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Durante las últimas semanas se han sumado tres victorias legislativas para las mujeres de Colombia. La primera fue el avance en el Congreso de la Ley 179/24, o Ley de las Mujeres, que crea el Estatuto de la Igualdad para niñas y mujeres en toda su diversidad, aprobada el 3 de junio en primer debate. La segunda fue la aprobación en último debate del Convenio 190 de la OIT, sobre la violencia y el acoso, el 11 de junio. Ambas victorias ratifican los derechos de las mujeres. Y la tercera, claro, la Reforma Laboral, aprobada el 17 de junio en último debate.
Primero, empecemos por la reforma laboral.
La aprobación de la reforma laboral por el Senado colombiano representa un hito que beneficia a más de 10 millones de trabajadores y trabajadoras. Entre los puntos a destacar para las mujeres está que el trabajo doméstico, realizado mayoritariamente por mujeres, requerirá de un contrato por escrito; que el trabajo de las mujeres rurales y campesinas deberá ser remunerado y protegido; que las madres comunitarias deberán ser vinculadas formalmente al ICBF; y que las manipuladoras del PAE deberán ser formalizadas. También hay que resaltar la eliminación de los artículos que permitían la contratación por horas, una transformación clave para quienes trabajan en empleos informales o con jornadas precarias.
Otro logro sobresaliente es el reconocimiento del contrato laboral para los aprendices del SENA. Ahora, durante el primer año recibirán el 75 % del salario mínimo, y en el segundo, el 100 %. Esta transformación formaliza los derechos de jóvenes que antes quedaban excluides de beneficios como seguridad social, estabilidad y protección.
La reforma también incrementa los recargos por trabajo nocturno desde las 7 p.m. (antes iniciaban a las 9 p.m.) y eleva el pago por trabajar en domingos y festivos del 75 % al 100 %. Estas mejoras benefician de manera directa a muchas mujeres que desempeñan jornadas en el comercio, salud o servicios, campos con alta ocupación femenina.
Más allá de beneficios económicos, la reforma incorpora licencias remuneradas para situaciones de cuidado familiar, emergencias médicas y asistencia escolar. Desde una perspectiva feminista, la reforma incluye protecciones específicas para mujeres durante su embarazo y lactancia, prohíbe el despido injustificado y exige espacios adecuados para la lactancia dentro del lugar de trabajo.
El impulso al Convenio 190 de la OIT marca otro avance crucial. Este convenio, radicado por el Ministerio de Trabajo y apoyado por centrales sindicales, institución estatal y sector privado, reconoce el derecho a un trabajo sin violencia ni acoso, con un enfoque de género que protege especialmente a las mujeres. Es una victoria de las sindicalistas.
Adicionalmente, el avance en el Congreso del proyecto de la Ley de las Mujeres se centrará en la protección integral y la coordinación tanto de leyes como de organismos para lograrlo. Propone establecer un sólido sistema de monitoreo y seguimiento, con informes anuales y sesiones de control político que permitan evaluar regularmente los avances en materia de igualdad.
También, crea una Comisión de Seguimiento y Monitoreo que, con participación de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Igualdad y tres delegadas del Consejo Consultivo de Mujeres, busca garantizar representación diversa y territorial. Esta estructura permitirá que los compromisos de igualdad no queden en el papel, sino que se traduzcan en cambios reales y efectivos para mujeres y niñas de todas las regiones.
El Estatuto plantea una profunda revisión normativa para identificar y eliminar leyes discriminatorias, incluyendo consultas previas con mujeres de comunidades étnicas –indígenas, afros, raizales, rom– con el fin de que sus perspectivas culturales y contextos específicos se reflejen en la legislación. Además, introduce mecanismos concretos en el Título IX para implementar sanciones disciplinarias a funcionarios que violen derechos de las mujeres, acompañados de programas de transformación cultural y formación obligatoria para funcionarios públicos, contratistas y operadores judiciales, con el objetivo de erradicar prácticas discriminatorias y violencia institucional desde la raíz.
Todas son victorias importantísimas para las mujeres sindicalistas, trabajadoras y, al final, para todas las mujeres y niñas del país.
En el más reciente episodio de La Semanaria hablamos con Maria Fernanda Carrascal, Senadora por el Pacto Histórico y una de las principales impulsoras de la reforma laboral. También, hablamos con Alejandra Trujillo, abogada feminista con Maestría en Política Social, integrante del Grupo Impulsor para la ratificación del convenio 190 y de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado y, además, Coordinadora de Proyectos en temas de democracia, sindicatos y feminismos en la Fundación alemana Fescol. Y, finalmente, hablamos Alexandra Vásquez, representante a la Cámara por Cundinamarca y ponente del proyecto de ley 179 o Ley para las mujeres, para analizar estas tres victorias para las mujeres colombianas.
