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En medio de una grave crisis política y social, el Congreso de Perú aprobó este jueves la destitución de la presidenta Dina Boluarte, con una mayoría abrumadora, argumentando “incapacidad moral permanente”. La decisión llega tras fuertes protestas con represión estatal, aumento de la inseguridad, acentuada por ataques como el ocurrido en el concierto de la agrupación Agua Marina en Lima, denuncias de corrupción y escándalos como el caso “Rolexgate”, por uso indebido de bienes del Estado y un desgaste político acumulado.
Boluarte, quien llegó al poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, quien había sido elegido por el pueblo, se convierte en la sexta presidenta en siete años en ser removida por el Congreso. Desde su llegada al poder, Boluarte gobernó sin bancada propia y con niveles de aprobación inferiores al 10%. Su gestión quedó marcada por la represión de las protestas de 2023, en las que murieron más de 60 personas. Su salida reabre procesos judiciales en su contra.
Tras la votación, el presidente del Congreso, José Jerí —sobre quien recae una denuncia por violación—, juró como presidente interino hasta las elecciones generales programadas para abril de 2026.
Las protestas de la generación Z
Desde septiembre de 2025, manifestaciones de movimientos sociales y jóvenes de la “Generación Z” se tomaron las calles de Lima y otras ciudades para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y también contra el Congreso, en rechazo a la corrupción, el aumento del crimen organizado, la inseguridad extrema y la crisis institucional. Exigen al Estado atender las necesidades del pueblo peruano.
Ni Boluarte, ni Jerí, ni el Congreso cuentan con el respaldo ni la credibilidad del pueblo peruano.
