aplica contra un juez en una democracia, declarándolo enemigo de Estados Unidos. Expertxs advierten que Trump podría estar violando los fundamentos de derechos humanos de la ley. El juez Alexandre de Moraes fue quien sancionó en 2024 durante varias semanas a la plataforma X en Brasil, exigiendo el cierre de cuentas de usuarios que habían infringido la legislación brasileña. Entonces, Elon Musk pidió su destitución.
Ambos casos continúan avanzando y sentando nuevos precedentes de justicia y democracia frente a los autoritarismos en la región.
