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En la madrugada de este sábado 3 de enero, Estados Unidos ejecutó ataques militares en Caracas y otras zonas del norte de Venezuela. Trump asegura haber “capturado” a Nicolás Maduro, a quien el gobierno de los Estados Unidos ha acusado de “narco-terrorismo”, y a su esposa Cilia Flores.
Mientras hay quienes celebran la intervención militar que supondría el fin del régimen de Maduro, organizaciones de derechos humanos hacen un llamado a la protección de la vida, la soberanía y el DIH, y elevan una alarma internacional por la soberanía de los pueblos, denunciando la ilegalidad de esta intervención y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa.
Claudia Sheinbaum, Luis Inácio Lula da Silva, Gabriel Boric y Gustavo Petro, la y los mandatarios progresistas de la región, reaccionaron rechazando el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela y llamando a respetar los principios básicos.
Estos ataques siguen los ejecutados en días pasados bajo la Operación Southern Spear, que ha servido para justificar el despliegue naval y aéreo en el Caribe y Pacífico Oriental y aumentar presencia militar y vigilancia en la región, así como ataques aéreos y marítimos contra embarcaciones que el gobierno de EE. UU. califica como vinculadas al narcotráfico o “narco-terrorismo” y, supuestamente, amenazan su seguridad interna.
Sin embargo, Trump ha dejado claro en varias ocasiones que su objetivo final es la industria petrolera venezolana, que fue nacionalizada desde la década de 1970 y luego bajo el mandato de Chávez.
Con este acto y su celebración por parte de algunos sectores, el gobierno Trump legitima no solo la intervención en Venezuela, sino en América Latina, sin tener aprobación del Congreso, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sin salvaguardas internacionales.
¿Quién queda al mando?
Según la Constitución venezolana, sería Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta, quien asuma el cargo mientras se convoca una elección en un plazo determinado. Por su parte, María Corina Machado anuncia una “transición democrática” que, para algunos expertos, sería un golpe de Estado. El país se encuentra bajo estado de excepción, la situación es altamente inestable y la desinformación es mucha.
Amplios sectores en Venezuela piden una transición y el fin de un régimen denunciado por múltiples vulneraciones de derechos humanos, pero la intervención militar no es una opción legítima y pone en riesgo a civiles y a otros países de la región.
Lo que se le permita a Trump hacer en Venezuela será determinante para sus futuras acciones militares en América Latina.
Nuestra solidaridad con todas las personas que, dentro y fuera de Venezuela, y en zonas fronterizas, viven la incertidumbre de este momento.
