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El domingo 18 de octubre, Abelardo De la Espriella dedicó su alocución televisiva al litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua, una disputa que tuvo uno de sus momentos decisivos en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 2012. Ese mismo fin de semana circuló en redes sociales un video en el que el presidente encaraba a dos funcionarias del archipiélago por presunta corrupción. Las dos situaciones son distintas. Una tiene que ver con denuncias de corrupción en las islas; la otra, con una controversia territorial y jurídica que no comenzó con este Gobierno. Sin embargo, ambas terminan cruzándose en una tensión de fondo sobre quién decide en el archipiélago y cómo se ejerce la soberanía.
En 2012, la Corte Internacional de Justicia reconoció a Nicaragua derechos soberanos sobre una extensa área marítima que Colombia consideraba propia. La decisión modificó la delimitación de los espacios marítimos y tuvo consecuencias concretas para los pescadores artesanales raizales, cuyo acceso a zonas tradicionales de pesca quedó restringido. La pérdida, estimada en cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar, no fue solamente una cuestión de fronteras trazadas sobre un mapa. Para quienes han habitado las islas, el mar es sustento, memoria, movilidad y continuidad cultural.
La discusión jurídica, sin embargo, se concentró principalmente en los derechos del Estado colombiano. En abril de 2022, Kent Francis James, primer gobernador de San Andrés tras la Constitución de 1991 y exdiplomático raizal, sostuvo que excluir a la comunidad de la defensa inicial había sido un error. Según James, los raizales habían solicitado participar desde 2001, pero sus propuestas no fueron incorporadas. Su planteamiento era que la defensa no debía limitarse a los derechos territoriales de Colombia, sino reconocer también el mar como hábitat ancestral de una comunidad.
En una dirección parecida, la profesora Catalina Toro propuso centrar la discusión en los derechos de los raizales, sus prácticas tradicionales de aprovechamiento del mar y la conservación de la biosfera del archipiélago. En 2022, la jueza de la Corte Internacional de Justicia Xue Hanqin señaló, en una declaración individual, la relevancia de los derechos de pesca tradicional protegidos por el derecho internacional consuetudinario. Aunque consideró que Colombia no había demostrado suficientemente su reclamación, defendió la importancia jurídica de esos derechos.
La defensa del Estado colombiano entre 2001 y 2012, dirigida entonces por el Gobierno y la Cancillería, con un equipo jurídico encabezado por Julio Londoño Paredes y Guillermo Fernández Soto durante el gobierno de Andrés Pastrana, se desarrolló dentro de una controversia que también era política y cultural. La disputa no concierne únicamente a la integridad territorial de Colombia, sino también a la posibilidad de que una comunidad continuará relacionándose con un territorio que antecede a las fronteras nacionales. Esa dimensión quedó relegada frente a la defensa de los intereses del Estado.
La comunidad raizal lleva décadas denunciando que la pérdida de autonomía no se limita al mar. También se manifiesta en las transformaciones demográficas, la presión sobre el territorio y el desplazamiento cultural. La lengua creole, las tradiciones protestantes y las herencias angloafricanas han sido marginadas frente a procesos de integración nacional que algunos habitantes describen como una “colombianización forzada”. En ese contexto, la soberanía proclamada desde Bogotá se percibe distante de las condiciones cotidianas de quienes viven en las islas.
A esta historia se suma una crisis institucional que los habitantes relacionan con la contratación pública, la prestación de servicios y la falta de rendición de cuentas. El aeropuerto, el manejo de las basuras y el hospital aparecen reiteradamente en las conversaciones sobre el funcionamiento de la administración. También se cuestionan los contratos públicos, la actuación de los organismos de control y la gestión de mecanismos como la tarjeta de turismo de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE). Pero la incertidumbre sobre el destino de los recursos y la responsabilidad de los funcionarios alimenta un malestar que no puede reducirse a una disputa entre dirigentes.
En este escenario, las denuncias difundidas por De la Espriella producen sentimientos contradictorios. Para algunos habitantes, que las irregularidades se expongan públicamente representa un alivio después de años de silencio y frustración. Una de las voces recogidas en las islas lo expresa así: “No dudamos de las acusaciones. Sentí un gran alivio porque ahora podemos hablar de esto sin bajar la voz”.
La frase revela el cansancio ante una estructura política que algunos consideran enquistada en la administración local. Pero ese alivio convive con el rechazo a una política de confrontación que puede recurrir a la humillación pública, al señalamiento y a la intimidación de dos mujeres, como lo muestra un video de redes sociales. De la Espriella no ha empleado el mismo trato frente a hombres que ocupan cargos equivalentes. La diferencia no es menor, pues el tono condescendiente y paternalista con el que se dirige a ellas reproduce una forma que va más allá de la confrontación política. Cuando la crítica se ejerce desde una posición de poder y se acompaña de gestos que infantilizan o exponen públicamente a las mujeres, cabe preguntarse si se trata únicamente de cuestionar su gestión o si también opera una mirada que las ubica en una posición de inferioridad frente a la autoridad masculina.
La necesidad de investigar las denuncias no obliga a aceptar los métodos empleados para hacerlas visibles. Tampoco supone respaldar una forma de ejercer el poder que expone a las personas y puede trasladar el conflicto político a las calles.
El problema no es únicamente el tono de una alocución o la circulación de un video. Es el poder que se construye cuando una autoridad se presenta como la única capaz de poner orden, mientras debilita la legitimidad de las instituciones locales. Las amenazas y la exposición pública de personas pueden tener consecuencias que van más allá de la escena televisada. Combatir la corrupción exige investigar, establecer responsabilidades y garantizar el debido proceso; no debería implicar aceptar que la fuerza sustituya a las instituciones.
La promesa de una purga profunda de la administración puede resultar atractiva para una población cansada de las redes clientelares. Pero el alivio no elimina la desconfianza. La investigación tendría que abarcar también los contratos vinculados con empresas y actores por fuera del archipiélago, en lugar de concentrarse exclusivamente en desacreditar al Gobierno local. De lo contrario, la depuración podría convertirse en el argumento para nombrar desde la Presidencia un gobernador encargado o un gerente para las islas, con capacidad de orientar los presupuestos y definir los proyectos prioritarios desde fuera del territorio.
El riesgo es que la lucha contra la corrupción se convierta en la puerta de entrada para una intervención central que reduzca todavía más la autonomía del archipiélago. Una reorganización administrativa decidida desde Bogotá no garantiza, por sí misma, una transformación de las estructuras que han permitido la corrupción. También podría desplazar las redes de poder existentes sin modificar las relaciones entre política, contratación e intereses económicos.
Las experiencias de administraciones recientes, las tensiones entre la Gobernación y la representación parlamentaria y las relaciones entre política y negocios forman parte de una discusión más amplia sobre la capacidad real de los isleños para gobernarse. Para muchos habitantes, las soluciones diseñadas desde el continente (entendido como el resto de Colombia) no han respondido a las condiciones históricas y culturales del archipiélago.
La intervención presidencial plantea así una paradoja. El Estado colombiano puede presentarse como garante del orden y defensor de la patria, pero esa misma defensa puede reproducir una relación colonial cuando supone que las decisiones deben tomarse desde el centro y que los habitantes de las islas no pueden resolver sus propios problemas. Una intervención que desconozca el territorio corre el riesgo de sustituir una estructura de poder por otra sin transformar las condiciones que hicieron posible la crisis.
La disputa con Nicaragua y las denuncias de corrupción no son el mismo problema. Sin embargo, ambas exponen una tensión que atraviesa la historia del archipiélago: la distancia entre la soberanía que proclama el Estado y la autonomía que reclaman sus habitantes. En 2012, la discusión sobre el mar dejó en evidencia que defender los derechos de Colombia no era necesariamente lo mismo que defender los derechos de los raizales. Hoy, la promesa de recuperar el control de las instituciones vuelve a poner de manifiesto esa contradicción. La cuestión de fondo no es solamente quién gobierna las islas, sino quién puede definir qué significa gobernarlas.
