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El 13 de julio de 2023 comenzó oficialmente la campaña presidencial en Ecuador. El gobierno neoliberal del banquero Guillermo Lasso inició en mayo de 2021 y no pudo sostener un período completo, debido a que en mayo de 2023 utilizó el mecanismo de la “muerte cruzada”, contemplado en la constitución desde el 2008, que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria anticipada a elecciones de legislativo y ejecutivo. De ese modo evitó el juicio político que se inició en su contra por cargos de corrupción. La razón de hacer efectivo este decreto ejecutivo fue, a juicio del presidente Lasso, la “grave conmoción interna”. Es la primera vez que se utiliza esta figura extraordinaria que tiene lugar cuando a juicio del presidente la Asamblea Nacional se tome funciones que no le competen constitucionalmente, si de manera reiterada o injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
De manera inmediata, el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano convocó a elecciones anticipadas. Esta contienda electoral ha sido la más violenta de los últimos años, marcada por el empobrecimiento de amplios sectores de la población, la emigración de miles de ecuatorianos y ecuatorianas sin esperanzas de trabajo hacia otros países y el avance del crimen organizado. El asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio y la serie de amenazas, atentados y delitos contra la vida de alcaldes, candidatos y figuras públicas recrudecieron la violencia en el país que tomó decisiones fundamentales en las votaciones de este 20 de agosto de 2023. Por ahora, habrá segunda vuelta el 15 de octubre, los resultados dejaron a Luisa González del Movimiento Político Revolución Ciudadana con un 33% de votos y a Daniel Noboa Azin de Acción Democrática Nacional con un 24% de votos. Fuera de la contienda, quedaron Christian Zurita del Movimiento Construye, sucesor del fallecido Fernando Villavicencio con un 16% de votos y Jan Topic, de la Alianza por un país sin miedo, Listas 6-3-1, con un 14% (CNE, 2023).
Un sí por el Parque Nacional Yasuní
En estas elecciones también se realizó la Consulta Popular orientada a mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra, como iniciativa de las y los defensores de estos territorios, de activistas ambientalistas y de sectores políticos progresistas. La pregunta sobre el Yasuní era “¿Está de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano debería mantener los campos petroleros de ITT, conocidos como Bloque 43, indefinidamente bajo tierra?” El Yasuní es reconocido como la zona más biodiversa del planeta, alberga una gran variedad de animales y plantas y es el hogar de pueblos y nacionalidades indígenas, algunos de ellos en aislamiento voluntario que podrían ser exterminados si se destruye su territorio por la expansión petrolera. La explotación petrolera en el Yasuní ha causado conflictos sociales y ambientales serios y enfermedades en las comunidades locales. En mayo de 2023, luego de una larga batalla judicial y mediática, la Corte Constitucional del Ecuador aprobó la realización de la consulta popular sobre las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní, después del fracaso de otras estrategias. Con el anuncio de los primeros resultados de las elecciones, una mayoría de votantes se definió a favor de conservar el petróleo bajo tierra, lo cual es una buena noticia para los sectores progresistas y defensores de los derechos de la naturaleza del país. Según los resultados, el 60% de las y los ecuatorianos está de acuerdo con preservar este invaluable tesoro del planeta (CNE, 2023).
El Chocó Andino también ganó
La Consulta Popular sobre el Yasuní fue de carácter nacional y la relacionada con la Reserva del Chocó Andino se desarrolló únicamente en Quito, la capital del Ecuador. Esta región tiene cerca de 250.000 hectáreas y, al igual que Yasuní, se destaca por su gran biodiversidad, con la presencia de 270 especies de mamíferos, 210 de reptiles, 130 de anfibios y 227 variedades de orquídeas y se caracteriza por las concesiones mineras de cobre, oro y plata (BBC, 2023). Las preguntas sobre la actividad minera en el Chocó Andino fueron cuatro: “¿Está usted de acuerdo con prohibir la explotación de minería metálica artesanal dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?”, las otras tres consultaron sobre la prohibición de la minería a pequeña, mediana y gran escala en esa zona (Primicias, 2023). El 67% de la población quiteña se mostró de acuerdo con prohibir la explotación minera (CNE, 2023).
Elecciones anticipadas y paridad
Una de las características peculiares de estas elecciones fue el anuncio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, sobre el carácter extraordinario del proceso electoral y que no sería obligatoria la aplicación de las reformas legislativas en el Código de la Democracia en materia de paridad. Según estas normas, las mujeres deben encabezar el 50% de las listas pluripersonales y los binomios deben ser paritarios.
Ante esta medida, las mujeres organizadas del movimiento presentaron recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral para garantizar la paridad y dirigieron reclamos masivos ante el Consejo Nacional Electoral. El Tribunal resolvió a favor de las demandas de las mujeres y, finalmente, el Consejo Nacional Electoral no impugnó esa decisión y anunció que se aplicarían de manera integral las normas sobre igualdad de género en las elecciones. Sin embargo, la política ecuatoriana, aunque ha tenido importantes avances en cuanto a la promoción de los liderazgos políticos de las mujeres en los últimos años, sigue siendo fuertemente patriarcal. Existe un vínculo importante en el imaginario entre poder político y masculinidad hegemónica. De los ocho binomios que se presentaron para aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la república, únicamente uno lo preside una mujer, Luisa González, seguidora del expresidente Rafael Correa y su fórmula vicepresidencial es el ex candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz.
Asimismo, la lucha de las mujeres organizadas ha sido la condición para la consolidación de liderazgos femeninos de todo el espectro político. Sin embargo, en estas elecciones los candidatos con mejores resultados electorales fueron los de tendencia conservadora.
¿Quiénes son los candidatos que pasan a segunda vuelta?
Luisa González
Es la candidata favorita en estas elecciones. La mayoría de candidatos y candidatas a la presidencia de la República han tenido en común su postura conservadora en torno a los derechos de las mujeres. Luisa González, candidata del correísmo, comparte con el líder de la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa, su posición contraria al aborto. Es abogada y tiene experiencia en la función pública como servidora y legisladora de la Revolución Ciudadana y su elección como candidata se debe a su indudable lealtad con el expresidente Correa. Se define como “defensora de la vida”, al estilo conservador de Correa: hizo gala de un pañuelo celeste cuando fue asambleísta en las votaciones de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y señala al aborto como un asesinato. Asimismo, votó en contra de un proyecto de ley destinado a crear exenciones tributarias y reformas laborales para mujeres y personas menstruantes. Su discurso giraba en torno a la menstruación como irrelevante en términos de competitividad laboral, como si se la tratase como una enfermedad. Sin embargo, en varias ocasiones ha señalado ser víctima de violencia política en razón de género por su condición de mujer y en sus discursos públicos busca la empatía del gran porcentaje de jefas de hogar que maternan, crían y sostienen solas en el país, al identificarse con ellas.
Luisa González encabezó las intenciones de voto por la popularidad de Rafael Correa y por la agudización de la polarización en el país entre la izquierda correísta, caracterizada por ser fuertemente conservadora en lo social, extractivista y tener un discurso antiderechos frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas. Al mismo tiempo, promete restaurar las políticas sociales y económicas a favor de la mayoría de la población y devolver el estado de bienestar abatido en los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso.
Daniel Noboa Azin
La sorpresa de estas elecciones es el segundo lugar, con un 24% de votos, del empresario Daniel Noboa Azin, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, uno de los políticos con más postulaciones sin éxito a la presidencia de la república y el hombre más rico del país. La industria bananera del Ecuador se caracteriza por un régimen de dueñidad (en palabras de Rita Segato, la conjunción del poder político y económico en las mismas manos) y serias vulneraciones de derechos de las y los trabajadores, como prácticas discriminatorias en contra de las mujeres, riesgos para la salud, no pago de salarios dignos ni cumplimiento de obligaciones laborales, persecución de la organización sindical y explotación laboral infantil.
Daniel Noboa Azin está respaldado por la Alianza Democrática Nacional. Es posible que su ascenso en la preferencia del electorado haya tenido que ver con un desempeño considerado como sosegado y solvente en el debate presidencial televisado en días pasados, fuera de la habitual confrontación; así como con el recorrido por el país de la mano de su esposa, la influencer Lavinia Valbonesi y una exitosa campaña en redes sociales dirigida al electorado joven. Sin embargo, tiene un historial de procesos judiciales con su expareja Gabriela Goldbaum, quien relata en un testimonio los problemas relacionados con la tenencia y visitas de su hija en común y el daño psicológico sufrido. El ahora candidato a la presidencia, que aglutinará el voto de la derecha, fue el principal promotor de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, proyecto que promovía el “traslado” a las licencias por maternidad y lactancia al considerar a la maternidad un “obstáculo a la productividad”. Su primera participación política como candidato a Asambleísta fue con el apoyo del movimiento Ecuatoriano Unido. En esas mismas elecciones, esa organización política respaldó la candidatura presidencial del pastor Gerson Almeida, actor antiderechos cuyo binomio, Martha Villafuerte, directora de “Familia Ecuador” “red internacional al servicio de la ciudadanía y agrupaciones ProVida y ProFamilia en Ecuador”.
A su turno, Verónica Abad, binomio de Noboa, es una de las actoras de oposición más conocidas de Cuenca, ciudad de la sierra ecuatoriana. Es promotora de las campañas “Salvemos las dos vidas” y recientemente fue candidata a la Alcaldía de Cuenca sin éxito y lideró el “Pacto provida” que firmarían candidatas y candidatos de las elecciones seccionales. Con un discurso a favor de la “vida, la propiedad y la familia”, en su agenda considera la liberalización del porte de armas, la prohibición del aborto y es apoyada por la organización “Concebidas en violación” (La Tinta Feminista, 2023). Es seguidora de Vox, Donald Trump y Bolsonaro, se declara antifeminista y anti políticas de paridad, aquellas gracias a las cuales hoy tiene posibilidades de ser vicepresidenta de la República. Como estrategia de campaña, Noboa se ha definido de “centro izquierda” y el binomio no posiciona públicamente sus vínculos con actores de oposición a los derechos, aunque son evidentes.
Los temas claves de la campaña electoral
Seguridad: el gran tema de las elecciones
Estas elecciones anticipadas estuvieron marcadas por una profunda crisis de seguridad y por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en circunstancias que no se esclarecen del todo, pero que estarían relacionadas con la acción de los cárteles de la droga y las mafias transnacionales que se disputan el poder en el Ecuador y cuyos vínculos con la clase política Villavicencio se dedicó a investigar durante gran parte de su vida. Villavicencio fue reconocido por su carrera como asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización. Periodista, político y exsindicalista, presentó varias denuncias por casos de corrupción contra el expresidente Rafael Correa. El día de su asesinato salía de un mitín político en un colegio de Quito, la capital, y fue abatido por varios disparos en la cabeza el momento en que ingresaba en un vehículo. Hubo múltiples irregularidades en el protocolo de seguridad implementado ese día. Seis sospechosos fueron detenidos por el crimen y el presunto responsable directo de la muerte de Villavicencio fue abatido en un operativo policial. Se siguen investigando las causas de este atentado.
En vida, él mismo responsabilizó por su seguridad al crimen organizado. Existen hipótesis polémicas acerca de esta muerte que enlutó el proceso electoral y que profundizaron la división entre la candidata correísta Luisa González y los candidatos de la derecha ecuatoriana: Jan Topic, Otto Sonnenholzner y Daniel Noboa. Como sucesor de Villavicencio, el periodista Christian Zurita lamentó el impedimento de participar en el debate previo a las elecciones y de utilizar el fondo electoral.
El asesinato de Villavicencio no es un hecho aislado, pues se ha instalado un régimen de terror en el país por la acción de las mafias. En días pasados también se lamentó el asesinato del Alcalde de Manta, Agustín Intriago, joven político progresista muy popular entre el electorado. Intriago fue abatido en el mes de julio, hecho señalado por algunos expertos como anuncio de una violencia política sin precedentes en el contexto electoral.
Esta profunda conmoción cambió el panorama electoral que favoreció el ascenso en la popularidad de figuras como la de Jan Topic, candidato socialcristiano que pretendía implementar el modelo Bukele en la política de seguridad y el sistema penitenciario. Además, surgieron nuevos cuadros que tienen, en común, el relato del liderazgo fuerte. La seguridad es la preocupación más importante para el electorado ecuatoriano. Esto se presta, en nuestro contexto, para alentar los discursos más reaccionarios en torno a la “mano dura” y al “combate a la delincuencia” en formato de derecho penal máximo, intentos de legalizar la pena de muerte, la cadena perpetua y la eliminación de las protecciones constitucionales para niños y adolescentes al disminuir la edad de imputabilidad penal.
La tasa de homicidios ha crecido considerablemente y podría cerrar en 2023 con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que convierte al Ecuador en el país más violento de la región (El País, 2023) que atraviesa la ola de violencia más grave de su historia. El gobierno ecuatoriano ha explicado el fenómeno de aumento de las muertes violentas en los dos últimos años debido a la guerra entre bandas que se disputan territorios y del mercado del narcotráfico. El 80% de estos crímenes se darían en las provincias de la Costa ecuatoriana, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro (La Hora, 2023). La provincia de Esmeraldas es una de las más abatidas por el abandono estatal. Su población de mayoría negra enfrenta constantes estados de excepción: “En la provincia de Esmeraldas, al cierre del 2022, se contabilizaron 511 homicidios como resultado de la violencia criminal, mismo que pone en zozobra a la población esmeraldeña que exige la presencia y atención del Estado ecuatoriano. La población denuncia el alto grado de violencia, el cierre de negocios, desplazamientos forzosos, muertes violentas, amenazas, explosiones de bombas, entre otras cosas” (Mishell Mantuano, Wambra, 2023).
Masacres carcelarias
Entre febrero de 2021 y julio de 2023 han muerto en las masacres carcelarias del Ecuador al menos 500 personas privadas de la libertad (GK, 2023). Frente a la escalada de violencia, Guillermo Lasso ha respondido con medidas ineficientes y lesivas en términos de derechos humanos como declaratorias de emergencia, estados de excepción y militarización de los centros de rehabilitación. La Alianza contra las Prisiones, articulación independiente contra la normalización del castigo penitenciario, señala las omisiones del Estado que producen violencia y muerte contra las y los privados de libertad, sobre las cuales no se asumen responsabilidades: “Denunciamos la repetición de una dinámica en la que la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y demás instituciones del Estado eligen no intervenir, dejar que se asesine a personas dentro de la prisión, para luego entrar a retirar sus cuerpos. Denunciamos la omisión de las instituciones públicas de precautelar la vida e integridad física de las personas dentro del sistema penitenciario” (Alianza contra las prisiones, 2023).
El SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) informó que ascienden a 96 los guías penitenciarios detenidos por los privados de la libertad frente a las amenazas de traslado a otros centros carcelarios. Huelgas de hambre se han mantenido en trece cárceles del país.
Crimen organizado y feminicidios
Ecuador en los últimos años ha deteriorado seriamente su calidad democrática y los medios de vida para la mayoría de la población. El empobrecimiento de las y los ecuatorianos, especialmente de las niñas, mujeres y personas de pueblos y nacionalidades fue profundizado por la nefasta gestión política de la pandemia por COVID-19, que exacerbó la violencia contra basada en género y la pérdida de sustento en los hogares, buena parte de ellos a cargo de jefas de hogar.
2022 fue el año más violento para las mujeres. Según Fundación Aldea, “del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, la sociedad civil registra 332 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género: 134 femicidios/feminicidios íntimo, familiar, sexual o de otra índole, 9 transfeminicidios y 189 feminicidios por delincuencia organizada. Cada 26 horas ocurrió un feminicidio”. Esta tendencia continúa en 2023, dado que, “desde el 1º de enero hasta el 30 de abril de 2023, fueron 122 las muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género” (Aldea, 2023).
La liberalización del porte y uso de armas de fuego es un factor de riesgo alentado por el decreto ejecutivo del presidente Guillermo Lasso, a través del cual se autoriza su uso para “defensa personal”. Este gesto cruel e irresponsable ha sido advertido como un peligro, dada la gran cantidad de femicidios que se cometen con armas de fuego especialmente a partir de 2021. Según un estudio de Fundación Aldea: “Los hombres tienen más acceso a las armas de fuego en general por temas como la autodefensa, la práctica de tiro y caza, el coleccionismo o como miembros de fuerzas de seguridad o porque son parte de bandas delictivas armadas. Esto es otro factor de aumento del riesgo de muerte con armas de fuego y del cometimiento de femicidios utilizando este tipo de arma (Otamendi, 2020 en Camacho y Guerra, 2022).
La reciente creación del Ministerio de la Mujer obedece a recomendaciones internacionales sobre el rango de esta dependencia. Sin embargo, este Ministerio no ha podido sostener la implementación de la política integral de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. De hecho, desde hace algunos años ha disminuido la institucionalidad y el presupuesto para atender el grave flagelo de la violencia contra las mujeres que sigue en escalada. Han aumentado las muertes públicas con armas de fuego, perpetradas por bandas delincuenciales organizadas con señales de crueldad, transfobia y misoginia en los cuerpos.
Según la Fundación Aldea (2022), los femicidios por delincuencia organizada suponen la utilización de los cuerpos de las mujeres como botines de guerra, como objetos de disputa entre bandas criminales armadas. Las masculinidades violentas y armadas no solo están en relaciones de poder de pareja, sino también familiares con mujeres a las que someten y aterrorizan con el ejercicio de violencia o su amenaza. Por este motivo, las medidas populistas como la permisividad de Guillermo Lasso en torno al uso y porte de armas para defensa personal es una herida de muerte contra las mujeres.
¿Qué nos espera?
En este complejo escenario electoral, el ambiente queda polarizado entre la opción de Luisa González, que aglutinará a parte de la izquierda –pues una de sus debilidades como candidata es su posición antiaborto y extractivista– y el heredero Daniel Noboa Azin que sería la opción de la derecha, de los sectores empresariales y de una joven generación que desconoce el peso de la dinastía Noboa y los logros del gobierno de Rafael Correa. En materia de derechos humanos y de las mujeres ambas opciones son limitadas. Es posible que Luisa González modere sus posturas radicales en contra del aborto y que afiance su discurso que apela al pasado y a las políticas exitosas durante el régimen de Rafael Correa, sobre todo en términos de inversión social, redistribución económica, vivienda e institucionalidad.
Andrés Arauz, excandidato presidencial del correísmo, derrotado por Guillermo Lasso en 2021, y ahora binomio de Luisa González está de acuerdo con la despenalización del aborto en casos de violación. El correísmo tiene a su favor un núcleo duro de electores, los aciertos de la gestión de Rafael Correa en política pública y reducción de la pobreza, pero tiene en contra escándalos de corrupción y signos de autoritarismo, conservadurismo y persecución a las organizaciones sociales y de derechos humanos durante su período, incluido el feminismo autónomo. Por su parte, Daniel Noboa Azin representa a los sectores empresariales y su binomio Verónica Abad es de ultraderecha. Ambas opciones son problemáticas en términos de derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.
El eje central de la preocupación del electorado será la seguridad. Las y los candidatos han denunciado haber recibido amenazas de muerte y estas elecciones tuvieron como signo severos operativos de seguridad y candidatxs con chalecos antibalas. El ambiente de polarización y de violencia en el país puede recrudecer si no existe una voluntad de consenso en torno a los grandes intereses nacionales y si el gobierno saliente de Guillermo Lasso no asume su responsabilidad como garante de los derechos y de la paz social.
El nuevo gobierno y la nueva Asamblea Nacional estarán en funciones durante un período de transición hasta las siguientes elecciones que se realizarían en 2025 y es una oportunidad para repensar las demandas del movimiento feminista y por los derechos humanos. La buena noticia es que triunfó la apuesta antiextractivista, la mala noticia es que, por el momento, ninguna de las candidaturas ofrece seguridades en materia de derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Existen deudas impostergables del gobierno ecuatoriano con la población más empobrecida como la erradicación de la desnutrición infantil, la violencia sexual y el embarazo forzado de niñas y adolescentes, el aborto inseguro, la escalada de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, el desempleo y la crisis del sistema carcelario y de seguridad social. Las zonas rurales y de frontera experimentan grandes problemas que son históricos y que no se solucionarán únicamente con políticas securitistas, sino con políticas de largo aliento y con la protección integral de los derechos de todes.
