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Wilma Esquivel Pat habla con vehemencia de cómo el turismo y los megaproyectos han despojado del territorio y de sus bienes naturales a las comunidades y específicamente a las mujeres mayas en los últimos 47 años, cuando se fundó el Estado de Quintana Roo, México. Ellas, además, enfrentan violencias específicas justamente por ser mujeres indígenas.
Esquivel Pat es maya masehual e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), y cuenta una historia común entre otras como ella que luchan contra la explotación de sus territorios frente a megaobras extractivistas y de infraestructura como el Tren Maya, un megaproyecto impulsado por el gobierno federal mexicano.
Se trata de un ferrocarril de carga y pasajeros, de más de mil 500 kilómetros, que pretende recorrer desde diciembre de 2023 los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Un proyecto cuyo costo excede los 230 millones de pesos y cuyo avance físico actual es menor al 50 por ciento. Y es, además, una obra que pese a protestas, recursos de amparo en contra, numerosas denuncias por violaciones a derechos humanos y medioambientales, así como críticas por reforzar la exotización de “lo maya”, no se detiene.
Wilma ha dedicado parte de su vida a defender la selva, el agua, la milpa (sistema agrícola tradicional, constituido, generalmente, por maíz, frijol y calabaza) y lo que pertenece a las mujeres y comunidades: la tierra que han cuidado por generaciones.
En la Península de Yucatán, el lugar que Wilma Esquivel habita, Noj Kaaj Santa Cruz Xbáalam Naj, o Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, es conocido por ser el epicentro de la rebelión y la autonomía maya. La memoria de las y los abuelos después de cinco siglos de colonización está tan vigente que sus representantes del CNI han declarado que el Tren Maya “no va a pasar”:
“Estamos convencidos porque nos lo han dicho nuestros abuelos y abuelas. Nosotros no buscamos un enfrentamiento armado, pero sí estamos dispuestos a defender con nuestro cuerpo este territorio”.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha asegurado que contra todo pronóstico: “Habrá Tren Maya“.. En 2020 AMLO, anunció que en Felipe Carrillo Puerto se ubicará una de las 21 estaciones del Tren Maya.
Turismo, la transformación de los territorios
“El territorio está cambiando”, dice Wilma Esquivel. Está convencida de esto porque ha visto de cerca la transformación en las formas de vida de su pueblo con la tierra y la milpa, con su lengua, entre las comunidades, y las propias relaciones entre la familia. Cada vez es más común que les jóvenes aspiren a tener un pueblo urbanizado o que migren por trabajo a destinos turísticos importantes en el Caribe Mexicano, como Cancún o Playa del Carmen, a costa de su propia seguridad:
“Allí se puede hablar de hospitales, se puede hablar de progreso y desarrollo, pero la realidad es que el pueblo está allá para ser la servidumbre mientras empresarios se enriquecen”, reflexiona, y apunta: “Nuestra identidad está arraigada a vivir cerca del territorio, cuando el trabajo de la milpa o nuestra medicina se abandona, se pierde nuestra concepción de la vida, de nuestra espiritualidad y también de nuestra relación con la tierra. Eso está ocurriendo aquí [en Felipe Carrillo Puerto].”
A ello se suman formas de violencia que afectan de manera diferente y, en ocasiones, más profunda a las mujeres. Estudios coinciden, por ejemplo, en un incremento de la violencia física, psicológica y sexual en contra de las mujeres en contextos de extractivismo.
“Quintana Roo tiene condiciones no favorables para las mujeres, para la vida diaria, para la felicidad y el bienestar. Todo lo que ocurre en la zona norte del Estado (Cancún y Playa del Carmen) está relacionado con la violencia de género y feminicida, y nosotras hemos notado que esa violencia ha llegado también a Felipe Carrillo Puerto”, subraya Wilma.
Aun cuando no hay información cuantitativa de la violencia directa e indirecta que enfrentan las mujeres en contextos de extractivismo, se ha identificado una tendencia en el aumento de la violencia física intrafamiliar, ejercida por “el hombre bajo los efectos del alcohol y robustecimiento de actitudes patriarcales por agentes externos: delincuencia, narcotráfico”; violencia psicológica por “hostigamiento, estigmatización, difamación y criminalización de mujeres defensoras de la tierra y el territorio”; así como violencia sexual reproductiva con el “incremento del embarazo adolescente, aumento de abortos, nacimientos prematuros, mortalidad infantil, entre otros”, de acuerdo con el informe “Género e industrias extractivas en América Latina: medidas estatales frente a impactos diferenciados en las mujeres”, publicado en 2019 por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Estas características han sido descritas también por otras mujeres defensoras en territorios de Campeche y Yucatán. De hecho, si en algo coinciden, es que aun cuando las comunidades enteras se ven expuestas a múltiples formas de violencia y discriminación, existe un factor de género que las hace sentir mayor vulnerabilidad. Esto, según sus testimonios y el estudio de DPLF, se enmarca en la llegada de personas externas que se instalan en las localidades, pues las dinámicas extractivistas generan un circuito de actividades económicas; pero también en el recrudecimiento de las violencias por miembros de las mismas comunidades y la llegada o destacamento de agentes policiales o militares.
En Valladolid, Yucatán, donde también habrá una estación del Tren Maya, la llegada de decenas trabajadores para el avance de las obrasha generado una sensación de inseguridad en Cristy Rodriguez, una mujer maya, de José María Morelos, Quintana Roo, que se mudó a 150 kilómetros de distancia de su lugar de origen por trabajo. Su labor en el Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí, la ha hecho consciente de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres que viven en contextos donde hay una disputa por el territorio.
“Sí hemos registrado un aumento en los casos de violencia sexual contra mujeres e incluso menores de edad“ ante la llegada de población flotante para la construcción del tren, explica Candy May Novelo, quien desde hace 20 años coordina el Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí. Desde ahí se ha organizado con otras mujeres para defender sus derechos. “Somos mayas del oriente del Estado, las que hacemos acciones de incidencia en temas de infancias, juventudes, prevención de la violencia y diversidad sexual; somos el motor principal aún cuando estamos en desventaja por la desinformación, la poca autonomía económica y las relaciones desiguales con los varones de las familias”, expresa.
En medio de este escenario, Candy tiene claro que la llegada del Tren Maya y la transformación de su ciudad como un destino turístico, ensancha la brecha de género a la que se enfrentan las mujeres, pues los precios de los negocios, de la comida y de las tierras se disparan.
“De forma histórica quienes menos hemos tenido acceso a la tierra somos las mujeres, en ese sentido a las que menos se toma el parecer y la opinión en proyectos como este es precisamente a nosotras”, afirma.
Mujeres sin derechos ejidales o comunales
María Elena Hernández es una de las 592 mujeres que habitan Don Samuel, una comunidad de apenas 1 214 habitantes, en Escárcega, Campeche, que será atravesada por el Tren Maya. Es una mujer joven, hija de un padre “de la izquierda que idealizó a AMLO” y de la primera comisaria ejidal de esa localidad. Y ahora, también es defensora de derechos humanos desde que su familia se vio involucrada en un fraude millonario realizado por la empresa que el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), la institución gubernamental encargada de la construcción del Tren Maya, que contrató para liberar el derecho de vía para el paso del tren en 2020.
Esto no es un detalle irrelevante pues, a partir de ese suceso, ella y su madre han sido amenazadas de muerte y criminalizadas por su propia comunidad, han tenido que levantar denuncias penales y acudir a la Fiscalía y organizarse con autoridades ejidales de pueblos vecinos que también fueron involucradas en el fraude, para convocar a ruedas de prensa en las que han denunciado, entre otras acciones, el asesinato del hermano mayor de María Elena. Todo esto, en el marco de la construcción del Tren Maya.
—No elegimos estar implicadas, sostiene.
En las comunidades indígenas de México, las mujeres no suelen ocupar puestos directivos ni tener derechos ejidales. Una muestra de ello es que, de los 14.6 mil ejidos y comunidades con órganos de representantes sólo el 7.4% fue presidido por una mujer en 2019. Además, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo sólo el 20% de ellas son poseedoras de tierras ejidales o comunales, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN).
—En las asambleas [para el tren] llegaron hasta 230 ejidatarios y aproximadamente un 15 por ciento son mujeres. Además, sólo alrededor del 2 por ciento toma la palabra, son muy pocas y la participación no se da en diálogo, detalla.
Por eso, aunque María Elena ha sido el rostro visible públicamente reconoce a las mujeres que han roto las estructuras de poder dentro de una figura patriarcal: el ejido.
—Mi madre es la primera comisaria elegida en una asamblea donde en su mayoría son hombres quienes representan a otros hombres y tienen la tenencia de la tierra.
La presencia militar deja expuestas a las mujeres
Desde el 15 de diciembre de 2019 cuando se presentó el proyecto Tren Maya por primera vez al ejido de Don Samuel, Maria Elena ha notado mayor presencia militar en su municipio, en las carreteras de la zona donde vive, en su comunidad y hasta afuera de su casa.
No es la primera vez que los ve desfilar de cerca con sus vestimentas camufladas y armas, durante su niñez “pasaba el tren [del Ferrocarril del Sureste] y de repente se descarrilaba y venían los militares, pues los vagones llevaban arroz y toda la gente se acercaba y se lo llevaba”, cuenta.
Sin embargo, ésta es la primera vez que les teme.
“Nunca nos han cuidado”, repite María Elena y otras defensoras cuando hablan de la militarización de sus territorios, y de cómo esto les ha costado derechos y libertades a otras mujeres. Para María Elena, este sentir se explica con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021: más de 68 mil mujeres sufrieron violencia emocional, física y sexual en manos de militares o marinos.
Esta información se complementa con lo que distintas organizaciones feministas que trabajan para la defensa de derechos humanos, como Intersecta y Data Cívica han enfatizado: “la crisis de violencia que enfrentamos las mujeres en México y que ha provocado que maten, en promedio, a 10 mujeres al día, no puede entenderse sin considerar a la militarización de la seguridad pública”. Pues aún cuando hace más de 10 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó a las Fuerzas Armadas a capacitarse en materia de DDHH, el Ejército “sigue abusando de su fuerza y violando los derechos de las personas”.
Para estas mujeres, estos miedos encuentran su raíz en la memoria de los cuerpos de otras mujeres. Wilma Esquivel lo dice:
—Sabemos por experiencias en otros territorios que la militarización nos vulnera más y el problema es que con el grado de violencia de estos lugares, pareciera que es una respuesta. Pero nuestra experiencia y la de otras compañeras nos dice lo contrario: con la militarización, nuestros cuerpos y nuestra vida está en riesgo y nos preocupa porque es un medio de control. Un lugar donde las armas están expuestas, donde se controlan los territorios de esa manera, no es un lugar donde haya armonía ni felicidad.
