Por 
A casi 10 años de la firma del Acuerdo de paz, exintegrantes del último Secretariado de las extintas FARC-EP reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por el reclutamiento forzado de 18.677 menores de edad y otros graves crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado colombiano, y pidieron perdón.
La manifestación de reconocimiento y perdón quedó registrada en un video, divulgado públicamente este 2 de marzo, y en una carta firmada el 27 de enero de 2026, suscrita por siete exdirigentes: Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra. En el mensaje, los firmantes se refieren a los daños físicos y psicológicos sufridos por las víctimas y a hechos relacionados con violencia basada en género, violencia sexual y violencias reproductivas, incluidos abortos forzados y anticoncepción obligatoria, cometidos dentro de las filas: “Reconocemos de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que se nos atribuyen, contenidas en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del denominado caso 07″.
Volcánicas conversó con dos de las organizaciones que han denunciado las violencias basadas en género y reproductivas en el marco del conflicto armado para conocer sus impresiones frente a este acto.
“Es la primera vez a nivel global que un mecanismo de justicia transicional avanza en establecer la responsabilidad judicial específica por violencia reproductiva como categoría diferenciada, sentando un precedente fundamental para otros procesos de paz en el mundo”, asegura el Centro de Derechos Reproductivos, organización dedicada a la defensa de los derechos reproductivos en América Latina, el Caribe y el mundo. Este reconocimiento judicial confirma lo que documentó la ONG en su informe Una radiografía sobre la violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano (2020): “que las violencias reproductivas perpetradas por las FARC-EP -incluyendo la política sistemática de anticoncepción forzada y los abortos forzados estimados en más de mil anuales- constituyen graves violaciones a los derechos humanos que despojaron a miles de niñas y mujeres de su autonomía reproductiva y dignidad humana”.
Para Women’s Link Worldwide, organización de derechos humanos liderada desde el Sur Global y autora del informe Violaciones a derechos reproductivos de mujeres y niñas al interior de las FARC-EP: una deuda de la justicia, “nombrar estas violencias es un paso fundamental para reconocer la magnitud del daño sufrido por las sobrevivientes y avanzar hacia una verdad completa sobre las violencias basadas en género en el conflicto” y destaca que el reconocimiento es particularmente importante para Helena, mujer representada por WLW. Para Helena, “el significado de justicia incluye una solicitud de perdón sincera, transparente y profunda por parte de sus victimarios, que vaya más allá de un acto meramente procesal. En ese sentido, valoramos este reconocimiento como un primer paso hacia ese objetivo“, dice la organización y añade: “Este avance refleja años de lucha de las sobrevivientes y de trabajo de litigio estratégico de organizaciones de derechos humanos y de mujeres ante la Jurisdicción”.
El Centro de Derechos Reproductivos reconoce este hecho como un avance y un logro sin precedentes de la justicia transicional con enfoque de género en Colombia. “Como estableció la Comisión de la Verdad en su informe final, Hay futuro si hay verdad, estas violencias fueron estratégicas: las decisiones sobre la maternidad y la anticoncepción fueron potestad de los comandantes y los abortos forzados se convirtieron en estrategia para alcanzar una ventaja militar del grupo armado, sin importar las graves consecuencias físicas y psicológicas que esto implicaba para las mujeres“.
Sin embargo, aclara la ONG, “este avance debe traducirse en acciones concretas alineadas con las recomendaciones de nuestro informe y las de la Comisión de la Verdad. Llamamos al Estado colombiano a garantizar reparaciones integrales y transformadoras que incluyan acceso prioritario a servicios de salud reproductiva y atención psicosocial especializada para las víctimas; y garantías de no repetición que transformen las estructuras de discriminación de género, incluyendo la eliminación de estereotipos que naturalizan el control sobre la autonomía reproductiva de las mujeres y el acceso sin barreras a información y servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres afectadas por el conflicto“.
En la misma línea, WLW espera “que este paso contribuya a un proceso de reconocimiento más amplio, a solicitudes de perdón completas y a medidas restaurativas que respondan a la gravedad de los hechos y al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
En cuanto a responsabilidades, la Sala de Reconocimiento imputó el 13 de noviembre de 2024 como máximos responsables a seis exintegrantes del último Secretariado: Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Julián Gallo Cubillos, por crímenes de guerra relacionados con estos hechos y otras conductas asociadas. Ahora, la JEP deberá valorar el alcance del reconocimiento y su contribución a la verdad, así como los compromisos concretos con las víctimas en la ruta restaurativa del proceso. Según el tribunal, alrededor del 28% de los menores reclutados permanecen con paradero desconocido.
¡Sin verdad y reparación no hay justicia! ¡Justicia, verdad, reparación y no repetición!
