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En el segundo día de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, que tiene lugar este año en la Ciudad de México del 12 al 15 de agosto, compartimos el pronunciamiento completo del foro feminista a cargo de Stacy Velásquez Vásquez, Directora Ejecutiva de OTRANS Guatemala y LACTRANS. En un contexto —incluso feminista— de creciente violencia hacia las personas trans y las trabajadoras sexuales, es potente y simbólico que haya sido una mujer trans y defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales la representante designada por el foro para leer este discurso, construido colectivamente.
“Nosotras, mujeres diversas: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y mayores; indígenas, afrodescendientes, racializadas, con discapacidad, con VIH, trabajadoras del hogar y los cuidados, periodistas, defensoras, madres buscadoras, trabajadoras sexuales, lesbianas, bisexuales, trans e intersex; migrantes, refugiadas, exiliadas y desplazadas; mujeres campesinas, rurales y jornaleras; estudiantes, académicas y profesionales; así como mujeres sindicalistas y organizadas; desde nuestras distintas realidades y territorios, estamos hoy aquí para exigir que se reconozca nuestra contribución a la sostenibilidad de la vida, al trabajo digno y a la justicia social. Desde nuestras múltiples realidades y resistencias, demandamos que se garanticen todos nuestros derechos, se fortalezca el financiamiento a los movimientos y contar con condiciones de protección integral para salvaguardar la vida y las luchas de quienes defendemos derechos humanos.
A 30 años de Beijing, las feministas de América Latina y el Caribe reconocemos los avances hasta hoy para colocar al centro los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con identidades y expresiones de género diversas. Beijing fue posible por la potencia de los movimientos feministas históricamente organizados en todo el mundo, y en particular del Sur global. Y ha sido gracias a esa fuerza colectiva que logramos ganar derechos frente a contextos profundamente adversos.
Hoy, sin embargo, enfrentamos un estancamiento y retroceso alarmante. La crisis del multilateralismo, la captura corporativa de los sistemas democráticos y la expansión de discursos antiderechos y fundamentalistas ponen en jaque las justas demandas por la justicia social, la paz, el bienestar y la dignidad humana. Nos encontramos ante una escalada de violencia letal, la criminalización en contra de las defensoras, los movimientos feministas y el cada vez más reducido espacio para la participación cívica.
En nuestra región se vulneran derechos humanos todos los días, a través de figuras como el Estado de Excepción, reelecciones indefinidas, la normalización de la pobreza extrema, el racismo sistémico, la violencia sistemática, la colusión de autoridades del Estado con poderes fácticos y la inestabilidad política.
Es claro que las desigualdades en esta región están vinculadas a relaciones de poder internacionales marcadas por políticas colonialistas heredadas del Norte Global y aún vigentes en nuestra región, que afectan los proyectos de vida de las mujeres en toda su diversidad. El despojo de bienes comunes, el extractivismo, las políticas públicas posdesastres que facilitan el desplazamiento y la especulación financiera, el eterno endeudamiento de nuestros países y las medidas coercitivas unilaterales son formas de neocolonialismo que vulneran la vida digna y los ecosistemas de la región.
Estamos atestiguando en tiempo real el genocidio en Palestina, la Guerra Civil en Yemen, las consecuencias de la guerra en Etiopía, Somalia, Sudán, Ucrania y la crisis humanitaria en Haití. Las guerras no son nuevas, pero sí lo es la incapacidad —o el desinterés— de los Estados y organismos multilaterales para actuar con eficacia frente a la catástrofe social, política, económica y ecológica que atravesamos. Y cada vez son más claros los intereses económicos y extractivistas, que perpetúan las guerras para mantener la industria armamentista.
Y por eso, hacemos un llamado a que los países de América Latina y el Caribe se comprometan de manera firme con el fin de las guerras y de los procesos genocidas, como condición imprescindible para avanzar hacia sociedades que ponen en el centro al cuidado de las personas, de la vida y de la Tierra.
En este contexto, es urgente recuperar el sentido profundo de la democracia y del multilateralismo, no como fines en sí mismos ni como ejercicios de diplomacia vacía, sino como herramientas reales para transformar las condiciones de vida de nuestras comunidades. Los instrumentos y normas internacionales no pueden seguir acumulando polvo en los estantes mientras los derechos se vulneran a diario. No estamos aquí para defender rituales institucionales en grandes salones, sino para exigir vidas dignas, libres de toda forma de discriminación y violencia, con acceso a trabajos decentes, sistemas integrales de cuidado y protección social efectiva. La legitimidad del sistema internacional se juega en su capacidad de responder a las urgencias de los pueblos, no en la repetición de compromisos que nunca se cumplen.
Hacemos un llamado a los Estados a volver a lo básico: a colocar en el centro la vida, la justicia social, racial y ecológica, así como la igualdad de género, y la protección de los derechos humanos. También los invitamos a ser valientes y creativos en sus respuestas. Las feministas llevamos décadas construyendo estrategias colectivas, sostenibles y radicales que deben ser reconocidas e incorporadas en el debate de los Estados.
Exigimos una política fiscal con justicia feminista que no tenga miedo de tocar los intereses de quienes más concentran capital. Los gobiernos deben garantizar que quienes más acumulan capital paguen más impuestos y que los recursos públicos sirvan para garantizar derechos a los sectores más empobrecidos de nuestras sociedades. Sin justicia fiscal no hay sociedades de cuidados y, sin sociedades de cuidados, no hay justicia de género.
Nos pone en alerta que prioricen las alianzas público-privadas dentro de los compromisos, ya que son la puerta de entrada para la captura corporativa. Reiteramos la vigencia de la Plataforma de Acción de Beijing y del Plan de Acción de la Estrategia de Montevideo, los cuales ofrecen marcos claros para avanzar en la autonomía física, económica y en la toma de decisiones.
Para construir una verdadera sociedad de cuidados, es imprescindible entender a los cuidados como un bien común y transformar la lógica que ha sostenido la injusta división sexual del trabajo remunerado y de los cuidados. Ello requiere desfeminizar los cuidados y apoyos, para que dejen de recaer únicamente sobre las mujeres y personas feminizadas; desfamiliarizarlos, trasladando la responsabilidad de las familias al Estado y la comunidad, y desmercantilizarlos para que el acceso a los cuidados y a los apoyos no dependa de la capacidad de pago. Esta triple transformación debe guiar la política pública, los marcos normativos y la reorganización social de los Estados y las comunidades.
El derecho a los cuidados y los apoyos para personas con discapacidad y sus cuidadoras deben ser pilares de los sistemas de protección social, garantizando autonomía, igualdad y participación plena. La autonomía incluye contar con apoyos para cuidar. La accesibilidad universal y los ajustes razonables son clave para reducir inequidades y ejercer derechos. Promover cuidados desde la dignidad humana es avanzar hacia sistemas inclusivos, libres de barreras, que aseguren la participación activa y autónoma de todas las personas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya reconoció que el cuidado es un derecho humano, por lo que en el Compromiso de Tlatelolco se debe aprovechar esta oportunidad para llegar a compromisos que den rutas claras para la implementación progresiva, el monitoreo y la rendición de cuentas. Porque no podemos permitir que la agenda de género regional sea reducida a enunciados simbólicos sin contenido, ni transformaciones estructurales.
Exigimos compromisos claros con la agenda más humanizante de todas. La que promueve un modelo económico, político, social y cultural que genera bienestar, es sustentable y pone al centro los cuidados. La agenda que ha abanderado el reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y proyectos de vida. La que propone garantizar una justicia social con enfoque restaurativo y reparador. La agenda de la igualdad sustantiva que los feminismos sostenemos.
¡Desde Palestina hasta Haití, exigimos paz, justicia e igualdad!“
