Por 
El Viernes 29 de marzo en Medellín, Colombia,dos menores de edad de 12 y 13 años fueron encontradxs en el hotel Gotham, ubicado en El Poblado –uno de los barrios más turísticos y adinerados de la ciudad–, en estado de vulnerabilidad y con indicios de estar siendo explotadas sexualmente por un ciudadano Estadounidense.
Pese a que lxs dos niñxs fueron encontradxs por la Policía dentro de una de las habitaciones del hotel en compañía del hombre, él no fue arrestado pues “no fue hallado en flagrancia”. Es decir, no estaba cometiendo el delito en ese justo instante.
No sólo no fue capturado, sino que el hombre, que hasta el domingo supimos que se llama Timothy Alan Livingston, de 36 años y oriundo de Ohio, Estados Unidos, huyó del país y así evitó ser procesado por las autoridades. Pero este no es un caso aislado. Para Jazmín Santa, miembro de la Mesa contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) de Medellín y profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, en este caso se pudo hacer ruido porque hubo, al menos, una denuncia. Sin embargo, este es un panorama diario y silencioso.
Ante la presión mediática que desató el caso, la Alcaldía de Federico Gutiérrez anunció en su cuenta de X que “se suspende la demanda o solicitud de servicios sexuales o actividades afines en espacios públicos alrededor del Parque del Poblado, Provenza, Parque Lleras y zonas aledañas”. La medida ha generado polémica por su enfoque punitivista que afecta directamente a las trabajadoras sexuales.Lo cierto es que el abuso y la explotación continuarán ocurriendo mientras no se tomen medidas estatales y estructurales que eviten la explotación sexual infantil y la explotación sexual, en general.
“Existe una diferencia entre el trabajo sexual lícito, que parte del ejercicio de la voluntad libre y razonada de su titular, así como de contextos de vulnerabilidad socioeconómica, y la prostitución forzada o la explotación de seres humanos por el lucro económico de terceros”, señala Valery Parra, presidenta de Sintrasex, sindicato de trabajadoras sexuales de Antioquia.
Para ella, estas medidas no tienen sentido pues muestran que no existe una comprensión básica de las diferencias entre ambos conceptos. “Fico está jugando a ser el mandatario más punitivista que ha tenido Medellín y le da pan y circo a sus fanáticos. Desde el sindicato estaremos investigando si la medida fue, al menos, pasada por el concejo de Medellín para ser reglamentada”, agrega Valery.
Ella considera que es absurda la manera en que se está abordando con tanto desconocimiento el tema en la ciudad de Medellín. Las medidas punitivistas de Federico Gutiérrez no aportan al panorama de prevención y, por el contrario, afectan a las más vulnerables: “la medida ataca a lxs trabajadores sexuales con condiciones de vida precaria en la ciudad, no a quienes ejercen el trabajo sexual desde plataformas o a quienes ofrecen servicios como dama de compañía por páginas, ni mucho menos a las redes de trata, a las redes de explotación, o a las redes de ESCNNA que operan en la misma forma. Todo esto implica que esta problemática entre comillas que le llaman ellos, que se le salió de las manos no se le dé solución sino que se desplace a otro territorio”.
Un delito que no se entiende
En Colombia contamos con varias leyes en contra de la trata de personas en todas sus modalidades, incluyendo la explotación sexual y la laboral. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, Colombia se acogió al Protocolo de Palermo, un protocolo usado “para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.
Esta adhesión al protocolo implicó que Colombia se pusiera al día con todas las reglamentaciones generales para combatir la trata, lo que implica la creación de leyes que sancionen, así como la creación de protocolos de prevención y acompañamiento a las víctimas. El problema es que en cada punto el país va fallando, bien sea por desconocimiento de las autoridades, desinterés, desfinanciamiento a los programas o, en algunos casos, la complicidad.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, las leyes son más estrictas. Mucho más cuando se trata del contexto turístico. La ONG Valientes, que trabaja en la prevención y atención a casos de ESCNNA en Colombia, explica: “La ley 1336 y la Resolución 3840 de 2009 son las normatividades legales vigentes que regulan la prevención del delito en el contexto turístico. Pero estas son leyes que no son eficaces dadas las nuevas modalidades de explotación”.
Katherine Jaramillo, directora de Valientes, señala que la aparición de servicios como Airbnb permiten que el control sobre los establecimientos se haya desdibujado incluso más que antes. De acuerdo a lo reportado por la Fiscalía, en el caso del Gotham, la administración del hotel ha asegurado tener todos los protocolos pero, según sus dueños, fueron las niñas quienes presentaron una identificación falsa. El tema es que incluso con la aparición de las niñas dentro del hotel, la sanción para el establecimiento serán una multa y un cierre de 10 días, nada más.
“El equipo de turismo responsable de Valientes Colombia se ha reunido con el equipo de CasaCol [la empresa encargada de la administración de Gotham y otros espacios turísticos en Medellín]. Las administradoras expusieron que ya vienen trabajando con la Fiscalía para demostrar que no hacen parte de esta criminalidad, reconocen la falla que hubo en el momento en el que el equipo de seguridad no denunció el primer intento de ingreso de menores de edad por parte del pedófilo extranjero y luego la ausencia del colaborador que fue en donde se aprovechó el ingreso de las menores de edad”, le contó Valientes a Volcánicas
El equipo de Valientes también señala que aunque es obvio que el delito superó por mucho a las administradoras del hotel, tendrá que ser la Fiscalía la que determine si efectivamente este establecimiento hace parte de una red de explotación, o no. Jaramillo agrega que las mujeres que administran CasaCol aseguran que tanto ellas, como el canadiense dueño de Gotham, están siendo amenazadxs de muerte: “Esto no debe ser la ruta para prevenir y erradicar el delito, como tampoco asignarle la culpa a lxs niñxs y sus padres”.
El problema continúa porque, incluso con investigación, las instituciones nacionales se quedan cortas en la atención integral de este delito.
Muchas instituciones, poca coordinación
En el momento en que una niña o niño es encontradx siendo sometidx a explotación, la Policía Nacional, el ICBF y la Fiscalía tendrían que actuar de inmediato en un proceso de restablecimiento de los derechos para la víctima. Eso quiere decir: acogerla, apartarla de su abusador, brindarle refugio y recursos de formación para que no continúe expuesta a este delito. Eso es, justamente, lo que no ocurre.
Además de que no existe un trabajo articulado entre las instituciones, desde Valientes señalan también que al no arrestar al abusador, la Policía está cayendo en complicidad y dejan de ser aliados: “No pueden enviar personal que no sabe del delito a atender estos casos. La policía en repetidas ocasiones llega a los hoteles y exponen que por ser la adolescente mayor de 14 años no pueden hacer nada según el código civil. Un grueso error que vienen cometiendo por años desconociendo el código penal y el mismo delito. Desde Valientes les hemos ofrecido capacitaciones gratuitas y no nos han abierto las puertas”.
De acuerdo con los detalles adicionales que se han conocido del caso, la Policía nunca puso al extranjero a disposición de la Fiscalía, pues la niña y el niño manifestaron que no estaban siendo explotadxs. De hecho, en esta institución se enteraron por la prensa:
“Es importante aclarar que la ley expone que si la víctima dice tener consentimiento y que nadie la obligó a estar allí, este consentimiento debe verse como viciado o manipulado, y no necesariamente por terceras personas; la pobreza, la normalización de las violencias sexuales pueden viciar este consentimiento. Además, ¿quién puede creer que una niña de 12 o 13 años puede dar su consentimiento?”, señalan desde Valientes.
A todo este panorama es importante sumar dos elementos: el primero es el informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2021, que evidencia que en Colombia las autoridades no sólo desconocen la ley, sino que además son activas partícipes de la trata y la explotación sexual.
El informe, señala que encontraron a miembros de Policía, Ejército, Fiscalía, Migración e incluso del ICBF participando activamente en estas redes. La Oficina Contra la Explotación Sexual y la Trata del Departamento de Estado de Estados Unidos asegura también que tenemos leyes que son incompatibles con los tratados internacionales y, al final, toda esta laxitud en las medidas de prevención, acompañamiento y condena, lleva a que exista un inmenso subregistro de este delito, sumado a una constante impunidad.
El segundo también ha sido denunciado por organizaciones nacionales y es el hecho de que, pese a que se le ha solicitado a Migración Colombia que revise los antecedentes de quienes ingresan al país, hasta la fecha aún no se revisa el registro de agresores sexuales.
Mientras la Alcaldía emite decretos y las demás entidades siguen sin coordinar entre sí, las trabajadoras sexuales del Parque Lleras y organizaciones que trabajan con esta población, como Putamente Poderosas, ya se están reuniendo para pensar juntas cómo hacer frente a esta situación que las estigmatiza y no resuelve el problema de fondo.
