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El suicidio de Liam David Marín Pineda, un adolescente trans de 16 años que se lanzó del viaducto César Gaviria en Pereira (Risaralda) el 10 de julio de 2025, conmociona al país y expone fallas graves en la atención psicológica y una realidad alarmante: las líneas telefónicas gratuitas para crisis de salud mental no contestan, o lo hacen demasiado tarde. Liam pasó cerca de media hora en el viaducto de Pereira (Risaralda) mientras agentes de la Policía y personal de Bomberos intentaban persuadirlo, sin éxito, de no saltar. Pero ninguna persona con formación especializada para este caso llegó a tiempo. Tampoco funcionaron las líneas dispuestas para atender crisis de salud mental.
Tras conocerse la noticia del suicidio, varias personas compartieron experiencias similares a través de redes sociales: llamadas sin respuesta, mensajes que nunca fueron leídos, citas psicológicas asignadas con semanas o incluso meses de espera. En Pereira, la línea habilitada por la Secretaría de Salud también ha sido señalada por su baja capacidad de respuesta.
La revictimización
De manera similar a lo ocurrido con Sara Millerey, el caso de Liam quedó registrado en video y tanto medios como personas lo están compartiendo indiscriminadamente en redes sociales, sin pensar en el dolor y el impacto que esto puede tener en su familia, amistades y en otras personas y adolescencias trans. Estos videos circulan y son difundidos sin consentimiento ni respeto, acompañados muchas veces de comentarios cargados de morbo, burlas o malgenerización. Esta exposición no solo vulnera la dignidad de Liam, sino que también perpetúa la violencia hacia las personas trans, cuyos cuerpos suelen ser objeto de escarnio y deshumanización incluso después de morir. Compartir esas imágenes y negar su identidad o malgenerizarlo no es “informar”: es reproducir la misma crueldad estructural que afecta la salud mental de miles de adolescentes como Liam. Sobre esto hablamos con Mikaelah Drullard en el capítulo de nuestro podcast Somos Volcanes sobre Transfobia y discursos transexcluyentes.
El suicidio infantil y adolescente en Colombia: una herida abierta
El suicidio de Liam Marín no es un caso aislado. La salud mental juvenil atraviesa una crisis profunda en Colombia: entre 2015 y 2025 se registraron al menos 2 727 suicidios en menores de edad, según datos recopilados por El País, lo que equivale a casi seis suicidios adolescentes o infantiles cada semana. El aumento sostenido, la soledad, la violencia desde la infancia y las redes sociales intensifican el riesgo. En Pereira y otras ciudades intermediarias, la falta de atención especializada y el estigma complican la contención. El caso de Liam revive la alerta constante sobre la salud mental en Pereira, donde la Secretaría de Salud activó líneas, al parecer sin un respaldo sólido.
Liam no murió por falta de resiliencia, ni por no echarle ganas. Su muerte es el resultado de una sociedad que señala, estigmatiza, excluye y violenta a las infancias, adolescencias y vidas trans, y de un sistema de atención que no funciona o no actúa a tiempo.
La ley de salud mental y el enfoque interseccional
La Ley 2460 de 2025, sancionada recientemente por el presidente Gustavo Petro, reconoce por primera vez la salud mental como un derecho fundamental en Colombia. Esta ley —promulgada dos semanas antes del suicidio de Liam— establece acceso directo a atención psicológica sin necesidad de remisión médica, crea el Sistema Nacional de Salud Mental con redes territoriales, prevé financiamiento estable y propone un enfoque diferencial con prioridad para jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+ y comunidades étnicas. También plantea que todos los entornos —colegios, hospitales, cárceles, lugares de trabajo y espacios comunitarios— deben incorporar rutas de cuidado psicosocial.
Las personas LGBTIQ+, en especial las personas trans, enfrentan discriminación, acoso y exclusión que exacerban su vulnerabilidad ante la crisis emocional, especialmente durante la adolescencia, y las políticas públicas suelen ignorar estas realidades. El suicidio, en muchos casos, puede responder a entornos que reproducen violencia contra sus identidades y orientaciones. La pandemia y el uso excesivo de redes sociales, donde los discursos de odio contra poblaciones trans crecen sin ningún reparo, incluso entre cuentas que se dicen defensoras de ddhh y feministas, pueden llegar a acentuar la sensación de insuficiencia, soledad y la idea de que el mundo les rechaza por quienes son. Es fundamental pensar la atención en salud mental con un enfoque transfeminista y procurar espacios seguros y empáticos, también en lo digital.
Por esto, las políticas públicas de salud mental y los protocolos no pueden ser neutrales; deben integrar atención inclusiva, basada en respeto y reconocimiento de identidades diversas. Las adolescencias trans enfrentan estigmas adicionales, violencias específicas, entornos familiares inseguros y barreras para acceder a atención respetuosa y afirmativa. Si no se abordan esas condiciones estructurales, la salud mental seguirá siendo un privilegio de pocos.
El acceso sin trabas a psicólogos, la presencia de personal capacitado en las escuelas, las redes comunitarias activas, los protocolos de emergencia basados en respeto y diversidad, y una línea de atención que realmente son esenciales para poder contener las crisis de salud mental. Pero, además de la ley, es necesaria voluntad política para su implementación efectiva, inversión sostenida, formación con enfoque de género e interseccionalidad y participación de las propias juventudes en el diseño e implementación de los servicios. Se necesita, sobre todo, dejar de ver el suicidio en adolescencias e infancias vulnerables como un problema individual y empezar a asumirlo como una responsabilidad colectiva.
La promesa de un país con salud mental digna debe cumplirse y poner en el centro las vidas históricamente ignoradas.
¿Qué podemos hacer?
Es inaceptable que los servicios creados para salvar vidas no atiendan el llamado. Es urgente replantear la atención en salud mental y los recursos dispuestos para ello, fortaleciendo las redes de cuidado institucionales, educativas y comunitarias. Algunas acciones que se requieren con urgencia:
- Las escuelas y comunidades juegan un rol central y deben implementar protocolos sensibles al género y la diversidad.
- En cuanto a la institucionalidad, es URGENTE mejorar las respuestas y atención inmediatas: las líneas deben ser 24/7, con personal entrenado en crisis y con perspectiva de género.
- La comunidad también debe actuar. Para ello, es clave capacitar a docentes, padres, madres, familias y agentes de salud en detección temprana, sin estigmas.
- Se necesita que los recursos sean accesibles: psicoterapia gratuita y frecuente, no cada tres meses como reportan usuarios.
- Y reforzar el enfoque interseccional: reconocer las particularidades de género, clase, raza, orientación, identidad y condición rural o urbana.
