Respuesta a una investigación negacionista y revictimizante

En noviembre de 2025, Volcánicas investigó las acusaciones contra Julián Quintero, exdirector de Échele Cabeza, por violencias basadas en género en contextos laborales y en la casa que era sede de esa organización. Como resultado de esa investigación, publicamos el reportaje: 3 mujeres denuncian a Julián Quintero, exdirector de Échele Cabeza, por presunto acoso y abuso sexual. En respuesta a este reportaje y a la denuncia de uno de estos casos, publicada en El País América, Échele Cabeza publicó el pasado 13 de febrero en su cuenta de Instagram un carrusel recomendando una investigación independiente realizada por el colectivo Diotima, que defiende a su exdirector.

El 8 de febrero de este año, Vanessa Morris, directora de Échele Cabeza, le envió esta investigación a nuestra directora Catalina Ruiz-Navarro. En el mensaje, Morris dice: “Espero que tengan la valentía para leerlo completo, hacer preguntas, abrir la conversación y divulgar con la misma virulencia que atacaron a ats”. 

Leímos la investigación y encontramos varias falacias que la convierten en una estrategia de deslegitimización de denuncias de violencia basada en género; por lo tanto, nos tomaremos el trabajo y labor pedagógica de responder. Esta es nuestra respuesta editorial.

1. “Conspiración geopolítica”.

Según esta nueva investigación, “una denuncia de posible abuso sexual ha sido presuntamente instrumentalizada para dirigir un sabotaje institucional contra la corporación ATS” y desde EC se preguntan: “¿Es posible que una causa legítima, como la lucha contra el abuso sexual, esté siendo utilizada como arma para una guerra sucia geopolítica?”, porque para ellos es muchísimo más probable que haya una conspiración internacional para acabar con una pequeña organización colombiana, a que las denuncias por acoso sexual en entornos laborales de varias mujeres puedan ser ciertas. Esto último es muy importante porque tanto la investigación como el carrusel omiten que, en la investigación de Volcánicas, hay varias denunciantes compartiendo historias similares de presunto acoso y abuso sexual, lo que nos habla de una sistematicidad y un clima normalizado. Entonces, esta conspiración tendría que involucrar a más de 10 personas, en su mayoría colombianas, que se han confabulado para destruir a una “organización referente en política de drogas del Sur Global”. ¿Qué se gana con eso? ¡Seguro es el espíritu de Ronald Reagan que nos ha poseído para ayudar a perpetuar “la guerra contra las drogas”!

Más adelante, en la imagen 18 del carrusel, que EC titula “Preguntas incómodas”, preguntan: “¿A qué organizaciones irá el dinero que ATS ya no podrá ejecutar?”, como si las denuncias contra Quintero fueran también parte de otro elaborado plan para desviar donativos hacia otra organización, cuando la realidad es que nadie tiene control sobre eso. Las organizaciones que realizan donativos a los movimientos latinoamericanos por los derechos humanos eligen sus integrantes a partir de lógicas internas sobre las que no tenemos inherencia. Al parecer, esta “conspiración internacional” incluye a (al menos) 3 denunciantes, sus abogadas, las fuentes que respaldaron sus testimonios, las periodistas que investigamos este reportaje, una organización desconocida que se quedará con el grant de ATS y al menos un donante que trabaja para una organización filantrópica internacional que está promoviendo y acolitando todo esto.

2. “Cultura de la cancelación”.

Échele Cabeza dice que “en el marco de la cultura de la cancelación digital, los conflictos se trasladan a las redes sociales, donde predomina la lógica del castigo inmediato, se diluye la verificación rigurosa de los hechos y se limita la posibilidad de una defensa y un análisis crítico”. Esto no es cierto porque: 1. Hemos realizado una rigurosa investigación periodística; 2. Algunas de estas denuncias públicas se han presentado en Fiscalía; 3. La Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones que el escrache y las denuncias públicas por acoso o violencia sexual son discurso especialmente protegido por la libertad de expresión; 4. Como parte de esta investigación, el 29 de noviembre nuestra directora le envió a Julián Quintero las siguientes preguntas: 

• “¿Coincidió con Yarelix Estrada en Viena en marzo de 2025?
• ¿La noche del 12 de marzo de 2025 le quitó la ropa y tocó a Yarelix Estrada, quien se encontraba en un estado visible de intoxicación?
• ¿Pidió y recibió el consentimiento de Yarelix Estrada para desnudarla y tocarla esa noche?
• ¿Coincidió con Yarelix Estrada en Bogotá en julio de 2025?
• ¿La noche del 25 de 2025 de julio, en la sede de Échele Cabeza, le tocó bajo la camisa los senos a Yarelix Estrada, quien se encontraba en un estado visible de intoxicación?
• ¿Pidió y recibió el consentimiento de Yarelix Estrada para desnudarla y tocarla esa noche?
• ¿La noche del 25 de julio de 2025 en la sede de Échele Cabeza, intentó darle cocaína a Yarelix Estrada cuando estaba visiblemente intoxicada y sin capacidad para dar su consentimiento?
• ¿La noche del 15 de febrero de 2024, estuvo consumiendo alcohol en la sede de Échele Cabeza en Bogotá, con voluntarios y voluntarias, así como con otros integrantes de la organización, como su pareja de ese momento, Vanessa Morris? 
• ¿Esa noche, se dio besos con una de las voluntarias, visiblemente intoxicada?
• ¿El 27 de noviembre de 2020 estuvo consumiendo alcohol en la sede de Échele Cabeza en Bogotá, con voluntarios y voluntarias y otros integrantes de la organización? 
• ¿Esa noche tocó los senos y otras partes íntimas a una de las voluntarias?
• ¿Pidió y recibió el consentimiento de la voluntaria para dichos tocamientos?
• ¿Cuál es su vínculo actual con la organización Échele Cabeza y con ATS?”

Quintero contestó: “Hola Catalina, gracias por preguntar, pero no puedo dar entrevista por el momento, pronto habrá un nuevo comunicado. Gracias”. También le enviamos preguntas a Vanessa Morris y su respuesta fue: “Por ahora no voy a responder entrevistas por temas con mis abogados, discúlpame mucho”. Lo anterior prueba que sí hubo un espacio para su defensa, en el marco de la investigación periodística que realizamos, que ambos declinaron. Es más, la puerta sigue abierta en caso de que quieran responder a las preguntas que les hicimos.

3. Asimetrías de poder: Norte vs. Sur.

Para Échele Cabeza, esto se trata de la lucha de una estadounidense egresada de una prestigiosa universidad contra un pobre muchacho colombiano de provincia, egresado de una universidad pública, obviando que solo una de las 3 denunciantes es extranjera, las otras dos son colombianas, y, como la propia investigación de Diotima explica, que Quintero es una voz con reconocimiento e influencia en el movimiento global de reducción de daños, que ocupa un cargo directivo en una organización y que le dobla la edad a las denunciantes.

Échele Cabeza también habla de la “imposición neocolonial del constructo del ‘consentimiento radical’ ajeno a la cultura latinoamericana”, como si existieran dos consentimientos distintos, uno radical, para las gringas, y uno más ligero y propio de la cultura latinoamericana. La investigación afirma que “Estrada viene de una cultura y de una generación norteamericana del radical consent en la que hoy por hoy se requiere incluso de una autorización explícita para cualquier tipo de intercambio íntimo o sexual. […] En Latinoamérica, la cultura de la seducción y la galantería no es equivalente, como nos quisiera hacer creer un cierto eurocentrismo esencialmente occidental, a una cultura del abuso y de la transgresión de los límites impuestos en las relaciones interpersonales”. Pero el acoso es acoso y el consentimiento es consentimiento en el norte y en el sur. Colonial es la idea de que a las latinoamericanas se nos puede acosar libremente porque esas son nuestras costumbres de “seducción y galantería”. 

De acuerdo con la investigación publicada por EC, a la denunciante Yarelix Estrada le creen porque está respaldada por la legitimidad del norte global. Pero esto, de nuevo, omite que las denunciantes son varias y que la única estadounidense es Estrada, que no está hablando a través de una institución del norte global, si no desde su propia voz, y sumando su denuncia a las que recogimos en Volcánicas, que es un medio latinoamericano. 

La investigación de Diotima afirma que el escrache de Estrada en sus redes sociales es una forma de “colonialismo judicial”: “prefirió abiertamente el tribunal de las redes sociales, donde su capital simbólico y mediático no es el de una ciudadana o un ciudadano promedio del Sur Global”. Esto es un disparate por dos razones. Primero, porque la estrategia del escrache es eminentemente latinoamericana: nació en el contexto de las dictaduras del Cono Sur y, en 2015, empezó a utilizarse en redes sociales por personas que decidieron denunciar acoso, abuso y violencia sexual. Esta estrategia se globalizó en el 2017 y es lo que hoy conocemos como “movimiento #MeToo”, pero en Latinoamérica ya llevábamos años usándola. Y segundo, porque Estrada sí radicó una denuncia ante la justicia colombiana.

4. Revictimización.

La investigación publicada por EC asegura que Yarelix Estrada tiene “antecedentes” de haber intentado “destruir” con “tácticas similares” a otras organizaciones. ¿Con qué motivación y buscando qué ganancia? No lo dejan claro. Pero, según ellos, esto es un “patrón de difamación perfeccionado en Estados Unidos” y preguntan: “¿Es la ‘víctima’ [así en comillas] una activista buscando justicia o una presunta experta en gaslighting y en el sabotaje oportunista contra las instituciones que no se alinean con sus intereses?”. Una experta, vaya, vaya, ¡seguro estudió gaslighting en la Johns Hopkins! Además, afirman que este fue un proyecto de destrucción en el que invirtió años de su vida: “Durante tres años la denunciante se integró en ATS, creando lazos afectivos mientras intentaba obtener un cargo de poder”. ¿Me estás diciendo que esta mujer dedicó tres años de su vida a infiltrarse en una organización colombiana con la que ni siquiera tenía un vínculo contractual, pues era voluntaria, y en donde lo más probable era que nunca llegaría a la dirección, un cargo reservado para Quintero? ¡Cuánto compromiso por tan poco!

Un prejuicio machista frecuente es que las denunciantes tienen una “agenda”, un “elaborado plan” para obtener “ganancias” o “venganza” a partir de sus denuncias. La única ganancia de las denunciantes es la posibilidad de contar su historia en voz alta, haciendo un uso legítimo de su libertad de expresión, y con la esperanza de que sus testimonios sirvan para que lo que les pasó a ellas no se repita con otras. En contraste, las pérdidas por denunciar son considerables: muchas se quedan sin trabajo en su campo o se tienen que mudar de país, y ni hablar de la afectación a su salud mental o del acoso judicial. 

5. ¿Periodismo?

En la imagen n.º 13 llega nuestra pregunta favorita del carrusel: “¿Periodismo de investigación o sicariato digital?”. Según EC, tanto el periódico El País como Volcánicas “replicamos una denuncia sin verificar los antecedentes de la denunciante”. Esto no es cierto, pero además, es irrelevante por ser una falacia lógica: incluso si Estrada estuviera dedicada a destruir organizaciones una tras otra con su malvado gaslighting (de nuevo, ¿con qué fin?), esto no haría su denuncia falsa, y menos cuando su historia coincide con la de otras mujeres que vienen de otros contextos y que en el reportaje aparecen como fuentes protegidas. EC vuelve a afirmar que nuestro reportaje es “una entrevista unilateral diseñada para no dejar espacio a otra narrativa”, y se pregunta si “¿El periodismo se convirtió en un altavoz de una sola versión?”, de nuevo, obviando las trece preguntas que le enviamos a Quintero y las cuatro que le enviamos a Morris, y que no quisieron contestar. Tampoco “ignoramos pruebas y contextos por el afán del clickbait”, muy por el contrario, nos tomó varias semanas  (como todos en Volcánicas) y esta revista no necesita clickbaits para sostenerse. 

Como explicó la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T-452/22, “el periodismo feminista se inspira en una decisión ética profunda y necesaria en un estado constitucional de derecho: la superación de la discriminación contra la mujer, la denuncia de las violencias basadas en género, y la creación de un espacio seguro para algunas voces que, sin su apoyo, carecerían de canales adecuados para transmitir sus discursos”. En la misma sentencia, la Corte profundiza para hablar del periodismo feminista y “su responsabilidad social y la transmisión de denuncias sobre presuntos hechos de acoso, abuso o violencia sexual, como herramientas democráticas para propiciar la equidad de género, defender el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, y combatir la desigualdad estructural por razones de sexo y género”. Eso es exactamente lo que hemos hecho con esta investigación.

6. La importancia de la protección de fuentes. 

La protección de fuentes es vital porque, cuando las denunciantes, por una u otra razón, se atreven a poner su nombre, como hizo Estrada, lo primero a lo que se exponen es a esa revictimización, que consiste en escarbar en su pasado para aprovechar prejuicios machistas y quitarles credibilidad. Muestra de esto es que a Estrada la llaman en el resumen de la investigación la “viuda negra”. Aquí juega el paradigma de la víctima perfecta: solo si una mujer es perfecta e intachable, su denuncia será creída, pero resulta que ninguna mujer es perfecta o intachable, así que esa es la excusa ideal para no creerle a nadie. Nótese que, bajo la lógica del carrusel, los “antecedentes” de la denunciante muestran que su denuncia es falsa, pero el historial de denuncias de Quintero por presunto acoso sexual sí debe ser excusado. 

7. DARVO.

Nos tomamos el trabajo de contestar este carrusel porque es un excelente ejemplo de DARVO. DARVO es un acrónimo en inglés que define una estrategia de manipulación psicológica utilizada por abusadores, narcisistas o personas confrontadas por un mal comportamiento para desviar la responsabilidad y culpar a la víctima. El término fue acuñado por la psicóloga Jennifer Freyd en la década de 1990 y consiste en lo siguiente:

1. Negar (Deny): El agresor niega que el abuso o la mala conducta haya ocurrido.
2. Atacar (Attack): El agresor ataca a la persona que le confronta, cuestionando su credibilidad, motivaciones o integridad.
3. Invertir víctima y agresor (Reverse Victim and Offender): El agresor se presenta a sí mismo como la víctima, alegando que la víctima real es quien está abusando o perjudicándolo.

Con esto no estamos afirmando que Quintero sea un agresor; para Volcánicas, es un presunto agresor a partir de las denuncias documentadas. Solo señalamos que la investigación del colectivo anónimo Diotima y el carrusel publicado por EC siguen el modelo DARVO, utilizado por agresores. 

8. La verdadera pregunta incómoda: ¿quiénes conforman “Diotima”?

La investigación que promueve EC está firmada por el colectivo “Diotima”, pero en ningún lugar dice quiénes son sus autores, quiénes conforman el colectivo o quiénes lo financian. Según el documento “Diotima – Otra mirada, es un colectivo de crisis basado en Colombia, con colaboradores en otros lugares del mundo, que surgió ante la complejidad contextual, cultural y geopolítica de este caso de estudio: tremendamente mediático y profundamente político”. Es decir, este colectivo se formó únicamente para hacer esta investigación, pero no revelarán quiénes lo integran para “proteger la integridad de sus colectividades y sus redes, de acusaciones mediáticas y montajes infundados”, algo así como lo que la investigación hace con Estrada. También se autoproclaman como “el eco del sur global que resuena en la fuerza de los movimientos sociales de Colombia”. 

9. Impunidad y manipulación de las cifras.

Otro detalle preocupante es un argumento que aparece en el brief de la publicación: “Es un hecho que el 98% de los casos de violencia sexual quedan en la impunidad. Pero es un hecho también que tan solo el 2% de las denuncias legales de violencia sexual logran probar que la víctima no era tal. En estos casos, el daño a los denunciados y al sistema de justicia en sí es grave. Es por este 2% que la presunción de inocencia no debe suspenderse”. Es cierto que hay una impunidad del 98%, pero no es cierto que sea porque solo el 2% de las denuncias logran probarse; muchas, la mayoría de estas denuncias, pueden verificarse en tiempo, modo y circunstancia, pero solo el 2% alcanza una condena judicial, que no es lo mismo, y sucede porque tenemos una sociedad con prejuicios machistas que permea nuestro sistema de justicia, que además no está diseñado para castigar la violencia sexual. Implicar que el 98% de la impunidad se debe a la falsedad de las denuncias es un argumento peligroso de la manósfera que menoscaba el testimonio de todas las víctimas que han tenido la valentía de hablar a pesar de tener un sistema en su contra. 

10. Potencial calumnia

No sorprende que el colectivo Diotima se refugie en el anonimato, pues puede haber una repercusión judicial a su investigación. En la página 4 de su segunda entrega, culpabilizan a Estrada por la muerte de Andrés Guevara, un voluntario de ATS: “La muerte de Andrés Guevara, voluntario de ATS, como el señalamiento de cómplice a Vannesa Morris (una verdadera víctima en este caso) son consecuencias de este accionar irresponsable de Estrada y sus aúlicos —dos historias que seguimos reconstruyendo y sobre las que hay suficiente documentación como para hacer estas afirmaciones. La muerte de Guevara es consecuencia de la cultura de la cancelación y del señalamiento mediático que Yarelix impuso como unidad de medida dentro de ATS, de la pureza moral de sus miembros y, sobre todo, de manera más sencilla para ella, sobre el equipo de los voluntarios, todos y todas jóvenes que se encuentran aún manifiestamente en un proceso de construcción de identidad.”

Consultamos con las profesionales en derecho Susan Espitia, Laura Páez y Juliana Higuera de la Organización Jurídica “Abogadas desde el Sur – Disputa Jurídica Popular”. Ellas argumentan que los señalamientos realizados en la “investigación” en cuestión, en los que se minimizan las denuncias por violencia y acoso sexual y además se responsabiliza a Yarelix Estrada por la muerte de Andrés Guevara, podrían constituir injuria y calumnia, en los términos de los artículos 220 y 221, respectivamente, del Código Penal colombiano.

“Atribuir públicamente a una persona la responsabilidad por la muerte de otra, sin que exista una sentencia judicial que lo determine, puede configurar una imputación falsa de una conducta punible. En consecuencia, la persona señalada tendría el derecho de acudir a las autoridades judiciales para denunciar tales afirmaciones y solicitar la correspondiente rectificación o retractación”. 

El martes 10 de marzo, Volcánicas envió una serie de preguntas a Diotima. Al 13 de marzo, fecha de publicación de nuestra respuesta, no habían contestado. El sábado 14 de marzo recibimos sus respuestas en un correo que reproducimos en su totalidad a continuación:

“Equipo Volcánicas,

Agradecemos el envío de sus preguntas con fecha 10 de marzo de 2026. Antes de responderlas, queremos señalar un hecho que consideramos relevante: su nota editorial de respuesta a nuestra investigación fue publicada el 13 de marzo, tres días después de enviado este cuestionario y sin haber recibido nuestras respuestas. Tomamos nota de ello.

Respondemos a continuación cada una de sus preguntas.

1. ¿Quiénes conforman el colectivo Diotima?

Diotima mantiene el anonimato de sus integrantes como posición editorial deliberada e irrevocable. Esta decisión no es evasión sino una práctica documentada y legítima en el periodismo y la investigación independiente. La Corte Constitucional colombiana ha reconocido expresamente el derecho al anonimato en el ejercicio de la libertad de expresión.

El contexto específico que rodea este caso hace esa decisión especialmente necesaria. Psymposia, Inc. —la organización empleadora de Yarelix Estrada, como consta en documentos judiciales públicos radicados ante el Tribunal de Distrito del Condado de Travis, Texas— tiene un historial documentado de tácticas de hostigamiento contra quienes la critican. El New York Times reportó en febrero de 2025 que un ex miembro de Psymposia publicó —y luego eliminó— estrategias para dañar organizaciones mediante cobertura mediática persistente y sabotaje institucional. Wired informó en julio de 2025 que Psymposia recibió 185.000 dólares de la Fundación Sarlo en 2024 sin divulgarlo públicamente. Varios integrantes de Diotima residen o trabajan en Estados Unidos, donde ese patrón de conducta es directamente aplicable. Declinamos revelar la identidad de nuestros integrantes, incluso bajo protección de fuentes.

2. ¿En qué trabajan sus integrantes y qué vínculos tienen con organizaciones de derechos humanos y reducción de daños?

Los integrantes de Diotima tienen formación y experiencia en ciencias sociales, derecho, periodismo y salud pública. Algunos tienen conocimiento del campo de la reducción de daños en América Latina. Más allá de esto, remitimos a la respuesta anterior.

3. ¿Quién financió esta investigación?

Nadie. La investigación fue realizada de manera autónoma e independiente, sin financiación externa de ningún tipo, por parte de ninguna organización, persona natural o institución.

Aprovechamos para formular una pregunta recíproca, con el mismo espíritu de transparencia que anima el cuestionario de Volcánicas: ¿recibió Volcánicas alguna financiación, directa o indirecta, de organizaciones vinculadas al campo de la reducción de daños o de derechos humanos para la realización o amplificación del reportaje original sobre Julián Quintero? ¿Existió algún vínculo entre Volcánicas y la organización jurídica que acompañó a las denunciantes antes o durante la investigación? Consideramos que la transparencia sobre los financiamientos y vínculos institucionales aplica con igual rigor a todos los actores en este debate.

4. ¿Por qué decidieron mantener el anonimato?

Respondida en el punto 1. Añadimos que el propio artículo de Volcánicas del 13 de marzo ilustra con precisión las razones de esa decisión: quien cuestiona públicamente una narrativa dominante en estos casos se expone a ser catalogado como cómplice, negacionista o instrumento de agresores. El anonimato no protege a Diotima de la crítica intelectual —que bienvenimos— sino de la descalificación ad hominem que sustituye al argumento, y que en el contexto de Psymposia tiene un historial documentado en medios internacionales de referencia.

5. ¿Cómo fue el proceso editorial para decidir realizar esta investigación?

Diotima surgió ante la constatación de que el caso presentaba una complejidad contextual, cultural y geopolítica que no estaba siendo analizada por ningún medio. El proceso incluyó revisión de documentos públicos, análisis de comunicados institucionales, revisión de cobertura mediática, y consulta de fuentes con conocimiento directo del campo. La investigación tomó varias semanas.

6. ¿Tienen algún vínculo con Julián Quintero y/o Vanessa Morris?

No tenemos ningún vínculo directo, contractual, laboral ni personal con Julián Quintero ni con Vanessa Morris.

7. ¿Enviaron preguntas a Yarelix Estrada para incluir su versión?

No enviamos preguntas a Yarelix Estrada antes de publicar. Reconocemos que esta es una limitación de nuestra investigación, y es una de las razones por las que la presentamos como un análisis crítico y no como un reportaje periodístico en sentido estricto. Señalamos, sin embargo, que Volcánicas tampoco contactó a ATS como corporación —sujeto jurídico distinto de Julián Quintero— antes de publicar su reportaje original, ni en los más de tres meses transcurridos desde entonces.

Formulamos aquí una pregunta que consideramos periodísticamente relevante: ¿investigó Volcánicas los antecedentes públicos de Yarelix Estrada en los Estados Unidos antes de publicar? Estrada figura como parte demandada en una acción judicial radicada ante el Tribunal de Distrito del Condado de Travis, Texas, en la que fue identificada explícitamente como empleada de Psymposia, Inc. Existe además un caso previo de denuncia pública contra Colin Pugh, director de la Brooklyn Psychedelic Society y ex pareja de Estrada, que siguió un patrón mediático similar al del caso que Volcánicas amplifcó: denuncia en redes sociales, presión sobre la organización, sin proceso formal verificable. La propia Estrada ha reconocido elementos de esa situación en comunicaciones que obran en nuestra investigación. Omitir estos antecedentes en un reportaje que presenta a Estrada como fuente principal no es neutralidad: es una decisión editorial con consecuencias sobre la credibilidad del conjunto.

8. ¿Recibieron otras denuncias de acoso contra Julián Quintero o Vanessa Morris?

No recibimos denuncias adicionales en el transcurso de nuestra investigación.

9. En el documento responsabilizan a Estrada del suicidio de un voluntario de ATS. ¿Temen una acción judicial por calumnia?

La pregunta merece una respuesta precisa. Nuestra investigación señala una secuencia de hechos verificables: Andrés Guevara tenía una denuncia penal por acoso sexual radicada ante la Fiscalía General de la Nación desde 2019; fue acusado públicamente en una reunión de crisis del voluntariado de ATS en el marco del proceso de movilización interna que siguió a la denuncia contra Quintero; su muerte fue posterior a esa acusación pública. Esos son hechos documentados, no afirmaciones infundadas. La relación entre esa secuencia y su muerte es una pregunta que señalamos como abierta y que merece investigación periodífstica rigurosa —exactamente la que Volcánicas no ha realizado. No tememos una acción judicial por señalar hechos verificables y formular preguntas legítimas. Sí observamos que Volcánicas, en su artículo del 13 de marzo, utilizó el nombre de Andrés Guevara como argumento en una polémica editorial sin haber investigado los hechos que rodearon su vida y su muerte. Eso nos parece más problemático que nuestra pregunta.

10. ¿Cuáles son los próximos pasos del colectivo?

Diotima continuará publicando análisis sobre los temas que motivaron su creación: las asimetrías de poder en el movimiento internacional de reducción de daños, el uso instrumental de los marcos de género y raza en conflictos institucionales, y las condiciones para una justicia realmente restaurativa en nuestras comunidades. Próximamente publicaremos una respuesta pública al artículo de Volcánicas del 13 de marzo.

Finalmente, solicitamos formalmente que Volcánicas publique esta respuesta en su plataforma, con la misma visibilidad que otorgó a su nota editorial del 13 de marzo. Consideramos que la coherencia con los principios de derecho de réplica y contraste que el periodismo responsable exige así lo demanda. Quedamos atentos a su confirmación y les agradecemos acusar la recepción del presente correo.

Colectivo Diotima

Marzo de 2026”.

NOTA EDITORIAL

Sobre nuestra financiación, se puede consultar en la página web de Volcánicas; es información pública y transparente. No recibimos ningún tipo de financiación adicional a la que sostiene nuestros honorarios mensuales para esta denuncia. 

Tampoco tenemos ningún vínculo laboral ni institucional con la organización jurídica que acompañó a las denunciantes, más que el conocimiento previo del trabajo, trayectoria y experiencia en asuntos de género de algunas de las abogadas y defensoras que lo conforman. Sus nombres están mencionados en nuestro reportaje y posterior respuesta. Por último, a la pregunta ¿investigó Volcánicas los antecedentes públicos de Yarelix Estrada en los Estados Unidos antes de publicar?, la respuesta es sí.

Agradecemos las respuestas del colectivo, aunque insuficientes. Seguimos cuestionando y poniendo en duda la veracidad y legitimidad de una investigación anónima y de un colectivo que nace para defender a un presunto agresor y para deslegitimar las denuncias de tres mujeres. Las herramientas del periodismo nos permiten proteger la identidad de las denunciantes; también nos permitirían proteger la de lxs integrantes del colectivo si las revelaran a Volcánicas, como se ofreció, pero ocultar quiénes están detrás del medio que hace la denuncia falta a la transparencia con las audiencias y a los mínimos éticos del oficio. 

Es claro que una investigación puede publicarse sin firma o con seudónimo cuando existe riesgo para el periodista o lxs periodistas que la realizan, pero, en esos casos, la responsabilidad legal normalmente la asume el medio o su dirección editorial. Un medio completamente anónimo, sin responsables legales o editoriales identificables, falta a la transparencia editorial, que es un principio de credibilidad no negociable. Se pueden proteger identidades, pero el medio o colectivo que publica no puede desaparecer como sujeto responsable. El periodismo y la investigación implican responsabilidad pública.

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