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Andrea Burgos, mujer trans, afrodescendiente y empobrecida, conocida en redes sociales como “La Burgos”, cumple diez meses privada injustamente de su libertad en la cárcel Villanueva de Cali. El 17 de enero de 2025 fue condenada a nueve años de prisión después de un proceso caracterizado por irregularidades judiciales, falta de garantías procesales y una evidente transfobia institucional.
A Andrea se le acusó del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas tras una requisa realizada el 2 de diciembre de 2018, en el barrio La Inmaculada, de Buenaventura; según las autoridades, ella habría arrojado un arma de fuego al suelo al percatarse de la presencia de los uniformados. Ella niega haber tenido un arma en su posesión. En su relato refiere que los mismos policías le pidieron que cogiera el arma que supuestamente habían incautado en el lugar, pero ella se rehusó, pues no era suya. Mientras la detenían, uno de los agentes le dijo: “Con usted me gano un permiso”, dando a entender que se podría tratar de un falso positivo judicial, es decir, una criminalización injusta para mostrar resultados y ganar prebendas.
Y aunque nunca se hallaron huellas dactilares ni ADN ni otros indicios materiales que la vincularan con el arma, desde ese momento empezó el proceso. Se presentaron cargos por porte ilegal de armas, y por 6 años, el proceso permaneció estancado, hasta el 11 de septiembre de 2024, cuando se llevó a cabo la primera audiencia preparatoria, un mes antes de que el proceso precluyera y, finalmente, en enero de 2025, un tribunal emitió condena y se ordenó su detención. Las únicas pruebas que se tuvieron en cuenta fueron el testimonio del agente que la detuvo, Carlos Alberto David Úsuga, y la ausencia de un permiso para portar armas, aunque no haya evidencia alguna del porte de dicha arma.
“Nunca me escucharon. No me dejaron defenderme”, declaró Andrea desde la cárcel, donde denuncia haber sido golpeada y humillada con insultos transfóbicos por parte de agentes policiales. Olga Lucía Zangulo, madre de Andrea, afirma que su hija fue víctima de discriminación por ser una mujer trans.
El Colectivo Justicia Racial, que asumió la defensa de “La Burgos” en enero del 2025, reitera que fue condenada sin haber participado de las audiencias. Ella solo se enteró del proceso cuando le notificaron la condena. Además, su abogada de oficio no pidió pruebas nuevas ni apeló las decisiones del tribunal. “El sistema judicial colombiano la trató como culpable desde el inicio, sin escucharla y sin aplicar un enfoque de género ni de diversidad. Lo que vivió Andrea no fue un proceso judicial: fue una cadena de violencias”. El Colectivo también asegura que la forma en que fue percibida y malgenerizada, —primero como “joven gay” y no como mujer trans— influyó en la desprotección que sufrió: “La transfobia no solo se manifiesta en los golpes o insultos, sino en la manera en que las instituciones niegan humanidad a las personas trans”.
El caso de “La Burgos” revela otra capa de violencia de género institucional y judicial: la que se ejerce sobre las identidades disidentes y las castiga por romper la heterocisnorma. Cada omisión, cada burla y cada negación institucional son parte de un mismo engranaje que decide quién merece credibilidad y quién no.
El caso llegó a la Corte Suprema mediante una tutela interpuesta por Andrea. Dos magistrados rechazaron restituir su libertad alegando que “se había desentendido del proceso”. Para el Colectivo Justicia Racial, este argumento es absurdo, pues ignora la imposibilidad de atender una causa jamás comunicada. Sin embargo, el salvamento de voto de la magistrada Myriam Ávila Roldán evidencia la injusticia en el proceso: “No hubo defensa. No hubo justicia. Hubo violación directa al debido proceso. Este juicio debe anularse.”
Una oportunidad para reparar el daño
El 7 de noviembre de este año, la Corte Constitucional decidió revisar el caso, abriendo la posibilidad de corregir las graves irregularidades y la transfobia que determinaron una condena injusta, y de sentar un precedente frente a un sistema que sigue discriminando a las personas por su raza, clase, género e identidad de género.
No se trata solo de revisar un expediente, sino de cuestionar un sistema judicial colonial que castiga la identidad y el cuerpo trans. La revisión de este caso es también una oportunidad para exigir que la justicia colombiana deje de ser un espacio de exclusión y se convierta, por fin, en un lugar de reparación y dignidad.
“Lo que quiero es que se sepa la verdad, que se me escuche”, escribió Andrea en una carta difundida por el colectivo. “Mi caso es uno entre muchos. Pero no quiero que haya otra mujer trans que pase por esto.”
¡JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN PARA LA BURGOS!
