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Si ser mujer y atravesar las calles de una ciudad sin estar expuestas a violencias machistas es difícil, no hablemos de las fronteras y los destinos de las mujeres migrantes: tierra de nadie en la que quedan despojadas de sus derechos y a merced de coyotes, proxenetas, redes de trata y explotación sexual, “autoridades” y también esposos, sí, esposos.
Ya van a saltar: ay, no, ni tidis, no, no estoy hablando de ti, señora blanca, nómada digital que conociste a tu marido en una fiesta, la universidad o la oficina (no menciono las apps porque ya hemos visto que eso es una ruleta en la que solo algunxs cuentan con suerte), estoy hablando de mujeres como Anggy Díaz, una nicaragüense de 21 años que había migrado desde Nicaragua a Estados Unidos en busca de trabajo para costear un tratamiento médico para su mamá, y que terminó decapitada por su esposo en Texas. Su feminicidio ocurrió hace casi dos meses y sigue siendo aterrador que, aunque la policía había recibido llamadas de alerta desde su casa por episodios de violencia, no haya activado una ruta de protección y todo haya terminado con ella asesinada, su familia recogiendo fondos para repatriar su cuerpo y con el feminicida amparado por el beneficio de libertad bajo fianza de 500 mil dólares.
Pero el caso de Anggy no es un caso aislado; las migrantes enfrentan el doble de riesgos de ser víctimas de violencias machistas porque sus derechos entran en una zona gris debido a su estatus migratorio, lo que termina casi justificando la violencia de la que son víctimas: lejos de la legislación de su país de origen y muchas veces, sin haber pasado por los desgastantes procesos de nacionalización (que además son largos y caros), quedan desamparadas y a merced de los victimarios que incluso, pueden estar bajo el mismo techo.
La migración no es un feed de instagram aesthetic y para muchas no es una decisión, sino que se ven obligadas a migrar porque en sus países no pueden acceder a derechos básicos como la salud o la alimentación. Muchas veces en estos contextos, las convenciones del amor tampoco son una decisión, y sí, el amor se puede encontrar en cualquier lugar del mundo, pero las desigualdades estructurales no desaparecen en la pareja, muchas veces crecen y se multiplican, sobre todo cuando lxs migrantes no dominan el idioma del país de destino, no pueden ejercer su profesión (si la tienen) y tampoco cuentan con un círculo social al que puedan acudir de ser necesario. Es tal la violencia en su contra, que puede resultar más fácil regular la situación migratoria con un matrimonio que por la vía del trabajo, es decir que es más fácil delegar al migrante a una institución opresora (que, quizás, en otras circunstancias no habría escogido) que acogerlx colectivamente en la sociedad hasta que, de pronto, decida sin presión alguna, casarse o vivir en pareja bajo sus propias normas y acuerdos.
Los discursos xenófobos vociferan: ilegales y les señalan y discriminan pues, bajo el pretexto de no tener la categoría de ciudadanxs, pareciera que sus derechos se pudieran anular. Aprovechemos para señalar que el término ilegal no se debería usar y que ilegal es el saqueo y la explotación que los países del norte global ejercen y que obligan a miles de migrantes a buscar mejores oportunidades en otros países, aunque el intento les cueste la vida. Solo por poner un ejemplo, según un informe de la Red de mujeres latinoamericanas y del Caribe, en España, “del total de mujeres asesinadas por violencia de género, en los términos en que la define la ley, entre 2003 y 2019, el 32,7% son extranjeras (338 en números absolutos).”.
Mientras tanto, los medios revictimizan y refuerzan el desprecio por lxs migrantes, cuando se reporta un feminicidio en el que la víctima es una mujer migrante, particularmente, latina, racializada o trans; saltan a explotar sus historias para ahondar en sus orígenes, en su estatus migratorio (los más sofisticados hablarán de una migrante no documentada), en su apariencia física y también se dedican a volver detalladamente sobre las “extrañas circunstancias de la muerte” y la vuelven un espectáculo, mientras “las autoridades investigan el motivo que llevó a la pareja a cometer el crimen” como si cualquier motivo pudiera llegar a explicar un feminicidio. Eso, en vez de enfocarse en el feminicida, ciudadano “legítimo”, privilegiado por sus derechos, capital social, afectivo y cultural que tácitamente, aunque se enfrente a la justicia, cuenta con la mirada cómplice de una sociedad que ve a lxs migrantes como fuerza de trabajo y ciudadanxs de segunda clase.
Ni hablar de las cargas para las familias que, además de enfrentar el dolor de la pérdida, el desconcierto y la indignación, siempre enfrentan infinitos trámites burocráticos, barreras idiomáticas y culturales difíciles de atravesar y costos altísimos en una moneda que no es la suya para repatriar los cuerpos, buscar representación y asesoría legal, etc.
Necesitamos políticas migratorias que humanicen y dignifiquen a lxs migrantes, que no les obliguen a querer o casarse y que no justifiquen de manera alguna la violencia hacia las mujeres, personas racializadas o LGTB+ que solo están ejerciendo su derecho a buscar una vida mejor y que se han visto forzadas a huir de sus países de origen.
En este mes de San Valentín: ni flores, ni chocolates: ¡derechos migratorios, ya!
