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Guadalajara y su zona metropolitana atraviesan una grave crisis por la mala calidad del agua que llega a los hogares. Habitantes de varias colonias denuncian que el agua sale turbia, de tonos oscuros, con sedimentos y olores desagradables. Les preocupan los riesgos para la salud y la falta de información clara sobre la composición del líquido que distribuye el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
El 6 de octubre, el gobernador Pablo Lemus reconoció una crisis “sin precedentes” y anunció que se dejará de usar el agua de la presa Las Pintas durante seis meses. Según Lemus, la contaminación se debe a descargas irregulares en el canal que la alimenta. La medida reduce cerca del 30 % del agua disponible. El gobierno estatal sostiene que no hay alerta sanitaria. Sin embargo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), una organización civil, encontró plomo y ausencia de cloro residual en algunas muestras (el cloro residual es lo que protege el agua de bacterias en el trayecto por la red), y le pidió al gobierno transparentar sus análisis.
El problema no es nuevo. Desde 2019, el SIAPA registraba quejas en más de un centenar de colonias, y en 2020 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió una investigación. A inicios de 2022, la CEDHJ concluyó que se habían violado siete derechos de la población. En 2025, el propio SIAPA detectó bacterias coliformes en el agua suministrada al menos 15 veces. Este año las quejas se volvieron masivas: agua café o negra, con sedimentos y mal olor.
En la colonia El Manantial, por ejemplo, las viviendas llevan aproximadamente dos años recibiendo agua de mala calidad, según contaron habitantes a medios de comunicación. Las vecinas y vecinos dicen que exigieron al SIAPA explicaciones sobre el agua color café que sale de las tuberías sin obtener respuestas satisfactorias, y que sus solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia tampoco aclararon qué sustancias contenía. Sin esa información, las familias no pueden evaluar los riesgos ni exigir soluciones.
Primera megamarcha: reprimen con agua limpia a quienes marchan por mala calidad del agua
El domingo 11 de octubre, miles de personas marcharon de La Minerva a Casa Jalisco, residencia del gobernador. El gobierno estatal calculó unas diez mil. Con consignas como “¡Queremos agua limpia!” y “¡Fuera Lemus!”, exigieron que se garantice su derecho al agua segura y que las instituciones informen sobre las causas del deterioro del suministro.
La policía dispersó la protesta con chorros de agua (limpia) a presión y gases lacrimógenos. Las personas detenidas y sus familiares denunciaron agresiones físicas durante los arrestos. Los videos difundidos y estos testimonios abrieron cuestionamientos sobre la desproporción del operativo y la vulneración del derecho a la protesta.
Lemus atribuyó la violencia a un “grupo de choque de aproximadamente 400 personas”, muchas encapuchadas. El gobierno reportó 28 policías lesionados, dos de gravedad, y 31 civiles atendidos. Pero los manifestantes cuestionaron la versión oficial y denunciaron golpes, detenciones injustificadas, lesiones y falta de atención médica. Una manifestante afirmó que policías la tiraron al suelo, le quitaron los tenis y le pisaron los pies hasta fracturárselos. Varias personas detenidas también denunciaron agresiones durante el arresto y el traslado. La CEDHJ dictó medidas cautelares para garantizar su atención médica. En total, 39 personas fueron detenidas.
En la conferencia matutina del 12 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “No estamos de acuerdo con la represión”. Pidió a las autoridades de Jalisco explicar el uso de agua a presión y gas contra manifestantes, y afirmó que su gobierno no apoya “la privatización de ningún servicio del agua”.
La Fiscalía liberó a 32 de ellas antes de que las otras siete fueran presentadas ante un juez. El martes 13, Lemus aseguró que todas las personas detenidas habían recuperado su libertad y reconoció: “Hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas”. También dijo que “a las personas no se les debió echar agua ni gas”. Afirmó que los policías involucrados estaban identificados y pidió una investigación interna con acompañamiento de la CEDHJ. Dos días después, la Secretaría de Seguridad informó que investiga a 17 policías.
Pese al reconocimiento del gobernador, seis de las personas detenidas fueron vinculadas a proceso por lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. La séptima persona fue liberada porque el juez declaró ilegal su detención. Las seis enfrentarán el proceso en libertad. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) afirmó que con esa decisión “el Poder Judicial respaldó la criminalización de la protesta social”.
Segunda megamarcha
El domingo 18 de octubre se realizó una segunda megamarcha, aún exigiendo agua limpia, pero también justicia por las agresiones y detenciones del 11 de octubre. Antes de la movilización, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de Jalisco y Guadalajara a respetar a las personas manifestantes, “proteger los derechos de expresión y evitar actuaciones de fuerza innecesaria”.
Colectivos y habitantes se reunieron desde las 11:00 en el Parque Rojo para marchar hacia Palacio de Gobierno. La salida se retrasó alrededor de 3 horas por la presencia de personas encapuchadas. La gente que fue a manifestarse les exigió que se retiraran al grito de “¡Fuera encapuchados!”, “queremos agua, no provocadores” y “sin capucha”. Se expulsó a unas 30 personas encapuchadas de la marcha. Hacia las 2:40 p.m. arrancó el recorrido. Entre 12 mil y 14 mil personas, según estimaciones por medio del uso de drones, llegaron de forma pacífica al Centro Histórico coreando “¡Revocación!” y “¡Fuera Lemus!”.
A pesar del episodio de los infiltrados, manifestantes destacaron la organización de la marcha y el esfuerzo por cuidarse entre todxs. “Hace muchos años que no me tocaba estar en una manifestación donde la organización fuera tan buena y las personas estuvieran como tan claras en hacer lo posible por no prestarse al juego de gobierno. Estuvimos detenidos como tres horas en el suelo, como en sentada, esperando a que las condiciones fueran viables”, dijo Lucila Sandoval, quien participó de ambas megamarchas, a Volcánicas.
Después de la marcha, según el gobernador, un grupo se quedó en el centro y provocaron daños en las entradas del Congreso, el Palacio de Justicia y el Palacio de Gobierno. El gobierno estatal reportó comercios afectados por vandalismo y saqueo. Palacio de Gobierno. Los servicios de salud atendieron a seis civiles y dos policías. Esa noche, Lemus informó de cinco personas detenidas. Según las autoridades, viajaban en una camioneta con reporte de robo en la que se encontraron bidones de gasolina, y se les señala como presuntas responsables de incendiar las puertas del Congreso y del Poder Judicial. Al día siguiente, el gobierno estatal elevó la cifra a diez detenidos, entre ellos dos personas que los propios manifestantes entregaron a la policía por lanzar petardos, y reportó 15 policías lesionados. El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, afirmó que se identificaron cinco grupos que, según información oficial, llegaron de otros estados para provocar a la policía.
El 19 de octubre, al concluir cinco días de diligencias en Guadalajara, la CNDH anunció que investigará la participación de presuntos infiltrados en las marchas del 11 y del 18 de octubre: “Este escenario levanta suspicacias y será objeto de una amplia investigación”. El organismo también cuestionó que la CEDHJ no respondiera su solicitud de reunión ni le entregara el expediente. Además, mantiene abierta la investigación por presuntas torturas a personas detenidas frente a Casa Jalisco.
Pero estos actos no representan a las miles de personas que marcharon ni restan legitimidad a sus demandas. La exigencia de agua limpia y segura sigue siendo el motivo de la movilización. Las autoridades deben investigar a quienes provocaron los destrozos sin criminalizar al conjunto de participantes ni desatender la crisis hídrica.
Afectación diferencial
La crisis del agua no afecta a todas las personas por igual. El trabajo de gestionar el agua en los hogares recae sobre todo en las mujeres. Flor de la Cruz, vecina de Alcalde Barranquitas, contó que lleva más de seis meses bañando a sus hijos “a jicarazos”, que lava la ropa en otra casa y que paga consultas privadas porque su familia no tiene seguro.
El riesgo también es físico. El monitoreo comunitario del IMDEC advierte que el mercurio detectado en algunas muestras implica riesgo de malformaciones fetales. También alerta que los nitratos por encima de la norma pueden causar metahemoglobinemia, el “síndrome del bebé azul”, que puede ser letal. Por eso recomienda que las mujeres embarazadas y las personas lactantes consuman exclusivamente agua purificada certificada. Es un peligro directo para quien prepara fórmula con agua de la llave. El cuidado de bebés, infancias y personas mayores, por lo general a cargo de mujeres, también se ve afectado.
Informes de UNICEF y la OMS sobre agua y género señalan la salud menstrual como una de las afectaciones específicas cuando falta agua segura. Lavar una copa o una toalla de tela, o asearse durante el periodo, exige agua limpia que hoy muchas mujeres, hombres trans y personas no binarias que menstrúan no tienen. Los tandeos, que se extenderán hasta marzo, reducen aún más su disponibilidad.
¿Qué sigue?
Desde el jueves 15 de octubre rigen los tandeos, es decir, la rotación del servicio por zonas. Afectan a 627 colonias divididas en siete zonas abastecidas desde la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, cerca del 42 % de la cobertura del SIAPA. El esquema arrancó con 113 colonias de las zonas 2 y 4, y al día siguiente se sumaron las zonas 1 y 6. Se extenderá al menos hasta marzo de 2027, y las autoridades no descartan ampliarlo. Cada sector tiene bajas de presión o interrupciones de dos a tres días por semana, según un calendario publicado por el SIAPA. El gobierno prometió pipas gratuitas y cisternas en puntos estratégicos.
En la práctica, el esquema no ha funcionado como se anunció. Vecinas y vecinos de colonias de Tlaquepaque y Zapopan denuncian cortes desde antes del arranque oficial: en San Andrés y Dionisio Rodríguez, desde el 4 de octubre; en Las Terrazas, hasta diez días sin agua; en Villa Fontana, cinco. En San Vicente dicen que nadie les contesta en los teléfonos del SIAPA. Muchas familias han tenido que comprar garrafones o pagar pipas privadas.
El 19 de octubre, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Luis Barboza Niño, reconoció que en cerca del 15 % de las colonias del esquema el agua “no llega o llega muy poquita”. Informó de 728 reportes de baja presión o suspensión y de unas 272 atenciones con pipas. Barboza atribuyó las fallas a que, tras cada corte, las tuberías y los tanques tardan horas en volver a llenarse. También a la caída de presión en los acueductos que salen de la planta de Miravalle, que afecta sobre todo a colonias alejadas o con topografía difícil. Insistió en que no se trata de cortes totales, sino de que “se le manda menos agua”. El SIAPA, por su parte, se limitó a pedir “un poco de paciencia” y a recomendar que se consulte el calendario. No ha explicado los cortes previos al 15 de octubre y, según Lucila Sandoval, quien también es vecina de una zona que pasa por al menos dos cortes ,“hay poca información de cómo acceder a las pipas”. Además, se supone que son gratuitas, pero hay gente y comercios que sí las pagan.
Se planteó como solución el uso de un acueducto que lleve agua del lago de Chapala a las casas de Guadalajara. Organizaciones involucradas en el control de esta crisis, como un Salto de Vida y las personas de la comunidad afectada por la contaminación del río Santiago, insisten que el acueducto no es una solución, ya que la contaminación ya está en el lago de Chapala. Se debe de encontrar la forma de proporcionar agua limpia que deje de poner en riesgo la salud de todas estas personas.
Las autoridades esperaban que la calidad del agua mejorara en 72 horas tras el cierre de Las Pintas. Una semana después, el panorama es desigual. En colonias como la Americana, La Moderna y Monumental, habitantes reportan agua más limpia y sin olor, aunque con muy poca presión. En Rancho Nuevo, Jardines del Country, Ciudad Granja y Bosques de la Victoria, el agua sigue llegando café, con sedimentos y mal olor. Las autoridades sostienen que el agua que sale de la planta de Miravalle cumple con la norma y atribuyen la contaminación a las líneas de distribución.
Lemus anunció una inversión de 18 mil millones de pesos en obras hidráulicas: la ampliación de la Planta Potabilizadora 1, un desvío (bypass) en Las Pintas y un nuevo acueducto Chapala–Guadalajara. Para el acueducto, el gobernador envió al Congreso de Jalisco una iniciativa que pide autorizar un contrato con una empresa privada por unos 11,922 millones de pesos. La empresa financiaría, construiría y operaría la obra durante 20 o 25 años, y el estado le pagaría cuotas anuales. Lemus asegura que no habrá deuda, privatización ni aumento de tarifas. Organizaciones y diputados de oposición advierten que el esquema abre la puerta a la privatización del agua. Por su parte, Sheinbaum informó que el gobierno federal analiza dos proyectos presentados por Conagua para atender la crisis.
Mientras tanto, las y los habitantes de las zonas afectadas reiteran: ¡EL AGUA LIMPIA NO ES NEGOCIO!
