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El miércoles 11 de febrero, el Senado argentino dio media sanción a un proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei que permite extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, entre otras medidas regresivas. El proyecto pasa a ser debatido en la Cámara de Diputados para su eventual sanción definitiva como ley.
La reforma laboral impulsada por Javier Milei incluye: jornadas laborales de hasta 12 horas diarias mediante banco de horas que eliminaría el pago de las horas extras; reducción de derechos sindicales y de huelga al promover la negociación individual o por empresa y limitar el ejercicio de huelga en sectores esenciales, yendo en contravía de la Constitución y tratados internacionales; la posibilidad de que las empresas definan cuándo debe tomar vacaciones el empleado; y el abaratamiento de despidos a través de mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones, financiado por aportes de empresas.
Esta última ha sido una de las medidas que más rechazo ha causado. Se trata de la creación de un fondo para financiar las indemnizaciones, utilizando recursos de la seguridad social, que implicaría reducir aún más las jubilaciones o aumentar la carga impositiva, mientras que el costo para las empresas o el Estado sería mínimo. En un primer momento, se planteó que el fondo se financiaría directamente con el salario de las y los trabajadores. Ante la indignación social que generó la propuesta, se modificó el esquema y se estableció que un porcentaje de los aportes destinados a la seguridad social se utilice para conformar la futura indemnización, que se iría pagando en cuotas.
Por último, la reforma laboral introduce el concepto de “salario dinámico”, donde el sueldo del trabajador no se paga solo en moneda, pesos argentinos o dólares, sino en especie, comida o alejamiento.
La aprobación se produjo en medio de protestas masivas frente al Congreso en Buenos Aires, con movilizaciones de sindicatos y organizaciones sociales. Como ha sido costumbre en el gobierno actual, su respuesta es reprimirlas con brutalidad policial.
La oposición y centrales sindicales argumentan que la reforma implica retrocesos significativos en derechos laboralmente conquistados por generaciones, mientras el gobierno de Milei sostiene que es “una modernización necesaria para dinamizar el mercado laboral”.
Un golpe al corazón del ethos político argentino
El régimen laboral argentino ha estado históricamente ligado al movimiento sindical y al peronismo desde mediados del siglo XX, con conquistas que consolidaron un andamiaje de derechos y estándares laborales robustos, como el aguinaldo, vacaciones pagas, convenios colectivos de trabajo, convirtiendo al trabajador en un sujeto político de derechos y marcando fuertemente el ethos político de lxs argentinxs. Con la llegada de las dictaduras, los sindicatos fueron perseguidos por ser un actor clave de resistencia y foco de vuelta a la democracia.
El discurso de “modernización laboral” a costa de lxs trabajadores y a favor de privatizaciones masivas de empresas que busca imponer la derecha argentina con Milei a la cabeza es el mismo que se planteaba en los años 90. A partir del 2003, el kirchnerismo empezó a volver a las ideas de Perón y a darle lugar a los movimientos obreros, a abrir paritarias y a volver a ampliar los derechos laborales, especialmente en lo relacionado con la seguridad social.
La reforma de 2026 representa un cambio profundo tras décadas de políticas que fortalecieron derechos laborales y de seguridad social. Sindicatos y opositores rechazan este retroceso en conquistas laborales de décadas y esperan que la Cámara de Diputados evite que la reforma se convierta en ley.
Habrá que esperar para saber si las organizaciones sociales y el descontento generalizado podrán frenar esta ola de retrocesos en derechos para lxs trabajadores o si la reforma se transforma en ley y los derechos laborales retroceden.
