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Actualmente, persisten dos creencias firmes sobre la justicia: que no puede existir sin el derecho y que solo hay una forma de definirla. Ambas han sido sostenidas por sistemas jurídicos nacidos de prácticas coloniales que impusieron jerarquías raciales, de género y del conocimiento. En ese proceso, se borraron idiomas, creencias, saberes y formas de justicia propias de comunidades que aún siguen siendo excluidas. En octubre —el mes que recuerda la llegada del colonialismo a América— resulta imprescindible subrayar la urgencia de transformar estas dinámicas colonialistas en el derecho, no solo en el plano simbólico, sino también en la práctica.
En Women’s Link reconocemos que el derecho puede ser usado como una herramienta de opresión o liberación. Sacar la mirada colonial del derecho significa cuestionar las raíces de una práctica que muchas veces ha servido para excluir en lugar de proteger. Muchas de las transformaciones más profundas no han surgido de parlamentos ni tribunales, sino de movimientos sociales, feministas, indígenas y afrodescendientes. El acceso al aborto seguro con medicamentos, por ejemplo, es un logro de las mujeres negras brasileñas, quienes en los 80s descubrieron que el misoprostol podía interrumpir embarazos y, con ello, transformaron los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Reconocer estas victorias desplaza el poder del centro jurídico tradicional y demuestra que no es solo el Estado quien define los derechos.
Desde Women’s Link, donde trabajamos a través del litigio estratégico, este ha sido uno de nuestros principales objetivos. Hace tres años iniciamos un proceso de transformación que implica hablar abiertamente de que el poder no está en las leyes y reafirmar que el verdadero poder lo tenemos las personas. A través de alianzas, comunicación y litigios estratégicos, trabajamos junto a movimientos y comunidades del sur global, poniendo en el centro las experiencias de vida.
El desafío sigue siendo profundo. Las leyes continúan escribiéndose desde centros de poder donde las perspectivas de las personas racializadas y feministas apenas son tomadas en cuenta. Los tribunales reproducen un lenguaje colonial ajeno a la vida cotidiana de la mayoría, reforzando la desigualdad estructural.
Mi pasión y compromiso por descolonizar el derecho nace de mis propias experiencias vividas de opresión e injusticias. De recordar en cada momento lo difícil que es para muchas sobrevivientes acceder a la justicia porque no pueden cubrir los costos de una representación legal que se siente tan lejana de sus visiones de justicia. De reconocer las diferencias de clase que tristemente marcan quién sí puede “tener un proceso expedito y justo”.
¿Cómo puede ser justo un sistema que criminaliza a las mujeres por decidir sobre su vida reproductiva, a las defensoras por resistir al extractivismo o a las comunidades por existir fuera del modelo dominante?
Descolonizar el derecho implica reconocer que no se trata solo de cómo se aplican las leyes y desde dónde se formulan, sino también de quiénes pueden usar el derecho como herramienta y tener acceso a justicia. Significa reconocer que la justicia tiene múltiples formas y que los conocimientos jurídicos transmitidos en las comunidades son fuentes legítimas de derecho. En Women’s Link nos enfocamos en reconocer que las justicias existen en plural, definidas por sobrevivientes y comunidades.
A través de litigios estratégicos, acompañamos legalmente a sobrevivientes y organizaciones sin costo alguno y nos comprometemos a caminar juntes el camino de las justicias definido por ellas. Se trata de reconocer el propio privilegio individual e institucional del uso del derecho para democratizarlo, redistribuir el poder y preguntar a nuestras aliadas qué rol esperan de Women’s Link como una organización que lleva casi 25 años usando el derecho como herramienta de liberación.
Descolonizar el derecho también implica reconocer el trabajo de las aliadas que nos ayudan a construirnos y deconstruirnos y que llevan años resistiendo al colonialismo extractivista y avanzando libertad y justicias. La Fundación Lunita Lunera en Ecuador, por ejemplo, comparte herramientas legales sobre aborto seguro con lideresas y promotoras comunitarias que a su vez acompañan a mujeres migrantes. También el trabajo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que junto a los Pueblos Indígenas Tolupanes y Lencas presentaron un Amicus Curiae escrito y oral —reclamando la tradición oral de sus pueblos— ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus aportes influyeron en la Opinión Consultiva sobre emergencia climática y las obligaciones de los Estados.
Descolonizar las leyes es imaginar un derecho del pueblo y con el pueblo y no de las élites, que reconozca los saberes que la colonia intentó borrar. En un momento en que los derechos humanos se ven amenazados, avanzar hacia justicias decoloniales no es solo un acto de reparación histórica: es una apuesta necesaria por alejarnos de una visión monolítica de la justicia.
