Por 
La que sigue es una colaboración entre la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos con Cristina Burneo Salazar, escritora militante, y las colectivas Génerxs Diversxs y Asamblea Transfeminista, todas en Ecuador. Estas actoras sociales visitaron la zona de Peguche-Otavalo durante los días 28 y 29 de septiembre. Allí, la Alianza realizó un registro de vulneraciones contra los derechos humanos, mientras que la colectiva Génerxs Diversxs hizo un registro audiovisual luego de que, junto a la Asamblea Transfeminista, coordinaran una entrega de provisiones tras una campaña realizada desde Quito. Todas las actoras mencionadas acompañaron a las familias de los 12 de Otavalo en el proceso que terminó en su comparecencia a la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios e Interculturalidad de la Asamblea Nacional el día martes 30 de septiembre, en una acción conducida por las dirigentas y lideresas kichwas Pacha Terán, Blanca Chancosa y otras. Es un reflejo de la voluntad de articulación de numerosos actores sociales contra la profundización de la violencia estatal y la brutalidad militar en Ecuador.
Fotografías: Micaela Andino/Génerxs Diversxs
Crónica: Cristina Burneo Salazar, para la Alianza de Organizaciones de DDHH
Qué habrá pensado Efraín, de qué tamaño habrá sido su miedo cuando sintió esa bala atravesarle la piel. Quizás alcanzó a despedirse de su familia y su tierra en un último, fugaz pensamiento. Y qué habrá sentido Luis al cobijar con todo su cuerpo ese cuerpo que se apagaba sobre el asfalto frío de la Panamericana Norte. Eran horas de la madrugada del domingo 28 de septiembre cuando Efraín Fuérez recibió disparos de bala mientras protestaba junto a cientos de personas durante el paro nacional. No se estaba enfrentando a nadie: la bala que lo mató ingresó por su espalda. Su amigo Luis fue el último en sostenerlo. Se arrodilló para sujetarlo mejor, luego se puso de pie para gritar por ayuda, sin soltarle la mano, se volvió a poner de rodillas. De una tanqueta bajaron uno, dos, tres, cuatro militares. Se cernieron sobre Efraín para propinarle una patada, otra, otra, mientras yacía inconsciente. A Luis también lo molieron a culatazos, uno tras otro, tras otro, forzándolo a abandonar el cuerpo de su amigo. No lo hizo.
Efraín Fuérez fue ejecutado por el Estado durante el paro nacional iniciado el lunes 22 de septiembre en la provincia de Imbabura, sierra Norte de Ecuador, territorio de los pueblos kichwas Kayambi, Otavalo, Karanki y Natabuela. Las cámaras que grabaron los disparos y su agonía parecen pertenecer a uno de los negocios en la ruta Cotacachi-Ibarra, lugar del hecho atroz, imágenes de brutalidad militar que ha visto todo el país. Efraín falleció en el Hospital de Cotacachi. Poco antes de eso, otros comuneros lo cargaban por momentos al tiempo que huían de las tanquetas militares. El dolor que habrá tomado llegar a su casa en la comunidad de Inguintzala y avisarle a su esposa, María Lucila Guitarra. «Le dispararon.» «Ese día yo tenía que sembrar en el campo. Pensé que le habían llevado preso. Cuando me avisaron, dejé de sembrar y bajé. Ya está sin signos vitales, me dicen. Cuando llegué al hospital ya no estaba vivo. No me pude despedir de mi esposo».
«Desde 1913 somos líderes en la producción de tejido de punto en Ecuador. Nuestra principal planta de producción textil se encuentra en la ciudad de Otavalo, con capacidad para 60 mil toneladas de tela y 100 mil prendas al mes.» María José Pinto, actual vicepresidenta del régimen no democrático de Daniel Noboa, es nieta del empresario Germánico Pinto e hija de Mauricio Pinto, exministro y dueño de Empresas Pinto, una de las mayores industrias textiles del país. Los bisabuelos de la niña compraron tierra en Otavalo y, a inicios del siglo XX, también procesaban algodón del Valle del Chota, pizca que realizaban personas esclavizadas. Esa estirpe hizo así fortuna con la explotación de los pueblos kichwas y de la población afrodescendiente del Chota por igual.
María Lucila Guitarra trabajó durante diecisiete años en la planta textil Pinto en Otavalo, la empresa de «la señora María José». El gobierno que integra la empresaria fue el mismo que hoy ejecutó a su esposo. «Señora María José, quiero que se ponga la mano en el corazón y nos ayude a resolver esta situación que estamos viviendo. Nosotros no salimos a matar, salimos a reclamar lo que es nuestro. Sí se ha de acordar de mí, no fui malagradecida cuando me fui.» La hacienda es un régimen que no termina, se extiende en el tiempo y por la tierra en un país donde el régimen hacendatario aún mantiene fuertes rezagos de los huasipungos, como en el páramo de Piñán, por ejemplo, muy cerca del epicentro del paro, donde hay gente aún esclavizada, sin documentos de identidad o privada de alfabetización.
Efraín salió a protestar y, como dice María Lucila, a reclamar lo que es de los pueblos. Su esposa, sus hijos, su familia, su comunidad, su pueblo, recibieron todos esquirlas de esa bala que entró por su pulmón, le rompió el cuerpo y salió por su pecho. Ese duelo, que será largo y duro, es la huella de violencia del régimen de Daniel Noboa, será por siempre su legado. Como lo son esas patadas en el suelo contra un cuerpo que agonizaba y contra quien lo protegía a cal y canto para que no lo desaparecieran, para que no asomara un día en una quebrada, calcinado, descuartizado.
La huella de este momento de profundización del racismo hacendatario del régimen Noboa se extiende a 94 personas detenidas, 12 desapariciones temporales y 112 personas heridas y 208 vulneraciones de derechos, sobre todo el derecho a la protesta, la integridad personal y la libertad, según el reporte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos al 5 de octubre por la tarde (@ddhh_alianza). Este mismo domingo 5, el gobierno ofreció un festival de música, militares, globos y regalo de comida en el parque El Arbolito, sitio emblemático de lucha, donde estaba planeado un plantón pacífico, que fue reprimido por la policía. Del otro lado de los festivales, la gran mayoría de agresiones, golpes a campesinas y campesinos de más de sesenta años, disparos dirigidos al ojo, patadas recibidas en el suelo por botas militares, acoso nocturno con drones, se han dado de manera calculada contra personas y comunidades indígenas.
Muchos otros huyeron de la muerte que le tocó a Efraín, pero las comunidades están heridas. «Soy Verónica Moreta, prima de Efraín Fuérez. Yo le vi el sábado de madrugada. Le dije: Ya nos vamos a descansar. “No primita, yo todavía no voy a descansar, vamos a ver hasta dónde podemos luchar, nos vemos, primita”. Yo no sabía que ese era el último saludo que nos íbamos a dar en la vida.» Verónica me dice esto en Peguche el mismo día de la muerte de Efraín, la gente devastada por el hecho y enrabiada por las vejaciones, las incursiones nocturnas de cientos de militares en las comunidades, la llegada diaria de tanquetas a las horas de la oscuridad mientras los niños lloran de espanto y las familias corren a esconderse en las quebradas para no ser arrancadas de su comuna.
El domingo 28 tienen lugar un encuentro y una asamblea abierta en la comunidad de Peguche, donde se nos permite acompañar a organizaciones de derechos humanos, medios y militantes. Se trata de acompañar a las familias de los ahora conocidos como Los 12 de Otavalo, hombres kichwas detenidos el lunes 22 por pasar cerca de las manifestaciones, acusados de hacer terrorismo. Ese día, fueron detenidas veinte personas, entre ellas Gina Cahuasquí, joven mujer kichwa cuya desaparición temporal dio la voz de alerta, quien hoy, judicializada, se ve en la obligación de defenderse en libertad.
Tras la asamblea abierta en la que podemos estar presentes, las familias acuden a contar quiénes son sus seres queridos para humanizarlos, dicen los medios y las organizaciones de derechos humanos allí presentes. Es inevitable pensar en lo necio que resulta «humanizarlos», cuando han pasado 533 años. ¿Qué, no son ya suficientemente humanos? El racismo que atraviesa a la violencia estatal aún halla justificación para sus atrocidades en el hecho de que sean pueblos que no se doblegan a las órdenes del amo. Del otro lado de la «humanización» está la dignidad de pueblos que siempre fueron bastante más que humanos: indómitos y pertinaces en la mayor de las oscuridades. Es su resistencia de siglos lo que sostiene la tierra que pisamos. Su claridad es lo que nutre su lucha hoy, lejos de toda romantización.
Dentro de las tensiones y conflictividad propia de los procesos sociales y del movimiento indígena, que conduce la protesta donde participan también sectores populares, universidades, colectivas feministas, ecologistas, artistas y sindicatos de trabajadores de todo el país, las protestas cumplen casi dos semanas. A la vez, hay extenuación por la brutalidad militar permanente, criminalización de toda expresión política crítica, agresiones del Estado contra la población y una marcada heterogeneidad de actores sociales que sostienen las manifestaciones. En ese complejo tejido, el paro nacional cumplirá dos semanas el lunes 5 de octubre.
Han plegado al paro comunas, pueblos, naciones y población en: las islas Galápagos; provincia del Guayas; numerosas comunas de la nación Kitu Kara, cerca de la capital del país, en Pichincha; la nación Puruwá en Chimborazo; las provincias de Cañar y Azuay, como la comunidad de Molleturo, reconocida por su resistencia antiminera; el pueblo Saraguro en Loja, frontera con Perú; el pueblo Waranka en la provincia de Bolívar, uno de los más reprimidos; Sucumbíos, provincia lindante con el Putumayo colombiano y con Perú, y la nacionalidad Siona, que allí habita; la nacionalidad Waorani, que se distribuye en las provincias amazónicas de Orellana, Napo y Pastaza; es decir, hay resistencia a todas las regiones de Ecuador: Archipiélago, Costa, Andes y Amazonía. No son terroristas.
El martes 30 de septiembre, una delegación de cerca de veinte personas de las familias de Los 12 de Otavalo llegó a Quito tras un arduo viaje, acompañadas por la histórica dirigente Blanca Chancosa y organizaciones de derechos humanos. Salimos desde Peguche y llegamos a la ciudad luego de siete horas de viaje, horas durante las cuales se podía ver, fuera en la comunidad de San Pablo, González Suárez o Pijal, que era posible explicar a los comuneros el motivo del viaje para poder pasar y conocer también sus motivaciones, ninguna de ellas basada en el «terrorismo», sino en el empobrecimiento agravado, el abandono y las estructuras de corrupción y saqueo diseñadas por el gobierno actual. Como lo han dicho públicamente muchas veces los actores que conducen el paro: las protestas son autoconvocadas, sometidas a deliberación permanente en las comunas, uniones y dirigencias, y no han ocultado el disenso propio de su desarrollo. En lo que no hay disenso: las vejaciones racistas, las detenciones injustificadas, las desapariciones temporales, la brutalidad militar y la ejecución de Efraín Fuérez han rebasado todo límite y demandan resistencia y reivindicación.
«Soy Jaime Muenala, hermano de Alfredo Padilla. Mi hermano tiene discapacidad física, no puede correr y no ve bien, su trabajo es cuidar a mi abuelita. Vive arrimado en la casa de mis tías que migraron a España. Mi abuela no sabe que mi hermano está preso, le decimos que se ha ido por ahí. Yo he sido guardia de seguridad, si veo que pasa un borracho yo no le disparo ni le mato, primero le digo que se quite o llamo a la policía, para matar no se coge a nadie así nomás. A mi hermano le detuvieron porque no puede correr, se aprovecharon de eso. La sangre que corre por mis venas es la misma sangre de él, me duele».
«Soy tía de Alfredo Padilla, no ponga mi nombre. A mi sobrino le detuvieron en el redondel, los vecinos vieron que él pasaba y que se dejó coger porque no puede correr. Mi sobrino se crio con nosotros porque su mamá y su papá fallecieron cuando era pequeñito. Lo que más me duele es que en las noticias dijeron que no tiene familia solo porque es huérfano, ¡es mentira! Nosotros somos su familia. Desde que desapareció parece que hasta el clima cambió, todo es oscuro, no vuelve».
Dicen que «los indígenas» pueden hacer lo que ellos quieran, «matar, robar, quemar llantas, y nadie puede decir nada, les dejan porque son ellos». Quienes afirman esto no han visto jamás un tribunal de justicia indígena ni han visitado las prisiones de este país, llenas de gente racializada por el Estado, donde no se ve a criminales de cuello blanco, narcomillonarios ni empresarios mafiosos. Las familias llegan a Quito con enormes esfuerzos para demostrar que no son terroristas, que no merecen prisión, que no han asesinado. Llegan con carteles, fotos de cumpleaños, incluso radiografías, para narrar la historia de sus seres queridos.
«Soy Sisa Muenala, esposa de Enrique Moreta. Él nació en Guaranci, vivimos en Cachicullá. Tenemos dos hijos, de doce y ocho años. Es obrero de la construcción y me ayuda a coser. Ese día salimos a comprar la merienda con mi hermana y nos encontramos con mi esposo. Como llovía, nos trepamos a la mata de coco a escampar. En eso aparecieron los militares, uno era indígena. Le jaló el pelo a mi esposo y se le quiso llevar a la fuerza. Mi hermana y yo nos interpusimos para evitar que le pateara, nos botaron lejos. Otro soldado, mestizo, le volvió a jalar el pelo y le gritaba: ¡Qué se siente, maricón, ahora vas a pagar por lo que rompiste! Mis hijos han visto en redes sociales a su papá, están traumatizados. Mi esposo tiene una cicatriz de albañil, le cogió la moladora, por eso tiene todo partido del labio para abajo, solo puede comer comidas suaves, antes solo comía licuado. Estas son las radiografías de su mandíbula».
Mostrar hasta los huesos de un hombre para clamar por su inocencia. Estos agricultores, campesinos, mindalaes, artistas, músicos, han sido llamados terroristas por el Estado durante las protestas de septiembre de 2025 por manifestarse contra la liberación del precio del diésel, la destrucción del sistema de salud, el abandono del campo, una canasta básica de más de ochocientos dólares. Ahora, la protesta se despliega, además, contra la violencia racista y militar que Noboa ha desatado durante el paro.
«Me llamo Sisa, tengo 21 años y soy hija de Segundo Amaguaña. Esta es mi hermana Sara, tratamos de andar juntas por el miedo. Mi papá es tejedor, hace cobijas, es de San José de la Bolsa, tiene 48 años. Recién le operaron del tendón. A la gente de la ciudad que solo se informa de lo que le conviene, le decimos que aprendan, que nos conozcan, aquí no hay terroristas. Los policías que le detuvieron a mi papá tenían armamento grande, él estaba solo, indefenso. Tenemos dos hermanas más pequeñitas que se ahogaban en mi casa por los gases ese día, fue horrible».
En una de sus imposiciones en Otavalo, a donde llega a pesar del enorme rechazo que genera, Daniel Noboa afirmó que expulsaría de su tierra a todos esos pueblos. Llevaba puesto un poncho. María Lucita Muenala, esposa de José Amaguaña, también detenido, dice: «Vi en un video que al presidente le habían puesto un poncho, son de los que hace mi esposo». (BNPeriodismo) Se refiere a uno de los numerosos actos de provocación de Noboa, que en territorio de estos pueblos, vistiendo ruana, afirmó que los iba a expulsar si seguían con la protesta. Con él, explotador de plantaciones bananeras, y la vicepresidenta, terrateniente en Imbabura, la sombra de la dominación reaparece, diciéndoles a los pueblos dueños de esos territorios que la tierra nunca terminará de ser suya.
«Soy Soledad Perugachi, soy madre de Jeremy Lita. Mi hijo tiene una chiquita de cinco años, formó pareja con su esposa muy joven, es artesano y le gusta hacer eso que dicen down hill. A su bicicleta le puso una tablita de madera para subirle a su nena y a veces a sus perritos, tiene dos. Mi hijo Jeremy está en tratamiento oncológico porque tiene un problema de salud, además, tiene una infección en la mano porque se lastimó, tengo miedo de que se haga más grande porque allá no le van a cuidar. Ese día le cogieron como a un animal, le arrastraron del pelo y le quitaron su bicicleta, que es lo que él más quiere».
Los 12 de Otavalo fueron detenidos y trasladados a Ibarra, luego a la cárcel de El Rodeo, en Manabí. En el avión en que iban fueron puestos boca abajo, amontonados en el suelo, imagen de disciplinamiento para apagar un paro que no se apagó, sino que mostró mayor indignación a medida que se conocían estas humillaciones contra los pueblos.
Doña Rosa Burga, campesina de Imbabuela alto, casi no habla español, su lengua es el kichwa. Su hijo, Luis Alberto Cruz Burga, es uno de los 12 de Otavalo. «Estaba en mi casa, trayendo el ganado y una vecina vino con la noticia. Los soldados se habían llevado a mi hijo, yo no podía hacer absolutamente nada. Mi hijo no es terrorista, es recolector de frutilla. Además, yo siembro lechuga, remolacha, brócoli, sembramos eso y vendemos. Fuimos a Ibarra pero no nos dejaron verle, solo escuchamos que les iban a llevar en un bus. Hay videos en que se muestra que los militares les llevan de manera brutal, es lo único que sé. Cómo estará, no sé qué tipo de personas se van a encontrar con él, tengo pena de no saber cómo está fuera de casa. Le digo al gobierno que mi hijo no es terrorista».
Hay dos detenidos de los que se habla menos: William Rojas y Jonathan Anchundia. William es de Venezuela y, como Jonathan, trabaja en los juegos mecánicos de Otavalo, donde está la rueda moscovita. Lo que se sabe: el lunes 22, William fue detenido bajo la acusación hasta ahora no probada de que pertenecía al Tren de Aragua, por el solo hecho de su origen nacional. También se supo que tiene una hija de dos años que desapareció temporalmente hasta que volvió a manos de su madre, una joven de dieciocho años que vive en Ibarra. William fue trasladado a Esmeraldas solo, sin el grupo, a pesar de que en esa cárcel acababa de tener lugar una masacre. Su abogada, Alexandra Farinango, ha hecho diligencias para saber cómo se halla, pero es muy poca la información que llega. Organizaciones de personas migrantes y de justicia migrante han publicado alertas para dar con William, pero la xenofobia y el aislamiento en Esmeralda hacen muy difícil contactarlo. Al momento, la alerta para tener información de William se halla vigente.
Jonathan Anchundia fue perfilado por parecer venezolano, como si parecerlo constituyera un delito. Es de El Carmen, Manabí, y también resulta ser un falso positivo, por parecer venezolano y porque se necesita fabricar esa falsa narrativa para sostener en El Tren de Aragua una justificación para la represión. Esta narrativa sintoniza bien con lo que Estados Unidos ha promovido para criminalizar las migraciones: hay una guerra en ese país con un enemigo interno que es la persona migrante de los pueblos de nuestros países. Es decir, todo acto de xenofobia legitima la violencia que Estados Unidos ejerce contra pueblos migrantes ecuatorianos, salvadoreños, venezolanos, con el apoyo de Daniel Noboa o Nayib Bukele.
«Soy Dolores, hermana de Jonathan Anchundia por parte de padre. Jonathan tiene dos hermanos, ellos quedaron abandonados por nuestro padre porque su salud fue muy mala por un largo tiempo, luego falleció mientras se dializaba. Mi papá pasaba en Santo Domingo y no en El Carmen, de donde es Jonathan, ahí nació, por eso él sufrió abandono, es manabita. Cuando su mamá falleció en la Amazonía de forma muy poco clara, él sufrió mucho y quedó huérfano, cuidado por la familia materna. En El Carmen, él trabajaba en el mercado de mariscos, vivía con una tía. Lo último que supe fue que Jonathan migró a Otavalo porque alguien de la rueda moscovita le ofreció un trabajo para que pasara allá. Jonathan será grande pero es como un niño, solo busca trabajo y sobrevivir, ha hecho mucho esfuerzo por salir adelante solo».
En las redes circula un video de los vendedores de mariscos del mercado de El Carmen, donde Jonathan trabajaba: «Jonathan trabajó aquí, en este mercado. Ahora que se fue a Otavalo con los señores de la rueda moscovita a seguir trabajando. No se le puede decir terrorista a un joven que se ha dedicado toda su vida a trabajar y que no está en contra del gobierno, el gobierno solo está a favor de los pobres, nada más. Aquí pueden ver, en esta comunidad lo conocemos a Jonathan, su negocio era el marisco». Es inaudito pensar que si Jonathan o gente como él apoyaba a Noboa o no se oponía a su gobierno, esa gente también fue criminalizada por el gobierno.
«Elvis Damián Lanchimba Morán no es terrorista, soy su pareja. Nosotros estamos juntos hace cinco años, es simplemente un chico trabajador que cuida de su mamá, que está enferma. Él iba ese día por el parque San Sebastián, andaba en la moto de su hermano y solo estaba mirando lo que pasaba. Le gustan los gallos, tiene gallitos y le gusta estar en el campo, nada más».
Los 12 de Otavalo siguen detenidos y forman, a la vez, parte del grupo mayor de personas criminalizadas. No hay datos claros de cuántas personas detenidas ahora quedan judicializadas, deben defenderse en libertad y probar que no son terroristas, en total desigualdad de condiciones frente al Estado. La noche del 2 de octubre, se publica una nueva lista similar a la de los 12 de Otavalo. Esta vez, son los 9 del pueblo Waranka: Luis Chimbolema, Andrés Tamami, Hugo Chimbo, Marlon López Chimbolemo, Jeferson Llumiguano, Javier Amangandi, Raúl Amangandi, Remigio Chimbo, Alex Llumiguano, hombres de procedencia preincaica, con dos lenguas extintas, el panzaleo y el puruhá, y hoy kichwa-hablantes, es decir, de resistencia milenaria. Como dicen los pueblos, que aún ponen los detenidos y los muertos en la revuelta, si han pasado cinco siglos, esto será, una vez más, resistir.
