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Durante las reuniones en Ginebra, Suiza, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, aseguró que el país está avanzando en la atención y el combate a las desigualdades y violencias en razón de género. La funcionaria habló de inversión en programas contra la pobreza y presumió la aprobación de reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva, reducción de la brecha salarial, la creación de la Red Abogadas de las Mujeres y la Red Nacional de Trabajadoras de la Patria, y la disminución de los feminicidios.
Pese al entusiasmo de Citlalli Hernández, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reprochó al Estado mexicano las deficiencias en la atención al embarazo adolescente, la precariedad laboral y la situación del sistema público de salud (el raquítico presupuesto para el diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino y el desabastecimiento de medicamentos al que se enfrentan las campesinas, por ejemplo).
El silencio incómodo de la comparecencia de México cuando tuvo que rendir cuentas sobre el acceso al aborto legal, seguro y gratuito fue fulminante. El país omitió que el aborto legal sigue sin ser realidad en todos los estados o que las instancias de salud continúan revictimizando a sobrevivientes y denunciantes de violencia sexual; y aseguró que no hay ni una sola mujer detenida por haber practicado un aborto cuando la relatora Ana Peláez Narváez preguntó sobre la detención de mujeres con sentencias bajo figuras como homicidio o infanticidio.
Aunque en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto, organizaciones feministas han alertado que más de 200 mujeres han sido detenidas por “crímenes” relacionados con el aborto; además, entre 2018 y 2022, tan solo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió 393 carpetas de investigación por el delito de aborto. Es decir, siguen castigando a las mujeres por abortar luego de que la corte dijera que eso era inconstitucional.
La capital, donde el aborto está despenalizado desde abril de 2007, no es la única entidad mexicana donde esto ocurre. Por ejemplo, en Querétaro, mujeres que han sufrido un aborto espontáneo enfrentan investigaciones por feminicidio. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2021 y marzo de 2025 se contabilizaron, por lo menos, 2,924 carpetas de investigación abiertas por “delitos” vinculados al aborto.
Reportes periodísticos señalan que en los últimos nueve años, la cifra de personas investigadas por aborto asciende a 7 mil 117, presentando un aumento del 64% en 2024. Organizaciones feministas y de derechos humanos también expresaron inconformidad por la visión parcial y engañosa sobre la violencia feminicida que presentó México ante la instancia internacional.
La Secretaría de las Mujeres aseguró que gracias a una “respuesta institucional coordinada y articulada”, se ha logrado una baja en este crimen de odio. Pero sabemos que la realidad es jodidamente distinta. México registra 10 feminicidios al día. Solo el 25% de los casos es investigado como tal y en entidades como Guanajuato y Guerrero la cifra es menor al 10%.
CEDAW dudó de las declaraciones del Estado mexicano por la falta de estadísticas actualizadas y el desmantelamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), responsable de coordinar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género. Otra omisión señalada por el comité y organizaciones feministas fue el incremento de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, que hasta mayo pasado alcanzó una estadística de 29,258 casos y presentó un aumento de más del 20% en 9 estados, de acuerdo con datos de la Red Lupa, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
