Una de las caras de la crisis de derechos humanos en México
Así como recupera la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, el Caso Ayotzinapa provocó que las preocupaciones en torno a la grave incidencia de la desaparición de personas y de la cadena de impunidad que blindaba a este delito formaran parte de la agenda pública del país y que estados como Guerrero denunciaran que esta problemática había sido, históricamente, ignorada y minimizada por las instituciones y autoridades de sus territorios.
“La desaparición de los estudiantes permitió que muchas de las familias en Iguala que no habían denunciado, salieran a denunciar [la desaparición de sus seres queridos]. Fue algo que trastocó mucho en los primeros años [después de la noche-madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014]. Recuerdo que en los primeros seis meses después de los hechos de Iguala, la PGR tenía como 200 denuncias por desaparición. Algo permitió que esas familias salieran a denunciar y que todo ese tiempo en el que estuvieron silenciadas vieron en la atención al Caso Ayotzinapa una posibilidad de también encontrar verdad”, detalló María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área internacional en el Centro Prodh, en conversación con Volcánicas.
A mediados de octubre de 2014, el Congreso de Guerrero, a través de la Comisión de la Verdad (ComVerdad), reiteró que la entidad, donde el Ejército estaba permanentemente, había sido uno de los escenarios principales de la Guerra Sucia, pues entre 1969 y 1979 se registraron al menos 600 casos de desaparición. La Comisión de la Verdad también enfatizó que las madres buscadoras no habían recibido la atención correspondiente. En respuesta, familias conformaron brigadas y colectivos como Los Otros Desaparecidos.
Ayotzinapa, que “es una mezcla de elementos entre el ayer y hoy”, como compartió la investigadora Alicia de los Ríos Merino con Volcánicas, provocó que la agenda pública, sumado a abordar la desaparición a la luz de la represión contra los grupos considerados subversivos, problematizara la situación con la actividad del crimen organizado y de las consecuencias de la “guerra contra el narcotráfico”, [necro]política de seguridad durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
En septiembre de 2015, familiares y organizaciones de estados como Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Jalisco y Sonora (Movimiento por nuestros desaparecidos en México) presentaron ante el Senado de la República una iniciativa de 83 artículos para atender al tema de la desaparición. El 12 de octubre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
La entrada en vigor de esta ley fue un contrapeso a las negativas de gobiernos (federal y locales) de reconocer a la desaparición como una de las más graves problemáticas y vulneraciones de derechos humanos en México, como lo recalca el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) Édgar Cortez.
A la par de la defensa de una versión cuestionada sobre los hechos de Iguala, la administración de Enrique Peña Nieto destacó por la falta de voluntad para robustecer el marco normativo referente a la desaparición de personas. Organizaciones internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) criticaron que el gobierno se demoró en la implementación de la ley y, además, no contaba con iniciativas propias para responder a esta situación.