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El 20 de agosto se realizó en Guatemala la segunda vuelta electoral presidencial. En una jornada histórica, el partido progresista socialdemócrata Movimiento Semilla, obtuvo más del 60% de los casi 4 millones de votos electorales, llevando a la victoria al sociólogo Bernardo Arévalo de León y a la bióloga Karin Larissa Herrera. Mientras que la Unidad Nacional de la Esperanza, un partido tradicional, originalmente de izquierda, que en este proceso se mostraba de derecha, solo obtuvo el 40%, su candidata era la exprimera dama y empresaria Sandra Torres y el pastor evángelico Romeo Guerra.
El Movimiento Semilla fue la sorpresa de las elecciones en el país. En enero, cuando inició el proceso electoral, no era un partido que precisamente estuviera en el ojo público porque tuviera altas probabilidades de alcanzar la presidencia. Quienes parecían tener esa mayor posibilidad eran otras figuras políticas. Como Zury Ríos, la hija del golpista, dictador (1982 – 1983) y acusado por genocidio, Efraín Ríos Montt; Sandra Torres, la exprimera dama que se divorció del expresidente Álvaro Colom en 2011, para romper una prohibición constitucional y poder postularse como presidenciable; o Edmond Mulet, un exdiplomático de larga carrera en la Organización de las Naciones Unidas, acusado de adopciones ilegales en los años 80.
Parecía que Guatemala no tenía mayores opciones alejadas de la política tradicional, la mayoría de las candidaturas tenían algún vínculo con hechos del pasado que cuestionaban su idoneidad, o se rodeaban de figuras políticas con antecedentes y señalamientos de financiamiento electoral ilícito, corrupción, delitos de lesa humanidad y hasta vínculos con el narcotráfico.
Contra todo pronóstico, el Movimiento Semilla, un partido nacido de las protestas de 2015, aglutinó el voto antisistema de una ciudadanía harta de la corrupción y el populismo. El triunfo de Arévalo y Herrera fue celebrado por miles de guatemaltecos en las calles como jamás se había celebrado una victoria electoral. Pero ¿qué nos llevó hasta aquí en un país que vive en cleptocracia y bajo el dominio de mafias alineadas para saquear el Estado? ¿Qué nos espera después de la sorpresa del efecto Semilla?
El cambio de factores que alteró el resultado electoral
Aunque en el último gobierno, el pacto de corruptos (como popularmente se le dice en Guatemala a la alianza entre jueces, diputados, empresarios y distintos actores que mantienen la cooptación y saqueo del Estado) parecía más fortalecido que nunca, pero por primera vez el miedo de perder el poder en las elecciones fue más que palpable. Un sistema político acostumbrado a negociar bajo la mesa presupuestos del Estado y a sobornar diputados para garantizar sus negocios, ahora tenía miedo.
Tanto, que, desde enero al iniciar el proceso electoral, fue evidente la intencionalidad, de estos actores de no dejar participar a políticos disidentes que no se alinearan con la política tradicional. Esa que en los últimos años ha sido responsable del bajo desarrollo social, el deterioro de la institucionalidad en el país, la represión a la ciudadanía y la criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas, fiscales y jueces independientes. Que ha mantenido a Guatemala con uno de sus peores males descubierto por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad —CICIG—: el financiamiento electoral ilícito.
En ese miedo por perder el poder del gobierno y el manejo antojadizo del erario público, este pacto hizo que el sistema rechazara la participación de opositores que pudieran arriesgar sus intereses y permitir la candidatura de otros actores políticos con señalamientos graves. Así, las autoridades electorales rechazaron la participación de figuras políticas como la lideresa maya mam Thelma Cabrera y el exprocurador de derechos humanos, Jordán Rodas, quienes se postulaban con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, un partido indígena con una gran estructura departamental, que en las elecciones generales de 2019, alcanzó históricamente el cuarto puesto en las primarias y que en estos comicios tenía altas probabilidades de superar esos resultados.
Ese miedo también hizo que fuera suspendida la participación de un presidenciable cuando ya se le habían otorgado las credenciales que validaban su participación y había iniciado la campaña electoral. Algo que no había pasado antes en ninguna elección en el país. Era Carlos Pineda del partido Prosperidad Ciudadana, aunque este no era un partido alejado de la política tradicional ni de señalamientos por corrupción, él se mostró como una alternativa al sistema actual.
Un empresario y finquero que se había hecho fama a través de redes sociales desde 2020, mostrando sus obras de caridad a poblaciones vulneradas cuando el país se vio gravemente afectado no solo por la pandemia ocasionada por el coronavirus, sino también por las tormentas ETA e IOTA, las cuales impactaron fuertemente a varias comunidades de Centroamérica. Para mayo, un mes antes de la primera vuelta electoral, Pineda punteaba con las mayores probabilidades de obtener la presidencia en encuestas y sondeos de alta precisión. Pero fue sacado irregularmente del proceso electoral.
La exclusión de actores y la suspensión de la participación de otros cuando ya había iniciado el proceso electoral tuvo un resultado inesperado para este pacto de corruptos. Pensaron que, excluyendo a los opositores más fuertes, ya no había probabilidad de perder el poder y que Zury Ríos, Sandra Torres o Edmond Mulet, con quienes sí podían, obtendrían la presidencia. Pero Semilla se les coló, y el control que creían tener de las elecciones se les salió de las manos.
Robarse o amañar una elección en Guatemala es muy difícil, porque el sistema electoral vigente fue diseñado para que la ciudadanía guatemalteca voluntariamente, fuera la que velara por los votos electorales el día de la elección, por lo que cometer un fraude también era poco viable.
La población que en un inicio pensaba votar por el MLP o por Prosperidad Ciudadana, refugió su voto en el Movimiento Semilla. La propuesta de este partido socialdemócrata con mayor estructura urbana, logró aglutinar el voto de rechazo hacia la clase política corrupta, tradicional y conservadora.
En primera vuelta electoral, en medio de un mayor porcentaje de votos nulos y en blanco como nunca se había visto, Semilla concentró sus casi 650 mil votos en 41 municipios de las principales poblaciones del centro y occidente del país, eso sí, sobre todo en áreas urbanas.
Una espera desgastante hasta el 20 de agosto y el caso contra Semilla
Después de la primera vuelta electoral donde Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, logró obtener los votos suficientes para competir por la presidencia del país contra Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, el camino hasta la segunda vuelta del 20 de agosto no fue fácil. El país entero enfrentó una crisis política dura (que aún no acaba). A pocos días del 25 de junio eran múltiples las voces de rechazo hacia los resultados electorales.
Nueve partidos políticos decían que hubo fraude y liderados por Jorge Baldizón, hijo del expresidenciable Manuel Baldizón, un político condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, colocaron un amparo que paralizó toda la elección. A partir de allí día tras día, sucedieron distintos eventos contra el proceso electoral auspiciados por estos partidos políticos con figuras señaladas, bajo el brazo del sistema de justicia guatemalteco, violentando así la autonomía de la autoridad electoral.
Entre acciones legales en la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad del país, pasaron varios días de incertidumbre y Guatemala no tenía resultados oficiales. De nuevo cada acción, era muestra del miedo del pacto de corruptos por perder el poder.
La ciudadanía no sabía si el Tribunal Supremo Electoral oficializaría los resultados obtenidos el 25 de junio. Tampoco era de fiar el actuar del Tribunal, pues era el mismo que había negado la inscripción de políticos disidentes y suspendido la participación de otros de forma irregular.
Mientras tanto, también la desinformación y campañas de desprestigio contra el Movimiento Semilla apremiaban. Una ola de bulos circulaba en redes sociales sobre comunismo, expropiación, e incluso el cierre de iglesias, si el Movimiento Semilla ganaba la segunda vuelta electoral.
Durante el proceso electoral, el Ministerio Público ya había actuado en contra de distintos partidos políticos y candidatos, y el 12 de julio, mientras la ciudadanía guatemalteca en total incertidumbre esperaba que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados electorales de la primera vuelta, el Ministerio Público desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad, presidida por el fiscal Rafael Curruchiche anunció el caso “Corrupción Semilla”.
En un video mensaje a la población, informó que el juez séptimo, Fredy Orellana, ordenaba la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla debido a la supuesta investigación; dejar a un partido político sin personalidad jurídica significa que este deje de existir. Según Curruchiche, en mayo de 2022 un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al partido y al realizarse una prueba grafológica, esta dio como resultado que la firma y letra del ciudadano fueron falsificadas.
El jefe de la FECI afirmó en ese entonces que hay indicios de que más de 5 mil personas fueron adheridas ilegalmente al partido y que 12, incluso ya habían fallecido. Pero el fiscal le ha negado el acceso al expediente al partido y defenderse ha sido algo imposible.
A pesar de la persecución, los resultados electorales sí fueron oficializados la noche del 12 de julio y el Tribunal Supremo Electoral confirmó que el Movimiento Semilla y la Unidad Nacional de la Esperanza, pasarían a balotaje el 20 de agosto, la persecusión penal contra el Movimiento Semilla no cesó camino a la segunda vuelta electoral.
Hubo allanamientos en la sede del partido, también a la sede del Tribunal Supremo Electoral, luego de que este se negara a la orden del juez que pedía la suspensión “en providencia de urgencia” del partido político Movimiento Semilla. Todo, por esa investigación de una firma falsa, algo que, según la ley electoral del país, no supone la suspensión de un partido.
Tensión y rechazo a la gestión de Porras y Curruchiche
Semana tras semana, antes de la segunda vuelta electoral, la ciudadanía se mantenía alerta. El miedo de que cancelaran al partido estaba ahí, pues el fiscal Rafael Curruchiche y la fiscal general, Consuelo Porras, no dejaban de realizar diligencias en la investigación contra el partido. Algo que fue considerado por varios sectores del país como una persecución política indudable y un atentado a la democracia. Porque era la primera vez que se llevaba hasta la instancia de suspensión a un partido, por un delito electoral. Era palpable que la intencionalidad era bloquear el ascenso de Arévalo y la toma de posesión de los 23 diputados (de 160) que el partido había conseguido. La ciudadanía mostraba rechazo a la candidatura de Torres, a su propaganda, e incluso en las encuestas de intención de voto, no era la favorita, era Bernardo.
Durante varios días la población se manifestó en distintas latitudes del país, en rechazo a la persecución política contra el Movimiento Semilla pidiendo la renuncia de Curruchiche y de Porras. Esto no sucedió y las acciones de investigación continuaron hasta la segunda vuelta electoral, eso sí, en tensa calma y silencio.
La intromisión del sistema de justicia cooptado, alineado y perteneciente en gran medida al pacto de corruptos, fue el rompimiento constitucional más grande en materia electoral que ha vivido el país. El Ministerio Público, jueces y cortes, todos alineados para botar al partido amenaza. Porque eso significa Semilla, una amenaza a la pérdida de sus actuales poderes. No es el miedo al comunismo, ni a la expropiación, ni al aborto, lo que ha ocasionado este quebrantamiento del Estado de derecho, es el miedo a un Gobierno que rompa la cleptocracia y ponga en evidencia el robo de los últimos años.
Una alegría fugaz tras la victoria de Semilla
En esa tensión, la de persecución, Semilla llegó a segunda vuelta y ganó. El apoyo hacia su propuesta política no dejaba lugar a dudas, pues superó a la UNE con casi un millón de votos. Arévalo obtuvo 2,441,661 millones de sufragios a su favor, mientras que Torres, a penas 1,567,472. Pero, por si no fuera suficiente, la noche del 20 de agosto miles de personas salieron a celebrar a las calles y avenidas principales del país el triunfo del nuevo binomio electo.
Con música, baile, banderas de Guatemala e incluso plantas haciendo alusión al símbolo de Semilla, la felicidad era innegable. Las redes sociales también se abarrotaron de expresiones de festejo hacia este resultado electoral. La alegría estaba presente y esa expresión en las calles validaba aún más el apoyo en las urnas.
Pero esa alegría duró poco, fue fugaz. Al siguiente día de la segunda vuelta electoral, Bernardo Arévalo y Karin Herrera no salieron a las calles a festejar con la población, como sí lo hicieron en primera vuelta. La razón fue destapada días después.
Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos detalló que, tras la primera vuelta electoral, según información obtenida por el equipo de seguridad del binomio del Movimiento Semilla, existía un plan para asesinar a Bernardo. Un plan que sería ejecutado por agentes del Estado junto a particulares, el cual denominaron “Plan Colosio”. En referencia Luis Donaldo Colosio, el excandidato a la presidencia de México del Partido Revolucionario Institucional -PRI-, que fue asesinado en medio de un mitin en 1994.
Además, la resolución también detalló que la noche de la segunda vuelta electoral, agentes del Ministerio Público informaron al presidente electo, después de su conferencia de prensa, que se había descubierto otro plan para asesinarlo por parte de estructuras criminales de pandillas.
Tal como en la primera vuelta, sucedieron distintos eventos que ponen en riesgo el proceso electoral dejando en incertidumbre el destino del país. El Ministerio Público no detuvo la persecución política contra el TSE y pidió que se retirara la inmunidad de los magistrados; el TSE suspendió al partido Movimiento Semilla; por solicitud de la FECI, el Congreso también suspendió por unos días la bancada del Movimiento Semilla, y así, los ataques al partido por la vía judicial no cesaron.
¿Y ahora qué?
Cada semana tras la segunda vuelta electoral, no han dejado de haber nuevos eventos que ponen en incertidumbre al país y su futuro. Aunque el Movimiento Semilla a través de distintas acciones legales, ha logrado detener la cancelación arbitraria de su partido, esto podrá suceder tras el cierre del proceso electoral el 31 de octubre, pues la ley electoral indica que, estando un proceso electoral en curso, ningún partido puede ser cancelado.
El Ministerio Público parece no cesar y no estar dispuesto a detener el proceso penal contra el partido, a pesar de que, se le ha negado el acceso al expediente del caso más de 30 veces según el equipo legal. Desde la Fiscalía dirigida por Rafael Curruchiche, el proceso electoral ha sido totalmente vulnerado y septiembre transcurrió en total tensión.
Actos sin precedentes han transcurrido, por ejemplo, el lunes 9 de septiembre. Desde horas de la madrugada, distintos usuarios anónimos en redes sociales, afines al Ministerio Público, alardearon de allanamientos que sucederían durante el día. Así fue. En total arbitrariedad, el MP con la orden del mismo juez que ordenó, ilegalmente, suspender al partido Movimiento Semilla el 12 de julio, allanó con decenas de agentes, la sede del proceso electoral y una de las oficinas del Tribunal Supremo Electoral.
O el viernes 29 de septiembre, cuando el MP capturó de forma ilegal todas las actas electorales de las votaciones del 25 de junio y los propios magistrados del TSE intentaron impedirlo haciendo una valla. Vimos a agentes del MP con el rostro tapado allanar la sede por más de 15 horas y agredir de forma verbal a los togados electorales. Algo que causó el rechazo dela ente electoral al grado de izar la bandera a media asta y moños negros como símbolo de luto en sus sedes en todo el país.
Aunque a inicios del mes el presidente Alejandro Giammattei inició, por iniciativa propia, un proceso de transición de gobierno, un plan que asegura empezó a preparar desde el año pasado, independientemente de quiénes fueran los gobernantes electos, debido a la negación del MP por detener los ataques al proceso electoral, Arévalo y Herrera suspendieron su participación.
Desde que perdió el 20 de agosto, Sandra Torres no ha vuelto a aparecer al ojo público, pero sí a través de su partido. Niega los resultados y a través de denuncias y acciones legales, exige que se investigue un posible fraude, algo que, como explicaba antes en este artículo, es casi imposible, pues son los ciudadanos guatemaltecos voluntarios los que resguardan cada voto el día de la elección.
La narrativa de fraude está allí, perdiendo cada vez más. La ciudadanía en su mayoría entiende que, es la necedad del pacto actual entre funcionarios corruptos, la que no quiere permitir asumir el poder a la nueva propuesta política que ganó en las elecciones.
Distintos sectores de la población rechazan las acciones del MP, han sido múltiples las protestas sociales en distintos departamentos y la renuncia de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche es una exigencia constante, el mismo presidente electo Bernardo Arévalo también ya se sumó a ese reclamo y dice con claridad que hay un golpe de Estado en curso. Pero el MP parece no querer rendirse y hasta ahora, los fiscales no han renunciado y no parecen tener voluntad de hacerlo.
Para la autoridad electoral, es impredecible qué puede significar esta investigación para el proceso electoral porque los resultados ya son oficiales, la presidenta Irma Palencia califica como grotesco ver las imágenes de los votos vulnerados. Para otros como Mynor Franco, estos allanamientos recuerdan a la época de los años 80 cuando comandos del Estado secuestraban y desaparecían opositores.
¿Podrá Semilla tomar el poder el 14 de enero?
Semilla tiene el apoyo de una gran parte de la población, pero el sistema de justicia no está resolviendo a su favor. Después del 31 de octubre, cuando finalice el proceso electoral, todo puede pasar. La suspensión de la personalidad jurídica del partido no dejaría a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, sin la facultad para tomar posesión como presidente y vicepresidenta, pero sí podría dejar a su bancada en el Congreso de la República sin partido.
Para un diputado en Guatemala, no tener partido significa no poder liderar comisiones de trabajo y tampoco formar parte de la junta directiva del Congreso, es decir que esto haría que Semilla pierda la fuerza que podría haber llegado a tener con 23 curules.
También es probable que la FECI solicite el retiro de inmunidad de varios integrantes del partido, incluyendo al presidente electo. Esto ha sido alarmado por distintas voces y hasta por el mismo fiscal Rafael Curruchiche ante algunos medios de comunicación. El objetivo sigue siendo detener la toma de posesión de Arévalo, aunque el presidente Giammattei dijo incluso que sería capaz de dar su vida con tal de que se dé el relevo del cargo.
Si el retiro de inmunidad de Arévalo e integrantes de Semilla es favorable, eso significaría que el MP podría, con autorización de un juez, capturarlos por las supuestas investigaciones en curso, aunque no haya fundamentos ni información abierta sobre ellas. Por eso, toda la escalada de las acciones penales del MP, son síntomas de un golpe de Estado en curso. Algo parecido a lo que sucedió en Nicaragua cuando fueron apresados los disidentes políticos que podían llegar a la presidencia.
En esta crisis política, las voces de rechazo y protesta se sostienen principalmente desde los territorios rurales crecen y se sostienen. Son las autoridades y pueblos indígenas las que mantienen hoy un paro social indefinido que, según cámaras empresariales ha significado al menos Q8 millones en pérdidas. Pero la ciudadanía sigue resistiendo con protestas pacíficas en las periferias. Los sectores urbanos y el sector empresarial aún no se unen a totalidad a esta resistencia, como sí pasó en 2015. Pero la crisis mantiene a la población desgastada y aún es palpable el miedo a la represión que quedó en el país tras las protestas multitudinarias de 2020, cuando el gobierno actual lanzó bombas de gas lacrimógeno y golpeo a ciudadanía con macanas.
Alejandro Giammattei por su parte, aunque diga apoyar la transición, ha colaborado con este golpe de Estado en curso poniendo al servicio del MP a agentes de la Policía Nacional Civil y ya hay amenazas de represión y criminalización por parte del Ejecutivo hacia la protesta ciudadana. Ha arremetido contra Arévalo diciendo que “la forma de trabajar no es manifestando en la calle, no es llamando a la gente, incitando a la gente a la violencia”, dijo recientemente en un mensaje a la nación.
En el Congreso, antes de que acabe este gobierno, los diputados a toda prisa también buscan aprobar leyes como la de amnistía a los delitos de lesa humanidad, otra ley para la eliminación de independencia de jueces, otra que promueve la comercialización y uso de semillas alteradas en agricultura. También el presupuesto de la nación, ese con el que operaría el primer año de gobierno de Semilla.
El binomio electo en esta coyuntura ha hecho llamados a defender la democracia, pero actualmente se encuentra en una gira en Estados Unidos buscando apoyos externos, alejado de las movilizaciones en el país. Se ha reunido con el concejo de empresarios del Council of Americas (COA); con el senador republicano, Bill Cassidy; por mencionar algunos. También asistió el pasado viernes 29 de septiembre al IX Encuentro del grupo de Puebla en México. En estos espacios, ha denunciado el golpe de Estado en curso.
Si Semilla logra mantener vigente a su partido y tomar posesión el 14 de enero, será una batalla librada, pero gobernar después de un gobierno como el de Giammattei, será como entrar a una casa destruida. A la que hay que estudiar y entender antes de empezar con reparos, por más pequeños que sean. El Congreso también será un reto porque, aunque Semilla sea la tercera fuerza con 23 curules, el resto de los 160 diputados, en su mayoría pertenecen al pacto. Las cortes del sistema de justicia también podrán ser elegidas por esa mayoría en el Congreso. La única fuerza que tiene el partido es la de la denuncia y fiscalización para la población.
Todo esto sucede en el perverso deseo del pacto de corruptos por garantizarse más años de saqueo, de corrupción y de impunidad. Con continuar un régimen también de persecución a cualquier estudiante, defensor de derechos, juez, fiscal o periodista que denuncie ilegalidades. La ciudadanía ya no le tiene confianza al sistema político viejo, podrido y tan encarnado que causa rabia y dolor. Como no pudieron convencernos en las urnas, ahora por la fuerza a través del sistema de justicia, quieren imponer para la historia que hubo fraude, que Semilla es un partido formado ilegalmente y que las acciones del MP son para “garantizar el voto ciudadano”. Pero nadie les cree, la mayoría de la población sabe que buscan continuar con el manejo del erario público, el silencio a sus actos criminales, y mantener el poder que están a punto de perder. Pero, sobre todo, garantizarse impunidad y que, en el futuro, no haya más Bernardos Arévalo, ni movimientos políticos como Semilla que amenacen sus intereses.
