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Este lunes 22 de diciembre, un Tribunal Penal de Ecuador dictó sentencia contra 11 militares en el juicio por la desaparición forzada de Steven (11 años), Josué (14), Ismael (15) y Nehemías (15), los 4 niños víctimas de desaparición forzada y asesinato en diciembre de 2024, en el caso conocido como los 4 de Las Malvinas o los 4 de Guayaquil.
La Fiscalía calificó los hechos como desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, y probó la participación directa de militares en servicio activo. 11 militares fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión como autores del delito. 5 militares recibieron penas reducidas por colaborar con la Fiscalía.
1 oficial fue absuelto.
El caso
El 8 de diciembre de 2024, Josué, Ismael, Nehemías y Steven, cuatro niños negros del sector Las Malvinas, en Guayaquil, fueron detenidos sin ningún motivo mientras jugaban fútbol, por una patrulla militar durante un operativo. Los militares no registraron legalmente la detención, los trasladaron fuera del barrio y luego los hicieron desaparecer. Días después, los cuerpos de los cuatro menores fueron hallados sin vida, incinerados y con signos de violencia y tortura, en una zona rural. Familiares informaron que tuvieron que identificarlos por sus pies, pues habían sido decapitados.
Esto ocurrió en medio de la estrategia de seguridad de mano dura promovida por el gobierno de Daniel Noboa, caracterizada por medidas excepcionales bajo estados de emergencia, como la militarización y facultades ampliadas a las Fuerzas Armadas. A la fecha, la estrategia de seguridad de Noboa no ha disminuido la violencia; por el contrario, se reportan récords de homicidios en 2025 y altos niveles de violencia en muchas provincias. En cambio, organizaciones de derechos habían advertido desde el comienzo que dicha estrategia propiciaría violaciones graves de derechos humanos y perfilamiento racial, como ocurrió con estos 4 menores.
La sentencia contra los 11 militares es uno de los fallos más graves contra Fuerzas Armadas en democracia en Ecuador, marca un precedente sobre responsabilidad estatal y uso letal de la fuerza en contextos de “seguridad”. Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa, quien en varias ocasiones ha pedido que se politice el caso como “crimen de Estado”, no se ha pronunciado sobre el fallo. La justicia ratifica hoy que sí fue un crimen de Estado.
