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En la madrugada del martes 1 de septiembre, los reconocidos líderes sociales María Ovidia Palechor y su pareja, James Flor, fueron asesinados en el sector de Las Casitas, corregimiento de La Pedregosa, municipio de Cajibío, Cauca, cuando hombres armados ingresaron en la vivienda que compartían y les dispararon. Ambos murieron en el lugar. Aún no se sabe quiénes fueron los responsables.
¿Quiénes eran María Ovidia Palechor y James Flor?
María Ovidia Palechor y James Flor eran pareja y juntos trabajaron por la defensa de comunidades rurales y pueblos indígenas en el departamento del Cauca. Ambos integraban la Mesa de Víctimas y promovían la iniciativa “Cajibío, territorio de paz”, un proceso comunitario impulsado para buscar alternativas frente a la violencia que históricamente ha afectado a la región.
María Ovidia era lideresa del pueblo Yanacona, consejera de Derechos Humanos y del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), reconocida por su trabajo en los procesos organizativos indígenas y campesinos, por su liderazgo en favor de los derechos de las mujeres rurales e indígenas y su acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Cajibío.
James era defensor de los derechos humanos, líder campesino y dirigente social del Cauca, vinculado a procesos comunitarios y campesinos en el departamento. Fue coordinador de la Mesa de Víctimas del municipio de Cajibío y directivo de la Asociación de Víctimas ASOVIJUD.
El 25 de abril de este año, se registró un ataque con explosivos contra una chiva que transportaba habitantes de La Pedregosa, en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío, que dejó 20 personas muertas. El hecho fue atribuido a las disidencias de alias “Iván Mordisco”, específicamente a la estructura armada Jaime Martínez.
Luego de ese ataque, María Ovidia Palechor grabó un video para la Defensoría del Pueblo, dando cuenta de las afectaciones que enfrentaba la comunidad de La Pedregosa. El 29 de abril, la Defensoría respondió públicamente a través de su cuenta de X, señalando que la entidad acompañaba a la comunidad en sus solicitudes.
Justicia y garantías para los liderazgos indígenas
El 1 de septiembre, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en representación de las 138 Autoridades Indígenas del Cauca, expresó mediante un comunicado su rechazo ante el asesinato de los dos líderes y advirtió que el hecho genera máxima preocupación en el movimiento indígena caucano, pues evidencia el deterioro de las garantías para ejercer el liderazgo social y defender los derechos humanos en la región. La organización calificó el crimen como “una grave vulneración del derecho fundamental a la vida y un ataque directo contra el ejercicio legítimo del liderazgo social y comunitario”.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró ese mismo día las dos muertes, situando en 103 el número de líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de 2026. “El asesinato de James Flor y María Ovidia Palechor enluta nuevamente al Cauca. Dos liderazgos, dos vidas al servicio de sus comunidades”, y exigió “justicia y garantías para quienes siguen defendiendo la vida en los territorios”, manifestó Indepaz.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó el asesinato de ambos líderes; el organismo llamó a la justicia a “tomar todas las medidas necesarias para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este crimen para que no quede en la impunidad”.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que cinco líderes sociales habían sido asesinados en Colombia en los últimos ocho días, y pidió acciones urgentes para su protección, especialmente en el departamento del Cauca. Según el registro del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, la violencia contra el liderazgo social en Colombia se ha mantenido en niveles alarmantes durante los últimos años. En lo que va del 2026, incluyendo a María Ovidia y James, ya son más de 90 los líderes sociales asesinados. La Defensoría del Pueblo solicitó la convocatoria urgente de un Consejo de Seguridad para el Cauca.
¡Las y los defensores de derechos humanos y firmantes de paz requieren garantías para ejercer su labor sin que sus vidas corran peligro!
