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Este 2 de julio de 2025, un jurado federal en Nueva York encontró a Sean “Diddy” Combs culpable de dos cargos por transportar personas con fines de prostitución, pero lo absolvió de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado. El veredicto mixto llega tras un juicio de siete semanas y más de 30 testimonios y material probatorio con videos y aviva el debate sobre cómo la justicia aborda la violencia de género, incluso cuando hay pruebas de abuso sistemático.
Las declaraciones de Cassie Ventura, expareja del artista, junto con las de otra mujer (“Jane”), mostraban un patrón sistemático de abuso físico, psicológico y sexual. Ambas se refirieron a “maratones sexuales” organizados por Sean “Diddy” Combs, manipulación, coerción, drogas y control. Sin embargo, pese a los testimonios y las pruebas presentadas, el jurado decidió absolver al rapero por los delitos más graves y solo declararlo culpable de transportar a personas con el propósito de prostitución, un cargo menor, pero que podría significar hasta 10 años de prisión. Nos seguimos preguntando, ¿qué se necesita para que un sistema escuche y crea? ¿Qué tipo de violencia es suficiente para merecer justicia?
Este veredicto evidencia, una vez más, la forma en que el sistema judicial aborda —o evade— la violencia de género en figuras poderosas y la impunidad de una figura multimillonaria de la industria del entretenimiento como Sean “Diddy” Combs, así como las grietas estructurales del sistema judicial frente a la violencia patriarcal, que muchas veces opera en silencio, bajo el miedo, la intimidación y la desigualdad de poder. El sistema legal continúa sin tener herramientas para reconocer formas complejas de abuso, que se perpetúan en lo privado, lo emocional y lo simbólico. Los estándares probatorios del derecho penal siguen hechos para otro tipo de crímenes y no para las violencias grises que atraviesan los cuerpos y vidas de miles de mujeres que llevan sus casos en silencio y sin visibilidad.
Independientemente del fallo mixto, el impacto del juicio mediático ha servido para que la opinión pública conozca los testimonios de las sobrevivientes y las apoye, ayudando así a desmontar una cultura de silencios y complicidades. Por eso la justicia debe ir más allá de los estrados. Requiere educación sexual integral, acompañamiento a víctimas, políticas públicas de prevención y una cultura que deje de normalizar el abuso.
Se sigue esperando la fecha de su sentencia, que puede implicar hasta 10 años de prisión por esas dos condenas menores.
