Por 
Este martes 12 de agosto se realizó una marcha en Quito, convocada por el presidente Daniel Noboa, en protesta por la decisión de la Corte Constitucional, en respuesta a la suspensión temporal de 17 artículos de 3 leyes promovidas por el gobierno relacionadas con Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública. La suspensión fue anunciada el 4 de agosto por el tribunal, como medida cautelar mientras se evalúa su constitucionalidad. Organizaciones sociales y defensoras de los derechos ya habían advertido sobre la inconstitucionalidad de dichos artículos, denunciando que vulnerarían derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta, entre otros.
La movilización contó con transporte organizado desde diversas provincias, presencia de personal militar y policial, y vallas con las imágenes de los jueces constitucionales. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, decían las pancartas. Durante el recorrido, Noboa fue resguardado por la policía y las Fuerzas Armadas de Quito. Vestido de negro y con chaleco antibalas, usó una camioneta como tarima para dirigirse a las personas reunidas frente al edificio de la Corte. Durante la marcha, asistentes realizaron el saludo Nazi, como denunciaron medios locales.
La Corte Constitucional denunció el hostigamiento y la exposición pública de los rostros y nombres de los jueces y expresó preocupación por su seguridad e integridad institucional. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se refirió a la marcha como “un acto de amedrentamiento propio de regímenes autoritarios, que busca condicionar fallos, debilitar la independencia judicial y abrir paso a una agenda política contraria a la democracia y la Constitución”. Organizaciones internacionales como la ONU, WOLA y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, quienes advirtieron sobre presiones políticas que podrían afectar la independencia judicial. En respuesta a la preocupación por una posible interferencia política en el Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, la Corte convocó audiencias públicas para el 18 de agosto.
Estos ataques al poder judicial se suman a otros recientes en la región. En Colombia, tras emitir la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los políticos más poderosos en la historia de ese país, la jueza Sandra Heredia fue perfilada públicamente y ha recibido amenazas contra ella y su familia. El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía investigar las amenazas y ordenó reforzar la protección de la jueza y su familia.
En Brasil, los intentos de deslegitimación política y sanciones contra jueces, especialmente contra el magistrado Alexandre de Moraes, quien lidera casos de alto perfil como el de Jair Bolsonaro, provienen desde los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump aplicó sanciones bajo la Ley Magnitsky y revocó visas contra Moraes, calificándolo de opresivo y violador de derechos.
Además, la embajada de EE.UU. en Brasil publicó mensajes en redes sociales criticando a Moraes y advirtiendo indirectamente a otros jueces, lo que desencadenó una fuerte respuesta diplomática de Brasil, calificándolo como una amenaza a la independencia judicial y una interferencia política directa.
Mientras tanto, Bolsonaro ha atacado públicamente a la Corte Suprema, llegando a declarar que no acataría sus decisiones, lo que fue categorizado como una práctica “antidemocrática e intolerable” por el tribunal.
Todos estos actos, particularmente en estos momentos de alza de discursos autoritarios, encienden las alarmas democráticas pues pueden llegar a socavar la independencia judicial y poner en riesgo la vida de los jueces.
