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Una comunidad cambia cuando llega el ejército, dice Wilma Esquivel, bióloga y poeta maya masehual en una entrevista con Intersecta. La presencia de militares, agrega, rompe el tejido social de los territorios, aunque su propósito sea disminuir la violencia. El militarismo lleva armas, control y enfrentamientos que cambian radicalmente las dinámicas comunitarias. ¿Por qué seguimos creyendo que los soldados van a construir la paz cuando tendría que venir de los propios territorios y sus habitantes, no del miedo?
Colombia y México han sufrido o sufren las consecuencias del despliegue del ejército y han visto cómo el incremento de las fuerzas armadas tiene una estrecha relación con el incremento de la violencia de género.
En México en el 2006, el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico para acabar con el crimen organizado, pero la situación empeoró. Desde entonces la violencia ha alcanzado máximos históricos y a pesar del evidente fracaso de las políticas de Calderón, del paso de los años y de los cambios de administración, las Fuerzas Armadas siguen siendo las protagonistas de la estrategia de seguridad del Estado.
Nicole Huete, coordinadora de Incidencia en la organización feminista Intersecta, explica en entrevista que, aunque no se le pueden atribuir a las Fuerzas Armadas la totalidad de armas de fuego que hay en el país, no se puede olvidar que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) es la entidad responsable de autorizar que las personas porten armas de fuego. “Además, son quienes compran, producen, importan, gastan y pierden muchas armas de fuego todos los años”, dice.
En su informe “Las Dos Guerras” Intersecta registra que el aumento de la violencia en el 2007 se ensaña con las mujeres jóvenes y los adolescentes en crímenes como la explotación sexual, la trata de personas y la desaparición: “Se crea un entorno donde se posibilita la violencia y el tema de las Fuerzas Armadas es clave. El hecho de que tengamos tantas armas de fuego en el país es crucial. Estefanía Vela, la directora de Intersecta, dice que no es lo mismo un macho que un macho con pistola”, agrega Huete.
La llegada de las Fuerzas Armadas implicó un descabezamiento de los líderes de carteles y fracturó las organizaciones desde adentro. Pero eso no tuvo como consecuencia el fin de estas organizaciones sino su multiplicación. Soldados y marinos han sido responsables de la violencia contra las mujeres y Huete señala la base de la institución: los militares están adiestrados para ejercer la violencia como solución a un conflicto, pero no están resolviendo nada, están planteando un problema nuevo:
“Las prioridades de la policía local cambian cuando están las Fuerzas Armadas, y dejan de atender la violencia que ya existía en ese espacio. Nosotras revisamos solamente la violencia letal y homicidios, pero las compañeras que cubren temas de desaparición también han registrado un aumento de desapariciones con la presencia de los soldados”, dice Huete.
Nicole Huete creció en el estado militarizado de Morelos, en la época en la que mataron al líder del Cartel Beltrán Leyva, Arturo Beltrán Leyva, en frente del negocio de su familia. “¿Qué forma de vivir es esa? Más allá de todo lo que nos puedan decir los números y las estadísticas, esa sensación de inseguridad determina tu vida”, agrega.
Las Fuerzas Armadas son una institución patriarcal en la que las mujeres representan el 11.9%, pero esto, dice Huete, en realidad no tiene gran relevancia porque la institución está diseñada para despersonalizar, para vaciar a las personas hasta convertirlas en soldados. Que haya más mujeres dentro del Ejército no quiere decir que sea menos violento, porque “el adiestramiento militar sostiene jerarquías, disciplina, humillación y está diseñado para que repliques esas lógicas”.
Aún así, hay sitios donde los militares son la única alternativa a la inseguridad, resulta el menor entre dos males. Quizá porque la narrativa construida desde el Estado es que las Fuerzas Armadas son “pueblo uniformado” y su labor es defendernos, dice Huete. Por eso también están en otras actividades como atendiendo desastres naturales o el plan de vacunación, porque así los asociamos con cosas positivas. La legitimación que le han dado a los militares en países latinoamericanos nos ha impedido ver que en el fondo son machos con pistola imponiendo una institución patriarcal, violenta y punitivista.
“La gente confía mucho en el Ejército, confía mucho en la Marina y creo que tiene que ver con que nos hemos tragado el cuento de que son pueblo. La Marina, la Guardia Nacional y la Sedena son cerca de 320 mil personas, y seguro todas y todos conocemos a alguien con un familiar militar. No quieres pensar que tu abuelo, tío, hermano, papá es así. En el momento en que cuestionas la institución, la gente sale a defender a las personas y a decir que son hombres racializados y explotados por el Estado”, explica Huete.
Pero en una institución que representa la lucha del “bien” contra el “mal”, se pierden esas complejidades. Tenemos información sobre la violencia que ejercen los carteles pero, ¿y las personas que fueron detenidas y torturadas por las Fuerzas Armadas y fueron liberadas?, ¿y las que ejecutaron?
“Estuve en un encuentro latinoamericano recientemente y creo que no dimensionamos lo que es tener a los militares en el poder porque nunca lo hemos experimentado en México. Estamos dándole más y más poder a los que en cualquier momento hacen un golpe de Estado. La Guardia Nacional nunca ha sido civil, siempre nos lo hicieron creer y parte del problema es ese: Nos quedamos sin alternativa civil. Yo soy muy crítica de la policía porque es igual de mierda con las mujeres que los militares. Pero el riesgo de darle más presupuesto y más poder al Ejército es ese, nos quedamos sin otras alternativas”.
La guerra contra las mujeres
La brecha de asesinatos con armas de fuego a hombres y mujeres se ha ido cerrando en los últimos 20 años. Antes, 3 de cada 10 mujeres eran asesinadas con arma de fuego, ahora son 6 de cada 10, mientras que entre los hombres, son 7 de cada 10. Sin embargo, hay otras formas de violencia que son mucho más marcadas en las mujeres, como la violencia doméstica y la violencia sexual.
Los homicidios de mujeres en vía pública ya superan a los que suceden en los hogares, sin embargo, siguen siendo desproporcionados. Es decir, que tengamos un problema en las calles y con las armas de fuego no significa que se haya reducido la tasa de homicidios en los hogares: “El problema es que creció tanto el fenómeno que ahora también tenemos lo que sucede afuera, pero eso no implica que se ha resuelto la ‘vieja guerra’ contra las mujeres”, menciona Nicole Huete.
Existen casos paradigmáticos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como los de Inés y Valentina, víctimas de violencia sexual por parte de miembros del ejército mexicano en 2002 en el estado militarizado de Guerrero. También está el caso de desaparición forzada de les Alvarado por parte miembros del Ejército en Chihuahua en 2009, en el que dos de las tres víctimas directas son mujeres, Nitzia Paola y Rocío Irene. Ambos son casos que ejemplifican una violencia que es sistemática.
A la par, hay violencias que podrían considerarse indirectas o relacionadas a la militarización. Como dice Huete: No se puede entender que asesinen a diez mujeres al día en promedio en nuestro país sin tomar en consideración la militarización. “Veníamos con una tendencia a la baja en las tasas de homicidios desde los 80 y de pronto nos quieren decir que los homicidios son altísimos por la impunidad, y a ver, sí, seguro juega la impunidad, pero también teníamos impunidad en los 90 y no teníamos esta tasa de homicidios. El punto más bajo fue en 2007 y desde ahí no solo crece, se dispara”, agrega.
La desmilitarización es parte de la lucha feminista
Los feminismos han hecho un esfuerzo por analizar las violencias contra las mujeres y sus cruces con el racismo, el clasismo y el cisexismo, pero nos ha faltado integrar la mirada antimilitarista. Las estrategias para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres siguen estando construidas a partir del entendimiento tradicional de lo que es la violencia contra las mujeres.
Nicole Huete menciona que en el caso de las mujeres afectadas directamente por la militarización (por ser la esposa, la hija, la novia de algún capo), aunque sus asesinatos siguen teniendo una razón de género, parecen ser parte de otro reclamo: “Siento que no hemos hecho necesariamente nuestra esa lucha, parecería que las únicas muertes de mujeres que nos importan son las que se ajustan al patrón tradicional, pero hay feminicidios que ya no se ajustan necesariamente a este patrón”.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) mexicano ya tiene en su radar el control de armas de fuego para reducir la violencia contra las mujeres, sin embargo, sigue habiendo escasas iniciativas que tomen en cuenta estas preocupaciones.
La lógica bélica y del enemigo bajo la que nos hemos auto construido nos divide entre buenos y malos, y eso encaja muy bien con la lógica militar. Para Intersecta es importante que desde el feminismo se entienda que las demandas que buscan reivindicaciones y derechos como la justicia reproductiva o una vida libre de violencias, no son posibles en un país militar. Tampoco es posible que la Corte resuelva con perspectiva de género un asunto como el aborto, pero, que al mismo tiempo, parezca no importarle resolver la militarización y cómo afecta la vida de niñas y mujeres.
Lo sucedido el 29 de noviembre en México es un ejemplo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionalmente válida la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en un país que destina más dinero a los abonos salariales de los soldados que a las guarderías. En 2021 el gobierno gastó $11,192 millones de pesos en servicios de guardería del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), mientras que las Fuerzas Armadas gastaron $16,804 millones solo en bonos salariales para sus integrantes. En un país patriarcal, la violencia siempre tendrá más presupuesto que los cuidados.
Las reparaciones feministas a las violencias de las fuerzas armadas
“En la lógica militar, al enemigo se le extermina, se le abate. Una no se sienta a dialogar con el enemigo”, dice Nicole Huete. Ante la falta de alternativas, la impunidad y una justicia con bases punitivistas, la pregunta frecuente es: ¿Qué podemos hacer? Una respuesta puede estar en la organización de mujeres sobrevivientes a los crímenes militares, como la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales del conflicto armado colombiano.
La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales creó un modelo de jornadas de denuncias colectivas y la Ley 1719, la única ley en Colombia sobre los derechos de las víctimas de violencia sexual en materia de delitos contra la paz.
Esta red surgió en 2016 cuando Ángela María Escobar, sobreviviente del conflicto armado, y la doctora Pilar Rueda se dieron cuenta de que otras mujeres intentaban denunciar la violencia sexual que surgió durante esa guerra civil, y se enfrentaban a la Fiscalía que llegaba a preguntarles cosas como si en el momento de la violación la víctima “traía las uñas pintadas”.
Como no encontraron reparación por parte del Estado, se ayudaron entre ellas. Las sobrevivientes se organizaron para hacer jornadas de denuncia colectiva, promover la alfabetización, asesoría jurídica, inserción laboral, e independencia económica “para fortalecer la resiliencia de las mujeres participantes y erradicar en el imaginario colectivo la tolerancia social que existe frente a la violencia sexual”. También incluyeron en sus procesos la mirada interseccional para tratar casos de mujeres trans, afro, indígenas y personas de la población LGBT.
“Conseguimos un lugar seguro y amable, física y emocionalmente. Hacemos que la institucionalidad llegue a donde están las mujeres y no las mujeres a donde está la institucionalidad. Con el modelo de denuncias colectivas llevamos 30 jornadas de comunidades diversas. Atendimos más de 1500 casos, todos en la impunidad”, dice Ángela María Escobar en entrevista con Volcánicas.
Escobar ha leído prácticamente todas las denuncias y afirma que el mayor porcentaje de la violencia sexual fue cometido por paramilitares, cuyos crímenes tienen un patron de crueldad. Pero todos los grupos armados tienen denuncias de violencia en su contra: policías, militares, guerrilleros. Hay patrones también en las víctimas: las mujeres cis y trans sufrieron violencia sexual, las mujeres lesbianas, las mujeres afro y las líderes fueron especialmente perseguidas. Cada caso es distinto, por eso los informes están desagregados, “porque la necesidad de una mujer trans no es la misma necesidad que una mujer indígena o heterosexual”.
En los procesos de reparación impulsados por la Red, las sobrevivientes tienen un papel esencial. Han hecho mesas de trabajo desde 2011 y han documentado y entregado seis informes a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Institucionalmente no pasa nada, las acciones de visibilización de su lucha y de reparación del daño las tejen en colectivo con cartografías corporales que identifican los impactos de la violencia sexual en la salud física, emocional y en los derechos sexuales y reproductivos. Para ellas la justicia debe traducirse en centros especializados que ofrezcan atención integral para víctimas del conflicto armado y fuera de él.
“Este centro especializado debe ser construido por comparecientes, por los firmantes de paz como sanción. Todo es trabajo y obras con carácter reparador. En este centro también entrarían a trabajar mujeres que fueron enfermeras en la guerra, esto sería una reparación colectiva con beneficio individual y que se trabaje el bienestar con la medicina tradicional y los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Eso es lo que estamos pidiendo en reparación”, explicó Escobar.
La organización entre mujeres ha sido clave para la reparación de la violencia generada por los grupos armados, Ángela María Escobar dice que sola no hubiera podido: “Esto se hace en colectivo, solas no se puede”.
En países de machos con pistolas donde las mujeres, las infancias, las personas racializadas y la comunidad LGBT son víctimas de conflictos armados, es urgente repensar en otras formas de justicia antipunitivista y antimilitarista. No podemos dejar la seguridad y la paz en manos de quienes, en vez de defenderlas, nos las arrebatan.
