Por 
En la Nicaragua del presidente Daniel Ortega, les defensores de derechos humanos tienen tres destinos: la muerte, la cárcel o el exilio. El retroceso que ha habido para las mujeres, pueblos originarios y afrodescendientes, estudiantes, periodistas, activistas, campesinos y sacerdotes provocaron manifestaciones multitudinarias de cientos de miles de personas en abril de 2018.
Las personas mayores protestaban por las reformas a la Seguridad Social que reducía las pensiones y aumentaba los aportes de trabajadores; les estudiantes protestaban por la destrucción de la reserva ecológica Indio Maíz, una de las más importantes en la región; las mujeres protestaban por la penalización absoluta del aborto y la falta de atención a la violencia machista y a los feminicidios que incrementaban progresivamente; la población protestaba por la pobreza y el pacto con las élites; los campesinos protestaban por un contrato multimillonario para construir un canal interoceánico en sus tierras, otras personas protestaban por el abuso de las organizaciones estudiantiles, y por el autoritarismo y la corrupción del Estado. Fue un estallido convocado por el hartazgo, la dictadura del presidente Daniel Ortega respondió a esas protestas con una represión que ha durado más de cuatro años.
Daniel Ortega lleva 26 años en el poder que sólo comparte con su esposa, Rosario Murillo, la vicepresidenta. Es el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, un partido que fue considerado revolucionario y que ahora es uno de los más autoritarios de Latinoamérica. Su regreso al poder en el 2007, junto con Rosario Murillo, fue a través de un pacto con los líderes de la derecha conservadora de Nicaragua.
María Teresa Blandón, socióloga feminista fundadora de la organización La Corriente, dice en entrevista con Volcánicas que las defensoras han documentado las prácticas abiertamente ilegales y delincuenciales del régimen de Ortega. La criminalización de les defensores de derechos humanos ha sido la principal herramienta de control.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos contabilizó hasta julio de 2019, 355 víctimas mortales de la represión, la mayoría durante las protestas de abril de 2018 por el “uso excesivo de la fuerza, incluyendo la fuerza letal por parte de agentes estatales y fuerzas parapoliciales”. De este total, 15 eran mujeres, 340 hombres, 27 niñas, niños y adolescentes, y 23 agentes de la Policía Nacional.
En 2020, Ortega liberó a 800 presos comunes de las cárceles de Nicaragua, pero mantiene a 219 presas y presos políticos: 21 mujeres y 198 hombres (incluyendo 10 presos políticos capturados previo a 2018), de acuerdo con la lista que publica periódicamente el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, actualizado hasta septiembre de 2022.
Las defensoras denuncian que las y los presos políticos están hacinados en una cárcel conocida como El Chipote y hasta finales de noviembre, después de pasar tres meses en aislamiento, volvieron a recibir visitas. Activistas y familiares han exigido que el trato a presos políticos sea de acuerdo con las Reglas Nelson Mandela, aprobadas por la ONU a finales de 2015. Esto incluye comunicación periódica con familiares y personas cercanas.
“Hay personas mayores de 70 años, personas con enfermedades que se han agravado en la cárcel. A quienes tienen hijos pequeños, les niegan las llamadas por teléfono. Están encerrados en celdas muy pequeñas. Algunos tienen luz las 24 horas del día, otros están sumidos en la oscuridad todo el tiempo. Han bajado de peso de una manera escandalosa. La atención médica es tardía, a veces les pasan los medicamentos que llevan los familiares, a veces no”, dice Blandón.
Entre las presas políticas hay activistas de derechos humanos y feministas que aspiraban a participar en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en las cuales Ortega y Murillo se reeligieron. También hay líderes campesinos, políticos de la oposición, asistentes a marchas, estudiantes, sacerdotes, todos aquellos que se han pronunciado contra la violencia de la dictadura.
Tamara Dávila, Nidia Barbosa, Evelyn Pinto, María Esperanza Sánchez, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez y Suyen Barahona son algunas feministas nicaragüenses que han sido encarceladas bajo condiciones inhumanas. A algunas de ellas se les ha impedido la atención médica a pesar de la gravedad de su estado de salud y no les permiten comunicación con sus familias. A otras, como Patricia Orozco, Ivania Álvarez, Mariangeles Delgado Lindo y otras decenas más de activistas han sido asediadas por la policía, les han expropiado pertenencias y obligado a mantener arrestos domiciliarios.
La Red Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas lleva un seguimiento de los casos hacia mujeres feministas y activistas y ha documentado al menos 6 mil agresiones contra defensoras y 115 detenciones arbitrarias.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más publicó en enero de este año que había por lo menos 120 periodistas exiliados, además de la migración de la población en general y defensores nicaragüenses, algunos por las amenazas y persecuciones de la Policía Nacional y los paramilitares.
“Muchos nicaragüenses están pidiendo refugio en Costa Rica, en otros países de Centroamérica, pero también en España, en Alemania y en otros países de Europa, causando también condiciones muy difíciles. Estamos condenadas al destierro”, apunta Blandón desde otro país. Como a otras defensoras, el régimen le impidió entrar nuevamente a Nicaragua cuando salió por asuntos laborales. Estar fuera de Nicaragua también le ha permitido ser la vocera de La Corriente, porque la prensa libre en Nicaragua ha sido aplastada.
“El último periódico que teníamos era el diario La Prensa, que fue confiscado a finales del año pasado. Fue ilegalizado y su director ejecutivo, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, encarcelado (en agosto de 2021)”, dice Blandón.
Casi todo el país está en contra del régimen que mantiene su poder con la complicidad de la cooperación venezolana y el apoyo financiero internacional. María Teresa Blandón acusa al Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano de Desarrollo de seguir colaborando con Ortega a pesar de las cláusulas que tienen esas instituciones en materia de derechos humanos.
Pero la dictadura está aislada dentro de Nicaragua. El régimen intentó convencer a la iglesia de hacer un diálogo nacional para ayudarle pero la Conferencia Episcopal también pedía justicia por las víctimas de la represión. Atacaron al sacerdote Mario Guevara con ácido, quemaron imágenes de la Catedral de Managua y amenazaron a los sacerdotes que denunciaban la violencia del Estado al punto de prohibir actividades religiosas. El obispo Rolando Álvarez está recluido en su casa y hay varios sacerdotes encarcelados en El Chipote, otros han tenido que irse del país: “Se ha vuelto común que la policía prohiba la realización de actividades cristianas por considerarlas un problema de seguridad nacional” agrega Blandón, quien también forma parte de la Articulación Feminista nicaragüense.
Después de que casi 300 organizaciones civiles hayan sido ilegalizadas, 29 de ellas son organizaciones feministas, incluyendo La Corriente, y que muchas activistas y defensoras hayan tenido que huir, la salida la buscan a través de la cooperación internacional.
Feministas de Nicaragua y organizaciones de derechos humanos han desarrollado iniciativas para documentar la violación de derechos humanos, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente, la Corte de Justicia Interamericana condenó al gobierno de Nicaragua y lo declaró en desacato por no cumplir con la orden de liberar a 45 presas y presos políticos en El Chipote. De acuerdo con Blandón, han hecho un arduo trabajo en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y con el Parlamento Europeo, pero toda esta presión ha sido insuficiente.
“Las salidas que nosotras planteamos tienen que ser salidas cívicas, no violentas. Nicaragua viene de muchas guerras, de mucha violencia del Estado y social. La oposición nicaragüense tiene un claro compromiso de no repetir los ciclos de violencia. Queremos salir de esta dictadura buscando cauces democráticos. Las dictaduras no convocan a elecciones libres, para lograr un escenario propicio tenemos que sacar al régimen de Ortega y Murillo del poder. Solo así estaremos en el camino de recuperar la democracia de nuestro país”, asegura.
Para María Teresa Blandón, las feministas, intelectuales, la izquierda de otros países son claves para hacer contrapeso a Centroamérica, una región donde han resurgido los gobiernos autoritarios. Insiste en la importancia de que presidentes como Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México, figuras de izquierda en los gobiernos latinoamericanos, tengan una postura clara sobre lo que pasa en Nicaragua:
“Necesitamos un concierto en Latinoamérica que impida que vuelvan a instalarse dictaduras en la región”.
