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La Ley de Amnistía de Venezuela ha recibido múltiples críticas de activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Coalición Feminista Contra la Violencia Judicial (CFCVJ), que señala con énfasis la ausencia absoluta de perspectiva de género en el texto.
La Coalición Feminista Contra la Violencia Judicial (CFCVJ) es una organización de la sociedad civil de base penitenciaria, creada en el 2021 con la misión de llenar el vacío del seguimiento de casos de mujeres judicializadas, con particular atención a la perspectiva de género en el campo judicial en Venezuela y Latinoamérica. Volcánicas conversó con ellas para comprender su postura frente al proceso de cambio que atraviesa Venezuela y, en particular, sus críticas a la Ley de Amnistía.
La Coalición apunta que, desde el 3 de enero de 2025, Venezuela vive cambios acelerados rumbo al reconocimiento de la criminalización de la opinión y la protesta. Esto, a raíz del secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos y la llegada de Delcy Rodríguez como nueva presidenta. Denuncian que, partiendo de un acuerdo no declarado con los Estados Unidos, empiezan excarcelaciones masivas de presxs “políticxs” de forma anárquica, hasta la declaración de un proyecto de Ley de Amnistía que se reserva la potestad de definir quién es excarcelable o no.
Hay aproximadamente 25.000 presxs en Venezuela, de lxs cuales unos miles están identificadxs como presxs por razones políticas. Sin embargo, desde hace más de una década de deterioro del sistema de justicia, muchxs de lxs presxs podrían caber dentro de la definición de presx por motivos políticos; entre esxs, muchas mujeres.
La Coalición llama la atención sobre la inexistencia de un planteamiento indispensable dentro de los debates: la justicia ejercida en Venezuela debe ser revisada y analizada minuciosamente para llegar a un cambio profundo y una reparación total, pues se encuentra deslegitimada por la influencia del gobierno sobre el poder judicial, es decir, NO HAY SEPARACIÓN DE PODERES.
También plantean varias preguntas: ¿Qué pasa con las mujeres que fueron judicializadas o judicialmente hostigadas por ser mujeres? ¿Qué pasará con las víctimas de violencia vicaria revictimizadas? ¿Y con las mujeres acusadas de infanticidio en segundo grado y aquellas que fueron criminalizadas por aborto, aunque este fuera espontáneo? ¿Y las que endosan un delito cometido por sus parejas (hombres) o algún familiar? ¿O las que están presas por haber actuado en defensa propia en situaciones de violencia de género? ¿Y las que cometieron algún delito menor, como hurto o microtráfico de drogas, y fueron sentenciadas desproporcionadamente?
Señalan que los últimos diez años han sido una pesadilla judicial en Venezuela, con una justicia subordinada a intereses mezquinos y a rentas represivas. La Ley de Amnistía quedará chueca sin una refundación profunda del sistema judicial venezolano. El país no cuenta con un protocolo para juzgar con perspectiva de género ni aplica las Normas de Bangkok (aunque se comprometió a ello desde 2010).
El gobierno ha insistido en sostener normas discriminatorias (que criminalizan solo a las mujeres y personas con capacidad de gestar), como los artículos 432, 433 y 435 del código penal venezolano, que penalizan el aborto y a quienes lo acompañan, y con el que se ha encarcelado a centenares de mujeres e incluso a una activista feminista acusada de “terrorista”: caso Vannesa Rosales – 2020.
La CFCVJ ha registrado alrededor de 60 casos de aborto judicializados desde 2019. 10 Lxs fiscales, jueces y juezas interpretan las normas de manera discriminatoria, y de esta forma han condenado a mujeres inocentes, como Naibelys Noel (Nay), sentenciada a pena máxima (30 años) por el asesinato de su hijo a manos de su expareja, mientras el homicida confeso fue condenado a solo 15 años de prisión. También ha contabilizado más de 100 casos sospechosos de tener el mismo sesgo desde 2019.
Resaltan, además, las Normas Indiferenciadas, que no tienen en cuenta la realidad material y diferenciada entre hombres y mujeres y que también han provocado sentencias desproporcionadas, como los casos de mujeres empobrecidas y cabezas de familia que usaron el microtráfico de drogas como medida desesperada de supervivencia en un país deprimido económicamente, y que han sido condenadas a penas incluso mayores que las de muchos hombres que trafican a grandes escalas. La CFCVJ y otras organizaciones especializadas como WOLA han verificado la desproporción de las sentencias de los casos de mujeres vinculadas al tráfico de drogas en toda Latinoamérica.
Por otro lado, la omisión sistémica de las normas que amparan a las mujeres ha provocado que, en casos de legítima defensa contra la violencia letal o sexual ejercida por hombres, las mujeres sobrevivientes (víctimas de femicidio o abuso sexual en grado de frustración) no sean reconocidas como tales y, por el contrario, terminen siendo condenadas por homicidio o lesiones graves, contraviniendo la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el artículo 65 del Código Penal venezolano. En otros casos como el de Leyla Vanessa Vivas, una víctima de violencia vicaria y madre protectora revictimizada por el sistema de justicia venezolano, se han omitido las normas que protegen a las mujeres.
La falta de perspectiva de género ha causado que cientos de mujeres sean víctimas de un sistema judicial que no es neutral ni justo. La discriminación procesal es evidente en casos de falsa atribución de la responsabilidad penal, como en los casos de operaciones especiales que derivaron en arrestos masivos y judicializaciones sumarias por razones como la corrupción.
La CFCVJ estima que la mayoría de los casos penales contra las mujeres, incluso en los que existe una responsabilidad penal, han sido juzgados invisibilizando y discriminando a las mujeres.
El proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática del ejecutivo excluye categóricamente los delitos de homicidio, tráfico de drogas, corrupción y otros delitos del fuero común, dejando de lado los casos de cientos de mujeres juzgadas injusta o desproporcionadamente. La CFCVJ sostiene que el Estado venezolano debe asumir el disfuncionamiento del sistema judicial y reconocer la falta total de perspectiva de género y así comprometerse en la incorporación para la revisión de los casos penales contra las mujeres en los casos amnistiables, ya que la falta de perspectiva de género es una DECISIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, lo que convierte a cientos de mujeres en PRESAS POR MOTIVOS POLÍTICOS.
La CFCVJ propone la instauración de una Comisión de la Verdad Judicial, en base al trabajo de seguimiento y acompañamiento de todas las ONGs; esto incluye todxs los casos de mujeres presas indebidamente. Se exige también la creación de un protocolo para juzgar con perspectiva de género y la aplicación de las Normas de Bangkok para excarcelar a mujeres cabeza de hogar de baja peligrosidad, como bien lo está haciendo Colombia con la Ley de Utilidad Pública.
Una Ley de Amnistía sin perspectiva de género EXCLUYE A TODAS LAS MUJERES. Es fundamental un proceso de reconciliación nacional en que quepan TODAS Y TODOS.
