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Un fantasma recorre América Latina y el Caribe: el fantasma de la “industria de las falsas denuncias”. En los últimos años, un nuevo lobby de representantes de la reacción conservadora regional intenta, con menor o mayor eficacia, subirle el volumen a un problema que existe -por el propio funcionamiento deficiente de la justicia-, pero que es marginal en relación a las dificultades que enfrentan las niñas, niños, adolescentes, mujeres y todas las víctimas de violencias machistas para pedir ayuda. El único objetivo que persiguen es desmovilizar y desdemocratizar el proceso creciente de valorización de las palabras de las víctimas en la región.
En el caso de Argentina, en 2023, con la llegada al gobierno de Javier Milei y el desmantelamiento de las políticas de prevención, protección y acompañamiento, este lobby intensificó su actividad ante las posibilidades reales de avanzar con una legislación que refuerza sesgos de género. El proyecto de ley de la senadora por La Libertad Avanza, Carolina Losada, consiguió dictamen el pasado 8 de abril, en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. La iniciativa ahora está en la antesala del recinto. La distribución de las fuerzas legislativas enciende una alerta: tiene posibilidades de tratarse. Losada propone modificar figuras ya existentes en el Código Penal —falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento— para endurecer las penas cuando se trate de acusaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. El mínimo de la pena se eleva a tres años y el castigo puede llegar hasta seis años de prisión.
Denunciar falsamente un delito y/o mentir en un proceso judicial es un delito grave. En Argentina ya hay castigos estipulados en el Código Penal desde hace más de cien años. El artículo 245 sanciona “con prisión de dos meses a un año o multa de $750 a $12.500 a quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad”. Por lo tanto, no hay un vacío legal que justifique la invención punitiva. La disputa es otra.
Este proyecto de ley que está en discusión es la punta del iceberg de una narrativa grandilocuente sobre “la industria de las falsas denuncias” que pretende instalar una generalización: que las denuncias por violencia de género, acoso, abuso o femicidio no responden a hechos reales, producto de la violencia estructural, sino que son historias inventadas a los fines de la venganza, la extorsión económica o la manipulación.
Las ideas de la mujer “fabuladora”, “mendaz”, “mentirosa y manipuladora” son estereotipos de género atávicos que ya operan en las decisiones de quienes administran justicia. Todavía hoy son barreras simbólicas que frenan la posibilidad de la denuncia. Sobre el peso de estos arquetipos se ha dicho mucho ya. Se instala la sospecha, la duda, el prejuicio, la falsa creencia y eso impacta en todas las personas que están atravesando una situación de acoso, abuso y/o violencia, que se resignan y piensan: “No me van a creer”. O temen que la represalia por pedir ayuda puede ser peor. La concreción de estos prejuicios en un proyecto de ley punitivo extiende ese temor y disciplinamiento a operadores judiciales, trabajadores de la salud y otras personas que pueden llegar a ser clave para intervenir en situaciones de violencias que necesitan acompañamiento y que sean juzgadas.
La evidencia disponible es contundente. En Argentina, entre los delitos violentos, el menos denunciado es la ofensa sexual, con una tasa de denuncia del 12,5%. Es decir, el 88% de quienes lo sufrieron no denunciaron, según datos del INDEC de 2017. La iniciativa Spotlight en 2022 documentó que solo 1 de cada 4 mujeres que atraviesa situaciones de violencia de género busca ayuda o realiza una denuncia. De acuerdo a los datos más recientes del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, apenas el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente, y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes.
Las resistencias al proyecto de ley de la senadora Losada van más allá del movimiento feminista local. En febrero de este año, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), en su examinación periódica, le pidió al Estado argentino que retirara este proyecto y que pusiera sus esfuerzos en “garantizar el acceso a la justicia efectivo, asequible y físico para todas las mujeres en todo el territorio, por ejemplo, reinstaurando los Centros de Acceso a la Justicia y otros mecanismos de asesoría jurídica y reforzando su presencia territorial, su dotación de personal y su financiación, y garantizando que los modelos de servicios a distancia no reemplacen, sino que complementen, a los servicios en persona, en particular para las mujeres de zonas rurales y los grupos marginados de mujeres”. Y también le pidieron al gobierno libertario que “asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes y sostenidos a los servicios que ofrecen asesoría jurídica, apoyo psicosocial y asistencia especializada a las víctimas de violencia de género, y asegure la coordinación eficaz a nivel nacional para que las mujeres de todas las provincias tengan igual acceso a la protección y los recursos jurídicos”.
Distintas organizaciones de la sociedad civil vienen planteando su rechazo desde que la propuesta obtuvo estado parlamentario. Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) advirtieron ya que aprobar un proyecto de falsa denuncia en casos de género es una garantía de impunidad para personas que abusan de otras. Y que los datos a nivel nacional, provincia por provincia, muestran que los mismos que se dicen denunciados falsamente no hacen denuncias penales. “Los esfuerzos legislativos deben dirigirse a problemas reales y no a fomentar la persecución ideológica”, plantearon desde INECIP.
“Cualquier denuncia falsa es un problema atendible por los perjuicios que podría generar a las personas afectadas. Sin embargo, al enfocarse únicamente en casos de “falsas denuncias” que involucran violencia por razones de género, la reforma refuerza prejuicios históricos sobre las mujeres y suma una barrera adicional a las innumerables dificultades que enfrentan en el acceso a la justicia cuando deciden pedir ayuda ante situaciones de violencia por razones de género”, señalaron desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
A nivel mundial, según datos de ONU Mujeres de 2024, las denuncias falsas en casos de violencia de género representan menos del 1%. En Argentina, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas, y se vinculan principalmente con delitos económicos, de acuerdo a información recabada por el Consejo de la Magistratura en 2025.
¿Cómo funciona el lobby que quiere instalar la idea de las “falsas denuncias”?
Su accionar más visible es la presentación de propuestas de reformas normativas o administrativas en distintas instancias de gobierno —locales, provinciales y nacionales—, así como en el ámbito procesal judicial. Pero además, como todo lobby institucional tiene sus propios representantes, engranajes y redes: reuniones con legisladores, difusión de informes “alternativos”, alianzas con partidos o bloques políticos, articulación con abogados que defienden, observatorios propios, voceros, comunicadores, influenciadores, personajes famosos y casos testigos.
Lo curioso es que la movilización alrededor del lobby no surge a partir de historias que generan conmoción social y movilizan a las mayorías, sino, por el contrario, se trata de un lobby articulado que intenta instalar y amplificar casos puntuales con la estrategia de generalizar a partir de esas historias específicas.
Cuatro medios digitales argentinos (Periódicas, Enfant Terrible, Feminacida y La Nota Tucumán) se juntaron el año pasado para mapear el lobby de las “falsas denuncias” en un relevamiento exhaustivo que llamaron “La última frontera de la ultraderecha”. Hicieron foco en las provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, donde detectaron una mayor presencia de estos actores.
y su consolidación estratégica. Encontraron un total de 44 actores —organizaciones, fundaciones, abogados y abogadas, así como funcionarios y funcionarias— que participan en la producción, circulación y legitimación de discursos en contra de la “ideología de género” vinculados a una supuesta “industria de las falsas denuncias”.
En el documento definen a este accionar como “una tecnología de la impunidad”: un conjunto de herramientas discursivas, institucionales y mediáticas que permiten a ciertos sectores volver a asegurar privilegios, frenar políticas de género y debilitar la protección estatal frente a la violencia machista. Su accionar se acompaña en redes sociales con la construcción de noticias falsas, hostigamiento a periodistas feministas que cubren violencia de género y desinformaciones en torno a resoluciones judiciales.
En su obra Defenderse: Una filosofía de la violencia (2017), la filósofa francesa Elsa Dorlin argumenta que las sociedades modernas están estructuradas por mecanismos políticos y sociales que generan una “pedagogía de la indefensión”. Esta pedagogía actúa como un dispositivo de poder que enseña a ciertos grupos (mujeres, personas racializadas y sujetos colonizados) a permanecer en la pasividad ante la violencia, condicionando sus acciones defensivas como amenazas, riesgos o exponerse a un posible castigo. Lo que está en disputa detrás de las mal llamadas “falsas denuncias” no son las historias puntuales, los casos específicos en los que el sistema de administración de justicia actuó mal por su ineficacia; tampoco es la necesidad de tipificación de delitos que ya existen: es quiénes tienen derecho a hablar y defenderse y quiénes no.
