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La primera vez que decidí marchar tenía 21 años. La convocatoria la hizo la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), y quienes estudiábamos en universidades privadas y públicas salimos a las calles para oponernos a la privatización de la educación. No recuerdo todas las arengas, pero sí la sensación de hacer parte de algo más grande que yo. Después vinieron las marchas por la paz, las de una generación que creyó que la negociación con la guerrilla de las FARC-EP podía ser el comienzo de otra historia. Después vino el paro nacional, en medio de la crisis económica provocada por la pandemia y el rechazo a la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Casi al tiempo, miles de mujeres salimos a las calles para exigir la despenalización del aborto.
Cuando recuerdo esas movilizaciones, pienso en la cantidad de personas distintas que podíamos encontrarnos en la calle. No estábamos de acuerdo en todo, pero podíamos compartir una preocupación sin tener que pertenecer al mismo grupo. Cada marcha tenía sus causas, sus tensiones, sus contradicciones y adversarios.
Este 14 de octubre, centrales obreras, sindicatos, sectores educativos y movimientos sociales y políticos convocan a marchar contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Para la jornada, el Presidente aceleró la entrada en vigor del Decreto 1525, que modifica las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. La norma permite que la Fuerza Pública actúe contra quienes cometan actos de violencia, sin tener que esperar a que termine el diálogo con los demás manifestantes. El Gobierno sostiene que, de esta manera, busca proteger a quienes protestan pacíficamente así como a quienes no, pero la medida abre preguntas sobre las facultades que ahora tienen las autoridades para decidir cuándo intervenir.
La pregunta no es si la Fuerza Pública debe actuar o no frente a hechos violentos porque la respuesta es obvia. El desafío está en establecer cómo hacerlo sin poner en riesgo a quienes ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente. Si las autoridades pueden intervenir mientras todavía se desarrolla el diálogo, ¿cómo se evita que una acción contra quienes ejercen la violencia termine disolviendo o intimidando a quienes protestan sin recurrir a ella?
Una norma que busca preservar el orden público también puede generar temor si deja demasiadas dudas sobre los límites de la intervención estatal. Cuando salir a la calle implica el riesgo de ser confundido con quien comete actos violentos, algunas personas pueden optar por quedarse en casa. De esta manera, el miedo no necesita convertirse en una prohibición explícita para limitar un derecho sino que basta con que ejercerlo parezca demasiado arriesgado.
La protesta no es una concesión de los gobiernos ni una excepción que las autoridades permiten mientras no incomode demasiado. Es una forma de participación ciudadana y, en ocasiones, el único recurso que encuentran quienes no logran ser escuchados por las instituciones. Por eso, protegerla exige tanto actuar frente a la violencia como garantizar que el ejercicio pacífico de este derecho no sea restringido de manera arbitraria.
La cuestión no es quién convoca a las marchas del 14 de octubre ni quiénes se oponen al Gobierno. La pregunta de fondo es ¿qué garantías tiene cualquier ciudadano que decida salir a la calle a expresar su desacuerdo?.
La protesta no le pertenece a un partido ni a un político, aunque algunos también convoquen a protestar. Así como la paz no le pertenece a un gobierno ni a un movimiento y la defensa de la educación pública no depende de quién la convierta en bandera. Por eso, el derecho a manifestarse no debería ser más legítimo cuando quienes salen a las calles coinciden con nuestras ideas, ni menos legítimo cuando las cuestionan.
A mis 21 salía a marchar porque creía que la educación no debía convertirse en un privilegio. Después lo hice porque creía en la posibilidad de la paz. Esas siguen siendo las convicciones aun cuando desde el lenguaje hoy se les quiera atribuir antagonismos con el gobierno actual.
Tal vez la pregunta sea: ¿de quién es la calle ahora?
No es de un partido, de un gobierno ni de una ideología. Es de quienes tienen el derecho a manifestarse y salen a defender una causa, a cuestionar el poder y a transformar una inconformidad en una exigencia colectiva.
