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Este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, investigadoras y organizaciones feministas pusieron el foco en un fenómeno que crece y se normaliza en la cotidianidad: las violencias basadas en género en entornos digitales.
Una reciente investigación del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia revela que, al menos el 53 % de las mujeres encuestadas que utilizan Internet en sus trabajos, en actividades tan simples y cotidianas como atender reuniones virtuales, enviar correos electrónicos o responder chats, ha sufrido algún tipo de violencia de género a través de plataformas digitales. La cifra duplica los porcentajes registrados en estudios similares en Europa y supera ampliamente los promedios internacionales.
“Las estimaciones de la ONU para Europa dicen que el 23 % de las mujeres han experimentado violencia de género en el ámbito digital. Sin embargo, nuestra encuesta revela que, en las ciudades tenidas en cuenta, este porcentaje asciende al 53 %. Las agresiones más frecuentes son el envío de contenido sexual u ofensivo sin autorización, el acoso o seguimiento en redes y las amenazas en línea”, afirma Natalia Escobar, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.
Las agresiones más frecuentes incluyen el envío de contenido sexual no solicitado, el acoso o seguimiento en redes y las amenazas en línea. “Me hackearon la cuenta, crearon un perfil falso con mis fotos y me hicieron una cuenta de OnlyFans. Escribí mil veces a Instagram y nunca me respondieron. Instagram era mi plataforma de trabajo, como lo es para muchas otras mujeres”, cuenta Marcela, directiva de una fundación en Colombia, recordando el impacto que tuvo el ataque digital que sufrió.
La investigación identifica 3 perfiles recurrentes de agresores anónimos: desde quienes envían contenido sexual no solicitado hasta aquellos que hacen propuestas inapropiadas con un “síndrome de proveedor”, buscando relaciones permanentes a cambio de manutención económica, y quienes desacreditan el conocimiento profesional de las mujeres por su género o ejercen violencia estética criticando su apariencia.
De lo digital a lo físico
Pero, muchas veces, los agresores no son anónimos: pueden ser superiores jerárquicos, compañeros de trabajo o seguidores que aprovechan su posición o el anonimato relativo de las plataformas para intimidar y hostigar. El 72 % de las agresiones digitales, de hecho, se traslada luego al ámbito físico o laboral, generando ambientes hostiles e inseguros. De acuerdo con un informe de la OEA, el 77 % de las víctimas de ciberacoso también vive otras formas de violencia en sus relaciones de pareja y, en numerosos casos, los ataques digitales siguen a encuentros previos en el mundo real o hacen parte de estrategias de control dentro de dinámicas de violencia doméstica.
“Un colega con autoridad empezó a llamarme ‘bonita’ y ‘hermosa’. Al principio no lo vi grave, pero cuando le dije que tenía novio se enojaba, hacía pataletas y me reclamaba atención”, cuenta Juana, diseñadora gráfica.
Consecuencias de la violencia digital
Las consecuencias son profundas y afectan la vida, la salud mental y la autonomía económica de las mujeres. El 5,5 % de las encuestadas por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres reportó altos niveles de ansiedad y estrés derivados de estas violencias, y el 4,8 % tuvo que abandonar sus redes sociales, impactando y limitando directamente su presencia en el espacio público digital, su autonomía económica y sus oportunidades laborales.
“Los testimonios que recogimos en esta investigación nos mostraron que hay mujeres que reducen su vida social, delegan el manejo de redes o evitan ciertos temas por miedo a ataques. Esto impacta su bienestar y desempeño profesional, puesto que el acoso en contextos laborales deteriora la productividad y la confianza”, agrega Escobar.
Medidas insuficientes
La respuesta institucional y empresarial sigue siendo insuficiente. Solo el 7,2 % de las mujeres que sufrió violencia digital optó por denunciar, lo que evidencia la falta de confianza en los mecanismos actuales. “Muchas mujeres creen que las denuncias por violencia digital no dan resultados. En este contexto, las empresas tienen un rol clave. Aunque la mayoría de nuestras encuestadas afirmó que percibía su lugar de trabajo como un lugar libre de violencias, tres de cada diez identificaron agresiones en su entorno laboral, incluyendo acoso de empleados, socios, proveedores o clientes, y menos de la cuarta parte afirmó que su empresa tenía rutas de atención o personas designadas para atender violencias basadas en género”, dice Natalia Cortina, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.
Las investigadoras recomiendan a las organizaciones crear protocolos internos, líneas de atención y mecanismos confidenciales de denuncia, así como módulos de formación en prevención de violencia digital. Estas acciones, señalan, deben formar parte de políticas integrales que incorporen el enfoque de género y transformen los espacios laborales en entornos dignos, equitativos y seguros. También se requieren campañas de sensibilización sobre la violencia digital y su denuncia, así como una mayor responsabilidad por parte de las plataformas tecnológicas, que en muchos casos no responden a tiempo ni colaboran con las autoridades.
El plano legislativo
Colombia ha avanzado en los últimos años. La Sentencia T-280 de 2022 reconoció la violencia digital de género como una forma grave de violencia, ordenó al Congreso a legislar al respecto y exhortó a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura a adoptar medidas para evitar la revictimización.
La Ley 2365 de 2024 amplió el marco sancionatorio laboral para incluir el acoso y la violencia basada en género en entornos digitales, obligando a los empleadores a crear mecanismos internos de protección para las víctimas. Más recientemente, el Proyecto de Ley 247 de 2024 y la Ley 2453 de 2025, que reconoce explícitamente la violencia digital y simbólica contra las mujeres en la políticase se suman a las iniciaitvas que buscan una protección integral frente a estas violencias. “Sin embargo, como ocurre con los feminicidios (donde el aumento de las penas no ha detenido los asesinatos de mujeres), la existencia de normas no se traduce automáticamente en protección real. Las víctimas siguen enfrentando rutas de denuncia confusas, institucionalidad desbordada o sin capacidades técnicas en ciberinvestigación, y plataformas digitales que no siempre cooperan ni responden con oportunidad. Por eso, el desafío ya no es sólo normativo: es garantizar acceso efectivo a la justicia, fortalecer las capacidades forenses digitales, asegurar respuestas oportunas de la Fiscalía, articular rutas con enfoque de género y exigir mayor responsabilidad a las plataformas tecnológicas. Solo así, la normativa existente dejará de ser un enunciado y empezará a transformar la experiencia de las mujeres en los entornos digitales”, puntualizó Escobar.
Conoce la investigación completa aquí.
