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“Necesitamos una generala para dar la batalla”, dijo Abelardo de la Espriella este 15 de octubre junto a su ministra de Cultura, Paola Holguín. En horas de la tarde, el Museo Nacional retiró decenas de piezas sobre diversidad sexual, feminismo, la Unión Patriótica y el Acuerdo de Paz. La «batalla cultural» de De la Espriella nunca fue solo retórica.
En dos meses, su gobierno propuso recortar casi un 30% el presupuesto del Ministerio, suspendió los premios nacionales y aplazó la Concertación Cultural. El resultado es un sector con menos recursos, artistas sin pagos y una historia oficial con huecos en la pared. Este es el recuento de los ataques y daños de sus primeros 70 días de gobierno en la batalla contra la cultura.
Cronología de un ataque anunciado
De la Espriella se posesionó el 7 de agosto con un discurso en el que anunció que «el renacer […] deberá ser cultural». Tres semanas después, el 27 y 28 de agosto, se conoció su proyecto de presupuesto para 2027, que reducía los recursos del Ministerio en casi un 30%.
El 14 de septiembre, la Resolución 1887 suspendió los Premios Nacionales y Reconocimientos. El 30, la Resolución 0607 aplazó el Programa Nacional de Concertación Cultural hasta 2027.
Entre el 13 y el 15 de octubre, las plenarias del Congreso debían votar el presupuesto de 2027. El 15, el presidente anunció el cambio de nombre del Ministerio y una «contrarrevolución cultural», y ordenó retirar las referencias a Carlos Pizarro de los espacios públicos. Esa noche se supo que el Museo Nacional había retirado piezas de sus salas. Al día siguiente, Holguín defendió la decisión. El plazo legal para aprobar el presupuesto vence el 20 de octubre.
Frente 1: el dinero
El proyecto de presupuesto que radicó el Gobierno reduce los recursos del Ministerio de 1.001.388 millones de pesos en 2026 a 706.196 millones en 2027. Son unos 295.191 millones menos, cerca del 29,5 %. Del total propuesto, 351.780 millones irían a funcionamiento y 354.416 millones a inversión.
El recorte alcanza a otras entidades del sector. El Archivo General de la Nación pierde un 17,6 % y la inversión del ICANH, un 14,4 %. El Instituto Caro y Cuervo se mantiene prácticamente igual.
Dos programas centrales quedaron suspendidos o aplazados:
- Premios Nacionales y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. La Resolución 1887 del 14 de septiembre los suspendió un día antes de la publicación de resultados. Quedaron 1.308 propuestas sin resolver: 351 de premios y 957 de reconocimientos. Es la primera vez en 27 años que se interrumpen estas modalidades. Las becas, residencias y pasantías continúan.
- Programa Nacional de Concertación Cultural. La Resolución 0607 del 30 de septiembre lo aplazó al primer bimestre de 2027, con la promesa de que será «revisado y reformulado».
El Ministerio atribuye estas medidas a una deuda heredada de 185.482 millones de pesos a agosto de 2026. De esa suma, unos 75.000 millones corresponden a pagos pendientes con beneficiarios de convocatorias. También alega falta de caja, falta de personal técnico y la necesidad de priorizar recursos tras el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, el «Fondo Milagro», anunciado para atender la emergencia, apenas empieza a consolidarse, y con un préstamo. Holguín dijo que el gobierno anterior no expidió a tiempo la resolución de jurados y que la suspensión es «solo por este año».
Frente 2: la institución
El presidente quiere que el Ministerio pase a llamarse «Ministerio de Cultura y Patrimonio». Dijo que la cartera «debe recuperar el nombre que le corresponde» y que «la incorporación expresa de la palabra patrimonio es un golpe directo al wokeismo».
Pero no puede hacerlo por decreto. El nombre vigente lo fijó la Ley 2319 de 2023, que reformó la Ley 397 de 1997. El artículo 206 de la Constitución establece que «el número, denominación y orden de precedencia de los ministerios […] serán determinados por la ley».
En 2023, el gobierno de Gustavo Petro tramitó el cambio en el Congreso, donde estuvo cerca de ocho meses. La otra vía posible serían las facultades extraordinarias del artículo 150.10, que también requieren aprobación del Congreso.
Además, el nombre que el presidente dice «recuperar» nunca existió: la Ley 397 de 1997 creó la entidad como «Ministerio de Cultura», sin la palabra patrimonio. Hasta el cierre no hay registro de que el nuevo nombre se use en actos oficiales. Si solo apareciera en logos o redes, sería un uso de facto, sin efecto jurídico.
Frente 3: la memoria
El presidente pidió que «toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro […], desaparezca de los lugares públicos». Ese mismo 15 de octubre, el Museo Nacional retiró piezas de sus salas. No hay una cifra oficial. Las piezas retiradas que se conocen hasta ahora abarcan cuatro memorias distintas:
- Diversidad sexual y feminismos: la bandera del orgullo de la activista Elizabeth Castillo, una campaña de la marcha LGBT de 2006, un impreso de Sí Mujer sobre derechos reproductivos y una edición de La Ventana Gay.
- Unión Patriótica: afiches de campaña de Bernardo Jaramillo Ossa.
- M-19: afiches de Carlos Pizarro y una manilla de la Alianza Democrática M-19.
- Constitución de 1991 y Acuerdo de Paz: del muro «Reivindicación de Nación», el «balígrafo» con el que se firmó el Acuerdo de 2016 y la tarjeta de la Séptima Papeleta.
Ni el Ministerio ni el Museo han explicado por qué el retiro fue más allá de lo que mencionaba la orden.
El secretario general del Ministerio, Julián Sterling, ejecutó la orden junto con la directora encargada del Museo. Según fuentes del Museo, las piezas se escogieron «a dedo» y a puerta cerrada. La decisión no pasó por los comités curatoriales; el guion de la sala había sido revisado en 2019 por cuatro de ellos.
Antes del retiro, el concejal de Bogotá Andrés Barrios contó que había visitado el Museo con sus hijas y encontrado afiches de Pizarro. Dijo que el Museo «no debe adoctrinar a nuestros hijos con el libreto del progresismo destructivo».
El 16 de octubre, Holguín afirmó que «el Museo Nacional NO puede ser un espacio de apología al delito o revictimización» ni un «instrumento de adoctrinamiento político». Invocó el artículo 44 de la Constitución para proteger a los niños del «acceso a material sensible». También anunció que «la museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluados y rediseñados».
Organizaciones históricas defensoras de los derechos LGBT+ y de las mujeres han calificado el retiro como un acto de censura.
Frente 4: el discurso
El presidente presenta estas medidas como una «contrarrevolución cultural» contra la izquierda y el wokismo en la cultura y la academia. Estas son algunas de sus frases del 15 de octubre:
- «La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología».
- «En el régimen anterior se fragmentó conceptualmente la cultura».
- «No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó».
- «Se acabó la perversidad de convertir la cultura en mecanismo de adoctrinamiento».
- Sobre el Museo Nacional: «Desde aquí va a empezar esa contrarrevolución cultural».
También dijo que los funcionarios deberán compartir las posiciones del Gobierno o apartarse de sus cargos.
El daño
Las decisiones ya tienen efectos concretos sobre artistas, programas y la memoria pública. Además de las 1.308 propuestas sin resolver, el Ministerio reconoce deudas con beneficiarios de convocatorias. Dubán Prado, de Subversivo Teatro, una compañía que atiende a más de 70 estudiantes de población vulnerable, dijo que llevaba semanas gestionando pagos.
La exministra Yannai Kadamani advierte que, si la Concertación abre en 2027, los carnavales de Negros y Blancos y de Barranquilla podrían no recibir financiación a tiempo. En los museos, la curaduría de todos los espacios del Ministerio está siendo «evaluada y rediseñada», sin criterios públicos.
Un rasgo de gobiernos autoritarios
Paradójicamente, la expresión «batalla cultural» viene de Antonio Gramsci, el marxista italiano que teorizó la hegemonía cultural. La nueva derecha la adoptó como programa explícito, y varios de sus gobiernos han tomado medidas parecidas:
- En Brasil, Jair Bolsonaro fusionó en 2019 el Ministerio de Cultura con otras carteras en un nuevo Ministerio de Ciudadanía.
- En Argentina, Javier Milei eliminó el Ministerio de Cultura en diciembre de 2023 y trasladó sus funciones al Ministerio de Capital Humano.
- En Hungría, un informe de Artistic Freedom Initiative de 2022 documentó que el gobierno de Viktor Orbán condicionó la financiación de los teatros a que el Estado aprobara a sus directivos, y que muchos artistas terminaron autocensurándose.
- En Estados Unidos, Donald Trump firmó en marzo de 2025 una orden ejecutiva para eliminar de los museos del Smithsonian lo que llamó «ideología divisiva centrada en la raza».
En todos estos casos, lo que está en juego es decidir qué expresiones culturales se financian, cuáles se exhiben y cuáles se borran. Hay varias razones para ello.
La primera es que la cultura cuenta la historia del país. El archivo, el arte y los monumentos dicen qué pasó y quiénes fueron los héroes, y quien controla ese relato legitima su poder en el presente.
La cultura también define quién pertenece. Hacer visibles a las personas LGBTIQ+, a los feminismos o a las víctimas de la violencia política amplía la idea de nación; sacarlas de la exhibición la estrecha. En el mismo acto en que anunció la contrarrevolución, el Gobierno prometió más protección al patrimonio religioso.
Además, la cultura es un espacio de crítica difícil de controlar. Artistas, colectivos y universidades producen pensamiento independiente y muchas veces incómodo. Recortar su financiación o condicionarla a la afinidad política es una forma de disciplinarlos sin necesidad de prohibir.
Por último, es una batalla barata y movilizadora. Pelear contra el «wokismo», el «socialcomunismo ateo» o la «apología al terrorismo» moviliza a la base electoral sin mayor costo y desvía la atención de otros temas.
