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Este lunes 16 de junio, la imagen de once campesinos de Jericó celebrando su libertad alegró a Colombia. Esto, después de que un juez del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó, Antioquia, se negó a imponer la medida de detención domiciliaria contra los once campesinos de Jericó, criminalizados por protestar contra el extractivismo de la AngloGold Ashanti en Jericó, Antioquia. Es una primera victoria del pueblo y la defensa del territorio en un proceso largo y desproporcionado.
El caso
Desde hace más de 15 años, los campesinos del suroeste antioqueño se oponen a la minería extractivista en su territorio, y han denunciado públicamente el daño que esta supone para las fuentes hídricas, los cultivos, el ecosistema y las comunidades. Ha sido particularmente visible el conflicto socioambiental de la mina de cobre y oro Quebradona, por el que actualmente son procesados los once campesinos de Jericó.
En enero de 2019, el alcalde de Jericó prohibió expresamente actividades mineras en la zona bajo el Acuerdo Municipal 010 (2018), declarando esas áreas “de patrimonio ecológico y cultural”, y ordenó suspender exploraciones en predios como La Mancha. En 2021 el documental “Verde como el oro”, dirigido por la periodista y documentalista Isabella Bernal, puso el foco en la mina Quebradona y evidenció las amenazas e irregularidades que los campesinos de la región asociaban al megaproyecto de la AngloGold Ashanti. En noviembre de ese mismo año, como pedía el documental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó la solicitud de licencia del proyecto. A pesar de esto y de que la entidad rechazara el recurso de reposición, la AngloGold continuó haciendo presencia en el lugar.
De acuerdo con la comunidad, a finales de 2023, trabajadores vinculados a la AngloGold ingresaron sin autorización a realizar labores de excavación en un predio protegido, destinado a la conservación de fuentes hídricas que abastecen a un acueducto comunitario en la zona rural. Al percatarse, varios campesinos se dirigieron al sitio para frenar esas labores, perjudiciales para su ecosistema, e hicieron un llamado a las autoridades locales, incluyendo la Policía, el alcalde y la Defensoría del Pueblo, para que intervinieran y exigieran la salida de los empleados de AngloGold, en defensa de su territorio frente a una intrusión no autorizada.
Los campesinos, respaldados por más de 100 personas de la comunidad, desmontaron la plataforma minera del humedal de forma pacífica y devolvieron las piezas intactas a la Policía; la multinacional los denunció por hurto agravado, secuestro simple (aseguran que impidieron el paso de trabajadores) y lesiones (un trabajador fue mordido por un perro). Por estos hechos, los once campesinos de Jericó enfrentan actualmente un proceso judicial. “No secuestramos a nadie ni nos robamos nada”, ha declarado don Porfirio (86 años), el mayor de los once, a medios de comunicación. “La acusación de lesiones personales es porque el perro de uno de los campesinos mordió a un trabajador de la minera”, agrega.
Aunque la Fiscalía pedía medida de aseguramiento en su contra por delitos de secuestro simple, daño en bien ajeno, hurto calificado y lesiones personales, la defensa de los campesinos pudo comprobar que no era necesaria esta medida, ya que ninguno de ellos representa un peligro para la sociedad. Por el contrario, son ellos quienes defienden el territorio del daño que puede causar el extractivismo de las grandes multinacionales mineras.
La AngloGold insiste en la mina de Quebradona
La empresa nunca ha dejado de insistir en la reactivación del proyecto. Según documentación interna, está completando nuevos estudios (agua, geotecnia, relaves, túneles) para presentar un nuevo EIA (Estudio de Impacto Ambiental) proyectado para 2026.
Aún sin licencia de explotación y, pese al archivo de la solicitud de licencia, sigue operando técnicamente en el terreno para instalar plataformas de monitoreo y túneles exploratorios, lo que sigue elevando alertas medioambientales y legales en la comunidad.
Reacciones
Desde el pasado 26 de mayo, la Defensoría del Pueblo ya había rechazado la judicialización de los campesinos en Jericó: “Invitamos a las autoridades judiciales a revisar las consecuencias de criminalizar estas acciones, realizadas por personas sin antecedentes violentos, cuyo único interés ha sido la protección del agua, la vida y su territorio. El derecho penal no debería ser usado como herramienta de represión frente al ejercicio de la defensa de derechos fundamentales y colectivos. Esto, además, entra en conflicto con los principios del Acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 exige a los Estados garantizar un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”.
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se pronunció tras la reciente decisión del juez: “Estos campesinos defienden su tierra, el agua y su municipio. El campesinado de Jericó da una lección a toda Colombia. Mi gobierno buscará la manera de apoyarlos en todo lo que podamos”.
Como ha señalado Claudia Serna, abogada de los once campesinos, “Aquí se persigue la protesta social de los campesinos”. Es una instrumentalización del derecho penal…”.
El documental Verde como el Oro se puede ver aquí, a partir del minuto 3.
