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El 9 de abril de 2026, pasadas las 2:30 de la madrugada y tras casi 12 horas de debate, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Glaciares N.º 26.639, impulsada por el gobierno de Javier Milei. A partir de esta modificación, la protección de los glaciares queda más sujeta a decisiones provinciales. Esto implica que millones de personas cuyo acceso al agua depende directa o indirectamente de los glaciares y de los ambientes periglaciares podrían quedar expuestas a criterios variables sobre qué se protege y qué no.
El proyecto fue enviado al Congreso el 15 de diciembre de 2025 por el Poder Ejecutivo. Semanas antes, en noviembre de ese año, el presidente Javier Milei había señalado, en un encuentro vinculado a economías regionales, que uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en Argentina es la minería. El 26 de febrero de 2026, con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, el proyecto obtuvo media sanción en el Senado. Bajo el argumento de “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental”, el gobierno avanzó en una reforma que flexibiliza la protección existente y otorga mayor margen de decisión a las provincias.
La Ley 26.639, vigente desde 2010, establecía presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambientes periglaciares. Los definía como bienes de carácter público y los protegía como reservas estratégicas de agua, fuentes de biodiversidad, información científica y valor turístico. Además, restringía actividades extractivas como la minería en esas zonas. Con la reforma, ese piso de protección se ve reducido y se transfiere a las provincias la potestad de definir los alcances de dicha protección, lo que podría debilitar la uniformidad del sistema nacional de conservación.
Especialistas han señalado las tensiones constitucionales en la reforma como el principio de no regresión en materia ambiental, que busca evitar retrocesos en los niveles de protección alcanzados. También se ha planteado conflictos con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, vigente en Argentina desde 2021, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Más de 100.000 personas se inscribieron para participar, pero la mayoría no fueron escuchadas.
La reforma aprobada no solo compromete las condiciones de protección del agua, sino que también reconfigura su carácter de bien común hacia un recurso potencialmente más sujeto a dinámicas económicas, con efectos sobre los territorios, las economías regionales y la vida cotidiana.
La importancia de los glaciares
Los glaciares importan por razones hidrológicas, ecológicas, climáticas y sociales pues funcionan como infraestructura natural crítica. Además de regular el agua, estabilizan sistemas climáticos locales, sostienen ecosistemas y condicionan la vida humana en amplias regiones. Su pérdida no es solo ambiental: tiene efectos económicos y sociales directos.
En términos de agua, los glaciares actúan como reservas estratégicas. Acumulan nieve en invierno y liberan agua de forma gradual durante épocas secas. Este “efecto regulador” sostiene caudales de ríos cuando no hay precipitaciones. En regiones andinas, esto es clave para consumo humano, riego agrícola y generación hidroeléctrica. Sin glaciares, los picos de escasez hídrica se vuelven más severos.
En el plano climático, cumplen un rol en el balance energético del planeta. Su superficie blanca refleja radiación solar (alto albedo), lo que ayuda a moderar el calentamiento. Cuando se reducen, esa superficie es reemplazada por roca u agua más oscura que absorbe más calor, acelerando el calentamiento local y regional.
Desde una perspectiva ecológica, sostienen ecosistemas específicos. Los ambientes glaciares y periglaciares regulan humedad, temperatura y disponibilidad de agua para especies adaptadas a condiciones extremas. Su degradación altera cadenas ecológicas completas.
En términos geopolíticos y sociales, están directamente vinculados al acceso al agua. En países como Argentina, Chile, Perú o Bolivia, una parte significativa de la población depende directa o indirectamente de cuencas alimentadas por glaciares. Por eso su protección suele considerarse un asunto de seguridad hídrica. Además, tienen valor científico: conservan registros del clima pasado en sus capas de hielo, lo que permite estudiar cambios ambientales a largo plazo.
En un contexto de cambio climático, con sequías e incendios cada vez más frecuentes en el país, la protección de los glaciares adquiere una relevancia estratégica creciente y medidas regresivas como la reforma aprobada atentan contra el agua, el territorio y la vida misma.
