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Unas 62.000 personas marcharon el miércoles 14 de octubre en más de diez ciudades de Colombia contra el gobierno de Abelardo de la Espriella. Sindicatos, docentes, Fecode, la CUT, organizaciones estudiantiles y sectores de oposición habían convocado las marchas desde hacía varias semanas. Protestaban contra las medidas autoritarias y antidemocráticas que, según los convocantes, ponen en riesgo la soberanía nacional y derechos conquistados, y que el Gobierno ha anunciado en sus primeros dos meses de gestión.
Fue la primera gran jornada de protesta bajo el Decreto 1525 de 2026. El decreto se firmó de manera exprés en la noche del martes 13 de octubre y entró en vigor el 14 de octubre, a pesar de las alertas de varias organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Decreto 1525.
El nuevo decreto modifica el Decreto 003 de 2021, la norma que regula cómo actúan las autoridades durante las protestas sociales en Colombia. Ese decreto se expidió por orden de la Corte Suprema de Justicia, tras las denuncias por abusos de la fuerza pública durante el gobierno de Iván Duque. Desde entonces, fijaba las normas sobre el diálogo con los manifestantes, el acompañamiento de las marchas y los casos en que la Policía puede usar la fuerza.
Con el nuevo decreto, la Policía puede intervenir contra personas identificadas por conductas violentas sin esperar a que termine el diálogo con el resto de los manifestantes. Los actos violentos incluyen el uso de armas o explosivos, la retención de personas contra su voluntad, la destrucción de infraestructura y las agresiones contra agentes. En esos casos, las autoridades deben actuar solo contra quienes cometan esos actos y no contra toda la marcha.
También califica como protesta violenta el cierre de vías y la interrupción de servicios o infraestructura por parte de los manifestantes. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo aclara que este tipo de acciones hace que una protesta sea disruptiva, pero no necesariamente violenta: alterar la normalidad no equivale a ejercer violencia.
Balance de las agresiones
El Gobierno afirmó que el 98 % de las movilizaciones transcurrió en calma y reportó intervenciones policiales en seis puntos: dos en Bogotá, dos en Ibagué, una en Medellín y una en Popayán. Concejales, congresistas, organizaciones de derechos humanos y manifestantes presentes en esas intervenciones denunciaron excesos de la fuerza pública.
Bogotá: intervención sin justificación en el Parque de los Periodistas
Después de las 7:30 de la noche, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) intervino un acto artístico contra el fracking que había reunido a decenas de personas en el Parque de los Periodistas y el Eje Ambiental. Varios videos grabados por testigos muestran las detonaciones, la presencia de tanquetas y el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes que no realizaban ningún acto violento.
Asistentes denunciaron que los equipos de diálogo y de derechos humanos de la Alcaldía ya se habían retirado de la zona y que la fuerza pública bloqueó las rutas de evacuación. La Policía Metropolitana y el alcalde Carlos Fernando Galán no se han pronunciado al respecto.
Ibagué: gases y una estudiante detenida
Más de 3.000 personas marcharon por la carrera Quinta hasta el parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima. Hacia las 2:20 de la tarde, agentes de la UNDMO rodearon a quienes permanecían en el parque. Se escucharon detonaciones y se usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Paula Alejandra Tafur, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Tolima, fue retenida con violencia. Tafur cubría la marcha tomando fotografías. Según testigos, ella golpeó sin querer una motocicleta oficial, y varios uniformados la sujetaron “del cuello”, la arrojaron al suelo y se la llevaron.
La joven recuperó su libertad el 15 de octubre. Su abogada, Leidy Juliet Torres, sostuvo que “la libertad obedece precisamente a estos procedimientos irregulares” y anunció denuncias formales contra los uniformados.
Medellín: intervención de la UNDMO en las inmediaciones de la Universidad de Antioquia
En horas de la tarde, el Puesto de Mando Unificado ordenó intervenir en la calle Barranquilla, cerca de la Universidad de Antioquia. Según la Alcaldía, manifestantes y encapuchados habían bloqueado la vía y lanzado objetos.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que, según el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el ESMAD —hoy UNDMO— había “recuperado el control del alma máter”. Rendón pidió, además, modificar el Decreto 003 de 2021 para que la Policía pueda entrar a las universidades sin autorización de sus directivas.
Las alertas tempranas no fueron escuchadas
El Veinte, organización que defiende la libertad de expresión, advirtió el 14 de octubre que “el estreno de la reforma al Decreto 003 en las manifestaciones es inconstitucional”. Según la organización, la reforma se hizo sin la participación de la sociedad civil y desconoce la sentencia STC7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia. “No se puede regular la protesta sin escuchar a quienes protestan”, señaló. El Veinte pidió suspender la aplicación del Decreto 1525 durante las protestas del 14 de octubre y convocar la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas para analizar la nueva medida. También exigió que cualquier otra reforma se ajuste a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia y a la Constitución Política.
Ese mismo día, la ONG Temblores recordó que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bloquear una vía u ocupar un espacio público durante una protesta es parte del derecho a la manifestación.
También el 14 de octubre, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades y líderes de las movilizaciones a utilizar un lenguaje que no estigmatice ni promueva la confrontación, que se garantice la protesta sin violencia y que la fuerza sea siempre el último recurso. Pidió que el diálogo y la mediación fueran las herramientas principales durante la jornada. Advirtió que el Decreto 1525 califica como violentas conductas que no necesariamente lo son, como la obstrucción de vías, y que acortar la fase de diálogo puede favorecer un uso prematuro de la fuerza. También recordó que la fuerza debe ser el último recurso y que toda judicialización exige individualizar responsabilidades.
“Esta es una modificación restrictiva en el sentido de que se elimina la primacía del diálogo”, dijo la senadora Jennifer Pedraza, quien advirtió sobre “un ambiente de autoritarismo y de estigmatización del derecho constitucional a la protesta pacífica” y anunció una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Los representantes Laura Daniela Beltrán, Daniel Monroy y Camilo Torres, y el senador Alejandro Ocampo, todos del Pacto Histórico, también acudieron a la justicia contra el decreto. Sostienen que solo el Congreso puede fijar límites al derecho a la protesta, y que debe hacerlo mediante una ley estatutaria, como lo establecen los artículos 37 y 152 de la Constitución y la sentencia C-223 de 2017 de la Corte Constitucional.
Los organizadores de las marchas anunciaron un paro nacional para noviembre, aún sin fecha por lo que el Decreto y la garantía del derecho a la protesta seguirá siendo asunto de interés nacional.
