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La frontera entre Colombia y Venezuela es un espejo de la realidad de las mujeres. Del otro lado, nos parecemos más de lo que creemos: historias de aborto, migración y cuidado transfronterizo.
Hay operativos que entran por las puertas y otros que se cuelan por las grietas de los prejuicios. El pasado 5 de febrero, la Policía Nacional Bolivariana del Estado de La Guaira, en Venezuela, hizo ambas cosas: irrumpió en el Centro de Especialidades Médicas El Cristo, en la ciudad costera de Maiquetía. Los relatos periodísticos dicen que, al momento de la captura, encontraron a Frank Peña, ginecobstetra de 69 años, presuntamente practicando un aborto con una enfermera de 30.
Replicando la información oficial, diarios como La Verdad aseguraron que no tenían los implementos ni cumplían con los protocolos sanitarios. En El Nacional compartieron una foto del doctor detenido. Respondiendo a la publicación, decenas de mujeres comentaron: “Aborto libre y seguro”, “La clandestinidad se resuelve legalizando el aborto”; aunque no siempre, en contextos restrictivos, clandestinidad es sinónimo de inseguro. Mientras tanto, otros medios locales presentaron las voces de trabajadores, pacientes y vecinos del lugar que desmienten las versiones oficiales.
Uno de ellos es el portal Desde el Rincón. Mey Ángeles Escobar y Anyela Escobar le dijeron a Volcánicas que los niños de toda su familia fueron traídos al mundo por el doctor Frank, y agregaron: “Vivimos en un país en donde ciertas leyes están desactualizadas. Uno mismo decide si quiere traer un niño a este mundo o no”.
El portal venezolano Últimas Noticias, así como publicaciones ciudadanas espontáneas en distintas plataformas, también recogieron testimonios sobre la regularidad del centro médico y la calidad humana del doctor. “No somos un centro clandestino”, dice una instrumentadora quirúrgica entrevistada por la periodista Doriana León Ramos. En TikTok, la usuaria @pyeranylleys escribió: “No es una clínica clandestina, por 26 años ha sido mi ginecólogo y el de la mayoría de las guaireñas, ha sido el mejor y el doctor de mis tres barrigas”.
Cristina*, paciente del doctor, le dijo a Volcánicas: “El doctor Frank fue quien trajo a mi segunda hija. Es un doctor muy bueno, incluso hace jornadas para pacientes de bajos recursos”. Como ella, decenas de personas salieron a respaldarlo en Internet y en las calles, describiéndolo como un profesional con un profundo sentido del servicio social. “Es un doctor de la vieja escuela”, dice un residente de Maiquetía entrevistado por Últimas Noticias. “He visto pacientes llegar y decirle: doctor, no me alcanza para pagarle, y el doctor los atiende como si fueran su propia familia”.
Ese cinco de febrero los policías no llegaron solos. Venían con el apoyo técnico de la División de Investigación de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como con especialistas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Trasladaron a otra clínica a la mujer que estaba siendo atendida al momento del operativo; según informes oficiales, regularizaron sus signos vitales, pero no hay información sobre si pudo finalmente decidir sobre su cuerpo. Mey y Ángela aseguran que el doctor recuperó su libertad y está de regreso atendiendo en su consultorio.
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Venezuela y sus cuitas
En Venezuela, el aborto es un delito incluido en el Código Penal. La ley sanciona tanto a la mujer o persona gestante como a quien practique el procedimiento, con penas que van de seis meses a dos años de prisión para quien aborta, y de doce a treinta meses para quien lo practica con consentimiento, con agravantes si hay lesión o muerte. Magdymar León Torrealba, psicóloga clínica feminista, docente universitaria y directora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), explica que la única excepción explícita es el llamado aborto terapéutico, cuando la interrupción del embarazo es indispensable para preservar la vida de la mujer. Sin embargo, no existe un protocolo claro para esta causal.
Esto se suma a la precaria situación del sistema de salud venezolano como resultado de años de crisis política y social. “La crisis humanitaria ha impactado severamente la capacidad instalada del sistema sanitario: hospitales operan con recursos limitados, hay interrupciones de servicios y escasez de insumos. El sistema de salud ha funcionado a una fracción de su capacidad y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva sigue siendo insuficiente”, advierte Magdymar.
Según el Reporte Nacional OCS, en 2018 se documentó una escasez de más del 80% en todos los métodos anticonceptivos en farmacias, sin dotación garantizada en instituciones públicas de salud. Para el año 2023, el presupuesto del Ministerio de Salud representaba apenas el 7,44% del presupuesto nacional —porcentaje muy inferior al del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, que destinó más de 824 millones de dólares a infraestructura física—, y no existía evidencia de un presupuesto específico para salud sexual y reproductiva.
“El aborto suele vivirse bajo marcos de culpa, vergüenza y sanción social, lo que produce silenciamiento, aislamiento y retraso en la búsqueda de ayuda. La criminalización refuerza este estigma y contribuye a que las mujeres internalicen el miedo a ser juzgadas, denunciadas o maltratadas institucionalmente”, dice Magdymar, y añade que la crisis ha traído un aumento de la trata de personas y la explotación sexual, así como estrategias de supervivencia vinculadas al intercambio sexual, lo que eleva el riesgo de embarazos no planificados en condiciones de desigualdad de poder y baja negociación del uso de métodos anticonceptivos.
En ese panorama, grupos religiosos cristianos han seguido acumulando poder y con ellos la idea de que la maternidad es el destino natural de las mujeres, reforzando en el terreno de lo simbólico una restricción que ya operaba desde lo normativo.
Por eso, Colombia se ha convertido en un destino esperanzador para las mujeres venezolanas que deciden practicarse un aborto. La sentencia C-055 de 2022 despenalizó el aborto hasta la semana 24 y, después de ese momento, el aborto es legal bajo tres causales: riesgo para la vida o la salud de la mujer, embarazo producto de violación o malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Pero esa información llega de manera diferenciada al otro lado de la frontera: pueden acceder a ella las mujeres con internet, o quienes se enteran por el voz a voz, o a través de algún contacto con activistas y organizaciones feministas. Las mujeres rurales o con mayores dificultades económicas no lo saben, o se enteran cuando ya es demasiado tarde.
Colombia y sus cuitas
En Colombia, todas las mujeres extranjeras —no importa su nacionalidad o su situación migratoria— están cobijadas por la sentencia C-055 del 2022, en las mismas condiciones que las colombianas, sin que estén obligadas a tener sus documentos en regla para que se les garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita en el sistema de salud. Cristina Rosero, asesora legal sénior del Centro de Derechos Reproductivos e integrante del movimiento Causa Justa, detalla que “esta fue una de las conversaciones más importantes cuando se despenalizó el aborto. Existía una desproporción en el acceso al servicio, y eso iba acompañado de otras barreras: no solo las que siempre enfrentan las mujeres, sino la xenofobia y la discriminación particular que viven las mujeres venezolanas en Colombia. La norma ahora es clara en decir que si la mujer se encuentra en situación irregular, las mismas entidades de salud la deben vincular al sistema de seguridad social, al plan de beneficios de salud y a todos los derechos del procedimiento. No se puede dilatar, se tiene que atender como una urgencia médica”.
Pero la norma y la realidad tienen una distancia que muchas migrantes conocen mejor que nadie. “Las mujeres migrantes venezolanas se siguen enfrentando a barreras específicas que responden a su situación de discriminación estructural. Las entidades de salud les siguen pidiendo documentos”, asegura Yesenia Naranjo, integrante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que ofrece asesoría legal a personas que enfrentan barreras en el acceso al aborto y pionera del movimiento Causa Justa. “Desde febrero de 2022 a cierre del 2025, todos los meses se presentaron casos de mujeres migrantes que se encontraron con barreras para ejercer su derecho al aborto”. En ese período, la Mesa ha acompañado más de doscientos casos.
“Si bien la ley dice que este es un procedimiento de urgencia, exento de pago, cuando ellas se acercan al servicio de salud, les dicen que tienen que pagar. Las rebotan diciendo: “Ah, tú eres irregular, entonces paga. Les piden que demuestren que son buenas ciudadanas dentro del país para poder acceder al procedimiento”, afirma Yesenia. Eso no solo viola la ley: activa el miedo. Y el miedo hace que muchas mujeres desistan, o ni siquiera lleguen a intentarlo.
Alejandra Alemán, del equipo jurídico de Women’s Link —organización feminista interseccional que promueve los derechos de las mujeres a través de acciones jurídicas—, lo dice con precisión: “En Colombia, el derecho a la salud es para todas las personas en el territorio. El derecho a la salud no responde a la condición de ciudadana o ciudadano, sino de ser humano”. En esa misma línea, Yesenia agrega que “este es un procedimiento médico como cualquier otro. Si una persona migrante, por humanidad, requiere una apendicitis, ninguna persona va a estar preguntando por qué la tienen que atender en Colombia, pues es un tema de humanidad. Estos cuestionamientos se dirigen particularmente al aborto”.
La brecha entre el papel y la práctica no es un accidente. Es el resultado de imaginarios que la norma no puede borrar por decreto.
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Victoria y el derecho a no volver a parir
Era un Día de Velitas cuando Victoria dejó Venezuela y aterrizó en Colombia dispuesta a inventarse, otra vez, desde el principio. Todavía no se había graduado como periodista en su país, pero, retada por la cada vez más difícil situación socioeconómica, decidió buscar trabajo en el extranjero, aprovechando que, desde muy joven, había cultivado experiencia en medios venezolanos. Así apareció una oportunidad en una revista bogotana. Pensó que su formación y su experiencia serían suficientes. “Pero en realidad llegué directo al acoso. En la revista donde trabajaba, si mi jefe no me veía 24/7 en el puesto de trabajo, frente al computador, me amenazaba con no darme los papeles para que me pudiera quedar en el país”. Curiosamente, esa revista se especializaba en cubrir temas de conflicto armado y paz.
En sus primeros siete años en Colombia, Victoria cambió de empleo y aplicó año tras año a una visa laboral, pero los requisitos son difíciles de cumplir, “sobre todo si eres una migrante promedio”, especifica. La normativa exige que el empleador abogue por su trabajadora, pero además la empresa debe presentar una prueba de solvencia económica por más de cien salarios mínimos. La solicitud vale más de dos millones de pesos, que Victoria terminó pagando por el temor de que la despidieran o de perder la oportunidad de regularizar su situación migratoria. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), el panorama era aún más hostil: la decisión de cerrar la embajada convirtió cada trámite en un calvario para quienes viajaban con pasaporte venezolano.
Por esa época, Victoria se sentía obligada a librar todas las peleas contra la xenofobia. Mandaba cartas a emisoras como Tropicana, donde hacían constantemente chistes discriminatorios contra las migrantes. “Lo más doloroso es que ese discurso era impulsado por los mismos tomadores de decisiones”, agrega. Durante el gobierno de Claudia López en Bogotá (2020-2023) —que llegó al cargo con banderas progresistas—, en varias ocasiones, la alcaldesa relacionó públicamente la inseguridad de la ciudad con la población venezolana, a pesar de que distintas organizaciones de derechos humanos le recordaban que la mayoría de los crímenes los cometían colombianos, y que la población migrante era, de hecho, mayoritariamente víctima de la violencia y no victimaria.
En el camino, Victoria se enamoró, quedó embarazada de Lana, su primera hija, y su vida cambió. Ser madre transformó su propia identidad, redirigió sus prioridades y construyó transformaciones profundas en su cotidianidad, su economía y su relación de pareja.
Cuando Lana tenía año y medio, Victoria sintió el cuerpo extraño. Estaba amamantando y tenía en la cabeza la falsa creencia de que la lactancia impide quedar embarazada. “A una no le llega la menstruación cuando está lactando, entonces no sabes cuándo estás ovulando”, explica.
Pero esa rareza corporal se le hizo familiar, así que se hizo una prueba y, en efecto, estaba embarazada por segunda vez. Para entonces, Victoria ya se identificaba como feminista. Llevaba años con el pañuelo verde, había posado con él durante su primer embarazo y tenía claro que la maternidad era una decisión. Tenía claro que no quería repetir. “Poco se habla de los abortos de las mujeres que ya somos madres, porque se asume que, como ya lo somos, ¿por qué no tener dos o tres? Poco se habla de las implicaciones económicas de la maternidad, del impacto que tiene en el vínculo de pareja. Yo no quería pasar por eso de nuevo, ni quería volver a parir. Tengo una hija que es producto del profundo amor y deseo. Eso no estaba sucediendo cuando volví a quedar embarazada”.
Por un momento, la visitó una culpa particular: no era la tradicional culpa cristiana que visita a muchas mujeres en esta situación, sino la culpa de no estar a la altura de lo que ella esperaba de sí misma. “Como feminista, una está luchando por el derecho para que cualquier persona pueda abortar, para que exista información sobre derechos sexuales y reproductivos. Yo me sentía muy mal porque tenía toda esa información y sentía que no la usé responsablemente. Me preguntaba por qué me pasa esto, lo pude haber evitado”, cuenta. Porque la información no te hace invulnerable, y el feminismo que juzga termina pareciéndose demasiado a lo que combate.
Victoria primero acudió a Profamilia, pensando que sería más rápido. Pero encontró la sala repleta y decidió cambiar de ruta: lo haría por medio de su EPS. “Me fue muy bien porque conocía mis derechos”, asevera. Cuando funcionarios de Compensar intentaron dilatar el proceso —barrera que ha sido reportada por Causa Justa y otras organizaciones feministas—, ella sabía qué decir. “Tan pronto me empezaron a pasear de médico en médico, yo dije: Mire, a mí no me hagan más preguntas. Yo estoy segura de que no quiero continuar con el embarazo. Esto está establecido como una urgencia y como tal debe atenderse. No me pueden hacer esperar cuatro semanas. Conozco la sentencia C-055 del 2022”. Y ante esa firmeza, me atendieron.
La asignaron al azar con la doctora Laura Gil, una de las médicas colombianas que lleva años defendiendo el derecho de las mujeres a decidir. En la sala de espera, Victoria le tomó la mano a una chica mucho más joven que estaba angustiada. Le dijo que todo saldría bien, que vendría un futuro mejor. Cuando entró al consultorio, lo primero que notó fue el pañuelo verde que la doctora Laura llevaba en la cabeza y un letrero que decía: “Tú decides, yo acompaño”. No pagó nada, como establece la sentencia.
“Tener la información hizo que yo pudiera exigir que se me practicara el aborto en los tiempos oportunos. Soy consciente de que en Venezuela esto hubiera sido un calvario. Es que en Venezuela los médicos pueden pagar cárcel por practicar abortos”, afirma.
Ahora, Victoria tomó la decisión de discutir mucho menos. Ya no es la misma beligerante contra la xenofobia que llegó a Colombia alguna vez. “No sé si es que me he metido en una burbuja, si es que ya no me tomo las cosas tan personal, pero ya no doy todas las peleas. Soy una migrante privilegiada: blanca, rubia y pude venir en avión cuando llegué. No vivo la discriminación como la viven migrantes trans, negras, las que llegaron caminando o en bus con cero pesos en los bolsillos, y aun así he sentido xenofobia y discriminación. Frecuentemente escucho un comentario como si fuera un halago; me dicen: “Ay, pero tú no pareces venezolana. No, eso no es ningún halago”, comenta.
La burbuja, a veces, no es indiferencia. En el caso de Victoria, se ha convertido en una forma de seguir luchando desde otros espacios. Hoy trabaja en una organización de derechos humanos, escribe y desde su carrera como periodista sigue construyendo un mundo más justo para todas las mujeres, y para todas las migrantes.
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Yolima y la prueba de que se necesita una red
Yolima tenía 25 años y vivía en un municipio del Meta, después de haber migrado desde Venezuela, cuando se enfrentó a un cuarto embarazo no deseado en medio de una situación de alta vulnerabilidad: madre de tres hijos, sin red de apoyo en Colombia y sin ingresos económicos estables. Aunque tomó la decisión de interrumpir el embarazo, desconocía las rutas de atención y los mecanismos para ejercer su derecho.
Decidió contarle su situación a algunas personas de su comunidad, y el poder del voz a voz la condujo hasta la Secretaría de Salud municipal, desde donde las funcionarias activaron la ruta de atención y realizaron la remisión al hospital de Villavicencio. Sin embargo, Yolima no tenía los recursos para desplazarse. Entonces, una veedora territorial que hacía seguimiento a la ruta de interrupción voluntaria del embarazo en el hospital intervino, hizo llamadas y consiguió poner el caso en conocimiento de la Fundación Oriéntame, organización privada sin ánimo de lucro que, desde su fundación en 1977, se especializa en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto.
Yolima accedió a un bono de atención del 100% en la sede de Oriéntame de Villavicencio y fue remitida a Bogotá para la realización del procedimiento, por su edad gestacional. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres hizo posible su traslado, así como la cobertura de gastos de alimentación y alojamiento. Mientras las activistas y las organizaciones trabajaban en lo suyo, una vecina también puso su grano de arena al encargarse del cuidado de los hijos.
Según Lady Alba, vocera de Oriéntame —que el año pasado atendió a 581 mujeres migrantes venezolanas que requerían una interrupción voluntaria del embarazo—, “este acompañamiento colectivo permitió que la usuaria accediera de manera oportuna, digna y sin barreras a su derecho, evidenciando cómo la articulación entre comunidad, veeduría e instituciones de salud transforma trayectorias de exclusión en historias de logro y cuidado, especialmente para mujeres migrantes y en condiciones de vulnerabilidad”.
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Yanni y el calentador que lo cambió todo
Del puente para allá es Tulcán, la primera ciudad de Ecuador. Del puente para acá es Ipiales, la primera ciudad de Colombia. Allí, los albergues que acogen migrantes y víctimas del conflicto armado son, en su mayoría, de la Iglesia Católica. Acondicionan casas financiadas por la diócesis o la Iglesia Alemana para auxiliar la mayor cantidad de personas, infancias incluidas. Hasta ocho seres humanos pueden caber en dos camarotes. Algunxs llegan caminando desde Venezuela y quieren cruzar la frontera persiguiendo el sur; otrxs van de regreso desde Ecuador buscando volver a casa. Yanni dirigía uno de estos albergues cuando una voluntaria del lugar, una mujer de más de 65 años, se acercó para hablarle en voz baja.
—¿Me puede dar un plato de comida para llevar a una persona? —le preguntó.
—Está prohibido llevar la comida a las habitaciones —respondió Yanni, acatando las reglas.
—Es que… es para una mujer que está en un proceso de aborto. No quiere salir y yo la estoy acompañando. Le voy a hacer un termo de aromática. Es más, necesito el calefactor que usted tiene en la oficina; por favor, alcáncemelo. Me voy a quedar con ella toda la noche, ¿bueno?
Yanni Ximena Caicedo es integrante de Unidas para Avanzar, una organización feminista que, desde el departamento de Nariño, impulsa procesos de transformación política en torno a la igualdad de género. Nació en Ipiales, es antropóloga, católica y tiene treinta años. Estudiando en la Universidad del Cauca, conoció a varias compañeras que se identificaban como feministas, pero en ese momento le parecieron demasiado ruidosas y escandalosas. Por eso le caían mal.
Sin embargo, más adelante empezó a molestarle que, en el entorno masculino de las ciencias sociales, los hombres a su alrededor no la veían como par en la academia, sino como madre, amante o novia. Observó que, si bien su carrera estudiaba al ser humano, lo hacía a la medida de los hombres; en clase solo leían y analizaban hombres. Las ruidosas le dijeron: “Deberías leer sobre género”. Así, con libros en la mano, entendió la urgencia vital del ruido: el mundo necesitaba una transformación profunda para revertir injusticias basadas en el género, y ahora ella quería hacer parte de ese movimiento telúrico.
En el camino, se encontró con Católicas por el Derecho a Decidir, un movimiento que, desde la fe, promueve la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho al aborto. Le pidieron dar talleres sobre el tema en la ciudad. Yanni, junto a sus compañeras de Unidas para Avanzar, empezó a hacer un diagnóstico: ¿qué información encontraba una mujer que escribiera en Google “necesito abortar en Ipiales”? Las respuestas eran aterradoras. Lo único que salía eran lugares inseguros donde las mujeres terminaban exponiendo su integridad y su vida, o sitios de grupos fundamentalistas con información falsa.
Para acompañar a las mujeres, Yanni y sus compañeras acudían a las agencias de cooperación internacional presentes en la frontera, que les facilitaban los medicamentos de forma segura. “Mandarlas por el sistema de salud no tenía sentido”, explica, pues sabían que en las entidades prestadoras de salud iban a dilatar el proceso o a exponer a las mujeres a revictimizaciones.
En ese ecosistema imponente, rodeado de la fuerza vital de los volcanes nariñenses, todo alrededor de Yanni temblaba. Ella y sus compañeras estaban sacudiendo la tierra. “Ipiales es muy festivo, pero también muy conservador”, cuenta. Muy pronto empezaron a identificarla como “Yanni, la del aborto”. En varias ocasiones, cuando organizaban eventos públicos, llegaban grupos autonombrados “provida” a manifestarse con sus pañuelos azules. A la salida de uno de estos espacios, una de las señoras que protestaba le puso una cruz en la espalda y le deseó que Dios la salvara, que Dios la bendijera. Yanni, como mujer católica, sintió el peso simbólico de ese gesto. “Es como quitarme el mal, y yo no soy una mala persona. No necesito que me lo quiten”, afirma.
Las cosas cambiaron el 21 de febrero de 2022, cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia C-055. “Nosotras nos acostumbramos a la frontera, compartimos dinámicas culturales, comida, saberes, y en ese momento dijimos: bueno, ahora vamos a empezar a compartir un derecho”, explica Yanni. Ese día quiso salir a celebrar con sus amigas y compañeras de activismo, hizo varias llamadas deseando movilizarse en la calle, pero no encontró combo. “En Ipiales todo el mundo se conoce, aquí están nuestras familias, no es fácil hacerle frente al estigma”, así que se conformó con ver el plantón capitalino por redes sociales. No es lo mismo ser activista feminista en Bogotá que en Ipiales.
Junto a sus compañeras, después de emitida la sentencia, empezó a hacer viajes con más frecuencia a Tulcán para informar sobre el nuevo derecho que ahora cruzaba la frontera. En Ecuador, el aborto está penalizado, exceptuando casos de violación y riesgo inminente para la vida de las mujeres. “Las ecuatorianas que abortan en Ipiales son mujeres de clase media que vienen a hospedarse en hoteles, prefieren interrumpir el embarazo en un lugar donde nadie las conozca, hacen el procedimiento con pastillas y regresan a su país. La situación es muy distinta para las migrantes venezolanas. Las colombianas y ecuatorianas que abortan cargan con el prejuicio de ser llamadas pecadoras, incluso con el horror de la palabra asesina. Pero con las venezolanas no. A las venezolanas en Ipiales la gente las ve como mujeres que no tienen capacidad de maternar”. Con ellas, es fácil escuchar “mejor que aborten”, no precisamente porque se respete su derecho a decidir, sino porque los prejuicios de género se cruzan con el clasismo, la aporofobia y la xenofobia.
Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos a comienzos de 2025, las activistas feministas en Ipiales se vieron obligadas a tocar las puertas del sistema de salud. La financiación internacional para las organizaciones de derechos humanos se recortó significativamente, así que era hora de trazar puentes con los prestadores del servicio y hacer uso del derecho ganado. Fue ahí cuando Yanni entendió que, si ya era difícil para una colombiana acceder al derecho, para las migrantes era triplemente más complejo. Los prestadores les negaban el acceso argumentando que no eran ciudadanas.
Pero el día que aquella mujer de más de 65 años se acercó a pedirle el calentador, Yanni comprendió que lo más difícil no era conseguir los medicamentos seguros. “En Ipiales todavía quedan algunas agencias de cooperación internacional y para lo único que tienen presupuesto es para derechos sexuales y reproductivos. Los medicamentos no son imposibles de conseguir. El problema es lo demás: dónde lo hacen, cómo lo hacen. Si bien una interrupción voluntaria del embarazo es un proceso ambulatorio y seguro, las mujeres necesitan privacidad y compañía. Nos dimos cuenta de que no hay infraestructura para eso”.
Yanni también sintió esperanza aquella noche. Si esa mujer creyente, de más de 65 años, podía empatizar con la decisión de otra, acompañarla y cuidarla sin juicios, era porque, más allá de los estigmas que todavía hay que combatir, existe una empatía que nos une, más fuerte que el odio y las mentiras, y que atraviesa todas nuestras fronteras: las del estigma cultural y también las de la geografía.
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Tatiana y el largo camino de volverse arquitecta, ingeniera y enfermera
Tatiana Cordero creció en un pueblo pequeño y religioso, estudió en un colegio de monjas, y los roles de género estaban tan marcados a su alrededor que se hacía preguntas, pero no tenía herramientas conceptuales para responderlas. Luego creció, viajó y llegó, por coincidencia, a hacer sus prácticas profesionales en la organización feminista Mujer y Futuro, con sede en Bucaramanga. Ahí encontró el marco político que de pequeña no tenía. Y entendió algo que, desde entonces, orienta todo su trabajo: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son los primeros que se restringen cuando llega un gobierno autoritario, los más cargados de estigma, los más frágiles ante el vaivén de lo político. “Creo que entendí que esa autonomía corporal es el núcleo central de la libertad y, especialmente, de la dignidad. El primer paso para hablar de justicia de género es que las mujeres puedan tomar decisiones en ese primer territorio de paz, que es nuestro cuerpo”, explica.
Hoy, Tatiana es Coordinadora de la Línea Estratégica de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en la Fundación Mujer y Futuro —organización feminista con más de 36 años de trabajo por la transformación de la vida de las mujeres en Santander—, y lleva más de once años acompañando a mujeres en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Desde Bucaramanga, la fundación tiene presencia en San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Cúcuta y Ocaña y, hasta hace poco, también en la zona del Catatumbo.
“Encontrarme con mujeres que llegan a un país que no conocen, en su mayoría empobrecidas, atravesando el señalamiento, buscando una mejor vida para sus hijas e hijos, y ver que son rechazadas por la institucionalidad por no tener un documento, genera mucha indignación. Pero esa indignación se transformó en compromiso”, dice.
Cuando llegó la primera gran ola migratoria venezolana en el 2016, el sistema de salud no estaba preparado para atenderla. Pese a que una circular del Ministerio de Salud establecía que, en situaciones de urgencia, las personas sin afiliación debían ser atendidas —y la interrupción voluntaria del embarazo está clasificada como una urgencia—, la norma no se cumplía. “Ya te imaginarás que la interrupción voluntaria del embarazo no se atendía”, dice Tatiana. “Teníamos que articular con lugares en Cali, con el Hospital La Victoria en Bogotá, con Familia de Medellín, llevar a las mujeres hasta esos lugares. No las podíamos llevar en avión porque, si no estaban regularizadas, no podíamos comprar los tiquetes. Nos tocaba contratar un transporte especial, ir con una profesional que las acompañara, estar varios días en un hotel. Los costos por caso superaban los seis millones de pesos”.
Cuando la pandemia llegó, el retroceso fue casi total. “Fue como si todo lo que habíamos construido se echara a la basura. No atendían a las mujeres, y menos a las migrantes”. Ante ese panorama, la fundación tomó una decisión que cambiaría su forma de operar: habilitarse como prestadora de salud. “Me volví arquitecta, ingeniera, médica, de todo. Cometimos errores diseñando el presupuesto; hasta lo eléctrico necesita certificados especiales. Falla, error, falla, error. Pero lo logramos”.
Con la habilitación en nivel 1, la fundación puede realizar interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 10, y ha desarrollado un protocolo de atención a distancia que ha permitido llegar a mujeres en Chocó, Medellín o donde sea que estén, siempre que la gestación esté dentro de las diez semanas: una teleconsulta con médicos en línea, el envío del manual y los medicamentos, y un seguimiento riguroso del proceso.
Tatiana identifica tres barreras recurrentes en las mujeres migrantes venezolanas que llegan a la fundación. Primera: En Venezuela el aborto no está normado, así que muchas llegan pensando que están haciendo algo ilegal. Segunda: Hay una fuette carga religiosa que acompaña a muchas de ellas. Y tercera: hay una violencia de género más marcada en las decisiones autónomas sobre el propio cuerpo. “Era muy común escuchar: le voy a preguntar a mi pareja. No solo en el tema del aborto, sino también para decidir si se ponían un método anticonceptivo. Ellas dependían de ese permiso”, explica.
En las zonas de frontera, el panorama se agrava. En Norte de Santander, en plena zona del Catatumbo —territorio fronterizo con Venezuela donde el conflicto armado se agudizó desde enero de 2024—, muchas mujeres viven confinadas. No pueden salir. Y en ese confinamiento, sus cuerpos también son usados: trata, servidumbre, explotación sexual en zonas dominadas por grupos armados. Sin acceso efectivo a métodos anticonceptivos ni a servicios de salud sexual.
Tatiana también alerta sobre una barrera que opera de forma casi invisible: las IPS de Santander han elevado tanto el costo del procedimiento que el sistema de salud prefiere contratar clínicas en Bogotá y costear traslados, hoteles y viáticos, antes que pagar lo que cobran localmente. “Investigamos: el hospital que más cobra en Colombia está cobrando cinco millones. Acá, en Santander, están cobrando catorce”, dice Tatiana. “Es una forma de objetar conciencia a través de los precios. Y eso tiene consecuencias devastadoras para una mujer migrante que trabaja del día a día, que tiene otros hijos, que no puede ausentarse sin explicaciones”.
La desinformación es tan grande que muchas mujeres migrantes en situación irregular ni siquiera se acercan a los servicios de salud. El miedo a ser deportadas, a ser juzgadas, a que el procedimiento también sea ilegal en Colombia, hace que algunas lleguen con abortos incompletos, habiendo tomado pastillas conseguidas sin información ni acompañamiento.
Sin embargo, la fundación Mujer y Futuro ha construido algo que es difícil de desmantelar: una reputación territorial. Las farmacias del barrio tienen sus carteles pegados en las ventanas. Las colectivas en redes las refieren. Las organizaciones que trabajan en la arquitectura humanitaria saben que pueden llamarlas. “Nos conocen en el territorio como una organización abortera —aunque nosotras no usemos el término, la verdad es que así es”, dice Tatiana.
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Lo que sigue
En Colombia la norma existe. Pero entre la norma y las mujeres migrantes que la necesitan hay un laberinto construido con documentos que no tienen y que no deberían pedirles, trámites inventados, miedos, prejuicios y un sistema de salud que, demasiadas veces, actúa como si el derecho fuera un privilegio y no una garantía.
Victoria lo logró porque conocía la ley. Yolima lo logró porque hubo una red. Yanni lo está armando piedra por piedra desde Ipiales, sabiendo que en su ciudad todo el mundo la conoce y que el estigma tiene nombre y apellido. Tatiana lo hace desde Bucaramanga, convirtiéndose en arquitecta, ingeniera y enfermera cuando ninguna institución quiso hacerlo.
Del puente para acá, el derecho existe. Del puente para allá, todavía no. Pero en la frontera hay mujeres que llevan años tendiendo ese puente, un cuerpo a la vez, una decisión a la vez. Eso no lo borra ningún operativo.
* Los nombres de las fuentes fueron modificados para proteger su identidad.
