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Recientemente, Colombia regresó al grupo de países que firman la Declaración de Consenso de Ginebra, semanas después de dejar la Coalición por la Igualdad de Derechos, una colaboración transnacional por los derechos humanos de las personas LGBTQIA+. Ese movimiento está directamente conectado con el avance del imperialismo estadounidense en las Américas. En los últimos meses, la actual administración estadounidense ha dejado claros sus intereses en América Latina: consolidar su hegemonía en lo que denomina el “hemisferio occidental”. Haciendo eco de la “Doctrina Monroe”, una política exterior estadounidense de 1823 ampliamente criticada por haber servido como justificación para numerosas intervenciones en los asuntos internos de los países latinoamericanos, la actual administración presentó el llamado “Corolario Trump”, conocido como “Doctrina Donroe”. A esto se suman otras medidas, como el “Escudo de las Américas”, la imposición de aranceles y las sanciones de visado contra las autoridades de Estado. Todas ellas son claros ejemplos del intento estadounidense para asegurar su hegemonía en el continente. Este escenario se ha agudizado con los cambios políticos ocurridos en la región entre 2023 y 2026, periodo en el que gobiernos de derecha y ultraderecha, afines a la administración de Trump, han llegado al poder en países como Colombia, Chile, Perú, Argentina y Ecuador.
Este alineamiento y la creciente injerencia de los EE. UU. en Latinoamérica ya han sido denunciados por académicxs y movimientos sociales. En Brasil, por ejemplo, una coalición de organizaciones de la sociedad civil envió una carta al Secretario General de las Naciones Unidas y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para denunciar la interferencia estadounidense en las elecciones brasileñas. Sin embargo, estas denuncias se han concentrado en ámbitos como procesos electorales, comercio exterior o seguridad, y han prestado menos atención a otro frente igualmente relevante: la ofensiva contra el aborto legal y los derechos de las personas LGBTQI+.
Uno de los principales dispositivos políticos de esta ofensiva es la “Declaración del Consenso de Ginebra” (DCG), una declaración política que EE. UU. ha impulsado con fuerza en la región. Ese manifiesto no es una declaración o resolución multilateral oficial con efectos legales. En verdad, es una plataforma de vaciamiento de los mecanismos multilaterales y que socava la soberanía de los países que la firman.
Creada en 2020 por los EE. UU. (en la primera administración Trump), Brasil (administración Bolsonaro) y Hungría (administración Orbán), la DCG tiene como objetivos declarados la defensa de la familia y de la salud de la mujer. Pero en verdad, los objetivos centrales son el avance de una agenda antiaborto, contra la educación sexual inclusiva en las escuelas, las políticas basadas en género y los derechos humanos de personas LGBTQI+. No es azaroso que, en la tribuna de la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump haya dedicado su tiempo a atacar a personas trans. Ese es un tema central en su agenda y es la manera por la cual el proyecto de dominación de los EE. UU. se expande y se manifiesta en el Sur Global.
Hasta el comienzo de 2026, solo Paraguay, Guatemala y Haití en la región de Latinoamérica y el Caribe habían firmado la Declaración. Pero con la interferencia y fuerza de los EE. UU. en la región, se observa un incremento de países latinoamericanos en la coalición. Argentina, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Honduras y, muy recientemente, Colombia anunciaron la firma de la declaración, y es posible que Ecuador, Perú y Chile se adhieran. El avance de la DCG en la región está conectado al momento en que la Secretaría de la coalición deja Hungría y pasa a Washington, D.C.
Así, los EE. UU. usan su poder económico para presionar a los países a firmar la declaración. Ese modus operandi no es una teoría de la conspiración. En verdad, está algo documentado por el propio gobierno estadounidense en las nuevas “Global Gag Rules”, o leyes de mordaza. Las tres nuevas políticas que restringen el financiamiento exterior de los EE. UU. para cuestiones de justicia reproductiva, derechos trans y de diversidad e inclusión tienen como justificativa oficial “la defensa y efectivización de los compromisos de la Declaración del Consenso de Ginebra”. Por tanto, la DCG se está utilizando como fundamento normativo para restricciones ideológicas de gran alcance, restringiendo y contraviniendo los derechos de niñas, mujeres, personas trans, entre otros, a partir del uso del poder económico de financiamiento estadounidense en proyectos internacionales y a gobiernos también.
Aquí vale la pena distinguir entre lo que la DCG dice ser, y cómo realmente opera. Las personas que promueven la DCG la plantean como un instrumento de la soberanía de los países adherentes. De hecho, sus defensores la han planteado como una herramienta para unir a los países frente a una idea “globalista”, de imponer ideologías a otras naciones. Sin embargo, cuando se observa su funcionamiento, el cuadro es muy distinto. La DCG no nació de la convergencia democrática entre Estados preocupados por su autonomía y su soberanía. Por el contrario, surgió de Estados Unidos bajo la primera administración de Trump. Su arquitecta, Valerie Huber, fue la primera representante especial para la “salud global de las mujeres” en ese gobierno. Hoy la Secretaría vuelve a estar en Estados Unidos, alojada en la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En otras palabras, un instrumento que se presenta como defensa contra la “agenda globalista”, es administrado desde el aparato estatal de un tercer país. En la práctica, la DCG funciona como una plataforma transnacional para disputar normas en el plano internacional. En ese sentido, lejos de proteger la “soberanía nacional”, como afirman sus promotores, la DCG funciona en la práctica como una herramienta que socava la democracia en dos planos. A nivel nacional, busca incidir en las políticas públicas de los Estados adherentes con contenidos elaborados desde fuera y sin legitimidad democrática internacional establecida. Lo hace a través de iniciativas como “Protego”, un proyecto de una fundación privada estadounidense, que desarrolla contenidos de política pública para países adherentes sin atravesar los procesos democráticos internos de los países. En el ámbito internacional, pretende desconocer los cauces democráticos que los Estados han acordado para negociar y elaborar tratados internacionales y construir el sistema internacional de derechos humanos, y erosionar desde fuera los compromisos ya adquiridos.
Uno de los ejemplos más concretos sobre los efectos de la firma de la Declaración del Consenso de Ginebra se da en Guatemala, particularmente durante el gobierno del expresidente Giammattei. En octubre de 2021, Guatemala se transformó en el 35.º país en firmar la Declaración. A partir de esta fecha, los vínculos entre el IWH y el gobierno guatemalteco se hicieron cada vez más visibles. En marzo de 2023, Valerie Huber visitó Guatemala y fue invitada a exponer en una serie de eventos. Resulta de particular interés que participó como invitada en el lanzamiento de las “Guías para padres” del Ministerio de Educación de Guatemala, y que, una vez publicadas, las guías consignan al Institute for Women’s Health como titular de los derechos de autor, lo que sugiere una participación estrecha de esta organización en su elaboración. Algunos de los elementos preocupantes de estas guías son la inclusión de la “salud espiritual” como parte del concepto de salud, que es definida como tu relación con Dios, a través de la fe o la religión, excluyendo formas de vida no religiosas; el planteamiento del sexo como algo “peligroso” y promoviendo la abstinencia como el anticonceptivo más apto; refuerzan los roles de género y el binarismo.
Además de Protego, el conjunto de políticas reunidas bajo el nombre “Promoviendo el Florecimiento Humano en la Asistencia Extranjera” es una forma concreta en que la DCG sirve para convertir el poder económico estadounidense en poder ideológico. El propio preámbulo de la política que restringe el aborto, parte de este paquete, afirma que la norma es necesaria para asegurar los objetivos de política exterior de Estados Unidos consagrados en la Declaración del Consenso de Ginebra. Así, lo que en la DCG se presenta como una declaración política no vinculante se convierte en una condición obligatoria para que gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil reciban fondos estadounidenses. Esto incluye la cooperación entre Estados: la norma impone sus requisitos no solo a organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, sino también a gobiernos extranjeros y entidades paraestatales. De este modo, la sujeción ideológica alcanza a los propios Estados, que, para acceder a los recursos, quedan presionados a adoptar condiciones que pueden contradecir su derecho interno y los compromisos de derechos humanos que han asumido de manera soberana. Una vez más, un instrumento que dice proteger la soberanía nacional termina, en la práctica, socavándola.
Un reciente informe lanzado por F&M Global Barometers junto con el Council for Global Equality analiza las relaciones entre DCG y el autoritarismo. Lo que se percibe es que los países que firman la declaración suelen ser más antidemocráticos y autoritarios. El 90% de los países que firman la Declaración del Consenso de Ginebra son regímenes híbridos o autoritarios, de acuerdo con datos del Economist Intelligence Unit’s Democracy Index, que clasifica países en cuatro tipos de niveles democráticos, con notas de 0-10: regímenes autoritarios (0-4), regímenes híbridos (4-6), democracias defectuosas (6-8) y democracias totales (8-10). Son países con espacio cívico más cerrado y con peor igualdad de género. Los datos apuntan a lo que los movimientos sociales de mujeres y LGBTQI+ ya han denunciado hace tiempo: que la protección de los derechos humanos basados en el género es una herramienta de participación y defensa de la democracia.
El discurso de soberanía cumple entonces una función estratégica, pero no realmente programática. No describe lo que la DCG realmente hace, sino que legitima una agenda sustantiva -restringir el reconocimiento internacional de los derechos sexuales y reproductivos y de los derechos de personas LGBTQI+- presentando como una cuestión procedimental de no injerencia.
Pero aún hay esperanza. Como el profesor Paulo Freire nos ha enseñado, la esperanza debe ser un verbo y una acción de resistencia. Y el caso de Bolivia, tal vez, nos apunta una salida posible. Incluso con un gobierno conservador que no es favorable a las cuestiones LGBTQI+ y a la justicia reproductiva, en mayo de 2026, cuando fue invitada a asomarse a la DCG, Bolivia dijo NO. Eso es porque el Estado boliviano tiene una constitución donde el derecho antidiscriminatorio y la igualdad son partes fundamentales. Por eso, en la respuesta oficial del país para la Secretaría de DCG, Bolivia respondió que la declaración no era compatible con sus normas legales. Diversos países de Latinoamérica y el Caribe firman el Pacto de San José de Costa Rica y reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Opinión Consultiva 24/2017, por ejemplo, la Corte afirma que los Estados miembros deben reconocer, promover y proteger el derecho a la identidad de género y su reconocimiento legal a las personas trans, así como al matrimonio igualitario a parejas del mismo género. Así, se entiende que la Declaración del Consenso de Ginebra no es compatible con las obligaciones y derechos determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tampoco con parámetros de derecho antidiscriminatorio específicos de cada país. De este modo, hay herramientas legales, como procedimientos judiciales, campañas de advocacy en las asambleas nacionales y estrategias de comunicación que pueden ser usadas por los movimientos sociales en los países que sean blancos para la firma de la DCG.
Lo más importante es comprender que la ofensiva de la DCG no apunta a un solo frente: ataca al mismo tiempo la justicia reproductiva y los derechos de las personas LGBTIQ+, en especial de las personas trans. No se trata de agendas separadas, sino de un mismo proyecto antigénero que, en nombre de la soberanía y la familia, erosiona los cimientos de la democracia. Pero no protege, ni la soberanía ni a las familias. Socava la soberanía al condicionar las decisiones de los Estados a los intereses de un gobierno extranjero, y daña a las familias al negarles el acceso a la salud reproductiva y desconoce la diversidad de formas familiares que existen en nuestras sociedades.
La defensa de los derechos sexuales y reproductivos y de los derechos de las personas LGBTIQ+ es también una defensa de la democracia. Frente a un proyecto articulado a escala global, la unión, la interseccionalidad y el diálogo entre movimientos dejan de ser solo una premisa epistemológica para convertirse en una necesidad y una urgencia política: ninguna lucha podrá sostenerse por separado frente a una ofensiva que avanza contra todas a la vez. Y en ese momento histórico de avance fascista y autoritario y de imperialismo estadounidense en las Américas, la defensa de los derechos humanos basados en el género es también un arma cultural y política para la democracia y la libertad.
